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"No se puede pretender que las deudas sean pagadas con sacrificios insoportables para los pueblos". Papa Francisco
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Entre Ríos - 28-01-2020 / 09:01
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL

Necesaria reducción del gasto público provincial

Necesaria reducción del gasto público provincial
Toda decisión o gesto que implique austeridad en la administración de los recursos públicos originados por el aporte de contribuyentes de tributos federales o locales, resulta positiva, en especial en este contexto de crisis. La opinión pública ha reiterado, de diversas formas, que corresponde a la dirigencia política y a las propias autoridades dar el "ejemplo" a través de disposiciones de "ajuste".
Cualquier diagnóstico que se trace de aquí a los próximos meses será coincidente con la inquietud que ya expresaron la mayoría de los gobernadores: en 2020, las finanzas provinciales se complicarán, producto de la caída de los ingresos propios, la falta de financiamiento y el creciente aumento del gasto corriente derivado de la inflación con recesión que dejó Macri y que no dará tregua en el corto plazo.
 
Toda decisión o gesto que implique austeridad en la administración de los recursos públicos originados por el aporte de contribuyentes de tributos federales o locales, resulta positiva, en especial en este contexto de crisis. La opinión pública ha reiterado, de diversas formas, que corresponde a la dirigencia política y a las propias autoridades dar el "ejemplo" a través de disposiciones de "ajuste".
 
En distintos ámbitos del gobierno provincial se estarían estudiando medidas destinadas a la contracción del gasto público. Entre ellos: la reducción del gasto político y del ingreso de personal al Estado, la edad y regímenes especiales que permiten jubilación anticipada, la ley de enganche del poder judicial, políticas salariales unificadas entre todos los poderes y sobre todo hacia dentro del Ejecutivo provincial. Las reformas al sistema previsional y el esquema salarial son las más complejas y resistidas. Los argumentos que sustentan esta actitud de "austeridad" señalan el preocupante estado de las finanzas públicas.
 
Son medidas que se mastican en un contexto de emergencia. En días se irán definiendo concretamente que se impulsa y que se descarta. El alcance está en análisis. Unos creen que será algo moderado, otros piensan que el mandatario provincial quiere asegurarse recursos en la gestión y debe implementar una fuerte racionalización presupuestaria al comienzo, cuando tiene mayor poder político.
 
Todos los gobiernos provinciales enfrentan un entorno complicado, que afectará sus resultados financieros y será cada vez más difícil contraer nuevas deudas. Algunos gestos concretos de austeridad no son difíciles de concretar. Ciertas ideas que dan vuelta: Fijar un tope salarial para todos los funcionarios públicos, dado por el sueldo del Gobernador; y congelamiento por 180 días del sueldo de los funcionarios políticos.
 
Además, la prohibición, durante seis meses, de la adquisición de vehículos para uso oficial; el "recorte" de los gastos que se originen en pasajes y viáticos para funcionarios; el impedimento a que se celebren nuevos contratos de alquiler para dependencias del Poder Ejecutivo; la limitación del otorgamiento y utilización de telefonía celular por cuenta del Estado y otras medidas.
 
Es una lista que puede resolverse de forma rápida, con la decisión política necesaria. No se trata de medidas que pongan en riesgo el funcionamiento del Gobierno entrerriano. Es previsible que la sumatoria de todas estas posibles decisiones de administración provincial tenga un impacto favorable en el equilibrio de las cuentas públicas.
 
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Necesaria reducción del gasto público provincial

La "pesada herencia recibida"
 
Todos los días aparece una nueva deuda, además de la externa, en áreas gubernamentales donde Cambiemos dejó obras, contratos y muchos etcéteras sin pagar. Las deudas han ido cobrando un volumen que no solo amenazan la capacidad de gestión gubernamental actual, sino que comprometen los años venideros.
 
El pasado martes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, brindó una conferencia de prensa para anunciar el envío al Congreso de la Nación del proyecto de ley "Sostenibilidad de la deuda pública externa".  Los objetivos generales del proyecto son: "tranquilizar la economía, reconstituir el orden macroeconómico y sentar las bases del desarrollo".
 
En su diagnóstico Guzmán fue lapidario, en no más de 20 minutos, y sin mucha parafernalia, dijo que "lo que se había hecho con la deuda es un desastre", que en dos años el país había rifado el acceso al mercado de créditos internacionales, que este endeudamiento no había estado orientado al desarrollo para incrementar la capacidad de pago, sino a financiar la fuga de capitales.
 
Como si esto no hubiera sido suficiente, el gobierno presidido por Mauricio Macri había recibido el crédito más grande dado por el FMI, sin que el destino de los fondos haya variado de los anteriores. Por lo que en estos términos y condiciones la deuda es impagable.
 
Ahora bien, la reafirmación de la voluntad de pago y el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda en principio, supone reconocer su legalidad y legitimidad, es decir pasar por alto el debate sobre las condiciones en que se contrajo la deuda, la forma en que se dilapidó y la responsabilidad tanto jurídica como patrimonial de su fuga.
 
Guzmán explicó que el proyecto se inscribe en la ley de Administración Financiera que prevé que el país mejore al menos dos de tres condiciones: plazos, montos del capital y tasas de interés. Sobre las posibles reformas que exigiría el FMI (previsional y/o laboral) la única garantía que ofreció el ministro es que el programa económico argentino es diseñado y ejecutado por el gobierno argentino. No es poco.
 
La situación de endeudamiento no es mucho mejor en otras áreas. En las últimas semanas, se difundieron noticias sobre los pagos que AySA le realizaba al Club Boca Juniors, los intentos de funcionarios políticos de Cambiemos de resistir en sus cargos para reclamar el pago de la doble indemnización, las deudas encontradas en los Ministerios de Ciencia y Tecnología y Obras Públicas.
 
Además, las millones de vacunas abandonadas en la Aduana para evitar el pago de aranceles, y recientemente los préstamos que el Banco Nación le otorgó a la empresa Vicentín, importante aportante a la campaña electoral de Cambiemos, que no solo no liberaron a la empresa del estrés financiero que dice padecer, sino que dejó en estado crítico las cuentas del Banco Nación.
 

Necesaria reducción del gasto público provincial
 
Impagable deuda externa
 
La brutal deuda externa recontraabultada por Mauricio Macri es una hipoteca que el país no puede levantar. Con la excusa que debíamos "ubicarnos en el mundo" lograron préstamos para fugar ganancias de sus negociados como intermediarios; ahora viene el tiempo de pagar y resulta paradójico y complicado de entender que de esa dura tarea deba hacerse cargo "el populismo" peronista.
 
Alberto Fernández apuesta a renegociar y lograr al menos la suspensión de pagos del capital. El gobierno actual demuestra seriedad en lo importante, en lo económico, hasta el punto que genera un riesgo país mucho menor que el de Cambiemos. Esa política explica muchas otras.
 
El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó el proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda, que el martes será tratado en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. La idea oficialista es al día siguiente, miércoles, votarla en el plenario, darle media sanción y girarla al Senado.
 
La crisis económica heredada del macrismo y en especial la deuda externa vienen dando lugar a nombres muy rebuscados para las leyes. "Restauración de la sostenibidad", por ejemplo. Como se dice en el barrio, "mucho gre gre para decir gregorio".
 
Queda claro que en vez de analizar y auditar la deuda externa, que para muchos críticos, incluso peronistas y progresistas, califica como "odiosa e ilegal", la administración Fernández ratificó como presidente electo y ya en funciones, que su voluntad es pagar esa deuda. La misma hoy orilla los 350.000 millones de dólares, casi el 100 por ciento del Producto Bruto Interno.
 
En esa decisión política de pagar se dejó de lado la evidencia que ese endeudamiento no sirvió para obras, escuelas ni hospitales sino que en su mayor parte derivó en fuga de capitales. Esta semana se conoció que en los cuatro años de macrismo esa fuga alcanzó los 88.371 millones de dólares.
 
Aunque no se haya publicado la nómina de los fugadores, se sabe que muchos amigos del ex presidente Macri están allí. Mientras no se tomen medidas en su contra, esos hombres de negocios estarán en alerta y en el peor de los casos, cuando salte el problema buscarán negociar algún blanqueo de capitales y listo...
 
Informaciones coincidentes aseguran que este año vencen 42.312 millones de dólares; sólo por intereses habría que abonar 19.000 millones. No están los fondos para pagar, pero primero estaba la cuestión de si era inevitable hacer frente a esas obligaciones sin estudiar y auditar la legalidad de esa deuda.
 
La iniciativa legal de Guzmán y Fernández quiere lograr un tratamiento exprés en el Congreso. El apuro tiene su explicación. El miércoles el presidente parte hacia Europa para entrevistarse con autoridades de tres países y el Vaticano. El objetivo común es que le den una mano para convencer al FMI y demás acreedores del país de la necesidad de conceder una postergación de los pagos.
 

Necesaria reducción del gasto público provincial
 
La peregrinación de Alberto
 
El plan del gobierno es lograr una suspensión de pagos del capital que vence este año y facilidades para afrontar el pago de los intereses, dando más plazos y reduciendo montos, sin que les carguen tantos intereses.
 
También busca que semejante dispensa no requiera como condición sine qua non las "reformas estructurales" internas que normalmente el FMI impone a los deudores: reducción del gasto público, aumento de impuestos a la población, reformas laborales y previsionales y un largo etcétera de ajustes.
 
El presidente tiene la esperanza, por ahora no es más que eso, de que la nueva titular del Fondo, Kristalina Georgieva, sea más comprensiva que su predecesora, Christine Lagarde, la prestamista de Macri.
 
El apuro de Alberto por aprobar la ley del nombre raro se explica en que ha declarado que al 31 de marzo quiere tener la renegociación terminada en lo fundamental, con un buen acuerdo con el Fondo. Y también por los riesgos de default de Argentina. Las mayores demostraciones de su voluntad acuerdista no pasan sólo por ese envío al Congreso sino por otros decretos y la ley de Emergencia.
 
Suspender la fórmula de movilidad de las jubilaciones y frenar las paritarias fueron de lo más negativo para los sectores populares. Desde entonces hubo un primer bono de 5.000 pesos y luego habrá otro sólo para las categorías de jubilados que cobraban la mínima de 14.000 pesos; para los que percibían más de 19.000 no hubo nada. Cero peso.
 
Santiago Cafiero y otros funcionarios dijeron que así aumentan el ingreso de los que cobran jubilaciones menores. Ocultan que quienes perciben 20 o 30 o 40.000 pesos no son ningunos millonarios en un país donde la Canasta Básica Total para una familia tipo con dos hijos es de casi 39.000 pesos.
 

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Rascando en el fondo de la olla
  
Fernández está buscando rascar en el fondo de la olla un poco de apoyo político en Europa, para que su pulseada con el FMI no sean tan despareja. Por eso esta semana verá primero al Papa Francisco, quien junto con el jefe de gobierno español Pedro Sánchez puede ser el más receptivo a sus solicitudes.
 
En sus reuniones con el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte y el presidente galo Emmanuel Macron intentará lo mismo. Quizás haya alguna otra parada rápida en tierra europea, Alemania, para reunir un poco más de oxígeno político.
 
Cómo será de limitada la jugada que aún en el caso que todos ellos le dieran su aval, lo que es dudoso de Italia, Francia y Alemania, el viajero volvería con un 19 por ciento de votos a su favor en la dirección del Fondo. Traducido, seguiría dependiendo del visto bueno o no de Donald Trump, la ultra derecha del Imperio a nivel global.
 

Bordet - Fernández: Dependencias cruzadas
 
Rescatando lo positivo de la semana
 
El Gobierno de Fernández es sin duda superior a los derrotados en las urnas. Los miedos de Venezuela quedaron muy lejos y tan carentes de sentido como los supuestos logros de Macri. Se advierte una fuerte capacidad de autocrítica que lo lleva, al menos, a revisar caminos cuyo único destino era el fracaso.
 
Sin ordenar por importancia, están la quita de beneficios indebidos para Marcos Galperín (Mercado Libre) y otras empresas "del conocimiento", el reclamo en la ONU de Daniel Filmus por Malvinas, la designación de Eduardo Jozami como director de DD HH en el ministerio de Defensa y del excombatiente Edgardo Esteban como director del Museo Malvinas.
 
Además, el discurso de Rosario Lufrano, titular de Radio y Televisión Argentina, contra las trapizondas del macrismo en los medios; el masivo acto de Evo Morales en Deportivo Español lanzando la campaña del MAS, la suspensión de los despidos en la industria petrolera, etc.
 
Algunos de esos aspectos positivos tienen su contracara. Las multinacionales aclararon que sólo frenaron los despidos. Quieren que el gobierno les asegure por ley todos los superbeneficios prometidos para Vaca Muerta: disponibilidad de los dólares de exportación, reintegros y rebajas impositivas, aumentos de precios de combustibles, etc. Caso contrario volverán éstos 600 despidos y 1.200 suspensiones, y habría 3.000 cesantías más.
 

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Oposición conservadora
 
La oposición conservadora sigue aturdida, entre un grupo de fanáticos bolzonaristas que niega la derrota y algunos, con experiencia política, que intentan ocupar un espacio racional. Los "apolíticos" del PRO dejaron una deuda compleja, desmesurada en millones de dólares, complicada por la grieta y la falta de diálogo.
 
En la oposición, todos repiten el mismo sermón: hace falta un plan. Profesionales o amateurs de la economía coinciden. Por supuesto, ninguno dispone de un mandadero en el Gobierno. Se exige un programa  como si una hilera de  promesas fueran los Diez Mandamientos.
 
Tampoco ese listado va a resolver la crisis económica. Pero la candidez técnica supone que la atadura a un plan mejorará la negociación, alentará inversiones, mejorará la tasa de crecimiento y le dará oxígeno al FMI para que vuelva a prestarle plata al país y no lo mande al vestuario antes de tiempo.
 
Abunda la candidez en ocasiones, o el cinismo: se ignora que a Macri le concedieron el mayor préstamo en la historia del FMI sin que presentara y cumpliera ningún programa serio. Por su parte, Roberto Lavagna, quien como ministro jamás esbozó un plan, se retiró totalmente aprobado de la administración K.
 

Necesaria reducción del gasto público provincial
 
Bahl, con el instrumental listo para actuar
 
En Paraná, el ex intendente radical Sergio Varisco se fue de la peor manera. Mientras era enjuiciado en la Justicia Federal, su gestión hizo agua por todos lados. Reclamos gremiales, incumplimientos paritarios, contratados políticos cesanteados, funcionarios echados por decreto, obras paralizadas, una caja en rojo y la basura que se juntaba por orden de un juez pintan un panorama muy grave, en el cual debió asumir el nuevo presidente municipal electo.
 
La Municipalidad de Paraná es un cementerio de ambiciones políticas provinciales, y el nuevo intendente lo sabe, mucho más con la herencia recibida. Y 
Adán Bahl podría ser un aspirante a la gobernación en 2023 junto a otros dirigentes de la provincia, como el intendente de Concordia, Enrique Cresto (en uso de licencia por ocupar un cargo en el gobierno nacional) y de Gualeguaychú, Martín Piaggio.

 
Ahora bien, si a futuro las cosas no cambian en la Municipalidad de Paraná, no será porque al intendente Bahl le hayan faltado las herramientas para destrabar los engranajes que operan en el Palacio Municipal. Tampoco el apoyo político provincial. La ordenanza que declara la Emergencia Administrativa, Económica y Financiera de la Municipalidad fue promulgada bajo el número 9891 y publicada en el Boletín Oficial de la provincia del 3 de enero.
 
La ordenanza dispone "el estado de emergencia administrativa, económica y financiera de la Municipalidad de Paraná". Sus objetivos son "ordenar el funcionamiento operativo de la administración, alcanzar el equilibrio fiscal, mejorar el nivel de empleo público y de distribución de ingresos, reestructurar las obligaciones en curso de ejecución, la deuda pública, y garantizar el cumplimiento de sus funciones esenciales en beneficio de la comunidad".
 
También declara la "Emergencia Ambiental, en materia de Servicios de Higiene Urbana, limpieza y recolección de residuos", y la "Emergencia Vial, dentro del cual se podrá disponer del conjunto de medidas y acciones tendientes llevar adelante un intensivo plan de recuperación de la trama vial destruida".
 
Tendrá vigencia por el término de 180 días, contados a partir de su publicación. Ese plazo es prorrogable por otros 180 días. La norma pone en ejercicio el poder de policía de emergencia del municipio y la consecuente facultad de dictar medidas excepcionales de ordenamiento administrativo y de contención del gasto público.
 
Entre otros puntos, la ordenanza faculta al Ejecutivo municipal "a revisar, rescindir o renegociar los contratos, sean de obra pública, de servicios públicos, de suministros o de cualquier otro tipo, celebrados con anterioridad a la vigencia de la presente, y que generen obligaciones a cargo de la Municipalidad a partir o con posterioridad a dicha fecha, y anularlos en caso de adolecer vicios graves".
 
Hasta dónde piensa ir es algo que nadie dice en el municipio: el sigilo es intenso, y el efecto sorpresa es un objetivo constante. Actuar sobre hechos consumados es la directiva: para retroceder hay tiempo.
 
En corto lapso, el Intendente se hizo del instrumental y de las facultades económicas, financieras, administrativas y operativas suficientes como para encarar una corrección en la administración de la ciudad. La ordenanza de emergencia lo autoriza a Bahl a muchas cosas en materia económica y contractual.
 
Bahl sumerge su gestión en un marcado hermetismo, concentra decisones y tiene un núcleo duro de funcionarios con el que se maneja. En su equipo cercano dicen que el gobierno despegará en 180 días, plazo en el que piensan poner en caja las cuentas municipales.
 
Necesitará ingresos para financiar las políticas centrales de una gestión: reparación urbana, movilidad, descentralización operativa del municipio, programas ambientales y políticas sociales. Una porción de los ingresos municipales deberá ir directo a esas funciones, y no a Rentas Generales, donde la partida que manda es siempre la salarial.
 
El gremio de los municipales encabeza la fila de los sectores que aún desconocen las implicancias de decisiones que pensaría adoptar la nueva gestión: la apuesta a la digitalización de funciones, la descentralización operativa, tanto como la desindexación de los sueldos, que la nueva gestión pretendería lograr. Nada indica que la tensión con el gremio vaya a terminar. Por ahora, el intendente ha manejado con solvencia la relación política con el sector gremial.
 
Nada indica, tampoco, que los paranaenses hayan percibido que algo cambió sustancialmente todavía en la Municipalidad: fuera del edificio de Urquiza y Corrientes casi todo sigue igual, a excepción del tamaño de los pozos y de la altura de los yuyos. A la espera de cirugía mayor, la ciudad real sigue en terapia intensiva. No obstante, la gestión municipal recién asumida asegura que en poco tiempo comenzarán a verse los resultados.

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El gobierno de Gustavo Bordet obtuvo la máxima calificación en transparencia sobre el uso de fondos públicos. Entre Ríos fue calificada con un 10 y se trasformó en la primera provincia que obtiene el máximo puntaje entre las 24 jurisdicciones del país en el informe sobre transparencia presupuestaria que elabora anualmente el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
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En una reunión en Casa de la Costa, Adán Bahl acompañado por la viceintendenta Andrea Zoff, mantuvo un encuentro con los intendentes de San Benito, Exequiel Donda, de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss, y de Oro Verde, Oscar Toledo. La convocatoria del intendente de Paraná permitió abordar una agenda de trabajo para resolver problemáticas comunes que afectan a los vecinos de la zona metropolitana.
25-02-2020 / 17:02
La conocida ley de Murphy se basa en el adagio: "Si algo malo puede pasar, pasará". Esta frase, que denota una actitud bastante pesimista ante el devenir de acontecimientos futuros, puede aplicarse a todo tipo de situaciones, desde las más triviales de la vida cotidiana hasta las más trascendentes.
 
Todo lo que podía complicarse en este verano, se complicó. Las principales banderas que había levantado la gestión de Gustavo Bordet durante su primer período, como el equilibrio fiscal y la buena relación con los gremios, pueden entrar en zona de turbulencia en el inicio del segundo. Ahora el escenario es de restricciones financieras. A la actual gestión no le sobra dinero; le faltan recursos.
 
Los salarios de los estatales comprenden el capítulo que más desvela al Ejecutivo provincial. Sobre todo, las consecuencias de la cláusula gatillo y la dificultad para reunir los fondos para cubrir la planilla salarial de los empleados públicos y docentes. A esto se suman el inicio de las discusiones salariales para este año.
 
Hasta en los gremios más cercanos al peronismo, las bases comenzaron a presionar para que los reclamos se endurezcan. Inclusive, UPCN provincial reclama la apertura de la paritaria y se declara en estado de "alerta y movilización". Sería insólito ver al secretario general, José Allende, al frente de un acto la Casa Gris y con amenaza de paro.
 
Además, los tiempos apremian y el comienzo del calendario escolar se acerca. En tanto, el ministro de Economía, Hugo Ballay, lleva adelante las negociaciones más difíciles. El funcionario fue claro: la situación es complicada en el escenario local, pero también en el nacional. El Gobierno local subraya permanentemente las recomposiciones que hubo en años anteriores, las que entiende como indiscutiblemente beneficiosas para los trabajadores, porque cubrieron la inflación.
 
El Ejecutivo provincial se monta en las negociaciones salariales nacionales con el sector docente; no las definirá a nivel local sin esas pautas. El resto de los gremios estatales esperan convocatorias. Lo que no termina de quedar claro, en relación a la cláusula gatillo, es si será suspendida o eliminada. Se está conversando y se analizarán opciones. Aunque se ponderó las mejoras que implicó mientras estuvo vigente, en el país ya no se aplicaría.
 
La cláusula gatillo vive en el reclamo sindical, pero desapareció del diccionario gubernamental. La Casa Gris se plegaría a la ola nacional, esa que le dio el certificado de defunción a la cláusula, y que ahora promueve acuerdos cortos: trimestrales o semestrales, con porcentajes fijos. ¿Habrá conflictos?
 
La ley de Murphy capta la tendencia general a enfatizar las cosas negativas que pueden ocurrir; y es habitualmente formulada en su variante "Si algo puede salir mal, saldrá mal". Su espíritu conlleva el principio de diseño defensivo: el anticipar los errores que el funcionario pueda cometer, para que no estallen conflictos que dañen la gestión y afecten la gobernabilidad.
 
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25-02-2020 / 10:02
 
Un claro ejemplo de la administración macrista en la obra pública es lo que ocurrió con Entre Ríos, un provincia que no era manejada por Cambiemos y una ruta en la que aparecía una empresa "sospechada de kirchnerismo".
 
Ocurrió con la Ruta Nacional 18, que atraviesa toda la provincia de Entre Ríos, desde Paraná hasta Concordia. Es una ruta esencial y la licitación consistía en construir dos vías en cada sentido, algo fundamental.
 
Los trabajos estaban adjudicados a la Unión Transitoria de Empresas integrada por CPC y Rovella Carranza, con un presupuesto aprobado de 1.380 millones de pesos. En febrero de 2016 la obra tenía un avance del 40 por ciento.
 
CPC es la constructora que encabezan Cristóbal López y Fabián De Sousa, de manera que por esa sola razón suspendieron las obras. Los trabajos no sólo se paralizaron, sino que se cajonearon los trámites pendientes y nunca se resolvieron.
 
Pasaron casi cuatro años. Quienes estuvieron cerca del caso afirman que las autoridades simplemente dijeron "no está en nuestro interés" y levantaron hasta las inspecciones, o sea que sacaron a la persona encargada de evaluar los avances.
 
El informe de Vialidad dice: "obras paralizadas sin ningún trámite técnico asociado". O sea, sin ninguna justificación de ninguna naturaleza. Ni siquiera se adujeron sobreprecios o maniobras de alguna índole. Tampoco se hizo una presentación judicial ni se cuestionó nada de la licitación o los contratos. Desde febrero de 2016, nada de nada.
 

24-02-2020 / 08:02
24-02-2020 / 08:02
23-02-2020 / 11:02
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