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Nacionales - 27-03-2019 / 09:03
PARA MACRI, TODO PÉRDIDAS

4 a 1: La Corte Suprema declaró inconstitucional el Impuesto a las Ganancias para jubilados

4 a 1: La Corte Suprema declaró inconstitucional el Impuesto a las Ganancias para jubilados
La Corte Suprema volvió a fallar contra la postura del gobierno de Mauricio Macri con el voto de todos sus integrantes menos el de su presidente, Carlos Rosenkrantz. La decisión alcanzaría a 300.000 jubilados. El Estado no puede ser “insensible al momento de definir su política fiscal”, aseguran.
El gobierno de Mauricio Macri salió a minimizar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el cobro del abusivo impuesto a la Ganancias alcanzadas por las jubilaciones. Desde el ministro de Hacienda, que conduce Nicolás Dujovne, dijeron que se trata de un "impacto marginal" porque sólo el 2% de los jubilados de Anses gana más de 6 jubilaciones mínimas. Esta cifra significa aproximadamente a 150 mil personas.
 
La sentencia del máximo tribunal tiene que ver con un caso específico de una mujer entrerriana, María Isabel García, que había tenido un fallo a favor de la Cámara de Apelaciones de Paraná.
 
El fallo tiene un fuerte impacto político por lo que puede implicar para el Gobierno una decisión de la Corte tras la titularidad de Carlos Rosenkrantz, ex abogado del multimedios ultra macrista Clarín, el único de que votó en una postura contraria al resto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. 4 a 1 perdió Macri.
 
El incoherente Rosenkrantz, apenas unos meses atrás rechazó que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias a menos que "ganen como un abogado con éxito". A partir de ahora se puede abrir un abanico de nuevas demandas judiciales respecto a que no le corresponde a los adultos mayores pagar ese tributo.
 
El fallo significa que el Estado dejará de percibir el ingreso mensual si avanzan en nuevas denuncias judiciales. A partir de ahora la "causa García" sentará un precedente de jurisprudencia para el resto de los expedientes. La medida del máximo tribunal podría beneficiar a 300.000 jubilados en todo el país que ganan más de 62.462 pesos por mes.
 
Para el Gobierno, la decisión "impactará fiscalmente en la medida en que la Corte avance en la sentencia de las causas individuales, algo que podrá ocurrir o no a lo largo del tiempo". En cuanto el costo fiscal para la Nación es de aproximadamente "el 50% de los montos que se dejen de retener, dado que el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable".
 
La decisión de la Corte abre otra instancia de debate que tiene que ver con la implicancia política. No es la primera vez que el máximo tribunal falla contra el Gobierno. En diciembre de 2018, los jueces establecieron que los haberes iniciales de los jubilados tienen que actualizarse según el ISBIC, Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción, en lugar del RIPTE, Remuneración Imponible para el Trabajador Estable.
 
Desde la llegada a la presidencia del polémico Rosenkrantz tras el corrimiento de Lorenzetti, la Corte tiene una mirada que no logra compatibilizar con Cambiemos. Se suma la sentencia que le ordenó al Gobierno devolverle a la provincia de San Luis 15.000 millones de pesos de coparticipación. La Casa Rosada ve con preocupación los nuevos pronunciamientos del alto tribunal.
 
La Opinión Popular

 
LOS JUBILADOS NO PAGAN GANANCIAS
 
Para el Gobierno, todo pérdidas
 
Por cuatro votos contra uno, la Corte Suprema de Justicia resolvió la inconstitucionalidad del pago de Ganancias para los jubilados. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco ratificaron los fallos de primera y segunda instancia que le habían dado la razón a la denunciante, la ex diputada María Isabel García.
 
En contra se pronunció el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien nuevamente quedó en soledad y alineado con la postura del gobierno nacional. Además, los magistrados le pidieron al Congreso que elabore una ley para darles un tratamiento diferenciado a "los jubilados en condiciones de vulnerabilidad por ancianidad o enfermedad, que conjugue este factor relevante con el de la capacidad contributiva potencial".
 
Si bien la Corte resolvió en este caso puntual (y el voto de la mayoría hace un señalamiento especial sobre eso), lo más probable es que la decisión tenga efectos directos sobre el resto de los jubilados que ya iniciaron reclamos ante la Justicia, y que indirectamente también alcance a los demás jubilados que son afectados por el tributo pero no presentaron aún demandas. Deberán, en ese caso, hacer su propio planteo ante los tribunales.
 
El universo de potenciales jubilados alcanzados por este fallo es de unos 300 mil en todo el país. Son quienes ganan más de 62.462 pesos por mes. Según informó la Anses, por año recauda unos 5265 millones de pesos por este concepto. Si finalmente se confirman los fallos de primera y segunda instancia, el Estado dejará de percibir ese ingreso anual y, además, debería pagar a quienes judicializaron el reclamo (unos 400 jubilados), el retroactivo al momento del inicio de la presentación judicial, con los intereses correspondientes.
 
 
El fallo completo
  
Los cuatro jueces hicieron especial hincapié en la diferencia entre los trabajadores activos, que sí pagan Ganancias en sus salarios, y aquellos trabajadores pasivos que perciben el haber jubilatorio. "Desde el punto de vista constitucional, hacer prevalecer el principio de igualdad supone reconocer que es tan injusto gravar en distinta forma a quienes tienen iguales medios como imponer la misma contribución a quienes están en desigual situación", sostienen.
 
En el caso de los jubilados, subrayan los avances establecidos en la reforma constitucional de 1994 para proteger efectivamente a los "colectivos de personas en situación de vulnerabilidad" y enmarcan a los adultos mayores en ese grupo. "El envejecimiento y la discapacidad -los motivos más comunes por las que se accede al status de jubilado- son causas predisponentes o determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales", señalan Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti.
 
De manera implícita, los magistrados hacen referencia al tema que más sensibiliza al Gobierno: la afectación de la recaudación tributaria. "No es dable postular que el Estado actúe con una mirada humanista en ámbitos carentes de contenido económico inmediato (libertades de expresión, ambulatoria o tránsito, etc.) y sea insensible al momento de definir su política fiscal. Es que, en definitiva, el sistema tributario no puede desentenderse del resto del ordenamiento jurídico y operar como un compartimento estanco, destinado a ser autosuficiente 'a cualquier precio', pues ello lo dejaría al margen de las mandas constitucionales", retrucan.
 
Dado que los jubilados a quienes se les cobra el impuesto a las Ganancias son un porcentaje muy minoritario del total, los jueces insisten en que "la sola capacidad contributiva como parámetro para el establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, retirados o subsidiados, resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido".
 
En el caso puntual de García, los jueces aluden especialmente a las particularidades de su situación. Contaba en 2015, al presentar la demanda, con 79 años, padecía problemas de salud y los descuentos realizados en su beneficio jubilatorio oscilaron en el período marzo a mayo de 2015 entre el 29,33 y el 31,94 por ciento.
 
En conclusión, los cuatro jueces supremos repasan algunos casos de su propia jurisprudencia en materia de Seguridad Social, "en las que el Tribunal se ha manifestado particularmente sensible a las cuestiones que atañen al resguardo de los créditos pertenecientes a la clase pasiva".
 
Más allá de las citas autoelogiosas, abogados especialistas en la materia recordaban a PáginaI12 que la Corte tiene todavía tiene pendiente de resolución un amparo contra la modificación de la Ley de Movilidad Previsional, cuyo alcance es mucho mayor que el fallo de hoy y que perjudicó especialmente a los jubilados de menores ingresos.
 
Si bien en reiterados párrafos expresan que no buscan interferir en las facultades de otro poder, los jueces explican que pondrán esta situación "en conocimiento del Congreso, para que este -ejerciendo sus competencias constitucionales- identifique situaciones y revise, corrija, actualice o complemente razonablemente el criterio genérico originario atendiendo al parámetro establecido por la justicia".
 
"Colocando al colectivo considerado en una situación de notoria e injusta desventaja cobra especial énfasis el deber del legislador de estipular respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus derechos", afirman en la sentencia.
 
 
El voto de Rosenkrantz
 
El presidente de la Corte volvió a quedar en soledad. De todas maneras, el magistrado designado por Macri no confrontó abiertamente con los argumentos esgrimidos por la mayoría, sino que se concentra en el fallo de la Cámara Federal de Paraná, apelado por la Anses.
 
Allí sostiene que los haberes jubilatorios son una "renta", tal como la define la Ley de Impuesto a las Ganancias y destaca que no existe "doble imposición" del tributo, uno de los fundamentos del fallo de segunda instancia.
 
Rosenkrantz asegura que el impuesto que se paga en actividad y el que se paga por recibir beneficios jubilatorios responde "a hechos imponibles distintos que gravan distintas manifestaciones de riqueza". Además, detalla, las jubilaciones no se pagan solamente con los aportes de los trabajadores en actividad, sino que son parcialmente financiadas por la recaudación general de impuestos.
 
El ex rector de la Universidad de San Andrés rechaza también la interpretación del carácter "integral e irrenunciable" de los beneficios de la seguridad social. Entendió que la "integralidad" de la seguridad social que la Constitución garantiza no implica que los beneficios de la seguridad social no puedan ser gravados sino que la seguridad social debe abarcar muchos otros beneficios diferentes a la jubilación amparando a los habitantes de la Nación de contingencias diversas.
 
En cuanto a la categoría de "colectivo vulnerable" de los jubilados y pensionados y su invocación como argumento para eximirlos del pago de Ganancias, Rosenkrantz lo rechaza mediante un ejemplo polémico. "Si la mera pertenencia a esas categorías requiriese tratamiento impositivo preferente debería admitirse una conclusión que parece inaceptable, por ejemplo, que las mujeres, por el solo hecho de ser mujeres, deberían estar eximidas de pagar cualquier tributo o deberían pagar un porcentaje menor que los hombres".
 
Por último, discrepa con sus pares al afirmar que el Poder Judicial "no tiene facultades para invalidar los gravámenes en razón de su injusticia o inconveniencia, del exceso de su monto o de las formas de percepción, mientras de ellos no resulte una violación de las disposiciones constitucionales".
 
Por Sebastián Abrevaya
 
Fuente: Página12
 

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18-04-2019 / 10:04
18-04-2019 / 09:04
Durante semanas los medios ultraoficialistas: Clarín, La Nación e Infobae, estuvieron anticipando supuestas medidas para conjurar el impacto inflacionario, para aguantar hasta las elecciones. Es que el desquicio de precios descontrolados, tarifas en incesante aumento, despidos y suspensiones masivas complican las posibilidades de reelección de Mauricio Macri.
 
Y el anuncio falló desde su misma presentación. Se supone que la intención, ante una realidad económica que le es absolutamente esquiva al gobierno de Macri, y tras un golpe de nocaut como el dato de la inflación de marzo, era que el Gobierno demostrara que estaba de pie, que generara confianza como para que le creyeran que podía llegar a las elecciones entero.
 
Lo calificaron de Plan Aspirina, Plan Parche, "paquetito" y hasta hubo quien lo comparó con la táctica de un técnico de fútbol que se sabe despedido y juega en el último partido con toda la audacia que nunca tuvo, con los jugadores y la estrategia en los que nunca creyó, para despedirse, fracasado, diciendo "hice lo que me pedía la gente".
 
El primer gesto fue esconder al Presidente y mostrarlo apenas asomado a un video mal editado del cual se presumía ser producto de una charla espontánea con una vecina. Mala elección. Peor aún para quienes tuvieron que dar la cara y responder ante la inevitable pregunta del periodismo. ¿Por qué no hizo los anuncios el Presidente?
 
También hizo agua el fondo de las medidas. ¿Hacía falta recurrir justamente a medidas K, tantas veces vilipendiadas, para ser presentadas ahora como salvavidas? Procrear, Precios Cuidados, congelamiento de tarifas, créditos con fondos de Anses, son conceptos que el gobierno demonizó durante tres años y medio como emblemas K, y hoy se convierten en instrumentos "para llevar alivio a las familias".
 
Es un paquete de medidas confusas, "parches" que no pueden provocar un impacto en el consumo: precios accesibles de la carne pero con reducido alcance en su disponibilidad, créditos de costo elevadísimo para familias que cobran dos mangos, tarifas ya a niveles exorbitantes sobre las que se promete no aplicarles más aumentos hasta fin de año, acuerdo de estabilidad de precios sobre una cantidad muy limitada de productos y luego de haber tenido un fuerte aumento previo.
 
Plan de pagos de la AFIP para deudas impositivas que no resuelven el problema central que genera la inactividad de las empresas. Créditos que no solucionan los problemas que afectan al conjunto de la sociedad, y que el programa del FMI eterniza: la debacle del ingreso y la producción. El verdadero "precio cuidado" (o congelado) es el salario. Y sin recomposición de los ingresos y sin reactivación productiva, no hay posibilidad de tener un horizonte distinto al de un colapso, que es lo que hoy se tiene por delante.
 
La Opinión Popular
 

17-04-2019 / 10:04
Ayer fue otro día negro para el Gobierno de Mauricio Macri, la inflación trepó al 4,7% en marzo y acumuló en el primer trimestre 11,8%, según informó el Indec. Desesperados por la elevada inflación y el posible resultado adverso en las próximas elecciones, el Gobierno le pidió FMI congelar las bandas de no intervención del Banco Central hasta fin de año entre un piso de $ 39,75 y un techo de $ 51,45.
 
Es claro que el FMI maneja el rumbo del país. Luego del anuncio del presidente del Central, Guido Sandleris, el Fondo destacó la medida y sostuvo que la inflación es un "desafío difícil para las autoridades argentinas", pero que se reduciría en los próximos meses. Con el combo de tarifazos y posibles saltos del dólar difícilmente caiga la inflación.
 
En los últimos doce meses la inflación alcanzó los 54,7 %, los rubros que más se encarecieron en marzo fueron los alimentos y bebidas, la educación y las prendas de vestir y calzado. La suba de precios impacta con más fuerza en los sectores más pobres ya que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de los alimentos (lo que más aumentó).
 
Por los altos precios y el menor poder adquisitivo, el consumo se desplomó. Según un relevamiento, las ventas de los productos que componen la canasta básica (alimentos, bebidas, artículos de limpieza) registraron el mes pasado una baja del 8,7 % en volumen. Una baja que sólo se compara con lo registrado en la gran crisis del 2002.
 
Este miércoles el Presidente, y luego en conferencia de prensa los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, anunciarán medidas cosméticas electoralistas para "tolerar" la inflación, que incluirían una ampliación del programa Precios Cuidados, descuentos en supermercados y créditos de Anses para jubilados y beneficiarios de AUH. Hubo empresas como Molinos y La Paulina que se adelantaron y ya remarcaron sus precios.
 
El Gobierno apuesta a impedir una posible corrida cambiaria que hunda las aspiraciones de Macri de ser reelecto aunque cuenta con herramientas limitadas para evitar un nuevo salto del dólar. El FMI es partidario de la libre flotación del dólar, es decir que haya más devaluación si el "mercado" así lo exige, pero más devaluación dispararía aún más la inflación, la situación sería caótica y el macrismo se tendría que despedir de cualquier chance electoral.
 
El FMI respalda a Macri, pero como ya adelantó la directora gerente Christine Lagarde "sería una tontería que cualquier candidato diera la espalda al trabajo que se está haciendo", es decir gane quien gane oficialistas u opositores el mensaje es claro: habrá que seguir bajo la bota del FMI con más ajustes, reforma laboral y previsional. En tanto, la estrategia de Cambiemos es aguantar hasta las elecciones sin que se produzca una debacle, pero después el futuro es tétrico.
 
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16-04-2019 / 09:04
El 11 de abril pasado, Mauricio Macri lanzó entre bombos y platillos un fenomenal Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023 para poner bajo la lupa a todas las dependencias del gobierno, pero ahora, la titular de la Oficina Anticorrupción, que diseñó este aparatoso plan, Laura Alonso, ha dicho que ni ella ni su oficina intervendrán en causas de corrupción de funcionarios de Cambiemos. No existe.
 
Así cualquiera. Es fabuloso tener un plan anticorrupción contra los otros y al mismo tiempo encubrir la corrupción de los propios al paralizar al organismo que los debería investigar. Laura Alonso se convierte con estas declaraciones en la luchadora Anticorrupción típica del discurso de Cambiemos.
 
Como los periodistas que se llaman "independientes" y ahora nos enteramos que trabajan para los servicios de inteligencia, Laura Alonso es lo contrario de lo que dice. En el programa de Luis Majul, indicó que es una decisión no investigar ni ser querellante en las causas de corrupción del Gobierno "para preservar cualquier tipo de sospecha o duda sobre la falta de imparcialidad". Es al revés: esa decisión confirma la falta de imparcialidad de Alonso.
 
Esta Oficina Anticorrupción es un chiste desde el momento en que Macri emitió un decreto que cambiaba los requisitos que debería cumplir el titular de la OA y los dibujó a imagen y semejanza de Laura Alonso, su candidata.
 
De hecho, Anticorrupción intervino en varios casos del gobierno de Cambiemos, el partido al cual pertenece Alonso. A mediados de 2016 fue acusada por su actuación en los Panamá Papers por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina: "mal desempeño de sus funciones", "abuso de autoridad" e "incumplimiento de deberes públicos". Laura Alonso defendió a Macri argumentando que constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo.
 
El ex ministro de Energía Juan José Aranguren fue denunciado por comprar gas a Chile, sin licitación, mediante un acuerdo con ese país con un sobreprecio 53% mayor que el GNL que llega por barco y 128% más caro que las importaciones de Bolivia, y favorecer con ese procedimiento a la empresa Shell, de la cual es accionista. Alonso archivó la denuncia.
 
Hay muchas situaciones de este tipo. Alonso tiene denuncias en la Justicia por "persecución selectiva" por la manera como decide en qué causas intervenir y en cuáles no. En febrero de 2017, un grupo de diputados denunció a la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso, por el escandaloso acuerdo firmado entre el gobierno de Macri con el Correo Argentino, por el cual se le condonaba al Grupo Macri, una deuda de 70 mil millones de pesos con el Estado. Alonso no es anticorrupta, usa a su organismo para hacer politiquería, lo cual es corrupción.
 
La Opinión Popular
 

16-04-2019 / 09:04
A diez semanas del cierre de listas, los u$s60 millones diarios del FMI empezarán a sellar la estrategia electoral del Gobierno de Mauricio Macri.
 
Si la mayor oferta de dólares, ayudada por la liquidación de la cosecha, alcanza a neutralizar la presión de la catástrofe inflacionaria y de la incertidumbre electoral sobre el dólar, Macri ratificará de forma definitiva su armado político electoral y todo el PRO se pondrá la camiseta de Durán Barba conducción.
 
El primer hecho, la estabilización del dólar, es el más deseado por todos en el oficialismo. Pero su consecuencia, la ratificación del modelo, es el más temido.
 
No lo quieren los radicales, no lo quiere María Eugenia Vidal, no lo quiere Horacio Rodríguez Larreta y no lo quiere Emilio Monzó. Creen que un veranito antes del cierre de listas provocará cinco meses de turbulencias.
 
"Si el dólar se mantiene o cede, el Gobierno lo va a tomar como una señal de acierto y va a ratificar todo lo de siempre. Si eso pasa, el verdadero enigma arranca entre el cierre de listas y el ballotage. Hay tres hitos: el día que Cristina anuncie que es candidata, el día de la PASO, en que muestre que es competitiva, y el día de la primera vuelta, cuando se meta en el ballotage. Esos tres días son un samba cambiario", vaticina una de las caras más visibles del Gobierno.
 
Agrega un dato más: "Y toda la sangría desde ahora hasta el ballotage, es responsabilidad de nuestro candidato, el Presidente de la Nación. Se la van a cobrar en la factura electoral de él". Por eso, ya hay quienes dicen en Cambiemos: cuanto mejor, peor.
 

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