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"El día que la pandemia termine va a haber un banderazo de los argentinos de bien". Alberto Fernández
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Nacionales - 25-03-2020 / 09:03
LA PANDEMIA NO BORRA LA MEMORIA

Este 24 de marzo se marchó desde las casas

Este 24 de marzo se marchó desde las casas
Se suspendieron los actos principales del 24 de marzo. Las Madres, las Abuelas, dejaron sin su presencia las Plazas de la Argentina. Un sabio temor, un cuidado colectivo, consiguió lo que no pudo el terrorismo de Estado. Dieron ejemplo frente a la represión. Otro tanto ahora durante la pandemia. Con el Estado como enemigo entonces. Ayer, codo a codo con el aislamiento ordenado-encarecido por las autoridades democráticas.
Se suspendieron los actos principales del 24 de marzo. Las Madres, las Abuelas, dejaron sin su presencia las Plazas de la Argentina. Un sabio temor, un cuidado colectivo, consiguió lo que no pudo el terrorismo de Estado. Dieron ejemplo frente a la represión. Otro tanto ahora durante la pandemia. Con el Estado como enemigo entonces. Ayer, codo a codo con el aislamiento ordenado-encarecido por las autoridades democráticas.
 
Faltaron muchedumbres, abrazos, vítores, cánticos, minutos de silencio. Se extrañó la confluencia de cuatro generaciones ocupando el espacio público. Pero se sostuvo el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Sin el coronavirus, este martes las muchedumbres hubieran desafiado el calor que predominó en el vasto territorio nacional.
 
Se marchó en casa. Esa fue la consigna de los organismos de DDHH, quienes crearon diversas maneras de romper el aislamiento sin incumplir la medida de seguridad sanitaria correctamente decretada por el presidente Alberto Fernández.
 
A través de las redes sociales se compartieron fotos, flyers, videos, historias, testimonios, etcétera, y en miles de frentes, ventanas y rejas de hogares argentinos se colgaron pañuelos blancos, carteles y rostros de las víctimas del terrorismo de Estado.
 
Las principales referentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también hicieron declaraciones en los medios de comunicación y se difundieron los documentos que habitualmente se leen en los palcos de las multitudinarias marchas de cada año, todos los 24 de marzo.
 
La Memoria sobre aquel período nefasto de nuestra historia reciente es muy fuerte, a despecho de las teorías negacionistas que se intentaron imponer durante el gobierno neoliberalde Mauricio Macri. Se intentó también poner en duda el número de los desaparecidos, y por ello los organismos de DDHH insisten con la consigna "fueron 30.000".
 
La dictadura fue militar pero también cívica, porque la Junta Militar contó con la complicidad de muchos empresarios, que colaboraban estrechamente incluso prestando instalaciones y transporte para los operativos. Sin embargo, a la hora de las condenas, estos sectores no fueron casi tocados por la Justicia.
 
Quien fuera ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, responsable del desastre económico, del endeudamiento y también del desapoderamiento de los bienes y el secuestro y desaparición de empresarios acusados de haber colaborado con las organizaciones revolucionarias, murió impune en 2013.
 
Por eso, en este 24 de marzo es necesario reafirmar la política de Juicio y Castigo a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad, sean militares o civiles.
 
La Opinión Popular

 
EL EJEMPLO DE LAS MADRES, AYER Y HOY
 
Pandemia y Dictadura: las grandes diferencias del 24 de marzo
 
A partir del 24 de marzo de 1976 rigió el terror. No el estado de sitio, no un Código penal muy severo. Para la dictadura resultaba fundante paralizar, infundir pavor. Que no se supiera qué pena correspondía a cada supuesto delito, según el Régimen. Más aún, tampoco debía saberse qué era delito. Ciertas conductas o prácticas militantes, seguro. Otras, tal vez.
 
Determinados libros o discos podían configurar un crimen aunque sin un Índex riguroso como tenía la Santa Inquisición. Llevar barba, pollera corta, amucharse, cantar en la calle o comer un helado caminando... quién sabe. La incertidumbre coadyuvaba al proyecto político militar, dejaba sin referencias. Una suerte de anomia controlada desde el poder político, si se admite la comparación.
 
La desaparición de personas redondeaba el círculo infernal. La ignorancia constituía a la vez una herramienta y un objetivo. Cuanto menos supiera el pueblo soberano mejor: desde los contenidos educativos, hasta la tele, hasta la suerte de las personas secuestradas por las Fuerzas de Seguridad.
 
Aliados de fierro; los medios de difusión y un aparato publicitario mucho más sofisticado que las Juntas Militares. Escuchar ahora jingles, consignas, spots publicitarios corrobora que craneaban muchos talentos civiles por ahí. Como en el equipo económico, haciendo juego.
 
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Nuestras viejas, "las viejas" (que no lo eran tanto) les hicieron frente. Dando ejemplo, ocupando la Plaza de Mayo, comenzando un periplo de resistencia pacifista que perdura hasta hoy.
 
A partir de la recuperación democrática, en cada aniversario, las marchas sumaron adhesiones. Hasta 1996, el vigésimo aniversario, la conformaban Organismos de Derechos Humanos, familiares o amigos de las víctimas, personas politizadas. Desde entonces, in crescendo, se transformó en un hecho de masas, una cita, una comunión laica, un despliegue de ciudadanía.
 
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Sin el coronavirus, este martes las muchedumbres hubieran desafiado el calor que predominó en el vasto territorio nacional. Pancartas, redoblantes, grupos musicales. Decenas de organizaciones sociales, políticas, barriales, se hubieran dado cita. Un sinfín de demandas agregan contenido a la jornada de Memoria que sabe ser también de resistencia y afirmación.
 
En los años recientes el movimiento de mujeres cobró un protagonismo formidable. Participan entroncando con la tradición de Madres y Abuelas, con lenguaje nuevo, desafiantes, creativas. Meten ruido, claman contra injusticias que llevan siglos, en formatos jamás vistos.
 
Los 24 de marzo, progresivamente, devinieron la contracara del proyecto dictatorial. La escenificación de demandas democráticas, yuxtapuestas, no siempre coordinadas.
 
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El discurso de los genocidas prodigó metáforas orgánicas o médicas, consustanciales a la peor derecha. Mutilar, extirpar, producir anticuerpos. La oposición o hasta la enemistad transformadas en sinónimo de patología. Un recurso más para privar de derechos al "otro", para negarle condición humana.
 
Hoy en día la amenaza de la enfermedad dista de ser una metáfora perversa. El Covid-19 existe, pone en riesgo la salud de millones de personas. Combatirlo, en el plano sanitario, obliga a restringir libertades constitucionales. Así lo recomiendan la Organización Mundial de la Salud, médicos y científicos de variadas líneas de pensamiento.
 
El Estado, el Gobierno legítimo que lo comanda, afrontan un desafío arduo. Construir un orden democrático de emergencia y transitorio. En algunas facetas más restrictivo que el sobrellevado por otras comunidades en épocas de guerra. Desalentar que la gente camine por su propio barrio, vaya a tomar solcito a las plazas, se ponga en malla en solárium improvisados en la mera calle. De nuevo, la dictadura tipificaba esas costumbres como delitos, imponiéndoles sanciones arbitrarias, terribles.
 
Ahora hay normas que regulan la cuarentena. Al Estado le concierne el deber de sancionar a quienes incumplen dolosamente las reglas del aislamiento sin violar otros derechos.
 
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La cordura popular impuso el criterio, los pañuelos blancos --confeccionados a mano, caseritos y familiares en su mayoría-- flamearon en todo el territorio patrio. La resistencia y las manifestaciones populares se amoldan a las circunstancias históricas. Las Madres y las Abuelas --que ahora sí tienen muchos años- lo captaron y se colocaron a la vanguardia de la sensatez.
 
"Con vida los queremos" coreaban solas o casi solas frente al orden genocida. Con vida nos queremos comunicaron en otro contexto este martes, invictas en la reivindicación de los Derechos Humanos.
 
El recuerdo de los 30.000 se tramó de un modo extraño, único. De cualquier modo, siguen presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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01-10-2020 / 11:10
La Corte Suprema de Justicia volvió a mostrar que es la cabeza de un poder elitista y aristocrático que se rige por criterios que no siempre tienen a la Constitución y a la Ley como norte. La aceptación del per saltum presentado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, trasladados "a dedo" por Mauricio Macri sin acuerdo del Senado, interrumpe la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo como si el caso tuviera la gravedad institucional que exige ese instrumento de excepción.
 
La oposición macrista había acompañado la presión de Clarín con un escrache fascista para que Ricardo Lorenzetti votara este fallo, cosa que sucedió. Aunque es cierto que la Corte Suprema no resolvió la cuestión de fondo, es decir la aceptación o el rechazo de los peticionantes, por lo cual el festejo de la derecha política y mediática es prematuro como también lo es el enojo del Gobierno nacional.
 
Pero el solo hecho de aceptar jugar este juego, tal como se lo viene exigiendo el bombardeo de los grandes medios macristas porteños, precipita un conflicto de poderes al poner en tela de juicio la intervención del Senado en la búsqueda de superar el enchastre que dejó Mauricio Macri con estos y otros traslados de jueces al estilo de un monarca.
 
La derecha está eufórica porque -dice- la Corte emite una "señal de fortaleza" a los otros dos poderes del Estado. Lo que no dice -porque desnuda su intención y su esencia- es que, a la vez, da una señal de debilidad, de sumisión, a los poderes fácticos, económicos y mediáticos, los que no necesitan del voto popular.
 
Esta Corte que saca pecho ante el gobierno del Frente de Todos, ¿qué hizo durante el cuatrienio macrista cuando los jueces eran hostigados y volteados como muñecos por el contenido de sus sentencias, o apretados por la "mesa judicial", ese engendro que no escandalizaba ni a los cortesanos ni a la gran prensa hegemónica?
 

01-10-2020 / 09:10
La crisis económica y social causada por la pandemia volvió a visibilizarse esta vez en forma de números: 11,7 millones de personas quedaron bajo la línea de pobreza, el 40,9 por ciento de la población residente en los 31 aglomerados urbanos que releva el Indec. De ese total, el 10,5 por ciento son indigentes. Es decir, no alcanzan a cubrir una canasta básica alimentaria. Se trata de 2,9 millones de personas.
 
Los datos corresponden al primer semestre del año, que estuvo marcado por una fuerte caída de los ingresos y el aumento de la desocupación como consecuencia no deseada de las medidas de aislamiento preventivo para frenar el avance de la covid-19. En su comparación interanual, la pobreza subió 5,5 puntos porcentuales, desde el 34,5 por ciento que registraba entonces el indicador oficial. La indigencia pasó de 7,7 a 10,5, con un alza interanual de 2,8 puntos porcentuales.
 
Estas cifras profundizan una crisis que parecía haber tocado fondo hacia el fin del gobierno de Mauricio Macri: el candidato que prometía pobreza cero entregó un país con 35,5 por ciento de personas bajo la línea de pobreza y 8 por ciento de indigencia. A pesar de la profundización de la recesión que generó el coronavirus, el balance contra 2019 marca que Cambiemos provocó un mayor aumento de la pobreza en un contexto de normalidad.
 
La política económica del macrismo pegó tan duro como la pandemia: la pobreza en Argentina aumentó 5,4 por ciento durante los meses más severos de la crisis sanitaria que castiga a la humanidad, y 5,2 por ciento durante la gestión de Macri, que en el segundo semestre de 2016, el primer dato oficial que publica el Indec, afrontaba una pobreza del 30,3 por ciento. 

30-09-2020 / 10:09
30-09-2020 / 10:09
En el marco de la ofensiva de la derecha mediática, política y empresarial, los cinco jueces supremos dejaron de lado sus notorias diferencias para plantar una ficha en el tablero de la política. Con la decisión unánime de hacer lugar a un per saltum y congelar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta definir el fondo de la cuestión el máximo tribunal se coloca en una posición supraconstitucional de árbitros institucionales, pasando por encima de los procedimientos previstos y la voluntad de los tres poderes del Estado sin haber acreditado una urgencia para hacerlo.
 
Incluso si la sentencia definitiva resuelve que los magistrados deben regresar a los cargos para los que tienen acuerdo, resultará que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente de la Nación y los jueces y fiscales de instancias inferiores, siempre de acuerdo a las normas constitucionales, queda supeditado al capricho de una Corte que, cínicamente en nombre de la "República", se adjudica más poderes que los que establece la Constitución. Todo cimentado sobre una legitimidad que otorgan cero votos.
 
Si, por el contrario, falla a favor de los tres jueces que habían sido trasladados a dedo por Mauricio Macri, le darán un golpe mortal al esquema jurídico. Con ese antecedente, todos los cargos vacantes podrían cubrirse a dedo, prescindiendo de los concursos y del acuerdo del Senado, echando por tierra el procedimiento previsto por los constituyentes. En cualquiera de los casos, los cinco supremos se habrán arrogado más facultades que las que ya tienen, que no son escasas: un grosero avance sobre las instituciones.
 
En el gobierno no dudan de que el apuro que mostró el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al que se plegaron los otros jueces del cuerpo es la prueba que delata el carácter político de la decisión que tomaron para defender la casta judicial. El hecho de que cuatro de los cinco asistieran al Palacio en lugar de acordar de manera telemática, tal como venían haciendo, también se leyó en el mismo sentido. Sabemos la Corte tenemos: una casta macrista, privilegiada y reaccionaria, hostil a todo interés popular.
 

29-09-2020 / 10:09
La causa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix va camino a la nulidad tantas veces planteada por las víctimas de esa maniobra de persecución mediático judicial. La Cámara de Casación ordenó que le entreguen los registros audiovisuales de las declaraciones de los arrepentidos, que fueron la piedra basal de las acusaciones pese a que nunca se confirmó nada de lo que supuestamente confesaron y, lo importante, nunca se mostraron esas grabaciones.
 
La ley del Arrepentido, instrumento Made in USA impulsado por el propio Mauricio Macri, exige que se registren esos acuerdos de colaboración que se daban con el fiscal Carlos Stornelli y luego convalidaba el juez Claudio Bonadio.  
 
Nunca mostraron esos registros pero los jueces trasladados a dedo por Macri, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, convalidaron todo en base a lo que Bonadio y Stornelli plasmaban por escrito. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal del país, exige lo obvio, lo que dice la ley.
 
La resolución llegó tras una audiencia con planteos de varios abogados defensores de funcionarios y empresarios encuadernados, y dice: "Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase -con carácter de urgente- al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 remita a esta judicatura soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos".
 
Distintos abogados y encuadernados reclamaron desde el inicio del expediente el acceso a esas grabaciones, si es que existen. Si no existen violaron la ley.
 

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