La Opinión Popular
                  13:06  |  Jueves 01 de Octubre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
"El día que la pandemia termine va a haber un banderazo de los argentinos de bien". Alberto Fernández
Recomendar Imprimir
Nacionales - 24-03-2020 / 09:03
LA MEDIDA AYUDARÁ A 3,6 MILLONES DE HOGARES

Bono de $10 mil a trabajadores informales y monotributistas

Bono de $10 mil a trabajadores informales y monotributistas
Este lunes por la tarde los ministros de Economía, Martín Guzmán y de Trabajo, Claudio Moroni, dieron cuenta de nuevas medidas económicas con foco en los monotributistas, los trabajadores autónomos y los del sector informal. “Toda persona debe quedar protegida en esta situación de crisis”, señaló Guzmán. Por eso, dijo que se estableció “la creación de un ingreso familiar de emergencia para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas categorías A y B, entre 18 y 65 años”, explicó.
En todo el mundo se archivan las recetas neoliberales y se reflota la "vieja" idea de la intervención estatal para afrontar la pandemia del coronavirus. Cuando las papas queman no es el mercado sino el Estado el que mejor hace las cosas.
 
El gobierno de Alberto Fernández anunció la entrega de $10.000 por única vez en abril a 3,6 millones de familias cuyos ingresos dependen de un trabajador informal, empleada doméstica o monotributista de las categorías A y B, en el marco de las medidas implementadas para proteger a los sectores más vulnerables de los efectos económicos del coronavirus.
 
La decisión fue transmitida ayer a la tarde por los ministro de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, durante una conferencia de prensa realizada en la Quinta de Olivos. "Lo que estamos haciendo es asegurarnos que todas las personas que viven en Argentina quedan protegidas en esta situación de crisis", dijo Guzmán.
 
El paquete de medidas económicas dispuesto por el gobierno nacional para paliar los efectos de la pandemia significa una intervención que equivale a alrededor del 2 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Esa proporción la pone a tono con lo que están realizando otros gobiernos de la región y por encima incluso de otros países donde la crisis sanitaria es mucho mayor, como Italia.
  
Las iniciativas comprenden un mix de medidas. Algunas implican un desembolso directo del Estado. Entre ellas se encuentran la ampliación del presupuesto para obras viales, construcción de escuelas y viviendas (100 mil millones de pesos); el relanzamiento del plan Procrear (103 mil millones), las líneas Repro para que las empresas de los sectores más comprometidos puedan pagar parte del salario de su personal (40 mil millones) y los bonos especiales para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (27 mil millones de pesos).
 
Otras medidas implican el diferimiento o eximición de pagos en concepto de impuestos y contribuciones patronales, lo que derivará en una menor recaudación fiscal en los próximos meses.
 
Una parte de la ayuda vendrá del sector financiero, que brindará créditos a tasas accesibles para cubrir necesidades de las pequeñas empresas. Se estima que por ese camino los bancos liberarán unos 320 mil millones de pesos, monto que será objeto de una nueva regulación del Banco Central para que las entidades no sufran ese impacto.
 
El CEPA (Centro de Economía Política Argentina) estimó en un informe que el total del programa de estímulo dispuesto por el gobierno alcanza los 640 mil millones de pesos. "Resulta clave sostener la producción en la mayor parte de las ramas de actividad menos afectadas de manera directa por las medidas de aislamiento por coronavirus", señala.
 
"La discusión reside en cuántos recursos pone el Estado a disposición y en cómo este plan se viabiliza para su efectivización impactando en la actividad privada", agrega el documento.
 
La Opinión Popular

 
FRENTE A ITALIA QUE DESTINA EL 1,2% PARA FRENAR EL CORONAVIRUS
 
Argentina aporta el 2% del PBI para combatir la pandemia
  
Los anuncios oficiales tienen lugar en el marco de una nueva ola mundial de intervencionismo estatal. Ante los efectos devastadores del coronavirus en el sistema sanitario y en la actividad económica global, muchos gobiernos (algunos enrolados en corrientes económicas más afines al libremercadismo) están realizando diversas acciones para disminuir el impacto de la crisis.
 
En Europa y Estados Unidos priman las decisiones de política monetaria, a través de la compra de bonos de deuda y títulos de empresas privadas para inyectar mayor liquidez al mercado e incluso de transferencias directas a los ciudadanos.
 
En Alemania, la canciller Angela Merkel dio a entender que su país podría abandonar la férrea ortodoxia fiscal que lo caracteriza: "Haremos lo necesario para superar esta situación y luego veremos qué significa esto para nuestro presupuesto", dijo.
 
La consultora PxQ comparó los montos de los programas oficiales destinados a combatir las consecuencias económicas del coronavirus. En los países más activos de Europa van del 8 al 15 por ciento del PBI por la fuerte inyección de dinero en la economía.
 
En Argentina, donde las acciones también involucran política fiscal, la cifra ronda el 2 por ciento del PBI, proporción que se encuentra "en línea con el paquete anunciado por Brasil (2,2 por ciento) y llamativamente por encima de Italia (1,2 por ciento), uno de los países más afectados".
 
En este último país, continúa el informe, las autoridades decidieron medidas de alivio impositivo, la suspensión en el pago de hipotecas y hasta la nacionalización de la aerolínea Alitalia.
 
 
Como en 2009
  
El paquete anunciado por el gobierno nacional tiene un antecedente directo en las medidas que adoptó el gobierno en 2009 por la crisis financiera subprime. Según un estudio de Guillermo Wierzba y Pablo Mareso, de 2010, ese paquete alcanzó al 3,3 por ciento del PBI. Su impacto fiscal derivó en un incremento del déficit, que alcanzó al 1,7 por ciento del PBI en 2009, aunque esas cifras fueron cuestionadas por la intervención de hecho al Indec. En definitiva, la respuesta a la crisis fiscal fue la eliminación de las administradoras de jubilación y pensión (AFJP) a fin de que esos aportes ingresaran a la órbita estatal.
 
La necesidad de sostener la actividad también alteró los manuales de un organismo tradicionalmente conservador como el Fondo Monetario Internacional. Hasta el director del Departamento para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner (cuestionado en el seno del organismo por los gruesos errores de cálculo al avalar el crédito stand by a la gestión de Mauricio Macri), salió a recomendar que "los gobiernos deben recurrir a transferencias monetarias, subsidios salariales y medidas de alivio tributario. La prioridad número uno es garantizar que se puedan afrontar los gastos sanitarios inmediatos a fin de proteger la salud de la población".
 
 
Francia y las tarifas
  
Entre las medidas que dispuso el gobierno francés para paliar la crisis, el presidente Emmanuel Macron anunció la suspensión del cobro de las facturas de agua y luz para las pequeñas y medianas empresas. En un principio circuló que esa medida alcanzaba a la ciudadanía, pero el ministro de Economía, Bruno Le Maire, aclaró que es para Pymes. El gobierno destinó para los asalariados una "masiva ampliación" del seguro al parado. También anunció que dejará en pausa la reforma previsional que provocó las protestas sociales el año pasado.
 
Por Marcelo Colombres
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

Agreganos como amigo a Facebook
01-10-2020 / 11:10
La Corte Suprema de Justicia volvió a mostrar que es la cabeza de un poder elitista y aristocrático que se rige por criterios que no siempre tienen a la Constitución y a la Ley como norte. La aceptación del per saltum presentado por los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, trasladados "a dedo" por Mauricio Macri sin acuerdo del Senado, interrumpe la intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo como si el caso tuviera la gravedad institucional que exige ese instrumento de excepción.
 
La oposición macrista había acompañado la presión de Clarín con un escrache fascista para que Ricardo Lorenzetti votara este fallo, cosa que sucedió. Aunque es cierto que la Corte Suprema no resolvió la cuestión de fondo, es decir la aceptación o el rechazo de los peticionantes, por lo cual el festejo de la derecha política y mediática es prematuro como también lo es el enojo del Gobierno nacional.
 
Pero el solo hecho de aceptar jugar este juego, tal como se lo viene exigiendo el bombardeo de los grandes medios macristas porteños, precipita un conflicto de poderes al poner en tela de juicio la intervención del Senado en la búsqueda de superar el enchastre que dejó Mauricio Macri con estos y otros traslados de jueces al estilo de un monarca.
 
La derecha está eufórica porque -dice- la Corte emite una "señal de fortaleza" a los otros dos poderes del Estado. Lo que no dice -porque desnuda su intención y su esencia- es que, a la vez, da una señal de debilidad, de sumisión, a los poderes fácticos, económicos y mediáticos, los que no necesitan del voto popular.
 
Esta Corte que saca pecho ante el gobierno del Frente de Todos, ¿qué hizo durante el cuatrienio macrista cuando los jueces eran hostigados y volteados como muñecos por el contenido de sus sentencias, o apretados por la "mesa judicial", ese engendro que no escandalizaba ni a los cortesanos ni a la gran prensa hegemónica?
 

01-10-2020 / 09:10
La crisis económica y social causada por la pandemia volvió a visibilizarse esta vez en forma de números: 11,7 millones de personas quedaron bajo la línea de pobreza, el 40,9 por ciento de la población residente en los 31 aglomerados urbanos que releva el Indec. De ese total, el 10,5 por ciento son indigentes. Es decir, no alcanzan a cubrir una canasta básica alimentaria. Se trata de 2,9 millones de personas.
 
Los datos corresponden al primer semestre del año, que estuvo marcado por una fuerte caída de los ingresos y el aumento de la desocupación como consecuencia no deseada de las medidas de aislamiento preventivo para frenar el avance de la covid-19. En su comparación interanual, la pobreza subió 5,5 puntos porcentuales, desde el 34,5 por ciento que registraba entonces el indicador oficial. La indigencia pasó de 7,7 a 10,5, con un alza interanual de 2,8 puntos porcentuales.
 
Estas cifras profundizan una crisis que parecía haber tocado fondo hacia el fin del gobierno de Mauricio Macri: el candidato que prometía pobreza cero entregó un país con 35,5 por ciento de personas bajo la línea de pobreza y 8 por ciento de indigencia. A pesar de la profundización de la recesión que generó el coronavirus, el balance contra 2019 marca que Cambiemos provocó un mayor aumento de la pobreza en un contexto de normalidad.
 
La política económica del macrismo pegó tan duro como la pandemia: la pobreza en Argentina aumentó 5,4 por ciento durante los meses más severos de la crisis sanitaria que castiga a la humanidad, y 5,2 por ciento durante la gestión de Macri, que en el segundo semestre de 2016, el primer dato oficial que publica el Indec, afrontaba una pobreza del 30,3 por ciento. 

30-09-2020 / 10:09
30-09-2020 / 10:09
En el marco de la ofensiva de la derecha mediática, política y empresarial, los cinco jueces supremos dejaron de lado sus notorias diferencias para plantar una ficha en el tablero de la política. Con la decisión unánime de hacer lugar a un per saltum y congelar la situación de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli hasta definir el fondo de la cuestión el máximo tribunal se coloca en una posición supraconstitucional de árbitros institucionales, pasando por encima de los procedimientos previstos y la voluntad de los tres poderes del Estado sin haber acreditado una urgencia para hacerlo.
 
Incluso si la sentencia definitiva resuelve que los magistrados deben regresar a los cargos para los que tienen acuerdo, resultará que todo lo actuado por el Consejo de la Magistratura, el Senado, el Presidente de la Nación y los jueces y fiscales de instancias inferiores, siempre de acuerdo a las normas constitucionales, queda supeditado al capricho de una Corte que, cínicamente en nombre de la "República", se adjudica más poderes que los que establece la Constitución. Todo cimentado sobre una legitimidad que otorgan cero votos.
 
Si, por el contrario, falla a favor de los tres jueces que habían sido trasladados a dedo por Mauricio Macri, le darán un golpe mortal al esquema jurídico. Con ese antecedente, todos los cargos vacantes podrían cubrirse a dedo, prescindiendo de los concursos y del acuerdo del Senado, echando por tierra el procedimiento previsto por los constituyentes. En cualquiera de los casos, los cinco supremos se habrán arrogado más facultades que las que ya tienen, que no son escasas: un grosero avance sobre las instituciones.
 
En el gobierno no dudan de que el apuro que mostró el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y al que se plegaron los otros jueces del cuerpo es la prueba que delata el carácter político de la decisión que tomaron para defender la casta judicial. El hecho de que cuatro de los cinco asistieran al Palacio en lugar de acordar de manera telemática, tal como venían haciendo, también se leyó en el mismo sentido. Sabemos la Corte tenemos: una casta macrista, privilegiada y reaccionaria, hostil a todo interés popular.
 

29-09-2020 / 10:09
La causa de las Fotocopias de los Cuadernos Fénix va camino a la nulidad tantas veces planteada por las víctimas de esa maniobra de persecución mediático judicial. La Cámara de Casación ordenó que le entreguen los registros audiovisuales de las declaraciones de los arrepentidos, que fueron la piedra basal de las acusaciones pese a que nunca se confirmó nada de lo que supuestamente confesaron y, lo importante, nunca se mostraron esas grabaciones.
 
La ley del Arrepentido, instrumento Made in USA impulsado por el propio Mauricio Macri, exige que se registren esos acuerdos de colaboración que se daban con el fiscal Carlos Stornelli y luego convalidaba el juez Claudio Bonadio.  
 
Nunca mostraron esos registros pero los jueces trasladados a dedo por Macri, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, convalidaron todo en base a lo que Bonadio y Stornelli plasmaban por escrito. Ahora la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal del país, exige lo obvio, lo que dice la ley.
 
La resolución llegó tras una audiencia con planteos de varios abogados defensores de funcionarios y empresarios encuadernados, y dice: "Como medida para mejor proveer y con suspensión del plazo de deliberación, requiérase -con carácter de urgente- al Juzgado Criminal y Correccional Federal 11 remita a esta judicatura soporte fílmico, digital u otro medio técnico en el cual se hayan registrado las declaraciones efectuadas en el marco del acuerdo de colaboración por los imputados arrepentidos".
 
Distintos abogados y encuadernados reclamaron desde el inicio del expediente el acceso a esas grabaciones, si es que existen. Si no existen violaron la ley.
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar