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Nacionales - 21-01-2020 / 10:01

La salvajada de la patota de rugbiers

La salvajada de la patota de rugbiers
Esa muerte de Báez Sosa tienen un componente clasista que deviene de la posición social de estas manadas de criminales musculados. El rugby estigmatizado refuerza esa concepción de deporte cheto cuando ya no lo es. Hace tiempo dejó de serlo. Lo juegan los pueblos originarios en sus territorios, los pobres en las villas, los presos en las cárceles, crece entre las mujeres de cualquier condición social.
El asesinato de Fernando Báez Sosa que la UAR (Unión Argentina de Rugby) llamó fallecimiento es apenas una parte -la más importante-, de un combo letal.
 
La tipificación jurídica, responsabilidad penal y carradas de opiniones sobre el crimen, con mayor o menor espesura analítica, no le devolverán la vida al joven de 19 años y nos colocan en una endeble situación argumentativa.
 
Las sucesivas agresiones de rugbiers que terminan en muertes o sin ellas, con premeditación y alevosía, con el afán de destruir al otro por ser diferente, por las razones que fueren, son una noticia incómoda para un deporte que se arroga ciertos valores.
 
Los casos anteriores tuvieron una efímera visibilidad mediática. Algunos siguen impunes, como el asesinato de Ariel Malvino, a quien tres correntinos mataron en 2006 en Ferrugem, todos de familias influyentes en esa provincia.
 
Esa muerte y la de Báez Sosa tienen un componente clasista que deviene de la posición social de estas manadas de criminales musculados.
 
El rugby estigmatizado refuerza esa concepción de deporte cheto cuando ya no lo es. Hace tiempo dejó de serlo. Lo juegan los pueblos originarios en sus territorios, los pobres en las villas, los presos en las cárceles, crece entre las mujeres de cualquier condición social.
 
En la gran mayoría de estos crímenes no se percibe con claridad un ingrediente de consumo social que cruza a muchos de los victimarios. La ingesta desenfrenada de alcohol que confirman todas las estadísticas y en especial de la cerveza.
 
Cualquier campaña de concientización que busque antídotos contra la brutalidad de una manada de rugbiers, debería tomar en cuenta cuál es la única droga social legalizada y cuyo consumo está lejos de llegar a su techo.

 
La salvajada de la patota
 
El asesinato de Fernando Báez Sosa que la UAR (Unión Argentina de Rugby) llamó fallecimiento es apenas una parte -la más importante-, de un combo letal. La tipificación jurídica, responsabilidad penal y carradas de opiniones sobre el crimen, con mayor o menor espesura analítica, no le devolverán la vida al joven de 19 años y nos colocan en una endeble situación argumentativa. Soy de los que piensan que antes de escribir, hay que sentir. En un caso como éste, todavía más. Hay que sentir empatía con la víctima y su familia. Respetar su duelo, acompañarlo con palabras medidas y no hablar por decir algo, por quedar bien, con un sentido políticamente correcto de la oportunidad.
 
Alguna vez, Dante Panzeri, un maestro del periodismo dijo de su libro más célebre Fútbol dinámica de lo impensado que "no servía para nada". Hago mía la frase. Esta columna tampoco sirve para nada, por el resultado que pueda producir. No es un llamado de atención, ni mucho menos está escrita desde un púlpito desde donde se disparan verdades sacralizadas. Me cuesta analizar lo que pasó. La salvajada de un ataque en patota contra una víctima indefensa.
 
Escribo porque soy padre de cinco hijos varones en plena deconstrucción, una deconstrucción del machismo que nos llegó de manera tardía a los de mi generación. Escribo con dolor por esta y otras muertes, por muchos femicidios de mujeres indefensas, chicos pobres a manos de los gatilleros fáciles y de pibes como Fernando. Casi todos y todas jóvenes por abrumadora mayoría.
 
Las sucesivas agresiones de rugbiers que terminan en muertes o sin ellas, con premeditación y alevosía, con el afán de destruir al otro por ser diferente, por las razones que fueren, son una noticia incómoda para un deporte que se arroga ciertos valores. Quién más y mejor escribió sobre el tema es Juan Branz, investigador del Conicet. Hay que leerlo a él para intentar comprender no ya lo que pasó en Villa Gesell, si no en cada episodio semejante. Ya se produjeron en Brasil, Monte Hermoso, Rosario, Buenos Aires y otros lugares. Son demasiados.
 
Los casos anteriores tuvieron una efímera visibilidad mediática. Algunos siguen impunes, como el asesinato de Ariel Malvino, a quien tres correntinos mataron en 2006 en Ferrugem, todos de familias influyentes en esa provincia. Esa muerte y la de Báez Sosa tienen un componente clasista que deviene de la posición social de estas manadas de criminales musculados. El rugby estigmatizado refuerza esa concepción de deporte cheto cuando ya no lo es. Hace tiempo dejó de serlo. Lo juegan los pueblos originarios en sus territorios, los pobres en las villas, los presos en las cárceles, crece entre las mujeres de cualquier condición social.
 
Se apunta hacia el rugby y hay muertes de sobra para inferir de que algo subyace ahí, en su masculinidad repotenciada, pero se dieron y se dan asesinatos en patota también en el fútbol. El de Emanuel Balbo, hincha de Belgrano de Córdoba en 2017 -lo arrojaron desde una tribuna-, por citar un ejemplo.
 
En la gran mayoría de estos crímenes no se percibe con claridad un ingrediente de consumo social que cruza a muchos de los victimarios. La ingesta desenfrenada de alcohol que confirman todas las estadísticas y en especial de la cerveza. En la Argentina se toma a razón de 45 litros per cápita. Con Uruguay estamos a la cabeza del consumo en la región. Dos grandes multinacionales dominan el mercado de la birra, AB InBev y CCU. Invierten millonadas y ganan otro tanto. Se auspician deportes como el rugby (Quilmes) y el fútbol (Schneider), dos vidrieras insoslayables a la hora de facturar.
 
Cualquier campaña de concientización que busque antídotos contra la brutalidad de una manada de rugbiers, debería tomar en cuenta cuál es la única droga social legalizada y cuyo consumo está lejos de llegar a su techo.
 
Por Gustavo Veiga
 
Fuente: pagina12.com.ar 
 

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27-02-2020 / 09:02
En pleno debate por la modificación de las denominadas jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió esta tarde para manifestar su "preocupación por el avasallamiento del Poder Judicial" por el que, según ellos, el gobierno busca "vaciarlo" para "colonizarlo" con magistrados propios.
 
Desde las oficinas del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, expresaron que "mediante la excusa del proyecto de regímenes especiales se esconde el verdadero objetivo: vaciar de jueces y fiscales los estamentos judiciales y colonizarlo con jueces propios". Por eso, manifestaron que defenderán "con firmeza y claridad los principios de la  división de poderes y el valor de la República".
 
Lo curioso es que hace sólo un mes ese espacio político cuestionó "al oficialismo por ocultar qué regímenes especiales quedaban fuera del congelamiento de la movilidad jubilatoria y rechazó que la misma se aplicara a algunos jubilados excluyendo a los beneficiarios de regímenes especiales como diplomáticos y jueces, entre otros privilegiados".
 
Hace dos meses Cambiemos pedía ajustar jubilaciones de privilegio. Desde el bloque se molestaban porque "los jueces eran privilegiados" y ahora piden que les mantengan sus altos ingresos como jubilados.
 
Pagar el costo político de defender jubilaciones de privilegio, que a la gente le da bronca, o perder los jueces antiperonistas más cercanos. Esa es la verdadera disyuntiva a la que se enfrenta Cambiemos y buena parte de lo que se discutió puertas adentro del bloque opositor durante el fin de semana largo.
 
¿Y si los jueces siguen haciendo su trabajo en vez de renunciar para no perder privilegios? Si un juez tiene vocación, que se quede, tampoco es que van a caer en la indigencia, solo van a ser un poco menos privilegiados.
 
La Opinión Popular

27-02-2020 / 08:02
El gobierno de Alberto Fernández anunció la restitución de la Paritaria Nacional Docente luego que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, acordara con los cinco gremios docentes nacionales la suba del salario mínimo que en una primera etapa pasará de 20250 pesos a 23 mil a partir de marzo y llegará a 25 mil con el sueldo de julio.
 
Se trata de una suba del piso salarial de 13,6% en marzo y de 11,3% en julio (redondea así un aumento a julio del 23,5%), y de la apelación a sumas fijas (por un total de 4.840 pesos), que se da en línea con el formato que impulsa la Casa Rosada -y, en sintonía, buena parte de los gobernadores- de acuerdos cortos y sin cláusula gatillo, por su negativo efecto indexatorio de la economía.
 
El acuerdo es parcial porque, según aclaró el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la negociación se retomará en julio. Por ahora los dirigentes de los gremios se mantuvieron cautelosos ante el resultado del encuentro porque tienen que poner el resultado a consideración de sus asambleas de afiliados. Poco después del anuncio, el Presidente recibió a los dirigente sindicales y Trotta y los felicitó porque "han hecho un gran esfuerzo".
 
A partir de 2006, con la sanción de la ley de Financiamiento Educativo, se implementó la paritaria nacional docente que determina el salario mínimo de los maestros en todo el país. El gobierno de Mauricio Macri solo la respetó en 2016 para después derogarla a pesar de las protestas sindicales. A partir de ahora la paritaria se restituyó por lo que el Gobierno nacional confía que las clases comenzarán sin inconveniente el próximo lunes.
 
El titular de la cartera educativa adelantó que, además del incremento del salario mínimo, y a cuenta del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) van a duplicar la suma que era de 1210 pesos y pagarán a todos los maestros del país -sin importar su nivel salarial- 4840 pesos divididos en cuatro cuotas de igual valor a partir del mes de abril. Trotta también informó que aquellos que tengan dos cargos recibirán la suma duplicada, es decir 9680 pesos.
 
De esta manera, el gobierno de Fernández aseguró un comienzo de clases el próximo lunes sin huelgas nacionales en su primer año de gestión, y en el año además del retorno de la paritaria docente nacional, que había sido eliminada por decreto por el gobierno neoliberal de Macri.
 
La Opinión Popular

26-02-2020 / 09:02
Lejos de la transparencia y lucha contra la corrupción, el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Trabajo macristas, bajo las órdenes de Francisco Cabrera primero y Dante Sica después, están en el ojo de la tormenta por un presunto sistema de recaudación ilegal que sólo en 2019 habría colectado más de mil millones de pesos.
 
El sobre con US$10.000 encontrado en el despacho del exsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción y Trabajo, Rodrigo Sbarra, se transformó en la punta del ovillo de un entramado de corrupción macrista a gran escala.
 
Según una denuncia que el diputado nacional Rodolfo Tailhade presentará este miércoles en Comodoro Py, el exfuncionario formaba parte de un mecanismo de recaudación ilegal durante las gestiones de Cabrera y Sica.
 
El documento judicial explica que Sbarra y Sebastián Martín Bideberripe, quien fuera secretario de Coordinación Administrativa de la Secretaría de Trabajo, eran los encargados de recaudar los fondos millonarios bajo las órdenes de los funcionarios de primera línea del gobierno de Mauricio Macri.
 
El diputado Tailhade detalló que Rodrigo Sbarra reportaba directamente a Ignacio Pérez Rivas, jefe de Gabinete de Cabrera que, llamativamente, ante el cambio de ministro permaneció en su cargo durante la gestión de Sica.
 
Rivas, en tanto, cumplía órdenes directas del primer funcionario que tuvo a su cargo dicho ministerio. La relación, de hecho, data de mucho tiempo antes ya que había sido su jefe de Gabinete dentro de la cartera de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Según la denuncia, Sbarra y Bideberripe recaudaban fondos bajo la orden directa de uno de los hombres de mayor confianza de Cabrera. Pero ese esquema de recaudación ilegal se completó con Maximiliano Carlos Guida, mano derecha de Bideberripe; Hernán Alberto Coego, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio; y Claudio Daniel Giménez, testaferro de Sbarra que oficiaba como valijero.
 
Claudio Giménez era quien recolectaba el dinero de primera mano y lo llevaba a unas oficinas, que funcionaban como búnker, en la avenida Belgrano 406, en la Capital Federal. En ese departamento del centro porteño, María Fernanda Inza, quien fuera contadora general de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, recibía las sumas recogidas. Ella fue la figura desplazada de la gestión bonaerense cuando se reveló el escándalo de los aportantes truchos, pero no salió del paraguas macrista.

26-02-2020 / 09:02
El proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el régimen especial de jubilaciones y pensiones de jueces y diplomáticos comenzará su trámite parlamentario este miércoles en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Previsión Social de la Cámara de Diputados. El Frente de Todos se alzaría con un dictamen favorable a la modificación ya que cuenta con mayoría en el plenario de comisiones.
 
El problema está en el recinto donde necesita del apoyo de la oposición. Juntos por el Cambio aún no define una postura unificada, al igual que otros sectores. Pero, el Gobierno de Alberto Fernández espera cumplir cuanto antes con su promesa de modificar regímenes llamados "jubilaciones de privilegio".
 
En la actualidad las denominadas "jubilaciones de privilegio" benefician a más de 8000 personas que perciben haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes y suponen una erogación de 25.000 millones anuales, aún cuando solo representan un 3% del total del universo de la clase pasiva.
 
El proyecto generó el inmediato rechazo de funcionarios judiciales, especialmente porque modifica la forma en que se calculan los haberes. Los alcanzados por el régimen especial de la justicia cobran el 82% móvil del último sueldo y el proyecto propone cambiarlo por el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas.
 
Desde la Asociación de Magistrados y la de fiscales afirman que la iniciativa atenta contra la independencia de la justicia y con garantías constitucionales, mientras que el presidente Fernández asegura que lo único que busca es "poner un poco de igualdad" en un sistema con desigualdades inocultables.
 
El proyecto provocó una serie de renuncias de jueces y fiscales que están en condiciones de jubilarse y esperan hacerlo mientras todavía rija el sistema que le ofrece más beneficios.
 
Más allá de los pronunciamientos de las entidades que nuclean a los magistrados, son pocos los que animan a levantar la voz a título personal contra el proyecto. El monto de casi 300 mil pesos que alcanza el promedio de las jubilaciones dentro del régimen que pretenden conservar dificulta cualquier argumentación pública.
 
Lejos de asustarse ante la posibilidad de una renuncia en masa de los jueces más antiguos, desde el Gobierno lo ven como una chance de impulsar un recambio en un ámbito polémico, severamente cuestionado por la sociedad y en el que la perpetuidad de los cargos conspira contra cualquier posibilidad de renovación.
 
La Opinión Popular

25-02-2020 / 10:02
Vialidad Nacional, durante el mandato de Mauricio Macri, paralizó 51 obras en rutas de 17 provincias distintas cuando ya registraban muchísimos avances en diciembre de 2015. En algunos casos el avance físico era mayor al 50 por ciento e incluso al 70 por ciento, pero aun así fueron paradas.
 
La lógica indica que a Macri le convenía terminarlas y florearse en la inauguración, pero el freno se puso igual y por varias razones.
 
La primera, porque se trataba de obras en provincias manejadas por el peronismo o partidos provinciales y porque se decidió usar el dinero para obras en distritos de Cambiemos, principalmente CABA.
 
La segunda razón de muchas parálisis fue la jugada de ahogar a la constructora con el objetivo de pasar la obra a los amigos del gobierno.
 
La tercera, porque sugerían que había sobreprecios en licitaciones lanzadas por el kirchnerismo, mandaron a revisar y en casi todos los casos terminaron manteniendo las licitaciones originales.
 
Y, ya en la mitad del mandato, irrumpió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea que se paró gran parte de las obras por orden del FMI. Lo curioso es que, mientras tanto, Macri usaba la construcción de rutas como un marketing trucho.
 
La conducción actual de Vialidad Nacional, que funciona en la órbita del ministro Gabriel Katopodis, entregó un informe de las obras que ya tenían avances en 2015 y que hasta registraban que los trabajos tenían el financiamiento adjudicado en los presupuestos nacionales.
 
Todo este panorama fue reiteradamente denunciado durante los años anteriores tanto por Sindicato de Trabajadores Viales, que lidera Graciela Aleña, como por Fabián Catanzaro, al frente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional.
 
El panorama general queda expuesto también en un trabajo de la FePeViNa:
 
* La licitación de obras cayó de 161 por año, entre 2004 y 2015, a apenas 31 entre 2016 y 2019.


* Las obras en ejecución pasaron de 600 a 200, lo que demuestra los niveles de paralización.


* La Federación no sólo afirma que hay 51 obras paralizadas --coincide con la conducción de Vialidad-- sino que existen otras 60 neutralizadas, que es un forma de decirle al contratista que se lleve las máquinas y que no corren las multas ni los tiempos de cumplimiento.

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