21:59 | Jueves 18 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Internacionales - 17-06-2019 / 18:06
EFEMÉRIDES POPULARES
Matanza en las cárceles del Perú
La noche del 18 de junio de 1986, se produjo en los Centros Penitenciarios de Lurigancho y El Frontón, la matanza más horrenda de presos que se conoce en la historia social del Perú. Un número nunca precisado de personas privadas de su libertad, pero que se calcula en 350, fue asesinado luego de un motín carcelario.
El 18 de junio de 1986, a las seis de la mañana, los presos por terrorismo de las cárceles de San Juan de Lurigancho (presos comunes), en el Pabellón Azul de la isla penal de El Frontón (subversivos) y Santa Bárbara (mujeres), que poseían un control tácito al interior de los centros, se amotinaron en forma coordinada y tomaron como rehenes a los guardias de las cárceles y a tres periodistas.
Los amotinados en las tres cárceles presentaron un pliego único de 26 demandas, la mayoría relacionada a mejoras en las condiciones de vida de los prisioneros y la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad encargada de las prisiones en el país. Alan García y los miembros de su gobierno fueron tomados desprevenidos por el incidente.
La iglesia Católica peruana en el documento publicado el 19 de junio de 1986 y titulado Masacre de los penales de Lima relata: "En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El consejo de ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara -cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas.
En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa".
Fue el asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva en Perú.
La Opinión Popular
Los amotinados en las tres cárceles presentaron un pliego único de 26 demandas, la mayoría relacionada a mejoras en las condiciones de vida de los prisioneros y la disolución del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad encargada de las prisiones en el país. Alan García y los miembros de su gobierno fueron tomados desprevenidos por el incidente.
La iglesia Católica peruana en el documento publicado el 19 de junio de 1986 y titulado Masacre de los penales de Lima relata: "En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El consejo de ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara -cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas.
En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa".
Fue el asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva en Perú.
La Opinión Popular
Se conoce como la Matanza de los penales a una serie de acciones militares ocurridas en el Perú entre el 18 y el 19 de junio de 1986 a raíz del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo recluidos en las prisiones de San Juan de Lurigancho y El Frontón y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, ubicadas en las provincias de Lima y de Callao. La respuesta policial y militar con la que se reprimió este motín tuvo como resultado la pérdida de casi 300 vidas entre los amotinados.
En este hecho, que ha sido calificado como de el asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva de la década de los años 1980 por parte de las organizaciones políticas, consideradas por los partidarios del ex presidente Alan García como "no neutrales", y por el organismo estadounidense de vigilancia de los derechos humanos Americas Watch, estuvo implicado el entonces presidente peruano Alan García, lo mismo que Luis Giampietri, entonces uno de los jefes de la Marina de Guerra del Perú.
Según indica el propio ex presidente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú no ha hallado responsabilidad personal alguna atribuible a su persona habiendo respondido durante más de 20 años a la justicia acerca de esto y en todo momento se le ha encontrado inocente.
La iglesia Católica peruana en el documento publicado el 19 de junio de 1986 y titulado Masacre de los penales de Lima relata:
En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El consejo de ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara -cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa.
Según algunas opiniones las acusaciones fueron apoyadas por los gobiernos de los presidentes Alberto Fujimori y Alejandro Toledo.
En la historia moderna del Perú se han dado más casos de víctimas entre los presos, es particular durante todos los gobiernos civiles que sucedieron al régimen del general Juan Velasco Alvarado, pero el elevado número de víctimas de estos sucesos causó gran conmoción tanto en el país como en el extranjero.
Según afirma la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
En el caso de El Frontón, encargado a la Marina de Guerra, las acciones se extendieron un día más y fueron las más violentas porque fue el único lugar donde los amotinados tenían tres armas de fuego modernas y muchos proyectiles de fabricación artesanal4
En los hechos acaecidos en el penal de El Frontón hay, al menos dos casos, en que murieron personas que habían sido declaradas inocentes, tal y como la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en su sentencia del 16 de agosto de 2000.
La sangrienta campaña terrorista del grupo subversivo peruano Sendero Luminoso contra la población civil indefensa, las autoridades, la infraestructura (puentes, postas médicas, torres de alta tensión, etc.) había ido en alza desde 1983 y era responsable de la muerte de miles de habitantes de las regiones rurales del Perú.
El Ejército peruano, comisionado por el gobierno para combatir esta amenaza, ocasionó igualmente una dura campaña de represión contra los terroristas, en la que asimismo se vulneraron los derechos humanos de la población campesina, sospechosa de colaborar con los subversivos.
Al inicio de su gobierno, el presidente peruano Alan García mostró interés en cambiar la estrategia contrasubversiva ejecutada por su antecesor, el presidente Fernando Belaúnde Terry, con el fin de reducir las agresiones sufridas por la población rural, llegando a convocar a la sociedad civil para proponer soluciones a este grave problema.
Los sucesos ocurridos en las prisiones, sin embargo, volvieron a poner el tema de la violación de los derechos humanos en el centro de la atención nacional e internacional.
Fuente: Wikipedia
En este hecho, que ha sido calificado como de el asesinato masivo más grande durante la lucha contrasubversiva de la década de los años 1980 por parte de las organizaciones políticas, consideradas por los partidarios del ex presidente Alan García como "no neutrales", y por el organismo estadounidense de vigilancia de los derechos humanos Americas Watch, estuvo implicado el entonces presidente peruano Alan García, lo mismo que Luis Giampietri, entonces uno de los jefes de la Marina de Guerra del Perú.
Según indica el propio ex presidente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú no ha hallado responsabilidad personal alguna atribuible a su persona habiendo respondido durante más de 20 años a la justicia acerca de esto y en todo momento se le ha encontrado inocente.
La iglesia Católica peruana en el documento publicado el 19 de junio de 1986 y titulado Masacre de los penales de Lima relata:
En la madrugada del 18, los detenidos de los penales de El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, en Lima, se amotinan y toman rehenes. El consejo de ministros y el presidente Alan García deciden encargar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas la restauración del orden. En Santa Bárbara -cárcel de mujeres- interviene la Guardia Republicana. Las rehenes son liberadas. Hay dos reclusas muertas. En Lurigancho intervienen el Ejército y la Guardia Republicana. Al amanecer del 19 un rehén es liberado. Los ciento veinticuatro reclusos -según el informe oficial- son fusilados después de rendirse. En el Frontón, la operación se encomienda a la Marina, que bombardea el Pabellón Azul durante todo el día. Sobreviven treinta internos, que se rinden. Eran alrededor de doscientos detenidos. En todo el proceso se impide el acceso a las autoridades civiles: jueces, fiscales, directores de penales. Tampoco la prensa.
Según algunas opiniones las acusaciones fueron apoyadas por los gobiernos de los presidentes Alberto Fujimori y Alejandro Toledo.
En la historia moderna del Perú se han dado más casos de víctimas entre los presos, es particular durante todos los gobiernos civiles que sucedieron al régimen del general Juan Velasco Alvarado, pero el elevado número de víctimas de estos sucesos causó gran conmoción tanto en el país como en el extranjero.
Según afirma la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
En el caso de El Frontón, encargado a la Marina de Guerra, las acciones se extendieron un día más y fueron las más violentas porque fue el único lugar donde los amotinados tenían tres armas de fuego modernas y muchos proyectiles de fabricación artesanal4
En los hechos acaecidos en el penal de El Frontón hay, al menos dos casos, en que murieron personas que habían sido declaradas inocentes, tal y como la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en su sentencia del 16 de agosto de 2000.
La sangrienta campaña terrorista del grupo subversivo peruano Sendero Luminoso contra la población civil indefensa, las autoridades, la infraestructura (puentes, postas médicas, torres de alta tensión, etc.) había ido en alza desde 1983 y era responsable de la muerte de miles de habitantes de las regiones rurales del Perú.
El Ejército peruano, comisionado por el gobierno para combatir esta amenaza, ocasionó igualmente una dura campaña de represión contra los terroristas, en la que asimismo se vulneraron los derechos humanos de la población campesina, sospechosa de colaborar con los subversivos.
Al inicio de su gobierno, el presidente peruano Alan García mostró interés en cambiar la estrategia contrasubversiva ejecutada por su antecesor, el presidente Fernando Belaúnde Terry, con el fin de reducir las agresiones sufridas por la población rural, llegando a convocar a la sociedad civil para proponer soluciones a este grave problema.
Los sucesos ocurridos en las prisiones, sin embargo, volvieron a poner el tema de la violación de los derechos humanos en el centro de la atención nacional e internacional.
Fuente: Wikipedia
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