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Nacionales - 14-02-2020 / 09:02
AVANZA UNA DE LAS CAUSAS QUE MÁS COMPROMETE A MACRI

Corrupción macrista: allanaron concesionarias de autopistas por el negociado de los peajes

Corrupción macrista: allanaron concesionarias de autopistas por el negociado de los peajes
Los macristas vinieron para eso. Para llevarse todo lo que podían y “redistribuir” la riqueza para favorecer más a los ricos. Ahora, ya sin el poder como protección, lentamente los negociados salen a la luz. Por estas horas se llevó adelante un allanamiento en las oficinas de Ausol la concesionaria de los peajes. El juez Rodolfo Canicoba Corral investiga al Grupo Concesionario del Oeste y Natal Inversiones por presunto acuerdo fraudulento del Estado en favor de la renegociación de contratos por peajes.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó allanamientos a oficinas de las empresas concesionarias de la autopista Panamericana y del Oeste, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la renegociación de contratos por peajes con el Estado nacional durante la presidencia de Mauricio Macri.
 
Los funcionarios judiciales, acompañados por personal de las Fuerzas de Seguridad, llegaron hasta la sede administrativa de Autopistas del Sol, en Panamericana y Thames, Acceso Oeste, ubicada en Ituzaingó y también a Natal S.A. En los operativos se busca documentación sobre la prórroga del contrato que benefició a Ausol, de la que Grupo Socma de Macri fuera una de las propietarias.
 
En 2019 la justicia comenzó a investigar un supuesto acuerdo entre el Gobierno nacional y la concesionaria Autopistas del Sol (Ausol) que le habría significado a esta empresa "una ganancia de 499 millones de dólares". Se investiga una causa similar con el Grupo Concesionario del Oeste (GCO), que opera el Acceso Oeste, por un monto de 245 millones de dólares del Estado.
 
Ante la primera medida del fiscal, quedaron imputados el ex presidente Macri; el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel. Según la denuncia, pocos días antes que Macri asumiera la Presidencia, la concesionaria Ausol simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por supuestos atrasos tarifarios. El objetivo fue apurar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización era en 2020.
 
Los acuerdos buscaban garantizarles a las empresas el cobro de supuestas inversiones desde que se hicieron cargo de las concesiones en 1994. A pesar de las superganancias de las empresas, los funcionarios del gobierno de Macri les reconocieron rápidamente esos montos. Hasta ese momento el Grupo Macri era uno de los controlantes de AUSOL. Así, se vio favorecido con el aumento de las tarifas y la valorización de sus acciones, que aumentaron 400%.
 
En Tribunales explican que el principal escollo que tiene el caso respecto del rol del ex presidente es que Macri sólo tenía acciones y no era directivo de Ausol. Sin embargo, hay un hecho que podría complicar al ex mandatario. Se trata de la "ayuda" que buscó darle Laura Alonso, entonces a cargo de la Oficina Anticorrupción, al recomendarle que no firmara el decreto de renegociación de la concesión.
 
Efectivamente, quien puso la rúbrica fue la ex Vicepresidenta, Gabriela Michetti. Desde el juzgado afirmaron que "queda claro que en todo el proceso actuó el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Y con la excusación de Macri, recomendada por Alonso, está admitido que tenían intereses". Luego de los allanamientos, será el turno de las primeras indagatorias.
 
La Opinión Popular

 
LO INCAUTADO QUEDÓ BAJO CUSTODIA Y SERÁ ANALIZADO EN LAS PRÓXIMAS HORAS
 
Peajes: allanamientos simultáneos en la causa que compromete a Macri
 
El juez Rodolfo Canicoba Corral dispuso procedimientos simultáneos en las oficinas de Autopistas del Sol, Grupo Concesionario del Oeste y Natal, la empresa a la cual Socma le vendió la participación accionaria que tenía en Ausol. "Encontramos lo que fuimos a buscar", confió uno de los investigadores a PáginaI12.
 
Entre los elementos secuestrados hay documentación y material informático. Los delitos que se se podrían haber cometido son negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.
 
Los allanamientos fueron ordenados este jueves en varios lugares al mismo tiempo: personal de la División de Delitos de Lavado de Dinero de la Policía Federal se dirigió a la sede social de Autopistas del Sol, en Panamericana y Thames, y también a la del Acceso Oeste, ubicada en Ituzaingó.
 
En simultáneo, personal especializado -entre abogados, contadores y técnicos informáticos-- fue a las oficinas de las empresas en Capital Federal. También hubo un procedimiento en el inmueble donde opera Natal Sociedad Anónima, la firma que a mediados de 2017 se quedó con las acciones que Socma tenía en Ausol.
 
El expediente abierto a mediados del año pasado tiene bajo la lupa la renegociación de los contratos de los peajes del Acceso Oeste y de la Panamericana, cuya beneficiaria fue Socma, empresa emblema de la familia Macri. Con el avance de la pesquisa, el ex presidente, el ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel y el ex jefe de la Cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne, están cada vez más complicados.
 
En los operativos ordenados por el juez de instrucción número 6, se buscaba específicamente documentación sobre la escandalosa prórroga del contrato sin licitación y pruebas sobre la integración societaria de la concesionaria; además, documentos respecto del reconocimiento para Ausol de unos 500 millones de dólares por parte del Estado y las condiciones en que fue vendida la participación del ex Jefe de Estado en la compañía beneficiada por sus políticas.
 
 
Resultado positivo
 
"Encontramos lo que fuimos a buscar", confió uno de los investigadores. Entre el material secuestrado en los cinco operativos simultáneos, se recolectaron documentos, fotocopias y discos rígidos. Puntualmente, de las concesionarias se llevaron registros de titularidad de acciones; información societaria; balances y --algo que destacaron fuentes de la investigación-- en Ausol encontraron en fotocopias el acuerdo de renegociación del contrato. El dato cobra relevancia si se toma en cuenta lo declarado por una de las testigos claves de la causa.
 
Julieta Ripoli, ex titular de Jurídicos de Vialidad Nacional, dijo bajo juramento que las condiciones de ese contrato fueron redactadas prácticamente en su totalidad por los abogados de las empresas, lo que implicó amplios beneficios para las concesionarias, en detrimento de los intereses del Estado y de los usuarios.
 
En tanto, de la sede de Natal S.A. se obtuvieron discos rígidos y material sobre la transferencia de las acciones que eran de Macri. La firma, una empresa familiar dedicada al rubro inmobiliario y agropecuario, no tenía experiencia previa ni conocimiento técnico en temas viales.
 
Sin embargo, a pesar de que supuestamente la concesión estaba por vencer, compró los papeles por un monto millonario, lo que podría indicar que hubo información privilegiada y los compradores sabían que se iba a prorrogar el contrato por diez años.
 
Además, mientras ex funcionarios de Vialidad afirman que hubo presiones para apurar la venta de las acciones antes de la renegociación de la concesión, el organismo a cargo de Iguacel, modificó las condiciones para permitir que una compañía que no cumplía con los requisitos (experiencia y solvencia económica) pudiera ser adjudicataria.
 
 
El rol de Macri
 
En Tribunales explican que el principal escollo que tiene el caso respecto del rol del expresidente es que Mauricio Macri sólo tenía acciones y no era directivo de Ausol. Incluso, a pesar de haber mantenido las acciones en su poder hasta mediados de 2017, cuando las vende a Natal S.A. un 400 por ciento por encima del valor que tenían antes de llegar a Casa Rosada, antes de la prórroga del contrato y de las subas siderales de las tarifas de peajes.
 
"Es un problema que Macri figure solo como accionista y no como parte del directorio. Porque ahí tenés que probar que tenía una parte o todo el control del dominio del hecho", explicaron en tribunales.
 
Sin embargo, hay un hecho que podría complicar al ex mandatario. Se trata de la "ayuda" que buscó darle Laura Alonso, entonces a cargo de la Oficina Anticorrupción, al recomendarle a Macri que no firme el decreto que habilitaba la renegociación de la concesión.
 
Efectivamente, quien puso la rúbrica fue la ex Vicepresidenta, Gabriela Michetti. Desde el juzgado afirmaron que "queda claro que en todo el proceso actuó el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Y con la excusación de Macri recomendada por Alonso está admitido que tenían intereses".
 
Mientras tanto, el material incautado en los allanamientos quedó bajo custodia y comenzará a ser analizado en las próximas horas. En base a eso se definirán los próximos pasos de uno de los expedientes más comprometedores para Macri y sus funcionarios.
 
Seguramente, pronto vendrá el turno de las primeras indagatorias. Según pudo saber PáginaI12, todo indica que el debut estará a cargo de los abogados subordinados de Bernardo Saravia Frías, el ex abogado de los Macri que reemplazó a Balbín en la Procuración del Tesoro. "No podían no saber o no estar al tanto de lo que estaban haciendo", expresaron en Comodoro Py.
 
 
Nueva testigo
 
La causa que comenzó a mediados del año pasado ganó impulso con las declaraciones de varios testigos, entre ellos el ex Procurador del Tesoro, Carlos Balbín; la ex titular de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli y el ex titular del extinto Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Gustavo Gentili.
 
El próximo martes deberá declarar como testigo la ex Directora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro. Se trata de Silvina González Napolitano, la abogada que estuvo a cargo del trámite por la demanda que la concesionaria le había hecho a la Argentina ante el CIADI, por supuestos atrasos tarifarios.
 
El objetivo de esta nueva testimonial es profundizar en una de las patas de la pesquisa, que apunta a determinar las condiciones en que el macrismo decidió reconocerle a Ausol la suma de 500 millones de dólares en calidad de inversiones no amortizadas. Abertis --la controlante española-- se había presentado ante el árbitro dependiente del Banco Mundial con un reclamo de mil cien millones de dólares.
 
Sin embargo, en tiempo récord y sin una sola audiencia, el entonces Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich anunció como un gran triunfo que la firma retiraba la denuncia. A cambio, el Estado le reconocía los 500 millones. Napolitano, con diez años de carrera en la Procuración, dejó sorpresivamente su cargo luego de haber defendido los intereses del Estado ante el CIADI.
 
Por Sofía Caram
 
Fuente: Página12
 

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28-02-2020 / 10:02
El apoyo del Fondo, incluso aunque sea sin condiciones nuevas -algo todavía por verse-, no implica que la renegociación privada vaya a avanzar. El abismo que todavía separa a los acreedores del deudor es que para los primeros, la Argentina tiene un problema de liquidez. Y para Martín Guzmán es de sustentabilidad. Es decir, de solvencia.
 
Mientras eso siga así, los bonistas propondrán soluciones de liquidez, muy distintas a las que necesarias para un problema de solvencia. Unos se enfocan en el largo plazo y otros en el corto. Por eso los enviados de bancos y fondos de inversión se quedaron con las ganas de más precisiones en las reuniones que mantuvo Guzmán en Manhattan, siempre bajo siete llaves. Porque hablan idiomas distintos.
 
Mauricio Macri solía decir que no tenía plan B. Y no mentía. Navegó siguiendo a pies juntillas la hoja de ruta de Wall Street, traducida primero por su amigo Luis "Toto" Caputo y después por Nicolás Dujovne, hasta que se estrelló contra los acantilados de la depreflación, la devaluación y finalmente el reperfilamiento.
 
Terminó con el blasón de haber sido el primer presidente argentino en postularse a su propia reelección y fracasar. Solo un milagro puede devolverlo a la política.
 
Alberto Fernández, en cambio, explica en privado que él sí tiene un plan B. Que si no hay acuerdo con los acreedores, habrá que apechugar y enfrentar un default no deseado. Pero en el mercado financiero no le creen.
 
"Del plan A iríamos directo al plan C", bromeó uno de los consultores más cotizados del momento. Y explicó: "La A es por Alberto, obvio. Y la C, ejem ¿cómo se llama la vicepresidenta?".

28-02-2020 / 09:02
El debate en el Congreso Nacional sobre el sistema jubilatorio del Poder Judicial volvió a instalar en el centro de la atención pública un tema tantas veces tratado como olvidado: los privilegios que detentan los miembros de la corporación judicial, muchos de ellos incompatibles con un sistema político democrático.
 
Jubilarse en base al último sueldo en lugar del promedio de los últimos diez años como todos los trabajadores; considerar la antigüedad laboral no desde el ingreso al Poder Judicial sino desde el momento en que recibieron el título de abogados; retirarse los varones a los 60 años cuando en el resto de las actividades se requieren 65; estar eximidos de aportar 30 años para gozar de un sistema "especial"... son solo algunos de los evidentes privilegios de casta que detentan jueces y fiscales.
 
A este listado incompleto deben sumarse algunas otras prerrogativas como la de fijarse el salario, beneficio otorgado en la década de los noventa, que sirvió para que los jueces alcancen las remuneraciones más elevadas de la administración pública y, la frutilla del postre, la acordada de la Corte Suprema que los eximió de pagar el Impuesto a las Ganancias con el sorprendente argumento de la "intangibilidad" salarial.
 
Para intentar frenar el proyecto que modifica estas prerrogativas, la antesala a la bochornosa actuación de los diputados de Cambiemos fue poner el grito en el cielo y agitar una supuesta "jubilación en masa" de los magistrados que se irían para no perder los privilegios de casta.
 
Sin embargo, en el transcurso de la sesión de Diputados, que resultó en la media sanción, quedó en claro una cosa: Juntos por el Cambio asumió su rol de defensor de los "pobres e indefensos" jueces, al querer negociar una cláusula que fue rechazada, por la cual mantendrían los beneficios jubilatorios actuales aún sin el trámite iniciado, y así evitar un supuesto éxodo masivo en el Poder Judicial.
 
Habiendo fallado la negociación con el bloque peronista, aparece el show como maniobra de defensa. El anuncio de que interpondrían un recurso judicial cuestionando el quórum, a raíz de la aparición de Daniel Scioli. Maniobras para negociar condiciones que defiendan los privilegios insólitos de la casta judicial.

Frente a la presencia del diputado Scioli, Juntos por el Cambio anunció que haría una impugnación judicial porque en Wikipedia figura como embajador. Es decir, pedir al Poder Judicial, la casta sujeta a debate, que determine la legitimidad de la sesión, donde se discuten cambios en sus millonarias jubilaciones. Un mecanismo excelente para garantizar no se toquen siquiera un centímetro sus absurdos privilegios.

La Opinión Popular

27-02-2020 / 09:02
En pleno debate por la modificación de las denominadas jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió esta tarde para manifestar su "preocupación por el avasallamiento del Poder Judicial" por el que, según ellos, el gobierno busca "vaciarlo" para "colonizarlo" con magistrados propios.
 
Desde las oficinas del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, expresaron que "mediante la excusa del proyecto de regímenes especiales se esconde el verdadero objetivo: vaciar de jueces y fiscales los estamentos judiciales y colonizarlo con jueces propios". Por eso, manifestaron que defenderán "con firmeza y claridad los principios de la  división de poderes y el valor de la República".
 
Lo curioso es que hace sólo un mes ese espacio político cuestionó "al oficialismo por ocultar qué regímenes especiales quedaban fuera del congelamiento de la movilidad jubilatoria y rechazó que la misma se aplicara a algunos jubilados excluyendo a los beneficiarios de regímenes especiales como diplomáticos y jueces, entre otros privilegiados".
 
Hace dos meses Cambiemos pedía ajustar jubilaciones de privilegio. Desde el bloque se molestaban porque "los jueces eran privilegiados" y ahora piden que les mantengan sus altos ingresos como jubilados.
 
Pagar el costo político de defender jubilaciones de privilegio, que a la gente le da bronca, o perder los jueces antiperonistas más cercanos. Esa es la verdadera disyuntiva a la que se enfrenta Cambiemos y buena parte de lo que se discutió puertas adentro del bloque opositor durante el fin de semana largo.
 
¿Y si los jueces siguen haciendo su trabajo en vez de renunciar para no perder privilegios? Si un juez tiene vocación, que se quede, tampoco es que van a caer en la indigencia, solo van a ser un poco menos privilegiados.
 
La Opinión Popular

27-02-2020 / 08:02
El gobierno de Alberto Fernández anunció la restitución de la Paritaria Nacional Docente luego que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, acordara con los cinco gremios docentes nacionales la suba del salario mínimo que en una primera etapa pasará de 20250 pesos a 23 mil a partir de marzo y llegará a 25 mil con el sueldo de julio.
 
Se trata de una suba del piso salarial de 13,6% en marzo y de 11,3% en julio (redondea así un aumento a julio del 23,5%), y de la apelación a sumas fijas (por un total de 4.840 pesos), que se da en línea con el formato que impulsa la Casa Rosada -y, en sintonía, buena parte de los gobernadores- de acuerdos cortos y sin cláusula gatillo, por su negativo efecto indexatorio de la economía.
 
El acuerdo es parcial porque, según aclaró el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la negociación se retomará en julio. Por ahora los dirigentes de los gremios se mantuvieron cautelosos ante el resultado del encuentro porque tienen que poner el resultado a consideración de sus asambleas de afiliados. Poco después del anuncio, el Presidente recibió a los dirigente sindicales y Trotta y los felicitó porque "han hecho un gran esfuerzo".
 
A partir de 2006, con la sanción de la ley de Financiamiento Educativo, se implementó la paritaria nacional docente que determina el salario mínimo de los maestros en todo el país. El gobierno de Mauricio Macri solo la respetó en 2016 para después derogarla a pesar de las protestas sindicales. A partir de ahora la paritaria se restituyó por lo que el Gobierno nacional confía que las clases comenzarán sin inconveniente el próximo lunes.
 
El titular de la cartera educativa adelantó que, además del incremento del salario mínimo, y a cuenta del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) van a duplicar la suma que era de 1210 pesos y pagarán a todos los maestros del país -sin importar su nivel salarial- 4840 pesos divididos en cuatro cuotas de igual valor a partir del mes de abril. Trotta también informó que aquellos que tengan dos cargos recibirán la suma duplicada, es decir 9680 pesos.
 
De esta manera, el gobierno de Fernández aseguró un comienzo de clases el próximo lunes sin huelgas nacionales en su primer año de gestión, y en el año además del retorno de la paritaria docente nacional, que había sido eliminada por decreto por el gobierno neoliberal de Macri.
 
La Opinión Popular

26-02-2020 / 09:02
Lejos de la transparencia y lucha contra la corrupción, el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Trabajo macristas, bajo las órdenes de Francisco Cabrera primero y Dante Sica después, están en el ojo de la tormenta por un presunto sistema de recaudación ilegal que sólo en 2019 habría colectado más de mil millones de pesos.
 
El sobre con US$10.000 encontrado en el despacho del exsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción y Trabajo, Rodrigo Sbarra, se transformó en la punta del ovillo de un entramado de corrupción macrista a gran escala.
 
Según una denuncia que el diputado nacional Rodolfo Tailhade presentará este miércoles en Comodoro Py, el exfuncionario formaba parte de un mecanismo de recaudación ilegal durante las gestiones de Cabrera y Sica.
 
El documento judicial explica que Sbarra y Sebastián Martín Bideberripe, quien fuera secretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Trabajo, eran los encargados de recaudar los fondos millonarios bajo las órdenes de los funcionarios de primera línea del gobierno de Mauricio Macri.
 
El diputado Tailhade detalló que Rodrigo Sbarra reportaba directamente a Ignacio Pérez Rivas, jefe de Gabinete de Cabrera que, llamativamente, ante el cambio de ministro permaneció en su cargo durante la gestión de Sica.
 
Rivas, en tanto, cumplía órdenes directas del primer funcionario que tuvo a su cargo dicho ministerio. La relación, de hecho, data de mucho tiempo antes ya que había sido su jefe de Gabinete dentro de la cartera de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Según la denuncia, Sbarra y Bideberripe recaudaban fondos bajo la orden directa de uno de los hombres de mayor confianza de Cabrera. Pero ese esquema de recaudación ilegal se completó con Maximiliano Carlos Guida, mano derecha de Bideberripe; Hernán Alberto Coego, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio; y Claudio Daniel Giménez, testaferro de Sbarra que oficiaba como valijero.
 
Claudio Giménez era quien recolectaba el dinero de primera mano y lo llevaba a unas oficinas, que funcionaban como búnker, en la avenida Belgrano 406, en la Capital Federal. En ese departamento del centro porteño, María Fernanda Inza, quien fuera contadora general de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, recibía las sumas recogidas. Ella fue la figura desplazada de la gestión bonaerense cuando se reveló el escándalo de los aportantes truchos, pero no salió del paraguas macrista.

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