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Sociedad e Interés General - 21-02-2019 / 16:02
EFEMÉRIDES POPULARES

Entra en vigor la ley de Punto Final en la Argentina

Entra en vigor la ley de Punto Final en la Argentina
La Ley 23.492 de Punto Final argentina, entra en vigor el 22 de Febrero de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Quedó afuera de la ley la práctica habitual de los grupos de tareas, como el temible Grupo de tareas 3.3.2, que fue el hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas Armadas, a la salida de la dictadura, humilladas por la derrota en la guerra de Malvinas y odiadas por el pueblo por genocidas, quedan deslegitimadas y su poder en crisis. Distintos gobiernos constitucionales intentaron "reconciliarlas" con la sociedad.
 
La Ley 23.492 de Punto Final argentina, entra en vigor el 22 de Febrero de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar genocida del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983.
 
La ley, conocida como de impunidad, decía literalmente "se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983".
 
La ley, que sancionaba la impunidad de los militares por la desaparición de miles de opositores y guerrilleros peronistas y de izquierda (casi 9.000 según el informe del Nunca Más de 1984 y hasta unos 30.000 de acuerdo a los organismos de Derechos Humanos), fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.
 
Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su verdadera identidad biológica.
 
La Opinión Popular

Entra en vigor la ley de Punto Final en la Argentina
 Entre 50 000 y 60 000 personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires como protesta contra la ley

 
 
La Ley de Punto Final
 
La Ley 23 492 de Punto Final es una ley argentina que estableció la caducidad de la acción penal (prescripción) contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983 que no hubieran sido llamados a declarar «antes de los sesenta días corridos a partir de la fecha de promulgación de la presente ley».
 
Fue presentada por los diputados Juan Carlos Pugliese, Carlos A. Bravo y Antonio J. Macris, y promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el presidente Raúl Alfonsín.​ El Congreso la declaró nula en 2003. Durante la campaña electoral de 1983 el candidato de la Unión Cívica Radical Raúl Alfonsín había prometido que no habría impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado.
 
El 5 de diciembre de 1986, el presidente Raúl Alfonsín anunció un proyecto que emplazaba abruptamente la presentación de denuncias por vulneración de los derechos humanos durante la dictadura. Fijaba un plazo de treinta días, tras el cual caducaba el derecho a reclamar justicia. El proyecto, fue bautizado como Ley de Punto Final.
 
La ley establecía que «se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiese cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de octubre de 1983».
 
Dado que sancionaba la impunidad de los militares penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas de varios miles de opositores, activistas de izquierda, intelectuales, peronistas, sindicalistas, escritores y otros grupos durante la dictadura, fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.
 
Entre 50 000 y 60 000 personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires como protesta contra la ley. Según el diario español El país fue la manifestación más multitudinaria desarrollada en la Capital Federal desde que se había recuperado la democracia tres años antes.​
 
Convocada por las Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones defensoras de los derechos humanos y partidos extraparlamentarios de izquierda, la marcha contó con el apoyo de los peronistas revolucionarios y la Confederación General del Trabajo (CGT).
 
Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su verdadera identidad biológica.
 
La Ley de Punto Final fue promulgada el 24 de diciembre de 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados de ser autores penalmente responsables de haber cometido el delito de desaparición forzada de personas durante la dictadura.
 
Meses después fue complementada con la Ley de Obediencia Debida (23 521) también dictada por Alfonsín el 4 de junio de 1987, y estableció una presunción iuris et de iure (es decir, que no admitía prueba jurídica alguna en contrario) respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas no eran punibles.
 
Su primera aplicación práctica ocurrió dos días después cuando la Procuración a cargo del radical Juan Octavio Gauna aceptó que la ley era aplicable a un grupo de oficiales que actuó bajo las órdenes del general Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires, anulando su condena.​

 
Fuente: Wikipedia 

 

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22-03-2019 / 19:03
Un 23 de marzo como hoy... pero de 1942 moría Marcelo Torcuato de Alvear, abogado y político argentino, presidente de la Nación desde el 12 de octubre de 1922 y el mismo día de 1928. Participó activamente de las revoluciones radicales de 1890 y 1893, integrándose en la Unión Cívica que luego dio origen a la Unión Cívica Radical, en el sector denominado "galeritas" (más cercanos al conservadurismo). Cuando Yrigoyen asumió la presidencia en 1916 nombró a Alvear embajador en Francia, y éste fue electo Presidente en momentos en que se encontraba en ese país.
 
Todas las fuerzas antiyrigoyenistas y antipopulares levantaron la cabeza a partir del momento en que Alvear se hizo cargo del gobierno. Desde el inicio de su gestión nombró a ministros que no tenían relación alguna con los sectores yrigoyenistas, por lo que la unión entre ambos comenzó a quebrarse. Su gabinete era una clara demostración de que don Marcelo afirmaba su "independencia" con respecto al caudillo.
 
Alvear, como hijo predilecto de la fortuna, gozó de las ventajas envidiables que le ofrecía el período de "estabilización relativa del capitalismo" que transcurre entre la posguerra y la crisis mundial del 30. Los altos índices de exportación de nuestros productos agropecuarios llenaron de oro a la Tesorería.
 
Su gobierno coincidió con el fin de la crisis mundial de la posguerra, lo que le permitió mejorar la economía y las finanzas del país, además de destacarse el desarrollo de la industria automotriz y la explotación petrolera, que alcanzó una prosperidad económica desconocida hasta entonces para la Argentina.
 
Con todo ello, llegó a números insospechados en lo que respecta al PIB por habitante, que en 1928 había alcanzado el sexto puesto entre los más altos del mundo. Incluso, se registró un aumento de la clase media, una subida del salario real y una disminución de las huelgas y conflictos.
 
Pero la interna radical estaba a la orden del día y las intrigas en todos los órdenes. Si el ministro de Hacienda Víctor Molina proclamaba orgullosamente su doctrina librecambista, la actitud de Alvear hacia la reforma universitaria, el gran movimiento cultural que había apoyado Yrigoyen en 1918, se volvía abiertamente hostil y la conspiración oligárquica se pone en marcha para impedir la segunda presidencia del Caudillo.
 
La interna radical se dirimió en 1928 con la elección nacional. La fórmula Hipólito Yrigoyen-Francisco Beiró se impuso por el 57,4 de los votos. Al dejar la presidencia, Alvear se radicó en Francia. 
 
Por Carlos Morales para La Opinión Popular

22-03-2019 / 19:03
21-03-2019 / 18:03
20-03-2019 / 18:03
La Siberia argentina, como la definió Osvaldo Bayer, cerró sus puertas el 21 de marzo de 1947 a orillas del canal de Beagle. Hace 71 años un decreto no demasiado recordado del presidente Juan Perón señalaba el final para la inhumana cárcel de Ushuaia, la más austral del mundo.
 
Había sido centro de castigo y aislamiento durante 45 años. Por sus 380 celdas de 1,93 por 1,93 pasaron desde el Petiso Orejudo hasta el anarquista ucraniano Simón Radowitzky, quien mató de un bombazo al comisario y represor de obreros, Ramón Falcón. La cárcel de Ushuaia fue usada como un depósito del Estado para alojar presos políticos.
 
El dictador José Félix Uriburu envió a Tierra del Fuego a militantes anarquistas, comunistas, trotskistas y socialistas. Entre ellos estaban el cronista del diario La AntorchaHoracio Badaraco y el de La ProtestaJosé Berenger, torturado con una prensa. Agustín P. Justo, el presidente que llegó de la mano del fraude en 1931, siguió mandándolos por barco hacia la isla.
 
La cárcel que cerró Perón se volvió a abrir dos veces más en las décadas del 50 y 60. La Revolución Libertadora envió a partidarios del General. Jorge Antonio (empresario), Guillermo P. Kelly (dirigente de la Alianza Libertadora Nacionalista) Héctor Cámpora(Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación) John W. Cooke (Diputado Nacional), y el dirigente de la CGT, José Espejo; por orden del Almirante Isaac Rojas son trasladados al Penal del sur.
 
Sufren allí condiciones tremendas de prisión con temperaturas extremas que alcanzaban a 40 grados bajo cero, sin calefacción, sin agua, engrillados, condiciones éstas que se suman a un sin fin de vejámenes por orden de la "Revolución Libertadora". También la utilizó por última vez Arturo Frondizi en 1960 cuando aplicó el Plan Conintes para meter presos a militantes de la resistencia peronista juzgados por consejos de guerra especiales.
 
La Opinión Popular

20-03-2019 / 18:03
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