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Nacionales - 25-10-2019 / 11:10
OTRO REVÉS PARA STORNELLI, BONADIO Y MACRI

El fiscal federal Di Lello destrozó la “causa cuadernos” por violar el Estado de Derecho

El fiscal federal Di Lello destrozó la “causa cuadernos” por violar el Estado de Derecho
El fiscal federal Jorge Di Lello sorprendió con un dictamen en el que destroza el modo en que se llevó adelante y se construyó la causa de los cuadernos. Pidió el sobreseimiento de los acusados por la forma en que se construyó la causa Cuadernos, cómo se tomaron las declaraciones de los arrepentidos, las mentiras del chofer Centeno y los impedimentos que se pusieron a la defensa de los acusados.
 
El fiscal federal Jorge Di Lello sorprendió con un dictamen en el que destroza el modo en que se llevó adelante y se construyó la causa de los cuadernos. Denuncia que cuando se tomaron las declaraciones de los arrepentidos se incumplió con la obligación de grabar o filmar las audiencias.
 
Destaca como una gran irregularidad que el expediente se haya armado en función del relato de Oscar Centeno volcado en fotocopias y afirma que no cambia nada la aparición de los originales de los cuadernos sino que -al contrario- muestra que el chofer mintió al decir que los había quemado y debilita sus "aportes ". Cuestiona, además, que a algunos imputados se los indagó sin describirles un hecho concreto que los involucrara.
 
¿Por qué un fiscal de Comodoro Py opina sobre lo que hizo su colega Carlos Stornelli? Di Lello, que tiene competencia electoral, había recibido una causa derivada, donde debía investigar si un grupo de dirigentes de La Cámpora, entre ellos Máximo Kirchner, Eduardo Wado de Pedro y Andrés Larroque, habían utilizado dinero de los supuestos sobornos de la obra pública para "solventar actividades de de naturaleza electoral o vinculadas a la gestión política del gobierno y sus organizaciones satelitales", según las sospechas que señalaba el juzgado.
 
El escrito que presentó ante la jueza María Servini, reclama que sus indagatorias (tomadas en la causa madre pero que dieron origen a este expediente) sean anuladas y ellos sobreseídos.
 
 "En un Estado de Derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino que tiene que desarrollarse de conformidad con las reglas procesales vigentes", advierte Di Lello en su texto.
 
Y explica que la declaración como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas, José López, no cumplió con los requisitos que dispone el artículo 6 de la ley 27.304 (del arrepentido) que dice que "las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior".
 
El fiscal se detiene en el interrogatorio a López, porque en lo que allí dijo se basaron las imputaciones a De Pedro, Máximo Kirchner, Larroque, José María Ottavis, Julián Alvarez, los ex intendentes Ricardo Ivoskus (San Martín) y Enrique "Japonés" García (Vicente López) y el empresario Sergio Szpolski.
 
En conclusión, el fiscal pidió el sobreseimiento de los acusados por la forma en que se construyó la causa Cuadernos, cómo se tomaron las declaraciones de los arrepentidos, las mentiras del chofer Centeno y los impedimentos que se pusieron a la defensa de los acusados.
 

 
Estado de derecho
 
La audiencia no fue grabada ni filmada, un patrón que se repitió con todos los arrepentidos, que fue cuestionado por varias defensas y que la Cámara Federal toleró. Ese grupo fue sobreseído por el juzgado cuando fue elevada la causa a juicio oral, pero se hizo una "extracción de testimonios" (una suerte de denuncia) para que se analice si hubo alguna infracción o delito electoral. Di Lello dice que se deben anular sus indagatorias y también ser desligados este asunto.
 
La declaración de López, tuvo en su momento un amplio recorrido en los medios afines al Gobierno porque el ex funcionario habló de cartelización en la obra pública, describió supuestos acuerdos de reparto de licitaciones y sobornos, acusó a Julio De Vido y Roberto Baratta, habló de reuniones con Cristina Fernández de Kirchner, y habló de recaudaciones para campañas electorales, donde involucró al grupo de La Cámpora, a los ex intendentes y a Szpolski, como receptores de dinero ilícito.
 
Como es sabido, a lo largo de la causa jamás se probó ni un pago a CFK y buena parte de la "prueba" son relatos. El propio López, mintió en la causa y el juicio sobre los 9 millones de dólares que llevó a un convento en general Rodríguez, ya que cambió al menos tres veces de versión, pese a que se probó que los dólares habían estado en un altillo en su casa. Lo que no se estableció ese el origen del dinero.
 
 
La ley del arrepentido
 
Di Lello fue el primer fiscal en Comodoro Py en aplicar la ley de arrepentido con Alejandro Vandenbroele en el caso Ciccone, contra el ex presidente Amado Boudou. En su dictamen afirma que siempre aplicó los requisitos de la norma que son "esenciales para la validez" de la declaración en juego.
 
"El registro por el medio técnico guarda vital importancia para evaluar las manifestaciones del arrepentido en el tiempo y contexto en el cual se refieren". O sea, al no haber registro, no se sabe si fue presionado, coaccionado, si habló con libertad.
 
"De considerarse la primigenia versión, dejará a este fuero electoral en una irregular situación al no poder analizar la voluntariedad de la manifestación, ni tampoco, frente a los sucesos ocurridos, si los datos guardan directa relación con los hechos pesquisados", dice el fiscal.
 
Para completar su argumentación, cita la discusión parlamentaria previa a la aprobación de la ley donde, señala, "queda a la luz que la recepción en forma escrita no era suficiente".
 
"En la ley -sostiene Di Lello-- se habló de REGISTRO y de MEDIO TECNICO IDONEO DE EVALUACION POSTERIOR (...) lo que el legislador estableció fue, primero tener un registro por un medio independiente del sumario, y segundo, al hablar del medio técnico entendió necesario, que un soporte de las características referidas contuviera la declaración filmada o grabada".
 
Otro punto con el que se mete el fiscal es con el origen de la investigación, a partir de la declaración en la fiscalía de Stornelli del periodista Diego Cabot de La Nación, en el contexto de una causa sobre la importación de Gas Natural Licuado.
 
Luego el fiscal decide separar esas actuaciones y el juez indica que se abra, efectivamente, una causa aparte por haber "diferentes ilícitos", pero se quedan ellos mismos el expediente con el argumento de que hay tres imputados en común, lo que implicaría alguna conexidad.
 
Di Lello le dice que contradice el criterio de la acordada 37/12 de la Cámara Federal y no tiene en cuenta que, por ejemplo, "en todo el fuero federal existen innumerables causas en donde se investiga a los mismos imputados de la causa 9608/18 (de los cuadernos)" y sugiere ver Hotesur, Los Sauces o Ruta del Dinero.
 
Lo que marca el fiscal es que la causa que él recibe, contra un grupo de personas por supuestas cuestiones electorales, nace de otra cuyo origen sería cuestionable.
 
Luego avanza sobre otra cuestión, también ligada a los comienzos, que son cuadernos. "La prueba de cargo que justifica la incriminación en la causa" de los cuadernos "y que resulta el puntapié para llegar al testimonio de José Francisco López" como colaborador "debió ser un hecho comprobable empíricamente, al que se le permita atribuir una consecuencia jurídico penal (...) Sin embargo, la prueba de cargo resultó ser un relato escrito en unos cuadernos cuya materialidad es ontológicamente inexistente, los cuales nunca estuvieron en poder del tribunal, pero sus fotocopias se convirtieron en un elemento histórico incontrovertible para el avance de la investigación".
 
 
Fotocopias u originales
 
"Las fotocopias de los cuadernos motivaron allanamientos y detenciones a partir de la información que aparecía en ellos. Aquellos habrían sido confeccionados con sumo detalle y sin errores de ortografía por el señor Oscar Centeno, un ex militar que venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le había entregado el material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal", recuerdo Di Lello.
 
Y agrega que Bacigalupo dijo que en "un acto de patriotismo" se habría apropiado de los cuadernos para dárselos al periodista Cabot, quien le devolvió dos meses después los originales e hizo la denuncia con fotocopias.
 
Para el fiscal no es un detalle menor que durante la instrucción no se haya podido hacer pericia alguna sobre la antigüedad de la tinta, para ver si las anotaciones datan de las fechas señaladas por Centeno.
 
Porque, dice Di Lello, el chofer ya había mentido: en su primera declaración dijo que los cuadernos existían; en la segunda dijo que los había quemado en la parrilla.
 
"La sorpresiva y reciente aparición de los que, aparentemente, serían los originales de 6 cuadernos, no genera tampoco la certidumbre necesaria para su valoración, toda vez que su presunto autor manifestó haberlos quemado y todavía no se ha podido establecer su autenticidad y valor probatorio", dice el dictamen.
 
Con ese "derrotero de afirmaciones falsas", agrega, "se pueden presumir como mínimo, dudosas las afirmaciones realizadas en sus múltiples declaraciones respecto del modo, tiempo y lugar en el que se confeccionaron las piezas cuestionadas".
 
Por último, Di Lello dice que cuando se indagó a los imputados que llegaron a su fiscalía no se les hizo una descripción precisa de los hechos que se les imputan, de modo que no pueden defenderse y se los priva del debido proceso. Por eso le pide a la jueza Servini que anule las indagatorias y sobresea el caso.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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05-07-2020 / 10:07
Se complica la situación de Daniel "Tano" Angelici, por las escuchas ilegales. El ex presidente de Boca fue un hombre muy cercano a Mauricio Macri y a Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de asuntos jurídicos de la AFI. Su nombre late fuerte en torno a la causa del espionaje ilegal macrista.
 
Las declaraciones en el Congreso de dos altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri indicaron que el área de Jurídicos, cuya tarea eran las relaciones con el Poder Judicial, se transformó en la más importante del organismo.
 
Estaba a cargo del "Enano" De Stéfano, un hombre de Angelici, uno de los operadores judiciales más afilados del macrismo. Esa área concentró desde visitas a jueces con causas que interesaban a las Casas Rosada y hasta las transcripciones de escuchas que terminaban en manos de medios y periodistas serviciales como Luis Majul.
 
Una de las dos personas que declararon en el Congreso fue detenida en el marco de la causa por espionaje ilegal masivo a dirigentes políticos. La otra fue citada como testigo. No son perejiles, sino todo lo contrario.
 
Se trata de Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, respectivamente, quienes ocuparon sucesivamente la Dirección de Contrainteligencia de la AFI. Uno de carrera militar, el otro con  casi dos décadas entre los espías, fueron parte del aparato de inteligencia macrista a la vez que, según relataron, tuvieron diferencias con Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el uso partidario de la agencia.
 
"Todo pasaba por Jurídicos", aseguró y repitió Dalmau Pereyra. "Fue la estructura más fuerte de la gestión Arribas-Majdalani", dijo Coste. Todo lo escucharon los diputados Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade, Cristian Ritondo y el senador Martín Doñate, miembros de la Bicameral de Inteligencia. Eduardo Valdés también participó en el testimonio de Dalmau Pereyra.
 
A Angelici se le atribuye influencia sobre Juan Mahiques, ex viceministro de justicia y representante del Gobierno de Macri en el Consejo de la Magistratura, desde donde aseguran que presionaba a jueces por fallar en contra. Ahora es fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.
 
La Opinión Popular
 

05-07-2020 / 08:07
04-07-2020 / 10:07
04-07-2020 / 09:07
Cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.
 
Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional anti republicano de Cambiemos.
 
Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas y dirigentes sociales.
 
Crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios.
 
No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático. Si hubo o no corrupción durante los gobiernos K quedará en la incógnita porque, en la mayoría de las causas que abrieron, se ve la mano en la trampa. 
 

03-07-2020 / 12:07
En los últimos meses se han reportado 60 abominables hechos delictivos contra silobolsas con granos en campos de productores de diferentes provincias. Las pérdidas significan un perjuicio económico para el productor y los Estados nacional, provincial y municipal que dejan de recaudar a través de impuestos y tasas al no poderse vender. 
 
Ayer la cadena agroindustrial respaldó el proyecto de Ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, para enfrentar al delito rural y pidió un rápido tratamiento en el Congreso. Mientras, sectores de la oposición política, mediática y económica mas gurka encontraron una nueva excusa para atacar al gobierno; esta vez pretenden responsabilizarlo por la perpetración de delitos penales en establecimientos agropecuarios como la rotura de silobolsas.
 
La desmesura de estos renovados ataques al gobierno fueron estimulados por los grandes medios de comunicación porteños. Algunos periodistas no dudaron en atribuir la comisión de esos delitos al kirchnerismo, aunque no se sintieron en la obligación de presentar una sola prueba pese a la gravedad de las imputaciones.
 
Es más, ya van varios días de esta campaña -a la que se sumaron algunas entidades agropecuarias, instituciones económicas, dirigentes políticos y rurales y medios de comunicación afines- sin que nadie pueda aportar evidencias para respaldar las acusaciones. A pesar de ello, nadie bajó el tono de los violentos discursos.
 
En el colmo del extravío, una de las entidades rurales llegó a acusar al presidente de la Nación por su "silencio cómplice", dando a entender que la máxima autoridad política del país está vinculado a los hechos. Una verdadera falta de prudencia y discernimiento.



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