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Nacionales - 08-02-2019 / 10:02
LOS RICOS TAMBIÉN LLORAN

Una grieta en el poder de Macri

Una grieta en el poder de Macri
Paolo Rocca fue un pilar fundamental del proyecto Macri presidente. Se recelan y compiten, pero el dueño del mayor grupo empresario de la Argentina tuvo con su ex competidor una paciencia estratégica. No le fue bien. Terminó procesado, con pedido de captura -luego anulado- y ahora le acaban de cambiar las reglas de juego, después que enterró más de 1.500 millones de dólares en Vaca Muerta.
La pelea de Paolo Rocca con Mauricio Macri, revela que la alianza que funcionó en el 2015 contra el kirchnerismo, empieza a exhibir fracturas. El gobierno llega al final de su mandato con una grieta importante en el andamio que construyó para acceder al poder, luego de una experiencia que no estuvo ni cerca de entregar lo que prometió.
 
Pero no es el único deslizamiento. Empresarios muy importantes como Jorge Brito, Sebastián Esquenazi, Daniel Vila y José Luis Manzano, entre otros, empiezan a preguntarse qué es más riesgoso para sus intereses: ¿Qué vuelva Cristina o que siga Macri?
 
En algunos casos lo que está en juego es su libertad, en otros sin llegar a ese extremo lo que los tortura es el pésimo estado de sus negocios, como es el caso de Luis Pagani de Arcor o Cristiano Ratazzi de Fiat, dos entusiastas de Macri que hoy lamentan el complejo presente de sus empresas. Un club al que ahora se suma Rocca.
 
Macri jugó al límite -y lo sigue haciendo- con la carta del disciplinamiento judicial. Algunos presidentes la usaron, pero pocos fueron tan lejos. Hoy, casi todos los hombres de negocios importantes del país están procesados y camino a un juicio oral.
 
Hace pocas semanas varios de ellos compartieron una cena en Punta del Este con José Torello, de los amigos del Newman uno de los más cercanos a Macri. El asesor presidencial escuchó paciente los reproches por la causa de los cuadernos, hasta que se cansó: "¿Pero qué problema tienen? ¡Los únicos presos son los funcionarios y así va a terminar este causa!", dijo.
 
Paolo Rocca fue un pilar fundamental del proyecto Macri presidente. Se recelan y compiten, pero el dueño del mayor grupo empresario de la Argentina tuvo con su ex competidor una paciencia estratégica. No le fue bien. Terminó procesado, con pedido de captura -luego anulado- y ahora le acaban de cambiar las reglas de juego, después que enterró más de 1.500 millones de dólares en Vaca Muerta.
 
El Grupo Techint inició el camino para reclamar judicialmente 5655 millones de pesos en subsidios por Vaca Muerta que asegura que el Gobierno le quitó. El beneficio lo había otorgado Aranguren en un plan a la medida de Techint. El FMI le puso fin y precipitó la pelea.
 
Rocca denunció a Macri por violación del derecho de propiedad. Una acusación muy extrema que sólo enfrentan regímenes autoritarios como el chavismo. Es lícito preguntarse si el dueño de Techint mantendrá en este turno electoral el mismo entusiasmo por la candidatura de Macri que tuvo en el 2015.
 
La Opinión Popular

 
Los ricos también lloran
 
Tecpetrol presentó ayer un recurso administrativo que objeta el recorte a los subsidios en Vaca Muerta que impulsó el Gobierno para cumplir con el plan de ajuste que le exige el FMI. En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores, la petrolera del Grupo Techint aseguró que la decisión oficial "afecta derechos adquiridos de la sociedad que habían sido reconocidos por la propia conducta del Estado".
 
Según la ley de Procedimiento Administrativo, el Poder Ejecutivo tiene 30 días para responder y si rechaza la impugnación es probable que la disputa con el principal holding industrial del país se termine trasladando a la Justicia. Techint aseguró que la decisión oficial le significará una pérdida de ingresos de 5655 millones de pesos sólo por lo producido en 2018, pero la cifra en juego es mucho mayor porque el programa de incentivo al gas no convencional está previsto que continúe hasta 2021.
 
En marzo de 2017, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren revisó el plan de gas implementado por el kirchnerismo en 2013 y a través de la resolución 46 redireccionó los subsidios buscando apalancar solamente inversiones en campos con escasa o nula producción no convencional de gas. 
 
A los pocos días de publicada la nueva norma, Tecpetrol presentó su plan de desarrollo de Fortín de Piedra, un área que le había sido concesionada por la provincia de Neuquén en julio de 2016. Por lo tanto, toda la producción que ha venido generando desde entonces fue beneficiada con subsidios. Fue un programa a la medida de Techint.  
 
El beneficio equivale a la diferencia entre un precio estímulo fijado por la autoridad regulatoria y el precio efectivo promedio de venta de gas en el mercado local. El precio estímulo el año pasado fue de 7,50 dólares por millón de BTU, unos tres dólares por encima del precio de mercado, y la resolución 46/17 prevé que se reduzca a 7 dólares este año; a 6,50 en 2020 y a 6 dólares en 2021.
 
La intención de Aranguren era que esa baja gradual fuera convergiendo con una suba del precio efectivo que paga la demanda por el gas hasta que la diferencia entre ambos valores desapareciera y con ella el subsidio.
 
El plan inicial era desembolsar 600 millones de dólares el año pasado y 400 millones este año. Sin embargo, la fuerte devaluación del peso obligó al gobierno a forzar una baja en dólares del precio del gas en boca de pozo para que las tarifas no subieran tanto como hubiese correspondido con el esquema regulatorio actual.
 
Esa baja del precio en dólares rompió con el sendero ascendente que había planeado Aranguren para los valores de mercado y amplió la brecha con el precio estímulo que le garantiza el Estado a los proyectos apuntalados por la resolución 46/17. Por lo tanto, en lugar de reducirse, los subsidios comenzaron a crecer. A su vez, Techint, la principal beneficiada por la norma, incrementó de manera notable su producción en Vaca Muerta.
 
La firma declaró inicialmente como objetivo una producción de 8,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) y hoy extrae cerca de 17,5 MMm3/día. A raíz de esa situación, Hacienda estimó a fines del año pasado que en 2019 la resolución 46/17 podía llegar a demandar 1200 millones de dólares. Fue entonces cuando decidió recortar el beneficio para avanzar con el plan de déficit cero que le impuso el FMI.
 
La intención inicial era reducir el precio estímulo para achicar la diferencia con el valor de mercado, pero grandes estudios de abogados consultados por el gobierno coincidieron en que una medida de esas características sería interpretada como un cambio en las reglas del juego y derivaría en una catarata de demandas por parte de las petroleras. A raíz de ello, se optó por el plan b, de alcance más acotado y que no afecta a todas las petroleras por igual sino fundamentalmente a Techint.
 
En una reunión mantenida la semana pasada con las empresas, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, les aseguró que no habría cambios en la norma, pero aclaró que no se aprobarán nuevos proyectos y solo se abonará el beneficio tomando en cuenta la producción estimada por las firmas al momento de solicitar el subsidio. Ese cambio de criterio impacta de lleno en los planes de Techint porque a partir de ahora solo se le subsidiará la mitad de la producción. Es por eso que dio de baja tres de los cuatro equipos de perforación con los que venía trabajando en Fortín de Piedra. 
 
Otras petroleras también informaron que la decisión oficial impacta en sus planes de negocios, pero, más allá de lo que comunican públicamente, no ven con malos ojos que se le ponga un freno a los subsidios que recibía Techint ya que la compañía de Rocca llegó a acaparar en los últimos tiempos el 70 por ciento de los beneficios del programa, lo que le garantizó ganancias extraordinarias y distorsionó la competencia en el mercado del gas.
 
Por Fernando Krakowiak
 
Fuentes: Página12 y La Política Online
 

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20-07-2019 / 11:07
Mike Pompeo, representante de Donald Trump, está en la Argentina para consolidar el encolumnamiento incondicional de Macri y avalar la política del macrismo. El secretario de Estado tuvo un día agradable, porque según su cuenta de Twitter, estuvo "encantado de reunirme con el presidente Mauricio Macri". La satisfacción viene por el estrecho alineamiento de Argentina con la parte más agresiva de la política exterior yanqui.
 
La conferencia ministerial de Lucha Contra el Terrorismo le permitió saludar el regalito argentino de salirse del marco de las Naciones Unidas en cuánto a quién es un terrorista y quién no. Macri, por decreto y sin consultar al Congreso, creó un registro propio y lo estrenó poniendo a Hezbollah, el tipo de cosas que en Washington saludan como políticas de Estado.
 
La llegada del funcionario americano, que en términos reales es el segundo más poderoso en cualquier gobierno norteamericano, sella las nuevas relaciones carnales. Esto se venía preparando desde hace rato y tuvo un evento previo el mes pasado, cuando llegó el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas de EE.UU.
 
La parte macrista, para variar, se pasó de olfa: los americanos anunciaron que la visita era para hablar de "nuestros intereses comunes y la cooperación mutua", mientras que la argentina explicó que era para hablar de "ciberdefensa, narcotráfico y crimen organizado". Faller, hablando ante cadetes de aquí, les explicó la nueva guerra fría al decirles que Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua "no comparten los valores democráticos que tienen Washington y Buenos Aires".
 
No extraña este trumpismo explícito del macrismo, porque Pompeo está entre un puñado de funcionarios que le viene durando al pintoresco presidente, que te echa a la primera contradicción. Primero lo nombró en la CIA, momento en el que Pompeo tuvo que dar marcha atrás en una declaración que lo había hecho famoso cuando era diputado, que torturar prisioneros era correcto y necesario. Como juró que no iba a autorizar que se volviera a usar el submarino en los interrogatorios, logró algunos votos demócratas y fue confirmado.
 
En abril del año pasado reemplazó a Rex Tillerson como secretario de Estado. Tillerson, evidentemente, no se había mostrado como un completo alfil de Trump, y hacía cosas como no putear debidamente a la ONU. En el extraño universo de la derecha dura en Estados Unidos, las Naciones Unidas rankean con la masonería y los Sabios de Sión como una conspiración oscura.
 
Macri y su gobierno bailan al son de la música que toca la administración Trump. Estos actos del Gobierno tienen un inmediato efecto práctico: mayor sumisión a la política exterior del principal país imperialista y cumplir con todas la ocurrencias de su presidente.
 
La Opinión Popular

19-07-2019 / 10:07
El fifty-fifty (cincuenta y cincuenta), que impulsó el primer peronismo, significaba que la mitad del Producto Bruto Interno debe distribuirse para los trabajadores y la otra mitad para los empresarios, en un sistema de igualdad.
 
Desde la asunción de Mauricio Macri, se desplomó la participación de los trabajadores en el reparto del producto, una torta que de por sí se hizo más chica por la caída en la actividad económica. La remuneración al trabajo asalariado pasó de representar el 54,2% en el primer trimestre de 2016 al 48,3% en el mismo período de este año, casi seis puntos menos.
 
La fuerte pérdida de poder adquisitivo y la precarización del empleo fueron los principales factores. En simultáneo, se amplió cerca de cuatro puntos la porción que mordieron los empresarios desde el 35,3% hasta el 38,9%.
 
La "Cuenta de generación del ingreso" que publicó ayer el Indec mostró el fuerte deterioro en la distribución durante los últimos tres años. Un problema aún más preocupante si se considera que, en paralelo, la economía se contrajo alrededor de 2%.
 
De acuerdo al informe oficial, si se excluye al sector público, las participaciones relativas fueron del 39,7% para los asalariados y del 45,3% para los empresarios. El ingreso mixto bruto, donde se inscriben las actividades por cuenta propia, significó el 16%. Mientras que la categoría Otros impuestos netos de subsidios a la producción dieron un saldo negativo del 1,1%.
 
El grueso del empeoramiento del reparto de la torta se explicó por el impacto de la crisis de 2018, en la que el poder adquisitivo se hundió 12,1%. Así, entre los primeros trimestres de 2018 y 2019, la participación asalariada cayó tres puntos. Esta caída se explicó 0,81 punto por el sector público y 2,21 puntos por el sector privado.
 
Este cuadro echa por tierra el habitual reclamo empresario de reducción de costos laborales. Con salarios en picada, el empleo de calidad no deja de caer mes a mes desde el comienzo de la crisis y es solo compensado por la creación de puestos precarios.
 
Es que, desde un sector, principalmente el más concentrado de la economía y del capital, y desde el neoliberalismo ideológico macrista piensan que es posible tener un modelo económico injusto y desigual en el que el capital reciba casi toda la renta y los trabajadores una exigua parte.
 
La Opinión Popular

19-07-2019 / 10:07
En el Informe Final de la Comisión Bicameral que investigó el hundimiento del submarino ARA San Juan, se señaló que es "indudable la responsabilidad política del gobierno nacional, a través de su Ministerio de Defensa por esta tragedia que se cobró las vidas de 44 argentinos".
 
Además de centrar la responsabilidad en la cartera a cargo de Oscar Aguad, el titular del cuerpo legislativo, el senador José Antonio Ojeda, dijo que "también es indudable" que el presidente Mauricio Macri "tiene un grado de responsabilidad" por su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
 
En el documento se señalaron, además, las "responsabilidades palmarias" de los altos mandos de la Armada. El dictamen fue firmado por los 12 integrantes de la comisión, pero los legisladores macristas lo hicieron en disidencia, en todo lo relacionado con las responsabilidades políticas de las autoridades nacionales.
 
"El presidente de la Nación, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia. Sostuvo en el cargo al Ministro luego de los hechos y de su cuestionable desempeño. Las escasas oportunidades en las que apareció vinculado con la temática lo hizo en forma superficial, sin ejercer nunca su mando ni comando sobre la fuerza y muchas veces demostrando falta de empatía con los familiares de los tripulantes", sostiene el informe.
 
En el caso del ministro Aguad, se puso énfasis en "la falta de las diligencias adecuadas" porque el submarino "se encontraba realizando, según el Poder Ejecutivo Nacional, el mayor ejercicio naval de los últimos 30 años". Ante semejante acontecimiento, no se tuvo en cuenta que la nave tenía "más de 30 averías o fallas técnicas previas a la autorización de la misión encomendada".

El Gobierno mantuvo silencio ante el informe de la Bicameral. Distintos legisladores de Cambiemos salieron a responder a las acusaciones y negaron cualquier responsabilidad de los funcionarios macristas. La estrategia, como cuando ocurrió la desaparición, fue culpar a la cúpula de la Armada y los mandos medios, a quienes separaron ya de sus cargos.


Así, se determinó que Macri y Aguad son los responsables políticos del hundimiento del Ara San Juan. Se los acusó de no actuar a tiempo para evitar el naufragio. Aguad ignoró las inspecciones navales sobre el mal estado de la flota, que podrían haber hecho repensar la decisión de zarpar. Y Macri debió haber actuado ocurrida la tragedia. Prevén consecuencias penales para los mandos militares y juicios al Estado.

La Opinión Popular

18-07-2019 / 10:07
Mientras Mauricio Macri es uno de los protagonistas de la cumbre del Mercosur, que se realiza en Santa Fe, los representantes de los sectores industriales siguen desfilando por los despachos del Ministerio de Producción. Este jueves, por ejemplo, es el turno del rubro juguetero.
 
El objetivo de todos estos encuentros individuales entre funcionarios del área de Comercio Exterior, técnicos y algunos pocos integrantes de las cámaras sectoriales tienen un único fin: pasar en limpio los detalles de la letra chica del acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea para cada rubro en particular y, sobre todo, llevarles tranquilidad.
 
En general, los representantes de todas las ramas de actividad ya conocían de antemano los lineamientos del tratado de libre comercio entre ambos bloques. Sin embargo, aunque parezca llamativo, aspectos puntuales pero decisivos para cada industria -como los niveles y los plazos de desgravación arancelaria exactos para cada producto- no se hicieron públicos tan al detalle.
 
En cada mano a mano, los empresarios también aprovecharon para conocer más a fondo otra letra chica que los inquieta: las reglas de origen. Esto es, qué porcentaje de los componentes de un producto final fabricado en el bloque europeo pueden provenir de terceros mercados, sin perder el beneficio del arancel 0% para entrar al Mercosur.
 
Es que uno de los mayores temores de los industriales es que Europa termine reexportando artículos con un alto contenido de insumos chinos pero con el sello de la UE.
 
"Fue exactamente como consultar al médico. Uno va con alguna expectativa pero también con algo de miedo, esperando en cualquier momento una mala noticia", se sinceró el gerente de una cámara que tuvo la oportunidad de dialogar con los responsables de la Secretaría de Comercio Exterior hace unos días.
 
El acuerdo no es bueno para las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque la Argentina acumula un serio problema de competitividad sistémica. No pueden pelear con una de las cargas impositivas más altas del mundo o una de las mayores tasas de financiamiento. Salir a firmar acuerdos de este nivel y teniendo tantas falencias en lo macro es poner en riesgo la industria nacional y el empleo.

18-07-2019 / 09:07
Si hay un grupo etario estigmatizado por el gobierno de Mauricio Macri, es el de los jóvenes de los barrios marginados. Un grupo social que es constantemente marcado negativamente, perseguido y encerrado por las fuerzas de seguridad, ente ellas, la propia Gendarmería Nacional.
 
La definición descalificadora es contundente: "Ni estudian, ni trabajan". Entonces, se vuelven "peligrosos". En ese marco, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario a cargo, nada más ni nada menos, que de la Gendarmería Nacional.
 
Patricia 'Chocobar' Bullrich anunció, mediante el Boletín Oficial, la creación del Servicio Cívico que pretende incorporar a los miles de jóvenes que no consiguen laburo ni logran sostener los estudios, para que junto a los gendarmes se disciplinen y obtengan 'valores ciudadanos'.
 
Bullrich subió la apuesta y dijo que la Gendarmería es la institución mejor considerada de la Argentina, "más que la educación pública, que la Iglesia y ni que hablar de la política". Fue su modo de vender marketineramente el proyecto.
 
El Gobierno de Macri lanzó el engendro en medio de una saga que podría titularse "Grandes pequeñas mentiras", como la serie que va por su segunda temporada. "En campaña hablemos de cualquier cosa menos de la desastrosa economía nacional", sería el lema.
 
La jugada fue percibida como tal por franjas del peronismo. Consultado el sindicalista Héctor Daer, uno de los dos secretarios generales de la Confederación General del Trabajo, dijo que "no hay que dejarse entretener por las discusiones que confunden, porque son provocaciones que tienen que ver con una estrategia proselitista".
 
Agregó Daer que la elección del 27 de octubre "no es sobre modales o simpatías" sino que "puede transformar a nuestra sociedad" y terminar de liquidar "un estándar de derechos" mientras "destruye a las organizaciones sindicales".
 
Parece que plata hay, pero no para educación, trabajo, vivienda, que resuelva la situación de pobreza del 50% de los niños y niñas, la desocupación del 25% en la juventud, el 60% que lo hace de manera precaria o el 75% de estudiantes universitarios que terminan abandonando la carrera. A ellos, Bullrich les responde con más guita para fortalecer a la Gendarmería y no para la educación.
 
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