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Paraná - 10-07-2019 / 08:07
CRISIS DEL 2001

El fin del gobierno de De la Rúa y los asesinatos de tres jóvenes en Paraná

El fin del gobierno de De la Rúa y los asesinatos de tres jóvenes en Paraná
El final de la gestión del ex presidente Fernando De la Rúa quedó marcado con los asesinatos de tres jóvenes en Paraná: Romina Ituraín, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez. En el marco del Estado de Sitio, con saqueos y cacerolazos, cayeron por la represión de la Policía de Sergio Montiel.
 
La traumática salida del gobierno del radical Fernando De la Rúa, fallecido este martes en Capital Federal, quedó impresa en la memoria colectiva de la Argentina por la profunda crisis económica, política y social de diciembre de 2001.
 
Entre Ríos fue epicentro de saqueos, protestas y una represión policial que dejó tres víctimas fatales, bajo el mandato del también fallecido ex gobernador radical Sergio Montiel. El saldo fatal fue de tres muertes jóvenes: Romina Ituraín, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez.
 
 
Días finales
 
El 1° de diciembre de 2001 el gobierno de la Alianza instauró el corralito financiero. Por DNU, a sugerencia del ministro de Economía, Domingo Cavallo, sólo se permitía sacar de los bancos hasta 250 pesos o dólares por semana y por persona.
 
El 9 de diciembre Cavallo anunció un duro plan de ajuste. Cuatro días después, el 13 de diciembre, con un 80% de acatamiento se realizó un contundente paro general.
 
El 18 de diciembre empezaron los saqueos. Se registraron en varias ciudades de Entre Ríos, así como en el conurbano bonaerense y otras provincias como Córdoba.
 
El 19 de diciembre se realizó el primer cacerolazo en Capital Federal, se multiplicaron los saqueos y renunció Cavallo. Ese día murieron 13 personas en el interior. A la noche, la Plaza de Mayo en Capital Federal se llenó con un cacerolazo tras el dictado del estado de sitio.
 
El 20 de diciembre la violenta represión delarruísta y de gobernadores terminó con más muertes en Plaza de Mayo y en las provincias. La cuenta de muertos subió a 39.
 
Ese día a las 19.52, De la Rúa abandona la Casa Rosada en helicóptero después de renunciar al cargo. Ramón Puerta, presidente provisional del Senado, convoca a la Asamblea Legislativa.
 
 
Represión y muertes en Paraná
 
Uno de los capítulos más nefastos de la capitulación de la Alianza se escribió en la capital entrerriana. Bajo las órdenes del gobernador Montiel y en el marco del Estado de Sitio dictado por De la Rúa, la Policía provincial desplegó violentos operativos en las puertas y alrededores de algunos supermercados.
 
El saldo fatal fue de tres muertes jóvenes: Romina Ituraín, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez.
 
Eloísa, de 13 años, se había acercado hasta el supermercado Abud de calle San Juan junto a sus hermanos y algunos vecinos del barrio Maccarone para pedir algo de comida. Desde un Duna blanco de la policía les dispararon y una bala impactó en la nuca de la niña.
 
Romina Iturain estaba de visita en la casa de una prima que vivía cerca del supermercado Wal Mart. A ese lugar llegó un grupo de personas que venía de reclamar en la puerta del comercio y comenzó a ser seguida por la Policía. Estaba dentro del domicilio cuando una bala la alcanzó, registró UNO. Tenía 16 años. Murió antes de llegar al Hospital San Martín.
 
José Daniel Rodríguez tenía 25 años y era militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). En los últimos meses había estado al frente de varias movilizaciones y enfrentamientos contra la Policía. Luego de la represión de las jornadas del 19 y el 20 estuvo algunos días desaparecido.
 
Su cadáver fue encontrado detrás del supermercado Wal Mart, en el Parque Varisco, once días después de la represión. Habían dejado su cuerpo debajo de unos neumáticos, golpeado y quemado. Se determinó que el joven había muerto el 19 de diciembre. Aunque su muerte quedó impune, la vinculación con la represión desatada por aquellos días fue evidente.
 
 
Justicia
 
Solamente en uno de los casos de Paraná se condenó al autor material. Se trata del cabo Silvio Martínez, responsable de la muerte de Eloísa Paniagua. En 2009 accedió al beneficio de la libertad condicional y en 2011 terminó de cumplir la pena.
 
La gestión de la crisis llevó a un frustrado juicio político al entonces gobernador radical Sergio Montiel, como responsable político del accionar de la Policía provincial. Sin embargo, ni el mandatario radical, ni su ministro de Gobierno, Enrique Carbó, ni el entonces jefe de Policía, Victoriano Ojeda, cayeron como responsables de la represión.
 
Fuente: Informe Digital
 
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Ayer por la mañana, en Paraná, comenzó la primera audiencia del juicio oral por presunto financiamiento de una banda dedicada al narcotráfico que se sigue al intendente local, Sergio Varisco, una ex policía, un concejal y otros 31 imputados.
 
Antes del inicio de la jornada, el fiscal José Candiotti aseguró que hay "prueba irrefutable de la actividad que se desarrollaba" con anuencia y participación de funcionarios municipales, y que de acuerdo con la acusación incluía un pacto con un proveedor de droga para financiar y facilitar la venta en Paraná, Concordia y Ciudad de Buenos Aires.
 
Entre esas actividades acreditadas, recordó el fiscal, se encuentra "la llegada de una avioneta con un cargamento de más de 300 kilos de estupefacientes" para cuyos aterrizaje "hasta hubo que alquilar campos para la pista clandestina". El detalle de la prueba incluye, también, dinero, seguimientos, cateos y escuchas telefónicas.
 
Varisco, que insólitamente sigue en su puesto de intendente, llegó a los tribunales al mediodía, en medio de un despliegue de policías y gendarmes. Al ingresar al edificio donde funciona el Tribunal Oral Federal (TOF), el funcionario aseguró que se siente "muy tranquilo de mi pasado, presente y futuro". Poco antes, por redes sociales, había señalado que la jornada era "clave" para su carrera política. "El intendente que votaron es un hombre inocente", remató.
 
A media mañana declaró la ex policía y subsecretaria de Seguridad municipal Griselda Bordeira, considerada por la acusación como "adquiriente colaboradora" en el esquema ilícito. Entre los imputados también se encuentra Daniel "Tavi" Celis, señalado como líder de la organización y cuya pareja, Luciana Lemos, también declaró ante el tribunal, al que llegó como autora del cuaderno con anotaciones detalladas de las operaciones que vinculaban a políticos y tráfico de drogas.
 
En el juicio se unificaron dos causas: una por el hallazgo de estupefacientes en una avioneta; la otra por la utilización de fondos, infraestructura y camiones de la Municipalidad de Paraná para la distribución de cocaína en Entre Ríos y otras provincias. Los hechos delictivos en la comuna comenzaron con la asunción de Varisco como intendente, en diciembre de 2015.
 
En el texto de la elevación a juicio, el juez federal Leandro Ríos acusó a Varisco de haber hecho "un acuerdo" con Celis para comercializar estupefacientes. Varisco, Bordeira y el concejal Pablo Hernández están procesados por "financiamiento, comercialización y adquisición de material estupefaciente". El intendente está acusado también de "peculado".
 
Según la acusación, Varisco "se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar el comercio de estupefacientes". Como parte del acuerdo, Celis y Varisco, "comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada".
 
La Opinión Popular

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