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Nacionales - 25-10-2019 / 11:10
OTRO REVÉS PARA STORNELLI, BONADIO Y MACRI

El fiscal federal Di Lello destrozó la “causa cuadernos” por violar el Estado de Derecho

El fiscal federal Di Lello destrozó la “causa cuadernos” por violar el Estado de Derecho
El fiscal federal Jorge Di Lello sorprendió con un dictamen en el que destroza el modo en que se llevó adelante y se construyó la causa de los cuadernos. Pidió el sobreseimiento de los acusados por la forma en que se construyó la causa Cuadernos, cómo se tomaron las declaraciones de los arrepentidos, las mentiras del chofer Centeno y los impedimentos que se pusieron a la defensa de los acusados.
 
El fiscal federal Jorge Di Lello sorprendió con un dictamen en el que destroza el modo en que se llevó adelante y se construyó la causa de los cuadernos. Denuncia que cuando se tomaron las declaraciones de los arrepentidos se incumplió con la obligación de grabar o filmar las audiencias.
 
Destaca como una gran irregularidad que el expediente se haya armado en función del relato de Oscar Centeno volcado en fotocopias y afirma que no cambia nada la aparición de los originales de los cuadernos sino que -al contrario- muestra que el chofer mintió al decir que los había quemado y debilita sus "aportes ". Cuestiona, además, que a algunos imputados se los indagó sin describirles un hecho concreto que los involucrara.
 
¿Por qué un fiscal de Comodoro Py opina sobre lo que hizo su colega Carlos Stornelli? Di Lello, que tiene competencia electoral, había recibido una causa derivada, donde debía investigar si un grupo de dirigentes de La Cámpora, entre ellos Máximo Kirchner, Eduardo Wado de Pedro y Andrés Larroque, habían utilizado dinero de los supuestos sobornos de la obra pública para "solventar actividades de de naturaleza electoral o vinculadas a la gestión política del gobierno y sus organizaciones satelitales", según las sospechas que señalaba el juzgado.
 
El escrito que presentó ante la jueza María Servini, reclama que sus indagatorias (tomadas en la causa madre pero que dieron origen a este expediente) sean anuladas y ellos sobreseídos.
 
 "En un Estado de Derecho, una investigación no puede llevarse a cabo bajo cualquier circunstancia, sino que tiene que desarrollarse de conformidad con las reglas procesales vigentes", advierte Di Lello en su texto.
 
Y explica que la declaración como arrepentido del ex secretario de Obras Públicas, José López, no cumplió con los requisitos que dispone el artículo 6 de la ley 27.304 (del arrepentido) que dice que "las declaraciones que el imputado arrepentido efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior".
 
El fiscal se detiene en el interrogatorio a López, porque en lo que allí dijo se basaron las imputaciones a De Pedro, Máximo Kirchner, Larroque, José María Ottavis, Julián Alvarez, los ex intendentes Ricardo Ivoskus (San Martín) y Enrique "Japonés" García (Vicente López) y el empresario Sergio Szpolski.
 
En conclusión, el fiscal pidió el sobreseimiento de los acusados por la forma en que se construyó la causa Cuadernos, cómo se tomaron las declaraciones de los arrepentidos, las mentiras del chofer Centeno y los impedimentos que se pusieron a la defensa de los acusados.
 

 
Estado de derecho
 
La audiencia no fue grabada ni filmada, un patrón que se repitió con todos los arrepentidos, que fue cuestionado por varias defensas y que la Cámara Federal toleró. Ese grupo fue sobreseído por el juzgado cuando fue elevada la causa a juicio oral, pero se hizo una "extracción de testimonios" (una suerte de denuncia) para que se analice si hubo alguna infracción o delito electoral. Di Lello dice que se deben anular sus indagatorias y también ser desligados este asunto.
 
La declaración de López, tuvo en su momento un amplio recorrido en los medios afines al Gobierno porque el ex funcionario habló de cartelización en la obra pública, describió supuestos acuerdos de reparto de licitaciones y sobornos, acusó a Julio De Vido y Roberto Baratta, habló de reuniones con Cristina Fernández de Kirchner, y habló de recaudaciones para campañas electorales, donde involucró al grupo de La Cámpora, a los ex intendentes y a Szpolski, como receptores de dinero ilícito.
 
Como es sabido, a lo largo de la causa jamás se probó ni un pago a CFK y buena parte de la "prueba" son relatos. El propio López, mintió en la causa y el juicio sobre los 9 millones de dólares que llevó a un convento en general Rodríguez, ya que cambió al menos tres veces de versión, pese a que se probó que los dólares habían estado en un altillo en su casa. Lo que no se estableció ese el origen del dinero.
 
 
La ley del arrepentido
 
Di Lello fue el primer fiscal en Comodoro Py en aplicar la ley de arrepentido con Alejandro Vandenbroele en el caso Ciccone, contra el ex presidente Amado Boudou. En su dictamen afirma que siempre aplicó los requisitos de la norma que son "esenciales para la validez" de la declaración en juego.
 
"El registro por el medio técnico guarda vital importancia para evaluar las manifestaciones del arrepentido en el tiempo y contexto en el cual se refieren". O sea, al no haber registro, no se sabe si fue presionado, coaccionado, si habló con libertad.
 
"De considerarse la primigenia versión, dejará a este fuero electoral en una irregular situación al no poder analizar la voluntariedad de la manifestación, ni tampoco, frente a los sucesos ocurridos, si los datos guardan directa relación con los hechos pesquisados", dice el fiscal.
 
Para completar su argumentación, cita la discusión parlamentaria previa a la aprobación de la ley donde, señala, "queda a la luz que la recepción en forma escrita no era suficiente".
 
"En la ley -sostiene Di Lello-- se habló de REGISTRO y de MEDIO TECNICO IDONEO DE EVALUACION POSTERIOR (...) lo que el legislador estableció fue, primero tener un registro por un medio independiente del sumario, y segundo, al hablar del medio técnico entendió necesario, que un soporte de las características referidas contuviera la declaración filmada o grabada".
 
Otro punto con el que se mete el fiscal es con el origen de la investigación, a partir de la declaración en la fiscalía de Stornelli del periodista Diego Cabot de La Nación, en el contexto de una causa sobre la importación de Gas Natural Licuado.
 
Luego el fiscal decide separar esas actuaciones y el juez indica que se abra, efectivamente, una causa aparte por haber "diferentes ilícitos", pero se quedan ellos mismos el expediente con el argumento de que hay tres imputados en común, lo que implicaría alguna conexidad.
 
Di Lello le dice que contradice el criterio de la acordada 37/12 de la Cámara Federal y no tiene en cuenta que, por ejemplo, "en todo el fuero federal existen innumerables causas en donde se investiga a los mismos imputados de la causa 9608/18 (de los cuadernos)" y sugiere ver Hotesur, Los Sauces o Ruta del Dinero.
 
Lo que marca el fiscal es que la causa que él recibe, contra un grupo de personas por supuestas cuestiones electorales, nace de otra cuyo origen sería cuestionable.
 
Luego avanza sobre otra cuestión, también ligada a los comienzos, que son cuadernos. "La prueba de cargo que justifica la incriminación en la causa" de los cuadernos "y que resulta el puntapié para llegar al testimonio de José Francisco López" como colaborador "debió ser un hecho comprobable empíricamente, al que se le permita atribuir una consecuencia jurídico penal (...) Sin embargo, la prueba de cargo resultó ser un relato escrito en unos cuadernos cuya materialidad es ontológicamente inexistente, los cuales nunca estuvieron en poder del tribunal, pero sus fotocopias se convirtieron en un elemento histórico incontrovertible para el avance de la investigación".
 
 
Fotocopias u originales
 
"Las fotocopias de los cuadernos motivaron allanamientos y detenciones a partir de la información que aparecía en ellos. Aquellos habrían sido confeccionados con sumo detalle y sin errores de ortografía por el señor Oscar Centeno, un ex militar que venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le había entregado el material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal", recuerdo Di Lello.
 
Y agrega que Bacigalupo dijo que en "un acto de patriotismo" se habría apropiado de los cuadernos para dárselos al periodista Cabot, quien le devolvió dos meses después los originales e hizo la denuncia con fotocopias.
 
Para el fiscal no es un detalle menor que durante la instrucción no se haya podido hacer pericia alguna sobre la antigüedad de la tinta, para ver si las anotaciones datan de las fechas señaladas por Centeno.
 
Porque, dice Di Lello, el chofer ya había mentido: en su primera declaración dijo que los cuadernos existían; en la segunda dijo que los había quemado en la parrilla.
 
"La sorpresiva y reciente aparición de los que, aparentemente, serían los originales de 6 cuadernos, no genera tampoco la certidumbre necesaria para su valoración, toda vez que su presunto autor manifestó haberlos quemado y todavía no se ha podido establecer su autenticidad y valor probatorio", dice el dictamen.
 
Con ese "derrotero de afirmaciones falsas", agrega, "se pueden presumir como mínimo, dudosas las afirmaciones realizadas en sus múltiples declaraciones respecto del modo, tiempo y lugar en el que se confeccionaron las piezas cuestionadas".
 
Por último, Di Lello dice que cuando se indagó a los imputados que llegaron a su fiscalía no se les hizo una descripción precisa de los hechos que se les imputan, de modo que no pueden defenderse y se los priva del debido proceso. Por eso le pide a la jueza Servini que anule las indagatorias y sobresea el caso.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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21-11-2019 / 09:11
En medio de lo que es una grieta en la cadena jerárquica, el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con el nuevo protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo (ILE), publicado ayer en el Boletín Oficial. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, será la encargada de revocar la resolución que firmó el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, al que -varios en el macrismo- acusan de no haber consultado la letra del texto.
 
La resolución 3158/2019 causó casi el mismo revuelo que su posterior anulación. Según fuentes del Poder Ejecutivo, Stanley no fue consultada sobre el protocolo que buscaba reemplazar al que rige desde 2015; "mucho menos el Presidente", que rápidamente respaldó a la ministra para que corrija el escrito a través de otra resolución, que se difundirá hoy, y que le pida la renuncia a Rubinstein.
 
Aunque desde la cartera de Desarrollo Social aseguraron que Stanley "no le pidió la renuncia" al secretario de Salud, en la administración central dan por descontada su salida del ministerio. "Si bien su postura pública siempre fue a favor del aborto, esta vez Rubinstein se cortó sólo", dijeron desde la Casa Rosada.
 
Y agregaron: "Es inentendible que haya tomado semejante decisión cuando faltan veinte días para terminar el gobierno". Lo que hasta ayer nadie logró explicar es cómo el nuevo protocolo llegó a publicarse en el Boletín Oficial sin la anuencia, como mínimo, de la ministra de Desarrollo Social.
 
La postura del secretario de Salud sobre la interrupción voluntaria del embarazo no es un tema menor dentro del Gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que quien está por arriba de él en el escalafón jerárquico tiene una posición contraria a la legalización del aborto. Stanley, al igual que otros funcionarios -incluido el propio jefe de Estado-, dejó entrever en más de una oportunidad cuál era su pensamiento sobre esa cuestión.
 
Uno de los primeros legisladores oficialistas en pronunciarse abiertamente en contra del protocolo para el aborto no punible fue el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, uno de los más activos detractores del proyecto de aborto en esa Cámara, a través de su cuenta de Twitter: "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica".
 
Como sucedió días atrás con el golpe de Estado en Bolivia, desde el radicalismo se diferenciaron de PRO respecto al protocolo, lo que podría abrir una nueva fuente de conflicto entre ambos espacios políticos. Tanto el dirigente radical Ernesto Sanz como el ex diputado de la UCR Ricardo Gil Lavedra brindaron su apoyo públicamente a RubinsteinLa instrucción que habría impartido Macri para anular el nuevo protocolo todavía no fue publicada en el Boletín Oficial.
 
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20-11-2019 / 11:11
El presidente electo, Alberto Fernández, y la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dialogaron telefónicamente sobre la deuda que Argentina tiene con el FMI.
 
Desde el organismo financiero habían pedido en público que Argentina hiciera más ajuste, pero el ganador de las últimas elecciones rechazó la propuesta y pidió un esquema de pago sostenible que permita propiciar el crecimiento económico.
 
"Vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste", sostuvo el comunicado oficial. El futuro jefe de Estado reafirmó: "Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir".
 
"Me han conmovido sus prioridades: la reducción de la pobreza y la lucha contra el hambre en un entorno económico que permita crecer y generar empleo, para mejorar la vida del pueblo argentino", subarayó Georgieva. Ante la respuesta, Fernández aclaró que está "en condiciones de proponer" un acuerdo de pago pero "sin más ajustes".
 
"Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos  asumiendo un compromiso que podamos cumplir", destacó Fernández durante la conversación telefónica.
 
En la misma línea, el Presidente electo subrayó: "Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo".
 
En declaraciones a la agencia Bloomberg, la sucesora de Christine Lagarde había solicitado profundizar una política fiscal restrictiva, que es la misma fórmula que tiene el FMI para todos los países y que ha dado desastrosos resultados. 
 
El presidente electo le reiteró que la Argentina está "en un momento particularmente difícil" e insistió en que "estamos en condiciones de proponer un plan para resolver el problema de la Argentina y poder pagar la deuda con el FMI y el resto de los acreedores".
 
Por su parte, Giorgieva recalcó: "Queremos trabajar con usted atacando el problema de la inflación y promoviendo el crecimiento". Además, se mostró "muy ansiosa de conocer más detalles de su plan (de gobierno), porque cuando un país es dueño de su plan, esos planes son efectivos".
 
La Opinión Popular

19-11-2019 / 09:11
Las modificaciones tributarias realizadas por el gobierno de Mauricio Macri generaron una transferencia de $690.000 millones desde el Estado hacia los más ricos: exportadores del agro, las empresas y las personas físicas con mayores ingresos. Esta dinámica regresiva de la política fiscal impactó en las posibilidades de alcanzar el déficit cero en 2019. En 2020 el rojo primario heredado sería de 1,9% del PBI. Reformas impositivas achicarían la brecha.
 
Un informe publicado por Proyecto Económico calculó el impacto que tuvieron las reformas en bienes personales, derechos de exportación y contribuciones patronales sobre los recursos fiscales. Las decisiones que toman los gobiernos acerca de cómo recaudar y cómo gastar, es decir la política fiscal, son clave en la distribución de los recursos.
 
Con la participación del salario sobre el PBI cayendo al 42,5%, cada vez más lejos del fifty-fifty y de los niveles de los países desarrollados (en Estados Unidos y Canadá supera al 60%), las decisiones impositivas no apuntaron a contrarrestar las desigualdades del mercado. Por el lado del gasto, el ajuste enfocado en los subsidios y en la obra pública también fue regresivo. Con la pobreza trepando cerca del 40% para fines del 2019, el Indec mostró que tampoco hubo mejoras en la cobertura de cloacas, agua potable y acceso a gas de red.
 
Por las reformas en los tres tributos, en 2019 el estado perdió 1,2% del PBI en ingresos, según el cálculo de Proyecto Económico. Esa cantidad habría alcanzado para cerrar el déficit primario, que según privados cerrará el año en 1% del PBI.
 
El informe destacó: "Por el mero efecto de las modificaciones en los impuestos seleccionados, el Estado Nacional dejó de recaudar $483.632 millones, que equivalen a $690.825 millones a precios de 2019. Dependiendo del año, la merma recaudatoria por estos tributos rondó entre 0,5% y 1,2% del PBI. En particular, para el año 2019, nuestra estimación indica que la diferencia recaudatoria para el año 2019 (primeros 3 trimestres), supera el 1% del PBI, diferencia que quizá sea suficiente para el añorado (por el FMI) equilibrio primario".
 
Otro trabajo reciente, de la consultora LCG, indagó en la cuestión de los mermados recursos del estado. Al 1% de rojo primario sobre el PBI proyectado para 2019, habrá que agregarle otro 0,9% en 2020, porque este año hubo privatizaciones para engordar los ingresos y porque la ley de movilidad tendrá impacto en los gastos. Con los acreedores observando todo lo que ocurra en las cuentas públicas, la necesidad de dar señales de achicamiento del rojo fiscal obliga a tomar decisiones. "El Gobierno entrante apelará a la suba de retenciones, a nuevos impuestos al patrimonio, y posiblemente al turismo, y un mayor señoreaje (impuesto inflacionario)" sostuvo.
  
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18-11-2019 / 09:11
Alberto Fernández recibió el viernes por la mañana una de las peores noticias que le depararán para su inminente mandato presidencial: en lo que va del tercer trimestre de este año se incrementó del 7,9% del 2018 al 9,3% de 2019 la cantidad de la población urbana que vive en hogares donde padecen hambre o inseguridad alimentaria severa. No sólo esto. La inseguridad alimentaria en total pasó del 20,2% del 2018 al 22,2% al 2019 en todo el país.
 
Los datos que se desprenden de la encuesta del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA) fueron presentados por el director de ese instituto Agustín Salvia al presidente electo en medio de la reunión por el Consejo de lucha contra el Hambre donde Fernández y el futuro ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reunieron Marcelo Tinelli junto con sectores empresarios, sociales y sindicales para avanzar en un plan de lucha contra la falta de alimentación en la Argentina.
 
Salvia presentó en informe ante la mirada preocupante de Fernández y todo su equipo. A algunos líderes de movimientos sociales o dirigentes de comedores escolares los datos no les llamaron la atención en función del deterioro de la economía, el golpe de la inflación y la ausencia de políticas sociales activas para atender este flagelo, según dijeron.
 
"No vamos a poder llegar a la pobreza cero como se prometió pero en la medida que objetivemos bien el trabajo vamos a poder enfocarnos en sacar a la gente de la pobreza y el hambre", señaló Salvia en un tramo de la primer reunión del Consejo contra el Hambre que participó con el presidente electo y un amplio abanico de referentes sociales, empresariales y sindicales.
 
La encuesta de la UCA también revela una curva ascendente desde el 2017 hasta ahora en lo que respecta a inseguridad alimentaria severa en los hogares argentinos: mientras que en el 2017 era del 5%, en 2018 fue del 6% y en 2019 del 7,4%.
 
En términos técnicos inseguridad alimentaria severa indica "la percepción de experiencias de hambre por parte de alguno de los adultos o niños por problemas económicos durante los últimos 12 meses". Y define a los hogares que experimentaron situaciones de hambre porque no hubo suficiente dinero para comprar alimentos en el último año.

17-11-2019 / 10:11
Lo de Bolivia es una dictadura convalidada, racismo apenas encubierto respecto del indígena, Evo Morales, que vino a ser el presidente más estable y con mejores logros cuantificables de su país. En este Sur nos vamos acostumbrando a los golpes de Estado (más o menos camuflados) y a la decadencia de las democracias recuperadas. Su suscitan remembranzas, comparaciones con un pasado que se imaginaba perimido.
 
El golpe y la renuncia de Evo suscitan reminiscencias de la Revolución Libertadora de 1955 y la renuncia del presidente Juan Perón quien argumentó después que había optado en la disyuntiva entre el tiempo y la sangre. El discurso de Evo al dimitir contiene ecos de esa frase. El fisgoneo acusador en su casa, sus pertenencias reversionan los perpetrados contra Eva Perón.
 
La fluida coyuntura admite que se imaginen, en términos esquemáticos y extremos, dos salidas. Una con elecciones libres, sin proscripciones, inminentes y cese de la represión feroz. La demanda de los bien intencionados o quienes simulan serlo. Otro desemboque posible: con comicios amañados, sin presencia del MAS. O prolongación de la dictadura con cualquier pretexto. Lonardi o Aramburu, estirando un cachito el ansia comparativa. Según la tendencia histórica, los halcones suelen comerse a las palomas.
 
Ya que de revival ominosos hablamos, evoquemos el "cerco" internacional que encerró al gobierno peronista en 1973. Héctor Cámpora asumió en mayo, en junio hubo autogolpe en Uruguay, en septiembre fue asesinado Salvador Allende y asumió Augusto Pinochet. Las dictaduras de Bolivia y Brasil preexistían. Represión, terrorismo de Estado que propició y apoyó Estados Unidos con más desparpajo que hoy en día aunque con similar direccionalidad. La dictadura chilena acentuó el cerco e inspiró a los militares argentinos.
 
Alberto Fernández asumirá rodeado por regímenes de derecha dentro de 23 días. Democracias degradadas en Brasil y Chile, dictadura en Bolivia... Es factible que se sume otro gobierno de derecha en Uruguay, con mejores credenciales que los demás; elecciones libres y nada atroz que criticar, por ahora.
 
Estados Unidos se ha retirado, algo, de Medio Oriente y retornó a nuestros pagos. Los consabidos daños de su intervencionismo pueden volver con esas oscuras golondrinas: exilios masivos y dolorosos. El creciente protagonismo político de las Fuerzas Armadas y las de Seguridad en América Latina mete miedo sin haber tocado techo.
 
La presidenta auto designada Jeanine Núñez carece de legitimidad de origen; propala un discurso violento y excluyente. Camacho, fundamentalista religioso y político, ni participó en las elecciones. La agenda de hoy son las violaciones a derechos humanos, los asesinatos de manifestantes en la calle, la persecución y ataques físicos a políticos ahora opositores. Una dictadura por su origen, su prédica y su praxis.

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