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Sociedad e Interés General - 09-02-2019 / 20:02
EFEMÉRIDES POPULARES

El gobierno de Isabel Martínez decide que el Ejército intervenga contra la guerrilla

El gobierno de Isabel Martínez decide que el Ejército intervenga contra la guerrilla
El dictado de este decreto de aniquilamiento del accionar de la subversión, por parte de María Estela Martínez de Perón, fue la excusa de los militares para iniciar el Terrorismo de Estado y aniquilar a los guerrilleros, realizando un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de opositores políticos y sociales.
Como la violencia política de derecha y los ataques terroristas de izquierda iban en aumento, el 10 de febrero de 1975 el gobierno de Isabel Martínez de Perón decide que el Ejército intervenga contra la guerrilla.
 
Un decreto -de carácter secreto y desconocido para la opinión pública- autorizó al Ejército a "ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán", poniendo a disposición del Ejército las fuerzas de la Policía federal, la Policía provincial y el apoyo de la Armada y la Fuerza aérea.
 
El dictado de este decreto de aniquilamiento del accionar de la subversión fue la excusa de los militares para iniciar el Terrorismo de Estado y aniquilar a los guerrilleros, realizando un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de opositores políticos y sociales.
 
Se estima que durante el período de las fuerzas represoras del gobierno de facto hicieron desaparecer a aproximadamente 30.000 personas.
 
La Opinión Popular

La presidenta Martínez de Perón organizó el Operativo Independencia, para lo cual dictó el primer decreto de aniquilamiento o Decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975. La decisión establecía una zona de emergencia en un sector de la Provincia de Tucumán, con el fin de combatir militarmente la guerrilla del ERP que pretendía crear una zona liberada.
 
Esta solución no contentaba plenamente a algunos sectores militares, como el principal responsable del operativo, el Gral. Acdel Vilas, que reconoce haberse extralimitado en sus funciones, no respetando el espíritu de la orden presidencial y pasando por encima de las autoridades políticas legales del país.
 
La operación fue llevada a cabo por el Ejército Argentino y la Fuerza Aérea Argentina en la localidad de Monteros y de Famailla, para aniquilar a la Compañía Ramón Rosa Jiménez del ERP, y a los guerrilleros Montoneros, que intentaron un "foco revolucionario" en el monte tucumano, con la intención de crear una zona independiente (la "Tucumania") y buscar un reconocimiento internacional, que algunos países ya habían anticipado.
 
Fuente: Wikipedia

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21-02-2019 / 17:02
21-02-2019 / 16:02

Las Fuerzas Armadas, a la salida de la dictadura, humilladas por la derrota en la guerra de Malvinas y odiadas por el pueblo por genocidas, quedan deslegitimadas y su poder en crisis. Distintos gobiernos constitucionales intentaron "reconciliarlas" con la sociedad.
 
La Ley 23.492 de Punto Final argentina, entra en vigor el 22 de Febrero de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar genocida del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983.
 
La ley, conocida como de impunidad, decía literalmente "se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983".
 
La ley, que sancionaba la impunidad de los militares por la desaparición de miles de opositores y guerrilleros peronistas y de izquierda (casi 9.000 según el informe del Nunca Más de 1984 y hasta unos 30.000 de acuerdo a los organismos de Derechos Humanos), fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.
 
Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su verdadera identidad biológica.
 
La Opinión Popular

21-02-2019 / 16:02
21-02-2019 / 16:02
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