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“Tenemos nuevas prioridades: combatir el hambre y la pobreza, encender la economía, reactivar el consumo y generar empleo”. Alberto Fernández
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Nacionales - 27-12-2019 / 08:12

¿Impuestazo o Solidaridad?

¿Impuestazo o Solidaridad?
El Gobierno -tanto nacional como bonaerense- asegura que las medidas económicas que se están tomando tienen como objetivo la solidaridad con los sectores más afectados por la crisis. De hecho, la norma sancionada por el Congreso se llama "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva". Clarín y La Nación quieren instalar que Alberto y Axel Kicillof busca aplicar un "impuestazo" cuando no es tal.
¿Debuta la nueva heterodoxia de Martín Guzmán, Matías Kulfas y Mercedes Marcó del Pont con un impuestazo? ¿Transitó Kicillof miles de kilómetros en el Clio para empezar con un ajuste? El Gobierno peronista -tanto nacional como bonaerense- asegura que las medidas económicas que se están tomando tienen como objetivo la solidaridad con los sectores más pobres, los más afectados por la crisis.
 
La suspensión de la fórmula de movilidad para los haberes previsionales no es lo más sustancial de la ley en términos presupuestarios. Redondeando, la suba de 1,5% del PBI por el lado de los ingresos se compone de un 0,5% del PBI por el mayor cobro de retenciones, un 0,2% del PBI por el impuesto a la Riqueza (Bienes Personales), otro 0,3% del PBI por lo que se prevé que recaude el nuevo impuesto PAIS (30% sobre transacciones en dólares) y un 0,5% del PBI por suspender las rebajas de Seguridad Social y Ganancias que había anunciado Macri para las Pymes.
 
¿Cómo quedan los jubilados en ese contexto? De los 8,5 millones de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas que afronta el Estado Nacional, los 5 millones que perciben una retribución inferior o equivalente al haber previsional mínimo ($14.068) mejorarán su poder adquisitivo en un 2,8% durante 2020.
 
El dato surge de estimar una inflación del 43% para todo el año y de incluir en la cuenta el bono de $10.000 pagadero entre diciembre y enero, dos incrementos fijos de $1.600 en marzo y en junio y dos incrementos, ya con nueva fórmula de movilidad, de 10,1% en septiembre y de 8,8% en diciembre.
 
Los 3,5 millones de beneficiarios restantes sí sentirán el peso del ajuste. Uno que hoy perciba el equivalente a dos haberes mínimos ($28.136), por ejemplo, tendrá a fines de 2020 un ingreso 6,7% inferior al de hoy en términos reales. La cuenta surge de aplicarle el mismo incremento de suma fija ($1.600 en marzo y otro tanto en junio) y las mismas recomposiciones por la nueva fórmula de movilidad durante el segundo semestre, pero sin el bono de $10.000.
 
Tanto uno como otro habrían tenido una mejora del 6,8% en su poder adquisitivo en caso de mantenerse la fórmula actual. Por eso, si la comparación se hace con ese índice, los jubilados con la mínima también recuperan menos que lo previsto en 2020. Pero la diferencia es sutil frente al 20% que les recortó durante 2018 Macri con la reforma previsional de 2017 y el 5% adicional que perdieron durante 2019 por el récord de inflación en 30 años.
 
Para considerar al paquete de Alberto Fernández como un ajuste clásico o no, hay que ver la redistribución que implica en la base de la pirámide. Las políticas compensatorias para los beneficiarios de más bajos ingresos comprenden a más de 9 millones de personas: 5 millones de jubilados y pensionados y 4,1 millones de beneficiarios de la Asignación Universal para Protección Social. Computando los bonos de $5000 y $2000 respectivamente, ese grupo se asegura un flujo de ingresos superior a los que hubieran percibido con la fórmula anterior hasta junio 2020.
 
La Opinión Popular

 
Panorama empresario semanal
 
La discusión parlamentaria de la pomposamente titulada Ley de Solidaridad Social y Desarrollo Productivo en el Marco de la Emergencia Pública se hundió a tal punto en la grieta partidaria que resultó casi imposible seguir los argumentos del debate exprés que se sucedió en Diputados y luego en el Senado.
 
Algo parecido ocurrió ayer, en plena resaca navideña, con la ley impositiva que envió a la Legislatura bonaerense el gobernador Axel Kicillof.
 
El establishment apenas siguió las sesiones de reojo porque ya había conseguido introducir cambios en el articulado inicial del proyecto que giró Alberto Fernández al Congreso, como las rebajas del tope de retenciones para las exportaciones petroleras y mineras.
 
Después del brindis de Año Nuevo volverá a la carga para meter baza en las reglamentaciones, donde aspira a atenuar el impacto de la suba del impuesto a la Riqueza, tal como se informó el viernes pasado en esta misma columna.
 
Pero la pregunta quedó flotando, sin respuesta, entre la tímida reivindicación de la reforma jubilatoria por parte de los nuevos oficialistas y la súbita y poco creíble preocupación de los nuevos opositores por los haberes previsionales.
 
Un informe del Grupo de Estudios sobre la Realidad Económica y Social (GERES) echa algo de luz sobre las respuestas. Integrado por investigadores en finanzas públicas, el trabajo especifica que el ajuste que implica la Ley de Solidaridad ronda el 2% del PBI, con una particularidad: 1,5% del PBI responde a la suba de impuestos y 0,5% a la baja del gasto.
 
 
Meritócratas
 
Las últimas novedades que transmitió en Punta del Este un banquero con buena llegada al equipo albertista también son tranquilizadoras para los blanqueadores de la era Macri: la sobrealícuota especial de Bienes Personales (1,25% adicional al 1,25% que se aplica a los mayores patrimonios) se condonaría si el contribuyente radica en el país un 10% de esos fondos declarados en el extranjero.
 
Es lo que le resta definir en las próximas horas a Guzmán con Mercedes Marcó del Pont y sobre lo que la jefa de la AFIP habría querido avanzar más. Asuntos que se negocian largamente en un gobierno con una base tan heterogénea. Una letra chica que también anoche entraba en discusión en la Legislatura bonaerense, donde Kicillof debió entregar a la oposición bastante más de lo que entregó Fernández en el Congreso.
 
Al margen de la renegociación de la deuda y de los trazos gruesos incluidos en la primera ley ómnibus del albertismo, Guzmán apunta a hacer una sintonía fina que recorte gastos superfluos y despilfarros de gestión que empezaron a detectar en todos los ministerios.
 
Uno de los más llamativos que se encontró fue el de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), un órgano bajo la tutela de Guillermo Dietrich que presidía Carlos Pérez.
 
De esa repartición, Dietrich ordenó gastar más de $50 millones en escoltar las turbinas y aerogeneradores que empresas como Román y COAMTRA trasladaron por cuenta y orden de contratistas como Vestas, General Electric y Envision Energy. Es dinero que no se utilizó para campañas de seguridad vial, que podrían haber ahorrado no solo dinero sino también vidas humanas.
 
Son gastos menores, pero que en el agregado suman. Como los que detectó Miguel Pesce en el Banco Central, que de todos modos tiene su propio presupuesto aparte del Tesoro así que no engrosa el déficit fiscal. La ausencia prolongada de la vicepresidenta Verónica Rapoport con goce de sueldo sobre el final de su mandato y los viáticos y liquidaciones finales de los últimos directores que renunciaron son algunas de esas perlas.
 
 
Que dios y la patria
  
La Iglesia Católica, en plenas navidades, también es objeto de la misma disputa político-ideológica que nubla la correcta evaluación de las leyes impositivas.
 
En el grupo de whatsapp empresarial "Nuestra Voz", por ejemplo, se comentó mucho una nota de opinión del cura Gustavo Irrazábal en La Nación con una peculiar lectura de la pobreza, que polemiza con la del Papa Francisco.
 
El debate dista de ser estrictamente teológico, especialmente en vísperas del encuentro de Asís, que convocó el Papa para fines de marzo próximo en la ciudad donde nació San Francisco, de quien él mismo tomó el nombre para su papado.
 
¿Quién lo inspiró al Papa para organizar ese encuentro en Asís? Joe Stiglitz, el premio Nobel de Economía que conoció en mayo de este año. Ni más ni menos que el maestro y referente académico de Guzmán, el nuevo ministro de Economía. El jurista Roberto Carlés, amigo personal del Papa, tuiteó hace pocos días que Bergoglio le habló de Guzmán por aquellos meses.
 
Irrazábal no coincide con ninguno de ellos. "Los bienes creados por Dios no son suficientes para cubrir todas las necesidades humanas y nunca lo serán. Por eso, la pobreza no es exclusivamente producto de la injusticia, sino que es ante todo la condición natural del hombre. La primera pregunta no debería ser entonces por qué hay pobreza, sino cómo puede ser que por primera vez en la historia una parte sustancial de la humanidad se haya liberado de ella", escribió el sacerdote, que lidera el Instituto Acton.
 
En julio de 2018, cuando se celebraba una reunión de la Pastoral Social, el mismo cura escribió que "el piqueterismo es un fenómeno jurídica y moralmente inaceptable, una clara violación del derecho a trabajar y circular libremente, pero la pastoral social no parece hoy interesada en exhortar al respeto de la ley ni en dar a conocer la enseñanza de la Iglesia en este punto".
 
La semana pasada, con la venia del Papa y de Alberto Fernández, ese "piqueterismo" lanzó su propio sindicato. Lío en puerta.
 
Feliz Año Nuevo.
 
Por Alejandro Bercovich
 
Fuente: BAE Negocios
 

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20-01-2020 / 11:01
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, cuestionó a distintos funcionarios, -en su mayoría gerentes y directivos- de empresas públicas que ingresaron con cargos políticos al Estado durante el Gobierno del ex presidente, Mauricio Macri, y que en este nuevo período gubernamental no quieren dejar sus cargos en las diferentes dependencias estatales.
 
Massa denunció que dichos funcionarios, en caso de irse, piden doble indemnización y los definió como "okupas". Fuentes de distintos organismos estatales explicaron cómo esta situación afecta a la implementación de proyectos y políticas públicas.
 
El Presidente de la Cámara baja aseguró que "son unos inmorales", y que "no sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".
 
Massa se refería a esto ya que el 20 de mayo de 2016 Macri había vetado la ley de Emergencia Ocupacional, que fue sancionada por ambas cámaras legislativas y que pretendía prohibir los despidos por 180 días e implementar la doble indemnización.
 
Es decir, los funcionarios de Cambiemos que aún quedan en el estado, piden para irse la doble indemnización mientras que su gobierno estaba en contra de aplicar ese resarcimiento a los trabajadores despedidos.
 
Massa detalló que se trata de "gerentes de Aerolíneas Argentinas, Anses, Ferrocarriles Argentinos, Pami, Aysa y de otras empresas públicas, que se hacen los distraídos esperando que los echen para pedir que les liquiden la doble indemnización".
 
"Esta gente no llegó con los clasificados bajo el brazo sino que fue designada políticamente y ahora pide una doble indemnización que el mismo Gobierno anterior vetó cuando el Congreso aprobó la Ley", agregó el funcionario. 

19-01-2020 / 18:01
Al grito de "¡no fue suicidio, fue un magnicidio!" un grupo de manifestantes antiperonistas se movilizó a la Plaza del Vaticano, para recordar al fiscal Alberto Nisman a cinco años de su muerte. Los manifestantes se ufanaron de "no llevar banderas políticas". Sin embargo, en el discurso dispararon contra el presidente, Alberto Fernández, y festejaron la presencia de dirigentes del macrismo.
 
Todo el acto fue en línea con los dichos bolzonaristas de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich en los últimos días. La ex funcionaria acusó al jefe de Estado de haber pactado "la demolición de la causa del Memorándum con Irán" que tiene como acusada a Cristina Fernández. Aunque varios dirigentes opositores confirmaron que no judicializarán esta acusación.
 
La ceremonia tuvo de invitados estrellas a los mediáticos diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, ambos del PRO. De la Coalición Cívica hicieron su aparición Elisa Carrió y su heredero político Maximilano Ferraro. No solo legisladores gurkas del macrismo asistieron, en las primeras filas estaba el ex secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj, el ex titular de Medios Públicos Hernán Lombardi y el ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro. Con estos dirigentes macristas bien presentes, los oradores seguían jurando la "independencia política" del acto.
 
Lo que hace varias semanas parecía que iba a ser un acto cargado de contenido opositor con concurrencia masiva, se fue desinflando en los últimos días a medida de que las distintas organizaciones de la comunidad judía en la Argentina anunciaron que no participarían. Tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) decidieron no participar de esta movilización que pedía "Justicia por el asesinato del fiscal", cuando a cinco años de su muerte la Justicia aun no encontró pruebas que definan al caso. Es una muerte utilizada por el macrismo para reforzar la demonización del kirchnerismo.
 
Su ex pareja y jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, y sus hijas tampoco asistieron. Incluso, algunos meses atrás dejaron de ser querellantes en la causa que investiga la muerte de Nisman. Sin embargo, los manifestantes colmaron la pequeña Plaza del Vaticano.
 
La previa fue caliente: intimidaciones a periodistas y reproches entre los manifestantes por la escasez de jóvenes en este acto. Lo cierto es que el calor en una plaza seca, con poca sombra, generó molestia en una buena parte de los adultos mayores que se acercaron temprano.
 
Antes que comenzara el acto, desde la organización pidieron que "respetaran a todos los periodistas". La consigna no fue tomada de la mejor manera por los "defensores de la república", muchos abuchearon, otros chistaban por lo bajo, mientras que otros gritaron: "Son cómplices y corruptos".
 
La Opinión Popular

19-01-2020 / 11:01
En el siglo XX se firmaron, como jamás antes, tratados internacionales que limitan la violencia entre Estados, regulan el trato a prisioneros de guerra, refugiados y migrantes, prohíben la tortura y cien etcéteras. Rigen hoy en día, se amplían regularmente. Centenares de naciones adhieren, se celebran reuniones para ratificar principios universales.
 
Sin embargo el presidente de la mayor potencia del planeta --promotora y signataria de muchas de esas normas, sede física de organismos internacionales-- manda asesinar a un general de otro país. Sin que medie guerra declarada, sin cumplir las (de por sí laxas) leyes de su país. Los propios funcionarios de Donald Trump no alcanzan a justificar, ni siquiera a explicar, la movida. Los opositores la critican con ineficaz dureza.
 
El magnicidio es presenciado impávidamente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el poder expuesto en carne viva. Suena cándido o sarcástico preguntarse qué habría pasado si el mandatario homicida fuera iraní, argentino o hasta belga.
 
El orden global siempre fue asimétrico, tendencia que se agrava en la era de la globalización financiera y la primacía de líderes de derecha, racistas, violentos, xenófobos, machistas. Hiper tácticos, predispuestos a adoptar decisiones tremendas mientras tuitean. A toda velocidad, a pura ligereza.
 
Cuando asumieron Trump y su colega brasileño Jair Bolsonaro algunos expertos predijeron que poderes establecidos de sus patrias les demarcarían límites. Las Agencias de Estados Unidos, su élite económica, el Departamento de Estado, allá en el Norte que manda.
 
Acá cerca, Itamaraty, la célebre y profesional Cancillería de Brasil que, se supone, ensilló a la dictadura militar o limó diferencias entre presidentes tan disímiles como José Sarney, Fernando Henrique Cardoso y Lula da Silva.
 
Esos frenos y balances fracasaron, no actuaron, entraron en el pasado. Las mesas chicas de los presidentes del siglo XXI resultan ser minúsculas, a veces se superponen con la reunión familiar. Bolsonaro y sus críos, sin ir más lejos.
 
En ese contexto espantoso, volátil, filo indescifrable, el presidente Alberto Fernández intenta instalar un esquema de negociación de la deuda externa bastante novedoso (nada lo es del todo). Trata de conciliar ciertos principios básicos de soberanía y de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
 
Pagar pero supeditándose a la normalización de la economía, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la deuda interna. La oferta parece sensata, en particular porque la formula un país pacífico, sin violencia racial ni ansias bélicas, una suerte de remanso en el vecindario soliviantado.

18-01-2020 / 10:01
El "fifty-fifty" que proponía Juan Perón para la Argentina era un anhelo por el cual trabajadores y empresas se repartían en partes iguales, 50-50, los ingresos que genera el país. Más allá de que el fifty-fifty no sea un nivel de distribución ideal, el dato publicado por el Indec muestra que la dinámica tiende a alejarse.
 
Ya que, durante el cierre del período Cambiemos, los asalariados volvieron a perder porciones de la distribución del ingreso. Esta vez el fenómeno vino acompañado de una novedad: los empresarios no mejoraron su participación. Y es que los que capturaron la diferencia fueron los trabajadores no asalariados.
 
El cuentapropismo, surgido por la fuerte crisis económica del 2018-2019, creció con fuerza, creó 265.000 puestos de subsistencia, que no califican ni como asalariados ni como empresarios, y llevó a la participación del ingreso mixto a crecer hasta quedarse con el 12,6% de la torta.
 
En este caso, la mencionada torta es el valor agregado por la economía local. Sobre el total del producto nacional, los asalariados se quedaron con el 45,1%. Eso implicó una caída fuerte desde el 52% con el que se quedaba en el 2015, según los datos del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo (Ceped).
 
El Indec comenzó a publicar sus números en el 2016 y en el tercer trimestre de ese año todavía era el 52,7%. El deterioro se aceleró durante la gestión Cambiemos.
 
Los empresarios se quedaron con el 44,4% durante el tercer trimestre del 2019. Fue la primera caída en mucho tiempo, ya que en el mismo período del 2018 habían obtenido el 44,9%. Mientras tanto, los cuentapropistas pasaron del 11,4% al 12,6%.
 
Los asalariados son tres cuartos de quienes generan el ingreso nacional y se quedan con el 45,1% del producto; los empresarios son apenas el 3,9% y se quedan con el 44,4%; los cuentapropistas son el 22,9% y se quedan sólo con el 12,6%.
 
La Opinión Popular

18-01-2020 / 09:01
"Iba a presentar una denuncia contra el gobierno y apareció muerto, ya está, no hay nada que agregar". Está el prejuicio, la prepotencia, la intención. Y una pauta de la monstruosidad que puede cometer la manipulación de la información y el "periodismo de guerra", un concepto que inventaron los que lo ejercían.
 
La afirmación del encabezado es un resumen de golpes bajos, inexactitudes y simplificaciones groseras. Es el único sostén de la hipótesis que a Alberto Nisman lo mataron: un crimen virtual, sin rastros de asesinos, con presencias imposibles, sin datos ni motivo, crimen virtual, asesino virtual, pruebas virtuales.
 
Solamente es una frase que busca la complicidad en el prejuicio: "iba a presentar una denuncia contra el gobierno y lo mataron". No puede tener ninguna prosecución legal, solamente impacto político.
 
Las pruebas que determinan el suicidio y rechazan la posibilidad de homicidio han sido muy desarrolladas por Raúl Kollmann en varias notas de este diario; en el libro de Pablo Duggan están analizadas hasta el mínimo detalle, y en el reciente documental de Netflix queda expuesta la solvencia profesional de la fiscal Viviana Fein, que fue despedazada por los medios y finalmente apartada de la causa simplemente porque no se doblegaba al discurso que quería instalar la campaña mediática.
 
Lo más importante fue el resultado del peritaje realizado por los trece médicos forenses dependientes de la Corte. Se trata de un equipo acostumbrado a realizar este tipo de estudios, a diferencia de Gendarmería, que investiga otros delitos y no tiene esa experiencia, y que realizó el peritaje dos años después y en un escenario falso porque el original ya no existía.
 
La jefa de Gendarmería era en ese momento Patricia Bullrich, la misma que en 2015 perseguía por teléfono a Nisman para que se presente a la audiencia en el Congreso. Primero presionó a Nisman hasta lo imposible y después ordenó a Gendarmería que realizara un peritaje cuyas conclusiones fueron las que ella quería, contradiciendo a los peritos de la Corte.
 
El gobierno de Cristina era al que menos le convenía la muerte del fiscal. El macrismo había convocado a Nisman a informar en una sesión parlamentaria secreta. En vez de obstaculizar la reunión, el kirchnerismo logró que el informe fuera público. El kirchnerismo quería que se hiciera esa reunión porque sabía que el fiscal no tenía pruebas y había quedado en una situación desesperada después que el ex titular de Interpol, Richard Noble, lo desmintiera y acusara de mentiroso.
 
La frase que da a entender que el gobierno K lo mató, miente por varios motivos. En primer lugar porque nadie lo mató. Y en segundo lugar porque el gobierno K quería que fuera a hacer la denuncia al Congreso. En realidad este escenario con Nisman muerto le convenía más a los que impulsaban la denuncia de Nisman porque su comparecencia pública podía desnudar la operación sin pruebas que habían montado los servicios de inteligencia en la causa por el memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.

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