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Nacionales - 01-10-2019 / 09:10
LA MEDIDA ES INCONSTITUCIONAL SEGÚN ABOGADOS Y JUECES LABORALISTAS

Sin piedad: Macri bajó por decreto las indemnizaciones por invalidez y muerte

Sin piedad: Macri bajó por decreto las indemnizaciones por invalidez y muerte
A pocos días de la muerte de un obrero en la terminal aérea de Ezeiza, el Gobierno de Macri redujo el monto de las compensaciones por invalidez o deceso de los trabajadores. Justificó su decisión en los "incrementos desmedidos" que resultan del actual índice con el que se calculan las indemnizaciones.
El gobierno de Mauricio Macri recortó las indemnizaciones por accidentes laborales. Un decreto de necesidad y urgencia (DNU) modificó el mecanismo de actualización de los salarios utilizado para establecer la base de cálculo de las reparaciones que reciben los trabajadores accidentados.
 
Con el objetivo de proteger el negocio financiero de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), la normativa deja de lado la tasa de interés activa del Banco Nación para reemplazarla por la variación del índice Ripte que sigue la evolución de los salarios.
 
Así reemplaza una alícuota que, como consecuencia del ahogo monetario y el desborde financiero, puede superar el 90 por ciento anual por un indicador que, ante los escasos aumentos validados en las paritarias, no solo no empata con la inflación sino que apenas llega al 43 por ciento anual.
 
El esquema de ajuste que ahora busca desmontar fue implementado mediante la cuestionada y resistida reforma que impulsó el propio gobierno de Mauricio Macri a comienzos de 2017. El impacto del DNU 669 será retroactivo y, por lo tanto, perjudicará al cálculo de la indemnización de todos los reclamos abiertos.
 
La medida considerada inconstitucional por abogados y jueces laboralistas consultados por este diario afectará, por ejemplo, la reparación que deberían recibir los trabajadores lesionados y la familia del capataz fallecido tras el colapso de una estructura en el Aeropuerto de Ezeiza la semana pasada.
 
La medida también recorta la actualización prevista para el período de espera entre el cierre del reclamo dentro del sistema y la liquidación de la indemnización. Los cambios no afectan el uso de la tasa de interés activa en aquellos litigios que se inician por fuera del sistema ante la miserabilidad de las reparaciones o la limitación del listado de enfermedades.
 
La medida favorece claramente a las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo) y a las empresas en detrimento de los trabajadores. La intencionalidad manifiesta del decreto que recorta las indemnizaciones de los trabajadores accidentados es garantizar la rentabilidad de las aseguradoras.
 
El gobierno de Macri, después del resultado electoral adverso, no solo esquiva el debate en el Congreso, sino que se propone legislar por DNU.
 
La Opinión Popular

 
La inclusión de la tasa activa del Banco Nación "tuvo la finalidad de incluir una tasa de actualización que evite que los efectos de procesos inflacionarios afecten desfavorablemente la cuantía del monto del ingreso base", sostiene el decreto.
 
Sin embargo, como consecuencia del descalabro financiero inducido por la política económica del gobierno la tasa asciende en la actualidad al 100 por ciento mientras que el índice impuesto por el DNU recorta esa tasa al 43 por ciento, más de 10 puntos por debajo de los aumentos de precios.
 
"La manera en que ulteriormente evolucionaron las variables macroeconómicas que inciden en las tasas bancarias, ha determinado que ese método de ajuste no alcance el fin pretendido y comprometa la estabilidad y continuidad del sistema", advierte el decreto al revelar los motivos detrás de la reducción.
 
La medida impacta sobre el mecanismo de cálculo del "ingreso base". Para determinar ese valor se toma el promedio mensual de todos los salarios del trabajador durante el año anterior al accidente o enfermedad actualizados mes a mes aplicando desde ahora el índice Ripte.
 
Ese "ingreso base" luego se conjuga con el "porcentaje de incapacidad" determinado por el sistema para alcanzar el monto de la reparación monetaria que le corresponde al trabajador (o su familia en caso de fallecimiento).
 
"El ajuste de las obligaciones de las Aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema, haciendo que las indemnizaciones que les corresponden, legalmente orientadas a la finalidad reparadora de los daños sufridos por ellos, generen rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma", sostiene el decreto al indicar que las reparaciones pagadas por el sistema son "demasiado elevadas".
 
Así, en línea con las transformaciones impulsadas a lo largo de los últimos años por el gobierno, las soluciones planteadas para terminar con la "elevada litigiosidad" o "altos costos laborales" no pasan por garantizar el pago de reparaciones justas, ampliar el listado de enfermedades contempladas por el sistema ni reparar la ausencia de prevención y seguridad laboral.
 
La fórmula reside en garantizar la rentabilidad de las aseguradoras. "La perjudicial asimetría de tratamiento entre los pasivos y activos de las compañías de seguros podría provocar un riesgo sistémico que la presente medida buscar evitar", agita el decreto al argumentar el recorte en las indemnizaciones.
 
 
Inconstitucional
 
"Es muy grave. Es un decreto que contempla como sujeto tutelado a las ART. Parece que los accidentados son inversores. Estamos ante una transferencia de ingresos desde los trabajadores a las empresas aseguradoras", advirtió a PáginaI12 la secretaria general de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, María Paula Lozano, al remarcar la persistencia de problemas estructurales en el sistema de riesgos del trabajo creado a mediados de los '90 en pleno auge flexibilizador. "La ley de riesgos del trabajo solo compensa un daño: el lucro cesante por el siniestro mientras que ignora un amplio espectro de daños y dolencias. Las modificaciones que menguan las indemnizaciones son inconstitucionales", consideró Lozano.
 
"Es una barbaridad jurídica. Modifican una ley por decreto para eliminar el único elemento 'positivo' que tenía la reforma del sistema de riesgos del trabajo de 2017 cuando se estableció la aplicación de la tasa activa para las indemnizaciones. Las modificaciones pasan a usar el Ripte. Utilizar como pauta la actualización de los salarios en un contexto de ajuste y recesión implica un recorte en el cálculo de las indemnizaciones", explicó a este diario el abogado Gastón Valente.
 
Por su parte, el abogado laboralista Gustavo Ciampa considera que "el gobierno busca preservar el negocio de las ART a costa de los laburantes que se accidenten en el futuro y los que están pendientes de cobrar ya que el DNU establece una implementación retroactiva. Es inconstitucional porque no hay necesidad ni urgencia. Además afecta el principio de progresividad: constituye una regresión en los derechos de los trabajadores".
 
Por Tomás Lukin
 
Fuente: Página12
 

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07-08-2020 / 10:08
Aunque hace tiempo que nadie en el poder se lo toma demasiado en serio ni le pide opinión, Guillermo Moreno pudo haber sido la excepción que confirmara la regla. El acuerdo que enhebró Martín Guzmán con los acreedores privados para aplazar y aliviar los pagos de la deuda jamás haría desdecirse al pintoresco exsecretario de Comercio, quien semanas atrás vaticinó que fracasaría porque le faltaba "haber pateado más la calle".
 
En el mundo empresario, entre los apostadores bursátiles y entre los consultores más cotizados de la City, en cambio, no hubo ningún reparo para la pirueta: hasta quienes le pedían el mes pasado a Alberto Fernández que lo eche -en público y en privado- se vistieron de guzmanistas de la primera hora. Todos salieron a gritar el gol que añoraban tanto la hinchada como el técnico, aun cuando está lejos de haber definido el partido.
 
Puertas adentro de la coalición, el primero en cantarlo fue Sergio Massa, quien no solo había convocado varias veces durante abril y mayo a su propio gabinete económico para interconsultas sino quien además entabló diálogos paralelos con Wall Street que obligaron al Presidente a avisar en tres ocasiones que el único interlocutor oficial era Guzmán.
 
Pasado pisado: tanto se apuró el jefe de Diputados en sacar pecho por el entendimiento que incluso primereó a Fernández. Pidió disculpas.
 
El recorrido de Guzmán antes del cierre de las negociaciones reflejó fielmente el equilibrio de fuerzas en el Frente de Todos
 

07-08-2020 / 10:08
En plena recesión y en medio del proceso de flexibilización de las restricciones por la pandemia, el debate sobre cómo sería la recuperación de la economía toma vigencia. ¿Cómo será? ¿Un dibujo en V? ¿Será acaso más apaisada? ¿O la Argentina estará condenada a convivir con una L, en el mejor de los casos, castigada por la crisis permanente?
 
Ese debate se mezcla con la política. María Eugenia Vidal, por caso, levantó el perfil público el jueves por la mañana en un "zoom" en el que planteó -en base a su economista de cabecera, Hernán Lacunza, que la economía caerá este año un 12%, pero que en 2021 no podrá recuperar lo perdido.
 
Más optimista, el economista Emmanuel Álvarez Agis -cercano ideológicamente a la Casa Rosada- cree que la actividad se recuperará pero para asegurarlo reclama una mayor y decisiva participación del Estado, a través del gasto público.
 
"Ahora que arreglamos con los acreedores llegó el momento de gastar. En la pandemia, hay que gastar más. El Estado argentino gasta la mitad que su par de Chile o Perú. Y mucho menos que Brasil", argumenta Agis.
 
Desde Economía se aboga por un ordenamiento fiscal, de cara a las inminentes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Pero no sólo por eso. Martín Guzmán demostró desde un primer momento que valora la cautela a la hora de programar el gasto público, lo que quedó a la vista cuando se suspendió la actualización automática de las jubilaciones.
 
En el Gobierno creen que esta semana fue la mejor desde que Alberto Fernández se puso la banda presidencial.
En el equipo económico sospechan que la buena onda perdurará. Y no lo avalan por una cuestión de fe religiosa. Los funcionarios comparten algunos de los datos positivos de la actividad, que los sorprendió gratamente a ellos mismos.
 
Juzgan, sin temor a hacerlo con premura, que se trata de los primeros indicios de una recuperación veloz. Incluso destacan la "V corta" de la palabra "veloz".
 

06-08-2020 / 11:08
La valiente fiscal Gabriela Boquin, quien llevó adelante la acusación contra la familia Macri en la causa Correo Argentino, denunció este miércoles ante una comisión bicameral que una empleada de su fiscalía "le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa al diputado (del Pro) Pablo Tonelli" y que al denunciar esa situación ante su superior, el Procurador interino, Eduardo Casal, "no tomó ninguna medida al respecto".
 
Boquin expuso este miércoles ante la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. La semana pasada, Casal, quien asumió como jefe de los fiscales durante la gestión de Cambiemos, le inició un sumario administrativo por supuesto maltrato y mobbing laboral a ex empleados de la fiscalía.
 
La comisión bicameral tiene previsto volver a reunirse en diez días para tratar una serie de denuncias y pedidos de juicio político contra Casal por supuestas arbitrariedades en traslados y medidas disciplinarias contra fiscales que investigaban al macrismo.
 
En su presentación, la fiscal Boquin, que interviene en una de las causas más complicadas para el ex presidente y su familia, dijo: "Es falaz decir que se retiraron de mis dependencias por maltratos o pidieron traslados. Esto no existió. Es más, a una de las testigos el traslado lo pedí yo".
 
Y amplió Boquin que realizó ese pedido "por falta de confianza" de la empleada de su fiscalía tras "descubrir que le entregaba documentación en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino al diputado Pablo Tonelli".
 
"Esa documentación que le pasaba y que le iba comunicando los pasos del expediente a Tonelli estaban relacionados con su propia vinculación en la causa porque cuando yo denuncié el vaciamiento, estaban las facturas de Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino", agregó la fiscal. 
 

06-08-2020 / 10:08
"La cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) impartió órdenes a un grupo de agentes orgánicos e inorgánicos quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal consistentes en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas por el solo hecho de su pertenencia político-partidaria, social, sindical y/o cultural".
 
Con estas frases contundentes, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, procesó a los directores de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por espionaje ilegal, abuso de autoridad y falsificación de documentos. La suma de los delitos establece penas de hasta 12 años de prisión. Al mismo tiempo, el juez les prohibió la salida del país, retuvo sus pasaportes y los embargó por dos millones de pesos. Y Mauricio Macri, ¿para cuándo?
 
Eso sí, no ocurrió como en los cuatro años anteriores: no los fueron a buscar a sus casas a la medianoche o a la madrugada, no les pusieron chaleco antibalas ni casco ni convocaron a las cámaras de televisión, pese a que los delitos prevén penas como las señaladas, superiores a las previstas en las causas contra los ex funcionarios y empresarios detenidos en tiempos de Macri.
 
Como ocurre en casi todas las causas que tienen imputados macristas, la defensa principal consiste en tratar de llevar el expediente a los tribunales de Comodoro Py, donde juegan de locales. Es a lo que apuestan las ex autoridades de la AFI. Se sabe que en el edificio de Retiro encuentran cobijo judicial-mediático-político aunque sea para empantanar las cosas por unos años.
 

05-08-2020 / 13:08
Cada vez que alguna selección argentina, del deporte que sea, llega a la final de algún torneo importante, la televisión se llena de especialistas en. Los argentinos fueron especialistas en rally dakar, rugby, handball, judo. También en ciencia forense con el caso Nisman y en infectología con la covid-19.
 
En el día del cierre del acuerdo de deuda  entre el gobierno y los tenedores de bonos en dólares bajo legislación extranjera, muchos argentinos, los funcionarios que participaron de un gobierno que endeudó al país por 96.602 millones de dólares, pasando de representar un 52 al 81 por ciento del PBI, también se animaron a opinar.
 
Sin ninguna vergüenza, miembros del equipo económico de Mauricio Macri, que lideraron el mayor ciclo de endeudamiento de la economía argentina hasta desembocar en un default virtual, salieron a opinar de la negociación exitosa del ministro Martín Guzmán.
 
"Se podría haber logrado un acuerdo mejor. Como Ecuador: más rápido, mayor alivio de intereses, mayores plazos y quita de capital. Pero ya está: con acuerdo no alcanza; sin acuerdo no arranca. Ahora a ponerle todo el diálogo y toda la energía para salir de esta dolorosa recesión", twitteó el ex Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay.
 
Puede que Prat-Gay quiera tomar de referencia la rapidez con la que cerró la negociación con los fondos buitre que, luego de haber litigado quince años contra la Argentina, se beneficiaron con una ganancia de 1600 por ciento gracias al acuerdo que alcanzó con el gobierno que a su vez implicó un endeudamiento para el país del orden de los 16.500 millones de dólares. "Chau default, arranca una nueva etapa", celebraba el flamante ministro en aquel entonces. Era verdad, empezaba en aquel entonces la etapa del presidente que más se endeudó de los últimos 50 años. 
 

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