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Nacionales - 03-04-2020 / 08:04
EN PLENA PANDEMIA, SIN KIT SANITARIO NI DECIRLES EL DESTINO

El emperador Morales expulsó de Jujuy a 62 migrantes y los mandó en un micro a la ciudad de Buenos Aires

El emperador Morales expulsó de Jujuy a 62 migrantes y los mandó en un micro a la ciudad de Buenos Aires
Gerardo Morales echó a decenas de migrantes de Jujuy sin fundamento y los envió en micro a la Capital Federal. El vehículo fue interceptado por las fuerzas de seguridad en el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires. Viajaban 11 argentinos y 51 extranjeros latinoamericanos.
En un hecho que trae recuerdos del accionar de la última dictadura militar, el gobernador/emperador de Jujuy Gerardo Morales expulsó de su provincia de manera compulsiva e intempestiva a 62 personas migrantes extranjeras y las mandó, sin que ninguna de ellas supiera, a la ciudad de Buenos Aires. El episodio que mejor se emparenta con el accionar de Morales es el perpetrado en 1978 por el entonces gobernador militar de Tucumán, el genocida Antonio Domingo Bussi, cuando recogió con camiones militares a miles de tucumanos sumidos en la pobreza y que vivían en las calles y los abandonó a su suerte en otras provincias con el aberrante argumento de que "había que limpiar Tucumán".
 

 
Morales tramitó un permiso de libre circulación ante las autoridades nacionales para el micro que los transportó, argumentando que se trataba de un grupo de turistas que estaban siendo esperados por los embajadores de sus respectivos países de origen, Perú, Venezuela y Colombia. Todas esas personas estaban en la ciudad de La Quiaca para salir del país y regresar a sus lugares de residencia.
 
Pero el radical macrista Morales, en su odio xenófobo, montó una mentira que provocó un fuerte malestar en el gobierno nacional, para poder obtener el permiso con argumentaciones que incluso fueron desmentidas por las embajadas de los países mencionados.
 
El señor feudal jujeño fue a La Quiaca y ordenó sacar por la fuerza a esas 62 personas que estaban en hoteles y albergues y les dijo que se tenían que ir de la provincia "les guste o no" (según el testimonio de una de ellas), los subió compulsivamente a un micro y en ningún momento les dijo a donde iban.
 
El micro fue detenido en la tarde de este jueves en el acceso norte y General Paz, donde esta los controles y retenes respectivos y al solicitar la documentación toda la operación quedo al descubierto. Para peor, una de las pasajeras al ser testeada, presentó fiebre elevada, un síntoma compatible con coronavirus, por lo que ella y el resto del pasaje quedará por los próximos 15 días en cuarentena preventiva.
 
Además se labró un acta y se presentó una denuncia que recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini, quien tendría que abrir una investigación en la que deberían quedar imputados numerosos funcionarios provinciales, con el propio gobernador a la cabeza.
 
Hace unos 10 días, el mandatario jujeño protagonizó otro escándalo al sostener que no iba a dejar entrar a los jujeños que estaban en Buenos Aires por considerar que llevarían el coronavirus a su provincia.
 
La Opinión Popular
 
 
EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS
 
Gerardo Morales echó de Jujuy a 61 inmigrantes de países latinoamericanos
 
Las familias fueron obligadas a subir a un micro de manera compulsiva e intempestiva. El caso se conoció tras un habeas corpus por privación ilegítima de la libertad.
 
Por Irina Hauser
 
El gobierno de Gerardo Morales decidió echar de la provincia de Jujuy y trasladar de manera compulsiva e intempestiva, en medio de las medidas de aislamiento por la pandemia del COVID-10 (y a contramano del DNU que impone la cuarentena), a un grupo de inmigrantes. Entre ellos había familias enteras con niñes, que habían llegado a la Argentina a mediados de marzo. Varios venían a radicarse y se encontraban, en su mayoría, en La Quiaca. Algunas personas también se encontraban allí con intención de volver a sus países justo antes del cierre de fronteras.
 
El miércoles a la mañana 61 pasajeros oriundos todos de países latinoamericanos fueron subidos a un mismo micro. Para entonces, tres organizaciones (Andhes, Cels y Caref) habían presentado un habeas corpus en nombre de 40 de ellos, que no tenían voluntad de irse, donde plantean su posible privación ilegal de la libertad y que se los expuso a trasladarse en medio de la emergencia sanitaria.
 
El Gobierno porteño estaba avisado de la llegada de 18 venezolanos que tramitan su condición de refugiados, pero la policía de la Ciudad detuvo al ómnibus cuando llegaba por avenida general Paz y se encontró con el triple de gente. Las autoridades jujeñas habían asegurado que estaban hechos todos los controles. El operativo detectó que ciertos pasajeros no tenían documento, que 9 de ellos habían entrado por pasos no habilitados y que una mujer tenía 38 grados de fiebre.
 
En el Ministerio de Transporte de la Nación, que había emitido una autorización técnica, dicen que el gobierno de Morales falseó u omitió información. Funcionarios porteños y nacionales estaban escandalizados y furiosos al final del día. A última hora los migrantes eran trasladados a hoteles.
 
Intervienen el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita. Primero se focalizaron en la cuestión sanitaria y humanitaria. Luego analizarán las autorizaciones del gobierno jujeño y la decisión de mandar a gente en un ómnibus, a contramano de las medidas de aislamiento.
 
Morales ya había blanqueado su pensamiento sobre los migrantes la semana pasada: "No podemos traer a extranjeros ni gente de zonas donde va a reventar la situación. Porque si no, estamos trayendo para que contagie a la familia y a todos. ¡Entonces la cortamos!", dijo entonces.
 
Cuando estalló el escándalo aseguró: "No se echó a nadie de la provincia. Muchos de los extranjeros entraron por Bolivia en tránsito a Buenos Aires. Todos hicieron la cuarentena, por eso me parece raro que haya alguno con fiebre (...) No estamos echando gente por la borda en el marco de esta crisis, venga del país que venga (...) se les dio alimento y alojamiento. En el caso de los brasileños y peruanos fueron pedidos por sus embajadas para que sean enviados a Buenos Aires. Los colombianos son hinchas de Medellín, venían de Buenos Aires y los agarró el cierre de fronteras".
 
 
El increíble viaje
  
La partida del micro desde Jujuy, que ya venía cargada de anomalías, fue revelada por Página/12. Los pasajeros a bordo son de nacionalidad peruana (3), venezolana (21), colombiana (22), brasileña (1) y también había argentinos (12). Estaban alojados en el Hotel La Frontera y en el comedor Mickey en La Quiaca, y otros en San Salvador de Jujuy.
 
Según el habeas corpus presentado por las ONG, la mayoría estaban en situación migratoria regular, habían cumplido las medidas de aislamiento y pasado por controles de salud. Hay un grupo aparte de venezolanos que integran un dispositivo de asistencia humanitaria que incluye el alojamiento y alimentación a cargo del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la Agencia Adventista de Desarrollo y la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref).
 
Sobre estos últimos ACNUR había notificado al gobierno porteño el traslado, según informaron fuentes de Seguridad a este diario. Se informó que llegarían 18 personas, y que serían alojadas en hoteles, de lo que se ocuparía el organismo. Por otro lado, autoridades jujeñas hicieron un pedido de autorización para el traslado de los pasajeros en un micro al que le esperaban 30 horas de viaje atravesando 7 provincias en medio del contexto de la pandemia del coronavirus.
 
El primer requerimiento lo hizo el secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos. Luego mandó una nota el secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales, Pablo Palomares, certificando que las personas habían cumplido la cuarentena y que contaban con un certificado de salud. Luego fue elevado un pedido de circulación por parte del coronel Guillermo Siri, del comité operativo de emergencia de Jujuy que avisaba que los pasajeros descenderían en sus respectivas embajadas.
 
La Subsecretaría de Transporte otorgó un permiso en base a condiciones técnicas. "Esa autorización no implica certificación ni aval de la Nación sobre lo que hizo o habilitó la provincia de Jujuy", señalaron también desde el Ministerio del Interior, que se abocó a analizar lo sucedido. El ministerio de Seguridad informó que también la información original decía que los pasajeros "eran refugiados de ACNUR". Fuerzas de seguridad monitorearon, según la cartera, la trazabilidad del micro, aunque no fue detenido hasta que llegaba a la ciudad de Buenos Aires, por la fuerza porteña.
 
En el operativo en avenida General Paz la policía se llevó una gran sorpresa: esperaban encontrar un grupo de venezolanos y pero había 61 personas de varias nacionalidades apiñadas. Fueron revisadas por médicos del SAME y controladas por personal de Migraciones. Una mujer peruana tenía fiebre y terminó trasladada al hospital Pirovano.
 
Algunos pasajeros viajaban sin el documento original y por la noche se intentaba chequear si alguno de los presentes tenía orden de captura. Migraciones informó finalmente que había 9 colombianos que habían ingresado al país por pasos no habilitados y que serán expulsados.
 
El secretario de seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, pidió la intervención de la justicia federal, por eso quedaron a cargo Ercolini y Pollicita. Los migrantes fueron llevados a hoteles (Rochester, Fatsa y Viasui) y se evalúa si deben cumplir una nueva cuarentena.
 
Autoridades de Nación y Ciudad apuntan sospechas a Morales y cuestionan su decisión y la información ofrecida. Mientras se llevaba a cabo el operativo, D'Alessandro dijo que había pedido apoyo a Migraciones porque la situación -señaló-"nos resulta muy irregular".
 
El juez Ercolini dio prioridad a resolver la cuestión sanitaria, y comenzó a poner el ojo en los pedidos emanados de autoridades jujeñas. ¿Por qué pedir una excepción semejante para que un micro atraviese el país en medio de la emergencia sanitaria?, es la duda. La nota del funcionario Palomares dice que las personas que irían en el micro estaban autorizadas, que habían cumplido la cuarentena y tenía un certificado de salud.
 
 
El habeas corpus
  
Las organizaciones que presentaron el habeas corpus el miércoles, antes de que el micro partiera de Jujuy, plantearon en ese documento que se trataba de una situación de posible privación ilegal de la libertad, donde además se expuso a los personas a trasladarse por las rutas, atravesar buena parte del país y llegar al principal foco de la pandemia. "La orden es ilegal e irregular", decía la presentación.
 
Los migrantes que promovieron la medida judicial habían sido advertidos la noche anterior de que serían llevados en micro a Buenos Aires. Uno de ellos, el colombiano Juan Felipe Soto Lozano, que se encuentra con su padre, con quien había venido como turista, contó en C5N: "Esto ha sido una locura. Desde el comienzo nos vinieron con mentiras. Llegó el intendente la noche anterior y nos dijo que nos iban a llevar en un micro escoltado por Gendarmería y que nos mandarían a Colombia para repatriarnos".
 
Varios días antes, habían mandado una carta el consulado de Colombia pidiendo ayuda. Decían allí que habían intentado cruzar por tierra hacia Bolivia para volver a su país, pero no pudieron por el cierre de fronteras y que desde entonces sufrieron malos tratos de parte de funcionarios y fuerzas de seguridad.
 
El habeas corpus ponía de relieve que se trata de un traslado forzoso a una ciudad que es foco de contagio, sin alternativa ni condiciones de alojamiento ni acceso a alimentos en plena cuarentena y sin ninguna clase de garantías durante el viaje. El objetivo de la medida judicial era: "que la justicia analice esta situación, que constituye una amenaza concreta y real de privación de la libertad, y genere las medidas necesarias para conocer las razones del desplazamiento y que se orden, a través de un mecanismo que cuente con la participación de las autoridades nacionales y provinciales así como de las personas interesadas y sus representadas cuáles son las mejores medidas de protección de los derechos (...) y si la mejor medida es un traslado se aseguren entonces las condiciones y garantías mínimas y necesarias (...) para que puedan desplazarse sin ser retenidos, demorados o dejados" en algún "punto de control", "que durante todo el trayecto se tomen todas las medidas de prevención manteniendo el distanciamiento entre las personas", "impidiendo que viajen hacinadas" y que se les suministren "viandas y kits de higiene", además de señalar el lugar de llegada, se les "garantice alojamiento y cobertura de las necesidades de alimentación".
 
El juez federal Eduardo Hansen rechazó la presentación tomando por válida la palabra de las autoridades jujeñas, que decía que todos se irían por propia voluntad y sin imposiciones, que ninguna de las personas afectadas es oriunda de Jujuy, que no tienen ánimo de vivir allí y que eran enviadas a Buenos Aires para "que regresen a sus países quienes así lo deseen o permanezcan en nuestro país en el lugar que lo deseen". Las organizaciones presentaron una apelación donde insisten con el peligro generado por el traslado y refutan de plano el argumento de que los pasajeros se fueron de manera voluntaria.
 
En ese sentido, el CELS señaló en un comunicado que además de afectar la libertad de circulación de los 61 migrantes se los obliga a "cumplir con una medida desaconsejada para el cuidado de la salud. Las políticas sanitarias vigentes en el país que restringen la circulación no implican ni avalan este tipo de medidas".
 
Fuente: Página12
 

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28-03-2024 / 08:03
Una nueva, polémica, cruel e insensible decisión del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei que perfecciona el desgobierno. Las marchas y contramarchas con la nueva movilidad jubilatoria por DNU, eludiendo al Congreso, sumadas al desbarajuste causado por los despidos indiscriminados en la Anses, terminaron impactando de lleno en los jubilados: se anunció oficialmente que la liquidación de abril se pagará en dos cuotas y ni siquiera se comunicaron las fechas en que se efectivizarán. La libertad avanza en el saqueo: jubilaciones licuadas y en dos cuotas.

Siempre contra los más débiles y en medio de despidos en Anses, por primera vez las jubilaciones se pagarán desdobladas. La primera parte corresponderá al mismo monto de la jubilación de marzo y el segundo tramo a la diferencia por el bono y el aumento por inflación. Milei y Luis "Toto" Caputo siguen golpeando a los adultos mayores bajo el pretexto de demoras en los cálculos para aplicar los ajustes por inflación y el bono de $70.000.

El mismo día que se conoció el dato de pobreza, confirmando que casi 20 millones de personas están alcanzadas; y mientras avanzan con despidos masivos en Anses y otras dependencias estatales, el gobierno aplica un nuevo golpe a los jubilados. En el primer tramo se pagará el mismo monto que se cobró en marzo y la fecha es la correspondiente al calendario. Mientras en segundo tramo se liquidará la diferencia correspondiente al aumento y el bono de $70.000 y aún no hay fecha determinada de pago. 
Se le fue la mano.


Este ataque se suma a la estafa de la nueva movilidad por DNU anunciada este lunes. En la misma se establece que las jubilaciones y pensiones aumentarán en abril un 27,35 %, que es la suma de un 12,5 % de "compensación" por lo "perdido" en enero, cuando en realidad la inflación fue de 20,6 % que el gobierno se negó a dar completo. Y se adiciona un "adelanto de la movilidad" del 13,2 % por la inflación de febrero, "correspondiente al mes de junio de 2024".

A su vez, en mayo se otorgará un aumento "a cuenta" de la movilidad de junio, también basado en la inflación de dos meses previos, es decir la de marzo. Y en junio se aplicará la diferencia por la movilidad actual, es decir, descontando los aumentos a cuenta. El ajuste por IPC entrará en vigencia desde el mes de julio. Otro robo, dando una dádiva que apenas supera la cuarta parte del daño causado. 

Además del robo del empalme el DNU 274/2024 de Milei busca consolidar haberes de miseria y licuar el impacto del bono anunciado. El gobierno de LLA viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional, y lograr el superávit fiscal para cumplir con el FMI. El plan motosierra y licuadora no se detiene, hay que enfrentarlos.

Milei tiene una alta dosis de insensibilidad y no entiende lo que le pasa a un jubilado que cobra 200 lucas. Se ha caracterizado desde que asumió por estar muy lejos de combatir a "la casta", todas las medidas van en contra de los sectores más débiles de la sociedad. Con las jubilaciones por el piso, la Argentina firmó una carta de intención para adquirir 24 aviones obsoletos F-16 a Dinamarca. Cerca de US$ 340 millones irían a la compra de aviones en desuso en un gesto cipayo hacia EE.UU. en su disputa con China. El relato de "no hay plata" se resquebraja tras las necesidades de Milei y Caputo por hacer los deberes con EE.UU. en busca de financiamiento del FMI para su delirante aventura dolarizadora.

La Opinión Popular

 

27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

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