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Entre Ríos - 08-01-2020 / 11:01
LOS COSTOS DE LA POLÍTICA O EL VALOR DE LA POLÍTICA

Siguen los “gestos” de la dirigencia política en los municipios

Siguen los “gestos” de la dirigencia política en los municipios
Más intendentes de distinto signo político congelan sus salarios y los de sus funcionarios. Por estas horas, Martín Oliva de Concepción del Uruguay anunció la medida adoptada por decreto; Bruno Sarubi, de La Paz, hizo lo propio y adelantó que van a adherir los concejales. Se suman así a Gualeguaychú, Paraná, Concordia y la Legislatura.
En línea con el discurso de época, que reclama esfuerzos "de todos", intendentes de distinto signo político se han sumado al congelamiento de sus salarios y los de sus gabinetes. La serie de municipios marcados por el "gesto" de la dirigencia política se abrió con Gualeguaychú, continuó con Villa Elisa, Paraná y Concordia, además de la Legislatura que hizo lo propio con las dietas de diputados y senadores provinciales.
 
Más intendentes de distinto signo político congelan sus salarios y los de sus funcionarios. Por estas horas, Martín Oliva de Concepción del Uruguay anunció la medida adoptada por decreto; Bruno Sarubi, de La Paz, hizo lo propio y adelantó que van a adherir los concejales. Se suman así a Gualeguaychú, Paraná, Concordia, Villa Elisa y la Legislatura.
 
Si la política continuara por estos senderos, es dable esperar que, en poco tiempo más, el troskysmo venza en la batalla discursiva y los legisladores admitan cobrar los mismo que un maestro recién ingresado a su cargo, lo que permitiría arribar a la conclusión que Elisa Carrió renunció a su banca y se jubiló porque se la veía venir.
 
Los costos de la política son el leiv motiv de cada crisis económica en nuestro país: "la sociedad le pide a la clase política que haga el ajuste", titula, ampuloso, un diario grande porteño, pero, bien leída la noticia, uno descubre que la que reclama es CARBAP, una entidad rural que veía que le iban a meter la mano a las fabulosas ganancias de sus socios a través de mayores retenciones y contraatacó.
 
No es nuevo. El concepto clase política juega con la idea que los dirigentes pertenecen a un sector adinerado. En los 2000, los errores políticos y económicos de De la Rúa en el país del "que se vayan todos" pusieron sobre la mesa (en realidad en las tapas de los diarios) el tema del costo de la política. Los periodistas sacaban cuentas de cuánto cuesta un diputado o un senador mientras le bajaban el precio a la tarea legislativa.
 
Arribado el macrismo, esto parecía que se había acabado porque, como todo el mundo sabe, "son ricos, no necesitan robar", pero precisan cobrar bien. Sin embargo, en los años del gobierno de Cambiemos reapareció el tema del costo de la política pero sólo para modificar la ley electoral y permitir que los empresarios que hacían negocios financiaran la campaña de los empresarios "amigos" que fueran a gobernar.
 
Y ahora, esto de los intendentes que trabajan gratis, los funcionarios que donan su sueldo, el congelamiento de las dietas de los legisladores. "Gestos", todos, que finalmente serán inútiles: esa demanda no proviene de la sociedad sino del "mercado" que, lo que intenta, es apropiarse de más recursos y para eso, exige recortes. Recortes innecesarios y hasta peligrosos. Retacearle financiamiento a la política es bajarle el precio.
 
Hablar del costo sin hablar del valor de la política es un discurso que ha llevado al país a las encerronas de la anti-política. Cambiemos es la prueba evidente. Vociferaron que la herramienta básica para cambiar la realidad y mejorar la vida del pueblo estaba demodé y así nos fue. Creyeron que iban a devorarse a la política y la política se los manducó a ellos.
 
La Opinión Popular

 
Por estas horas, anunció la adhesión a la iniciativa el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva. A través del Decreto Nº 26.224 el presidente municipal dispuso congelar sus haberes, como también el de los funcionarios políticos.
 
Se ocupó de fundar la decisión en el plan económico que plantea el gobierno nacional con la Ley Nº 27.541 de "Solidaridad Social" y "Reactivación Productiva". A su vez, se enmarcó en la definición política "adoptada por el gobernador Gustavo Bordet en cuanto a la contención del gasto público y con el congelamiento de los salarios y dietas en la legislatura entrerriana dispuesto, en este caso, por la presidenta del senado, Laura Stratta, y el presidente de la cámara de Diputados, Ángel Giano".
 
"Es necesario trabajar de manera colectiva, priorizando el bienestar de nuestra gente. Si todos nos enfocamos en progresar, en pensar en el otro y trabajamos en consecuencia, todo va a ser mucho más sencillo. No tengo dudas", dijo Oliva en declaraciones que publica La Pirámide.
 
 
En La Paz
  
Por su parte, el presidente municipal de La Paz, Bruno Sarubi de Juntos para el Cambio, fundamentó el congelamiento de sueldos de funcionarios en "la emergencia económica nacional".
 
"En el marco de la ley de Emergencia Económica que aprobó el Congreso Nacional por 180 días, he decidido congelar mi salario y el de los funcionarios municipales por el tiempo que dure la crítica situación económica/financiera del país", expresó en redes sociales.
 
Dio por descontado, en su post, que la medida "también será adoptada por el Concejo Deliberante de La Paz, a los efectos de solidarizarse con la sociedad debido a la situación que atraviesa la economía del país y como gesto de austeridad del gasto político municipal".
 
El decreto de Sarubi dispone el congelamiento de los haberes de los funcionarios políticos hasta el nivel de subsecretarias inclusive, hasta el 30 de junio de 2020, pudiéndose prorrogar ésta medida en el caso de que esta sea necesaria.
 
Fuentes: Página Política y BAE Negocios
 

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La cuarentena rigurosa, dispuesta -y acatada- para evitar una aceleración descontrolada de los casos de coronavirus, parece estar logrando su cometido a nivel sanitario. Pero sus consecuencias económicas y sociales empiezan a sentirse en Entre Ríos, tanto en el sector privado como en el Estado.
 
La decisión acertada de Alberto Fernández fue priorizar la salud. El gobierno de Gustavo Bordet la respaldó, asumiendo el costo de numerosas acciones; ahora es el momento de compartir también los recursos para contener la crisis. En el Estado, básicamente se vive una situación similar a la que enfrenta el sector privado: total caída de ingresos, dificultades crecientes para sostener los gastos mínimos, reclamos de asistencia en alza y la certeza de que será casi imposible cubrir los sueldos de abril.
 
Tanto Bordet como la mayoría de los intendentes de la provincia esperan que la solución provenga de la Nación, más precisamente de la Casa de la Moneda: consideran que la emisión monetaria -con el consecuente riesgo de mayor inflación- es el mal menor frente a la magnitud del problema que ya se vislumbra y que se profundizará en las próximas semanas. También la oposición racional lo comparte. Del mismo modo, no es sólo un planteo local, casi todas las provincias están en esta situación financiera asfixiante.
 
En marzo, la clase política entrerriana pensaba en la reducción de los sueldos más altos como un "gesto" a una sociedad sumida en la incertidumbre económica y el miedo. Así fue como el Estado Provincial y numerosos municipios aplicaron recortes en los haberes de funcionarios y concejales.
 
Ahora, de no llegar la significativa asistencia financiera que las provincias reclaman, hay quienes especularían en la Casa Gris, que tendrán que terminar anunciando que habrá topes salariales, y que no serán sólo para funcionarios: la magnitud y las escalas de esa reducción estarían en análisis y dependerían, básicamente, de los recursos que se logre reunir hasta mediados de mes.
 
Lo real es que ya nadie piensa los recortes como "gestos" sino como ajuste, consecuencia de la falta de recursos mínimos para cubrir las nóminas salariales. Lo concreto es que el desplome de la recaudación y la abrupta baja de la coparticipación de impuestos son tan dramáticos que el pago de sueldos de abril no está garantizado.
 
Si el rojo en las cuentas se profundiza y no encuentra alivio, la Provincia no analizaría sólo el ajuste sobre los salarios más altos, sino un esquema que puede involucrar a otros empleados de la administración mediante un tope salarial transitorio. Si eso ocurre, el rojo de la Caja de Jubilaciones será más pronunciado y también las jubilaciones altas entrarían en el análisis. La reacción gremial es el gran interrogante. Algunos sindicalistas asumen, en privado, que sin actividad y sin recursos, los límites de la protesta están acotados.
 
La Opinión Popular

06-04-2020 / 17:04
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