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Nacionales - 13-01-2020 / 10:01
RESISTENCIA DE LOS RICOS A LAS RETENCIONES, EL 30% EN LA COMPRA DE DÓLARES Y LA SUBA DE BIENES PERSONALES

Aumentos de impuestos: ¿quiénes deben pagar el desastre macrista?

Aumentos de impuestos: ¿quiénes deben pagar el desastre macrista?
En esta coyuntura es importante determinar quiénes deben tener una mayor obligación contributiva para salir del desastre macrista. La devastación del tejido productivo y social, la desarticulación de funciones básicas del Estado y la herencia de una inmensa deuda impagable con una economía en recesión en tres de los cuatro últimos años es el cuadro que entregó el macrismo. Es un cuadro dramático que tiene que ser recordado cada vez que se impulsan iniciativas para recuperar recursos fiscales.
El gobierno anterior debilitó las cuentas públicas y avanzó con medidas regresivas en materia impositiva: eliminó retenciones, para luego reimplantarlas desesperado por el naufragio de la economía y por recomendación del FMI; redujo los impuestos a bienes suntuarios (autos de alta gama, motos y embarcaciones); bajó las alícuotas de Bienes Personales; disminuyó Ingresos Brutos con el consenso fiscal rubricado con las provincias; regaló más de dos puntos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
 
Este paquete impositivo no despertó resistencias en los medios porque implicó una importante transferencia de recursos hacia los ricos y, por lo tanto, al poder económico. Pero esa redistribución regresiva fue el pecado original porque derivó en el endeudamiento descontrolado de los dos primeros años del macrismo.
 
La pérdida de recursos fiscales agudizó el déficit que fue cubierto con deuda en dólares, en una pésima decisión de administración financiera de las cuentas públicas. O sea, se capturaban dólares del mercado para atender el creciente desequilibrio en pesos, desbalance agudizado por esas medidas impositivas.
 
El saldo fue un rápido naufragio de la economía con default y debilidad fiscal, que el auxilio financiero extraordinario del FMI evitó un descontrol aún mayor de las variables macroeconómicas.
 
La administración Fernández aplicó un paquete impositivo contrario al impulsado por Macri. Lo tuvo que hacer para empezar a atender el desquicio fiscal recibido no sólo por esas medidas tributarias regresivas, sino también por la inmensa carga fiscal que implica el stock de deuda incrementado en forma impresionante en esos cuatro años. Y lo hizo sin castigar a los sectores máspobres dirigiendo la exigencia de un mayor aporte a grupos sociales con mayor capacidad contributiva.
 
Las medidas impositivas progresivas y la renegociación de los pagos de la deuda constituyen entonces la base para la recuperación fiscal de las cuentas públicas y de la economía en general.
 
Las protestas por los cambios impositivos provienen de los sectores más ricos que se han beneficiado en los últimos cuatro años. El complejo agroexportador, con la eliminación de las retenciones y la megadevaluación macrista; sectores sociales que tradicionalmente son intensos en dolarizarse en ahorros y por turismo al exterior, cuya voz representativa en estos días fue Susana Giménez; los contribuyentes que pagaron menos por Bienes Personales, y los grandes propietarios rurales y urbanos de la provincia de Buenos Aires.
 
Alberto Fernández decidió conseguir recursos adicionales entre los ganadores del modelo macrista, eludiendo el sendero del ajuste tradicional a los pobres de la ortodoxia económica, que despertaron resistencias de sectores privilegiados durante el gobierno de Macri.

 
La resistencia a las retenciones agropecuarias, al impuesto cambiario PAIS, a las alzas en las alícuotas en Bienes Personales y al paquete impositivo en la Provincia de Buenos Aires revela dos cuestiones, además de controversias tributarias:
 
1. Los impuestos forman parte de una disputa política medular en la sociedad.
 
2. La existencia de potentes restricciones sociales, económicas y políticas para instrumentar medidas de redistribución progresiva del ingreso vía modificación de la estructura tributaria.
 
 
Desquicio fiscal
 
En el incipiente escenario de conflicto político, en apenas en el primer mes del gobierno de Alberto Fernández, se han empezado a manifestar en forma muy explícita tensiones conceptuales acerca del rol del Estado en la economía, del alcance de los impuestos y del destino del gasto público.
 
Es un debate en el cual el oficialismo ha quedado a la defensiva. Su mensaje apunta a reclamar "solidaridad" de sectores medios y altos de la pirámide de ingresos. Lo hace cuando, en realidad, la cuestión impositiva está basada en relaciones de poder y no de buena voluntad de los sectores de mayor capacidad contributiva.
 
No se trata de pedir un "esfuerzo", sino de redefinir las reglas de una sociedad más equitativa, lo que implica abrir conflictos con sectores a los que se les afectarían sus privilegios. En esta coyuntura es importante determinar quiénes deben tener una mayor obligación contributiva para salir del desastre macrista.
 
La devastación del tejido productivo y social, la desarticulación de funciones básicas del Estado y la herencia de una inmensa deuda impagable con una economía en recesión en tres de los cuatro últimos años es el cuadro que entregó el macrismo. Es un cuadro dramático que tiene que ser recordado cada vez que se impulsan iniciativas para recuperar recursos fiscales.
 
Si ese recordatorio no se hace por especulación política o por estrategia comunicacional, esas medidas parecen aisladas, caprichosas u hostiles hacia un sector específico cuando, en realidad, son imprescindibles para recomponer la situación fiscal.
 
Explicar las motivaciones de las medidas no es revanchismo ni mirar para atrás, sino una necesaria tarea de divulgación para que la mayoría de la sociedad comprenda la magnitud de la crisis y quiénes deben aportar más proporcionalmente para comenzar a transitar el sendero de la recuperación.
 
 
Quejas
 
El origen y la orientación del paquete tributario del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, son similares al del gobierno nacional, aun con más dificultad porque la administración de María Eugenia Vidal se lanzó a un irresponsable endeudamiento en dólares. Se sabe que las provincias no emiten moneda ni pueden conseguir dólares, lo que las pone en una posición más frágil respecto a la de la Nación.
 
Uno de los frentes de resistencia a las medidas de Kicillof para sumar recursos provino de las cableoperadoras (la del Grupo Clarín es la más importante en ese negocio). Esas firmas contaron con la colaboración del bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, que consiguió frenar la propuesta de aumento de la alícuota de Ingresos Brutos (de 2 a 3 por ciento), perdiendo la provincia de recaudar 600 millones de pesos anuales. En contrapartida es el monto que se ahorran de pagar esas empresas.
 
Otros beneficiarios de las modificaciones introducidas por la oposición en el paquete impositivo fueron los importadores y exportadores y los propietarios más grandes de la provincia de Buenos Aires.
 
La progresividad de la iniciativa impositiva bonaerense se mantuvo pero con una menor intensidad.
 
 
Conceptos
 
Las medidas impositivas de los gobiernos nacional y bonaerense están provocando un debate dominado por el discurso conservador. Los argumentos son conocidos, pese a que se tratan de tibias reformas progresivas: en Argentina se paga mucho en impuestos; siempre pagan los mismos; el Estado es ineficiente; los políticos cobran mucho.
 
Resulta oportuno recordar conceptos fundamentales para abordar el tema de los impuestos.
 
Los Estados necesitan recaudar impuestos para realizar acciones necesarias al bien común. Para eso definen y aplican un sistema tributario con la aspiración social de que sea básicamente equitativo.
 
En general, los sectores alcanzados por impuestos manifiestan resistencia a pagarlos, y la estrategia para expresar disconformidad es la misma: que pagan mucho, que otros lo hacen menos y que la acción del Estado es abusiva sobre sus ingresos.
 
Es una posición que voluntaria o involuntariamente deslegitima la acción del Estado en la economía. Cuestiona de esa forma el contrato social básico referido al pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado.
 
Lo hacen invirtiendo la secuencia de ese contrato social. Exponen que pagan demasiado en impuestos en relación a lo que reciben de parte del Estado. Algunos consideran que el gasto público es ineficiente o evalúan que otros gozan de privilegios impositivos que ellos no tienen.
 
Sin embargo, para tener derechos, primero hay que cumplir con obligaciones, en este caso impositivas en función de la capacidad contributiva. Así se desarrollaron los contratos sociales en las sociedades modernas.
 
El Estado, a su vez, obtiene legitimación para el cobro de impuestos cuando utiliza esa recaudación redistribuyendo ingresos en forma progresiva, como con la cobertura social que incluye entre sus pilares la Asignación Universal por Hijo. También con su política de subsidios a los servicios públicos, que actúan como un salario indirecto al trabajador.
 
 
Equidad
 
Los tributaristas explican que una sociedad funciona con un contrato social básico de pago de impuestos para financiar el funcionamiento del Estado. Y que esos pagos tienen que recaer en mayor medida en los sectores que tienen más capacidad contributiva, o sea que tienen más ingresos.
 
Un sistema tributario es más equitativo cuando la carga de la recaudación descansa en porcentajes crecientes en impuestos que pagan los sectores de mayor capacidad contributiva en la pirámide de ingresos.
 
Aunque esas ideas parezcan elementales, de aceptación general, cuando se intentan tímidas modificaciones para fortalecer y profundizar ese contrato social el resultado son conflictos de proporciones. En 2008 hubo una rebelión del sector del campo para resistir la aplicación de un esquema de retenciones móviles a las exportaciones.
 
Hoy el malestar se expresa también en el esquema de retenciones de Fernández y en la carga impositiva en el mercado cambiario.
 
El éxito del movimiento en 2008, logrando que pequeños y medianos productores salieran a defender intereses de grandes propietarios, ha definido límites muy estrechos para diseñar una reforma fiscal que involucre al campo. Esos contornos quedaron en evidencia en la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural que impulsó la gobernación de la provincia de Buenos Aires
 
 
Disputa política
 
La controversia alrededor de las retenciones al complejo agroexportador es la muestra más visible que, además de los aspectos recaudatorios, redistributivos de la renta de la tierra y del impacto en precios internos, se trata de un espacio de disputa política.
 
Cuando Mauricio Macri las reimplanta, teniendo como ministro, luego rebajado a secretario de Agricultura, al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, no hubo ni comunicados de entidades gremiales del sector, ni protestas de productores ni tractorazos en las rutas.
 
La reacción fue opuesta cuando Alberto Fernández sólo actualizó el monto de las retenciones al mismo nivel que el dispuesto inicialmente por Macri. La decisión clave fue que ahora se aplica como un porcentaje, y antes era un monto fijo que con devaluación e inflación se terminó licuando.
 
La resistencia que se está alimentando, con grupos que convocan a la desobediencia fiscal y a la movilización en las rutas, tiene un origen eminentemente político. A esta altura es sabido que no existen las condiciones para reeditar un conflicto como el del 2008, lo que no implica que el de ahora no pueda ser intenso. No existen las condiciones fundamentalmente por el aprendizaje que dejó ese traumático conflicto para la fuerza política que hoy es gobierno, que se reflejará en la próxima segmentación de las retenciones por agregación de valor, por distancia al puerto y por pequeños productores.
 
De todos modos la cuestión impositiva seguirá siendo un terreno de disputa política porque, como lo expresó el milmillonario financista estadounidense Warren Buffet, "hay una guerra de clases, y la estamos ganando los ricos".
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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06-06-2020 / 10:06
¿Te acordás de Mauricio Macri hablando sobre la importancia de la libertad de prensa? Bueno, ahora sabemos que usó la AFI para espiar a 403 periodistas. A ver si queda claro: Macri mandó a espiar a 403 periodistas, muchos de ellos integrantes del famoso whatsapp presidencial. Se creyeron parte del poder, eran apenas unos boludos útiles del macrismo.  
 
"Siempre con posturas contra el Gobierno". "Se opone fuertemente al kirchnerismo". "Hay una (foto) con Estela de Carlotto". "Se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio 'Me Gusta' es a la de Laura Alonso". "Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenidos feminista". "En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos". Estas frases figuran en algunas de las fichas de 403 periodistas que fueron espiados de manera ilegal.
 
También han sido espiados Jorge Rubén Lugones, obispo diocesano de Lomas de Zamora; los periodistas del diario macrista La Nación Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda; el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun, quien estuvo a cargo de intervenir comunicaciones; la diputada Graciela Camaño, su esposo y  gremialista Luis Barrionuevo, el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.
 
También el ex diputado del PRO Nicolás Massot, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano; el diputado nacional de Cambiemos Waldo Wolff, el senador nacional Maurice Closs, los intendentes, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y de Avellaneda, Jorge Ferraresi, además del ex alcalde de La Plata, Pablo Bruera. Y el sacerdote José María "Pepe" Di Paola, del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires; Salvatore Pica (pareja de la Florencia Macri, hermana menor del ex presidente); e integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina. Todos fueron o serán notificados.
 

06-06-2020 / 09:06
Durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri una doctrina predominó en el gobierno. Los medios la denominaron "doctrina Chocobar". Como toda propuesta conservadora, la Chocobar no inventó nada sino que estimuló el lado oscuro, subyacente, que puja por aprovechar esa violencia en forma discrecional.
 
Además de la represión violenta a la protesta social, hubo grandes inversiones en equipo represivo, se elaboró un discurso que alentó a los efectivos de las fuerzas de seguridad a disparar antes de preguntar, garantizándoles protección mediática y judicial.
 
Una doctrina no es un discurso nada más. Requiere un programa, acción política para aplicarlo, complicidad mediática para bloquear la reacción de la sociedad y complicidad judicial para garantizar impunidad, como quedó demostrado en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
 
Esas son las fuerzas de seguridad que dejaron los cuatro años del gobierno del PRO, los radicales PRO y los seguidores de Carrió. Y en algunos casos esa práctica está aún más contaminada en algunas provincias, por el racismo y por prácticas feudales como si las policías fueran propiedad privada del poder económico local.
 
Alberto Fernández y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, repudiaron estos abusos criminales de policías de San Luis, Tucumán y Chaco. "Venimos de cuatro años en los que todo esto estuvo habilitado", graficó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
 
La subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco, Nayla Bosch, pertenece al CELS, y allí el gobierno provincial separó a los policías, inició la investigación y se sumó a la querella. No es la primera vez que se producen abusos contra la comunidad qom, pero ni el gobierno nacional ni el provincial reaccionaron para esconder el abuso policial como sucedió en los casos de Maldonado y de Rafael Nahuel y, por el contrario, se impulsó la investigación y la intervención de la justicia.
 

05-06-2020 / 12:06
Miguel Acevedo le sonrió todo lo que pudo a la camarita de su laptop. Estaba en su casa pero de saco y corbata, igual que el resto de los directivos de la Unión Industrial. -El milagro de la pandemia es que la AFIP sea la buena de la película. ¡Hay que agradecer!
 
Fue el martes a la tarde y Mercedes Marcó del Pont le acababa de dar dos buenas noticias en medio de la caída libre que atraviesa la economía: que la recaudación cayó un poco menos en mayo que en abril, tal como se oficializó al día siguiente, y que la semana que viene se deposita la parte de los sueldos que paga el Estado a los empleados cuyos patrones solicitaron la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
 
Con el malo de la película le tocó hablar anoche. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le prometió -también por videoconferencia- que no complicará el acceso a dólares de las industrias que quieran importar.
 
La inquietud de todo el empresariado apareció el viernes pasado, cuando Pesce estableció que las empresas que posean dólares declarados en el exterior deberán usarlos para pagar las importaciones que quieran hacer. Y que recién cuando los hayan gastado podrán acceder a más en el mercado oficial.
 
Acevedo ya había protestado diplomáticamente contra esa resolución anteayer, cuando Alberto Fernández lo recibió en Olivos junto a una docena de CEOs de grandes empresas, como Javier Madanes (Aluar), Luis Pagani (Arcor), Sergio Kaufman (Accenture), Luis Perez Companc (Molinos) y Daniel Herrero (Toyota).
 
El Presidente lo miró a Matías Kulfas. "Es algo temporario", aclaró el ministro de Producción. "Y además, con los insumos para la industria no deberían tener problema", agregó.
 

05-06-2020 / 11:06
04-06-2020 / 11:06
"Expresamos nuestra condena a los graves hechos de violencia institucional que se han suscitado en los últimos días en nuestro país y que son de conocimiento público", indicó el partido de la derecha en un comunicado que firmó el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, pero no la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien -como ministra de Seguridad- justificó el asesinato por la espalda de personas a manos de policías y prefectos.
 
Se entiende por qué la omisión: como ministra de Seguridad, Bullrich justificó cuanto acto de violencia institucional ocurrió durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. El mandatario, dicho sea de paso, recibió en Casa Rosada y felicitó al policía Luis Chocobar, mientras estaba siendo investigando penalmente por matar por la espalda al sospechoso de un delito.
 
Bullrich también justificó el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel por la espalda por parte de integrantes de la Prefectura. Antes de que siquiera comenzara la investigación penal, la ministra emitió un comunicado en el cual aseguró que los prefectos habían sido atacados por poco menos que un comando guerrillero.
 
Nunca se encontraron evidencias de esto, pero la entonces ministra jamás se retractó. De hecho, dijo que en casos de violencia institucional como ese "no necesitamos pruebas: le otorgamos el carácter de verdad a la versión de Prefectura". Lo mismo hizo a lo largo de las semanas y semanas que estuvo desaparecido Santiago Maldonado: defendió sin pruebas a los gendarmes y se negó a hablar de desaparición forzada (un término que, por suerte, ahora el PRO aprendió a usar en su comunicado).
 
La nueva posición del PRO despertó ironías y críticas en las redes, donde no dudaron de tildarlos de farsantes. 

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