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Paraná - 10-07-2019 / 08:07
CRISIS DEL 2001

El fin del gobierno de De la Rúa y los asesinatos de tres jóvenes en Paraná

El fin del gobierno de De la Rúa y los asesinatos de tres jóvenes en Paraná
El final de la gestión del ex presidente Fernando De la Rúa quedó marcado con los asesinatos de tres jóvenes en Paraná: Romina Ituraín, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez. En el marco del Estado de Sitio, con saqueos y cacerolazos, cayeron por la represión de la Policía de Sergio Montiel.
 
La traumática salida del gobierno del radical Fernando De la Rúa, fallecido este martes en Capital Federal, quedó impresa en la memoria colectiva de la Argentina por la profunda crisis económica, política y social de diciembre de 2001.
 
Entre Ríos fue epicentro de saqueos, protestas y una represión policial que dejó tres víctimas fatales, bajo el mandato del también fallecido ex gobernador radical Sergio Montiel. El saldo fatal fue de tres muertes jóvenes: Romina Ituraín, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez.
 
 
Días finales
 
El 1° de diciembre de 2001 el gobierno de la Alianza instauró el corralito financiero. Por DNU, a sugerencia del ministro de Economía, Domingo Cavallo, sólo se permitía sacar de los bancos hasta 250 pesos o dólares por semana y por persona.
 
El 9 de diciembre Cavallo anunció un duro plan de ajuste. Cuatro días después, el 13 de diciembre, con un 80% de acatamiento se realizó un contundente paro general.
 
El 18 de diciembre empezaron los saqueos. Se registraron en varias ciudades de Entre Ríos, así como en el conurbano bonaerense y otras provincias como Córdoba.
 
El 19 de diciembre se realizó el primer cacerolazo en Capital Federal, se multiplicaron los saqueos y renunció Cavallo. Ese día murieron 13 personas en el interior. A la noche, la Plaza de Mayo en Capital Federal se llenó con un cacerolazo tras el dictado del estado de sitio.
 
El 20 de diciembre la violenta represión delarruísta y de gobernadores terminó con más muertes en Plaza de Mayo y en las provincias. La cuenta de muertos subió a 39.
 
Ese día a las 19.52, De la Rúa abandona la Casa Rosada en helicóptero después de renunciar al cargo. Ramón Puerta, presidente provisional del Senado, convoca a la Asamblea Legislativa.
 
 
Represión y muertes en Paraná
 
Uno de los capítulos más nefastos de la capitulación de la Alianza se escribió en la capital entrerriana. Bajo las órdenes del gobernador Montiel y en el marco del Estado de Sitio dictado por De la Rúa, la Policía provincial desplegó violentos operativos en las puertas y alrededores de algunos supermercados.
 
El saldo fatal fue de tres muertes jóvenes: Romina Ituraín, Eloísa Paniagua y José Daniel Rodríguez.
 
Eloísa, de 13 años, se había acercado hasta el supermercado Abud de calle San Juan junto a sus hermanos y algunos vecinos del barrio Maccarone para pedir algo de comida. Desde un Duna blanco de la policía les dispararon y una bala impactó en la nuca de la niña.
 
Romina Iturain estaba de visita en la casa de una prima que vivía cerca del supermercado Wal Mart. A ese lugar llegó un grupo de personas que venía de reclamar en la puerta del comercio y comenzó a ser seguida por la Policía. Estaba dentro del domicilio cuando una bala la alcanzó, registró UNO. Tenía 16 años. Murió antes de llegar al Hospital San Martín.
 
José Daniel Rodríguez tenía 25 años y era militante de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). En los últimos meses había estado al frente de varias movilizaciones y enfrentamientos contra la Policía. Luego de la represión de las jornadas del 19 y el 20 estuvo algunos días desaparecido.
 
Su cadáver fue encontrado detrás del supermercado Wal Mart, en el Parque Varisco, once días después de la represión. Habían dejado su cuerpo debajo de unos neumáticos, golpeado y quemado. Se determinó que el joven había muerto el 19 de diciembre. Aunque su muerte quedó impune, la vinculación con la represión desatada por aquellos días fue evidente.
 
 
Justicia
 
Solamente en uno de los casos de Paraná se condenó al autor material. Se trata del cabo Silvio Martínez, responsable de la muerte de Eloísa Paniagua. En 2009 accedió al beneficio de la libertad condicional y en 2011 terminó de cumplir la pena.
 
La gestión de la crisis llevó a un frustrado juicio político al entonces gobernador radical Sergio Montiel, como responsable político del accionar de la Policía provincial. Sin embargo, ni el mandatario radical, ni su ministro de Gobierno, Enrique Carbó, ni el entonces jefe de Policía, Victoriano Ojeda, cayeron como responsables de la represión.
 
Fuente: Informe Digital
 
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El presidente Mauricio Macri visitó, en la mañana de este miércoles en Entre Ríos, las nuevas instalaciones de un frigorífico, en la previa a la Cumbre del Mercosur que se realizará en Santa Fe.
 
La empresa Frigorífico Alberdi, de la localidad de Oro Verde, especializada en la producción de cortes cárnicos enfriados y congelados, instaló recientemente una línea de faenado y desposte de carne kosher, que le permite cumplir con los protocolos para exportar a Israel.
 
En su recorrida por el frigorífico de Oro Verde, Macri intentó politizar el repudiable ataque al intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein. "Estoy convencido que es desde este lugar, respetándonos y sin agresiones, porque lo que vivió Hein es algo que no existe en la política porque no queremos este tipo de violencia, sino que queremos escucharnos y trabajar en equipo", mencionó en relación al incidente denunciado. "Vamos juntos porque juntos, los argentinos somos imparables", arengó.
 
Sobre el incendio en la casa del precandidato a diputado nacional y presidente del PRO Entre Ríos, circularon versiones contrapuestas. Fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien apuntó por el hecho a un "ultra K". En la misma línea se expresó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, al calificar el "ataque" como "un hecho de violencia política".
 
Sin embargo, Hein apuntó al nivel de "intolerancia" que atraviesa la sociedad en general y desvinculó al peronismo del incidente que sufrió por una supuesta rivalidad partidaria. "Hay que separar la paja del trigo", sentenció.
 
Con el correr de las horas, se comprobó que la más fehaciente fue la que sostuvo la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, quien negó que se haya tratado de un ataque político y desautorizó a la polémica Bullrich, por haber promovido "un uso electoral" del hecho, al haber sostenido que su perpetrador había sido "un militante ultra K", lo cual finalmente se descartó.
 
La Opinión Popular
 

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