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Nacionales - 05-02-2019 / 13:02
LA PELEA POLÍTICO-JUDICIAL DEJÓ AFUERA A CASANELLO

Manipulación de la Justicia para encubrir los aportes truchos a Cambiemos

Manipulación de la Justicia para encubrir los aportes truchos a Cambiemos
A través de un camarista amigo, Martín Irurzun, el Gobierno le sacó al juez Casanello la investigación sobre los funcionarios PRO, en la causa que empezó con los aportantes truchos a la campaña de María Eugenia Vidal.
La causa por los aportes truchos a las campañas de la alianza antiperonista Cambiemos en la provincia de Buenos Aires se ha convertido en el centro de una disputa judicial, que no está ajena a los intereses políticos que la rodean.
 
Recordemos que en 2018 se hizo pública una investigación sobre maniobras en la campaña de Cambiemos, que liderada por María Eugenia Vidal tenía como principales candidatos a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña. El periodista Juan Amorín denunció la participación apócrifa de más de 800 personas, muchos de ellos beneficiarios de planes sociales, además de la falsificación de los nombres de cientos de aportantes.
 
Se abrieron causas penales y electorales en la jurisdicción de La Plata, así como en los tribunales de Comodoro Py. En octubre pasado, la Cámara Federal había determinado que la causa debía pasar a la justicia electoral de La Plata porque databa aportes de campaña realizados en ese distrito de cara a las elecciones de 2015.
 
La decisión siguió a un pedido del secretario general de la Presidencia Pablo Clusellas, en su rol de apoderado del partido PRO. Sin embargo, el juez Sebastián Casanello se quedó con una parte. En ella se incluye la denuncia formulada por Margarita Stolbizer, quien aseguró que en las campañas electorales de Cambiemos en 2015 y 2017 se habría utilizado la identidad de empleados para encubrir el aporte de empresas privadas que además eran contratistas del Estado.
 
El juez Casanello ya había comenzando a tomar testimonios e insistía en que la justicia federal debía investigar estos hechos, y no la justicia electoral, porque se trata de posibles casos de falsificación de documentos públicos y lavado de dinero.
 
En las últimas semanas, además, otra de las causas relacionadas se estaba "moviendo": el fiscal federal Ramiro González comenzó a investigar posibles delitos para financiar la campaña electoral de Mauricio Macri. Esa causa quedó en manos del juez Ariel Lijo.
 
En las últimas semanas, sin embargo, el fiscal Carlos Stornelli venía reclamando que las pruebas sean enviadas a la justicia electoral de La Plata. El traslado a la justicia electoral dirigía la causa hacia otros tipos de delitos menores, y desestimaba la investigación sobre el lavado de dinero y otras figuras penales.
 
Hoy la Cámara Federal tomó una nueva decisión: decidió apartar a Casanello de la parte de la causa pero por ahora la mantuvo en Comodoro Py, ordenando un sorteo para designar un nuevo juez. Irurzun argumentó "comportamiento errático" de parte de Casanello.
 
Apartar a Casanello es un gesto para encubrir a los dirigentes macristas, aunque todavía se trata de una salida "intermedia", al mantener esa parte de la causa en el fuero federal.
 
La Opinión Popular

 
APARTAN AL JUEZ SEBASTIÁN CASANELLO DE LA CAUSA POR LOS APORTES DE CAMPAÑA
 
Otro aporte trucho
 
En un nuevo movimiento que apunta a desactivar la investigación sobre aportantes truchos de Cambiemos, el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, decidió apartar del caso al juez Sebastián Casanello y enviar la causa a sorteo.
 
El expediente a su cargo avanzaba sobre la responsabilidad de funcionarios en el uso de bases de datos de la Anses para hacer aparecer a los beneficiarios de planes sociales como donantes de dinero para las campañas electorales de 2015 y 2017 y analizaba una relación entre el origen de los fondos y empresas beneficiadas con contratos en la Ciudad de Buenos Aires.
 
Es decir, no se trataba únicamente de infracciones electorales, sino que iba más allá, al unir empresas y gobierno en posibles delitos. El mismo camarista ya le había quitado otra parte de la investigación, que fue enviada a la justicia electoral de La Plata, donde quedarían licuadas las responsabilidades penales.
 
Es impactante cómo, en un período casi similar al del caso de los aportantes, la causa de (las fotocopias de) los cuadernos, avanzó sin trabas de los tribunales superiores y con gran impulso de los fiscales, con decenas de detenidos, arrepentidos y procesamientos.
 
El mismo fiscal, Carlos Stornelli, es el que hizo planteos tendientes a debilitar la pesquisa sobre aportes truchos. De hecho, la resolución que adopta Iruzun ayer es respuesta a una apelación de la fiscalía que cuestionó una resolución de Casanello, de diciembre último, donde explicaba por qué  se quedaba con la investigación de determinados hechos.
 
Irurzun, sin mayores explicaciones y en un texto cargado de tecnicismos, anuló aquella disposición y acusó al juez de ser errático y confuso. Un repaso cronológico permite entender el escenario: 
 
La investigación sobre aportantes se inicia en junio de 2018 cuando el periodista Juan Amorín revela que Cambiemos había utilizado los nombres y datos de cientos de personas (fueron alrededor de 800) para justificar aportes a la campaña legislativa de la provincia de Buenos Aires en 2017.
 
Muchos eran beneficiarios de planes sociales, visiblemente humildes, que declararon que jamás aportaron ni un peso a la campaña y algunos incluso aparecían como afiliados al PRO pese a que nunca habían hecho ese trámite ni les interesaba.
 
Luego fueron surgiendo más aportantes, de otros ámbitos, como concejales, consejeros escolares y hasta intendentes bonaerenses que nunca habían puesto plata pero aparecían en las rendiciones de campaña del oficialismo con donaciones de hasta 50.000 pesos.
 
Una parte de las actuaciones quedó en Comodoro Py, en el juzgado de Casanello, y otra, con una denuncia del fiscal Jorge Di Lello, fue a parar a los tribunales de La Plata, donde hasta resultó denunciada María Eugenia Vidal como responsable del partido, y su tesorera María Fernanda Inza, entre otros. En ambas jurisdicciones, hubo maniobras para golpear la investigación y dificultar su progreso.
 
En territorio bonaerense, el juez Ernesto Kreplak desplegó medidas de prueba y hasta constató cómo aparecía el dinero de origen desconocido, depositado desde cajeros cercanos a la Casa Rosada.
 
Y uno de sus últimos pasos fue avanzar sobre afirmaciones del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, que en su libro "La raíz de todos los males" reveló que Mauricio Macri les pedía a los empresarios para la campaña presidencial el uno por ciento de su patrimonio (en negro).
 
Pero la Cámara Electoral le quitó la causa, donde se investigaban delitos como asociación ilícita y lavado de dinero y la mandó al juzgado electoral de Adolfo Ziulu, que la reclamaba.
 
Si bien tiene facultades de investigar delitos, el eje del trabajo de Ziulu es establecer las infracciones a la ley electoral, que no prevén más castigo que multas o suspensiones que con suerte se aplican dilatadas en el tiempo.
 
Kreplak se quedó con una pequeña parte sobre la campaña presidencial de 2015, pero se la envió a Casanello, y también está en plena apelación. 
 
En los tribunales de Retiro, en un comienzo el fiscal Stornelli impulsó la acción penal ante una denuncia de La Alameda, pero en poco tiempo se inclinó por mandarle todo el juez Ziulu.
 
Casanello pudo cotejar rápidamente que los aportantes que figuraban en la campaña legislativa 2007 eran truchos. Medio centenar de ellos declaró, y puso la lupa sobre el uso de bases de datos de la Anses para la maniobra, lo que implicaría la responsabilidad de funcionarios nacionales.
 
Por esa razón, Casanello rechazó el primer planteo de inhibitoria del juez Ziulu. Se trabó un conflicto y lo resolvió, en soledad, el juez Irurzun que ordenó enviar la causa a La Plata. Casanello se limitó a enviar lo que le pedía su colega platense.
 
En el ínterin, la pesquisa se amplió con presentaciones de Margarita Stolbiezer, que fue admitida como amicus curiae, y de la fundación La Alameda.
 
Esta última llevó, por ejemplo, listados que mostraban en la Ciudad de Buenos Aires aparecían como aportantes a la campaña presidencial de 2015 funcionarios de segunda línea, algunos de los cuales fueron a esa organización a pedir ayuda y aportar información.
 
Stolbizer por su lado entregó material clave: empresas que habrían hecho aportes de manera camuflada, ya que la ley se los prohíbe, y que habrían sido beneficiadas con contratos del estado. Para justificar esas donaciones, pusieron los nombres de empleados.
 
Un caso es el de la empresa de seguridad Murata. Empleados de ese firma declararon que jamás habían puesto ni un centavo para Cambiemos.
 
Los periodistas Matías Di Santi y Federico Poore sistematizaron una lista de otras empresas tanto de seguridad como de publicidad e Higiene Urbana, entre otros rubros, donde se repetía el mismo patrón.
 
La resolución que dictó en diciembre Casanello desglosa, una a una, las denuncias recibidas y explica que se queda con las de La Alameda y Stolbiezer "pues ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las hipótesis por las que se promovió la acción apuntan a la presunta comisión de delitos de naturaleza federal (presuntas falsedades documentales, delitos contra la administración pública y lavado de activos)".
 
Sin embargo, Irurzun critica al juez: "El sendero que ha transitado -dice la resolución de ayer- no sólo ha aportado aún más confusión al trámite de este proceso, sino también al de aquellos que se encuentran en conocimiento de la jurisdicción provincial -en particular en los juzgados 1 y 3 de La Plata- dificultando de ese modo el correcto ejercicio de la jurisdicción".
 
El panorama para que avance la causa no es auspicioso: el único que podría apelar es el fiscal de Cámara, Germán Moldes, que viene sosteniendo los planteos de Stornelli.
 
Hoy se sorteará nuevo juez, aunque en los despachos vaticinan que podría terminar en el juzgado de Ariel Lijo, que tiene otra causa vinculada, que se originó en enero.
 
Para Gustavo Vera, titular de La Alameda y coordinador de la Multisectorial 21F, "el fallo era previsible; Irurzun no iba a permitir que se investiguen los aportes de las empresas a las campañas de Cambiemos. Eso provocaría una causa similar a la de los cuadernos, pero PRO. La causa va a quedar en el fuero federal pero lo corren a Casanello porque necesitan un juez manipulable".
 
Stolbizer agregó: "Buscan más impunidad para los delitos del poder, es una vergüenza. Corren al juez Casanello para eso".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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21-02-2019 / 10:02
Coca-Cola Femsa es una de las empresas más grandes y de mayor facturación del mundo pero asegura que en Argentina no le cierran los números. Pidió al Gobierno de Mauricio Macri un procedimiento preventivo de crisis (PPC) para afrontar el achicamiento de su planta embotelladora del barrio porteño de Pompeya y que el gobierno nacional los habilite a despedir gente y pagar menos indemnizaciones.
 
"La planta está prácticamente parada porque no hay ventas, no recuerdo haber pasado por una situación similar. Pero no permitiremos despidos. En este contexto no podemos permitir que ni un sólo trabajador se quede sin empleo", dijo Pablo Fernández, secretario general de la seccional porteña del Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines. Por su parte, la rama de aguas y gaseosas del sindicato de Camioneros se declaró "en estado de alerta y movilización".
 
En la planta de Pompeya trabajan 600 personas, de un total de 3 mil que están empleadas por Coca-cola Femsa en Argentina. La firma también tiene otra embotelladora en Monte Grande (Esteban Echeverría) y cuatro centros de distribución. Además, trabajan para Coca-cola otras empresas embotelladoras.
 
La venta de bebidas es uno de los segmentos del consumo masivo más afectados por el plan económico neoliberal macrista, aunque la magnitud de Coca-Cola Femsa obliga a pensar el caso con parámetros propios, en línea con lo sucedido con los preventivos de crisis de la filial local del gigante Carrefour y de Fate, una de las empresas de Javier Madanes Quintanilla, quien blanqueo $867 millones gracias a Macri.
 
El PPC permite aplicar modificaciones drásticas en la organización laboral y trasladar los costos de esos cambios sobre las espaldas de los trabajadores. Por eso los gremios advierten sobre el avance de una reforma laboral por empresa.
 
Las últimas comunicaciones de Coca-Cola y de Femsa a sus inversores ya daban indicios de la decisión: "el volumen de ventas cayó un 2% en el trimestre ya que a pesar del crecimiento en Brasil, Colombia y Perú, la operación en Argentina tuvo una baja de dos dígitos".

 
En los tres primeros trimestres de 2018, las ventas de Femsa en Argentina medidas en volumen bajaron un 9,8% interanual y los ingresos medidos en pesos mexicanos se redujeron un 46% por efecto conjunto de caída del consumo y a la fuerte devaluación del peso. Se registró una caída interanual del consumo masivo del 7,3% en enero. La categoría de peor desempeño fue bebidas sin alcohol, con una merma del 14,1%.
 
La Opinión Popular

21-02-2019 / 09:02
El dólar pegó un nuevo salto y la city vivió otra jornada de fuerte volatilidad cambiaria. La cotización del dólar que compran los ahorristas minoristas se ubica en 40,76 pesos, con un incremento de 44 centavos. La divisa alcanzó a tocar los 41,45 pesos a mitad de la jornada.
 
El Banco Central se asustó y aceleró la suba de la tasa de interés. El organismo llevó el rendimiento de las Leliq a 46,01 por ciento, lo que representa un aumento de 1 punto y medio respecto del martes. Se trata del alza diaria más importante en lo que va del año. El clima financiero fue de tensión no sólo con el tipo de cambio. El riesgo país subió 8 unidades y finalizó en 708 puntos. Los bonos en moneda extranjera bajaron hasta 2 por ciento en la jornada.
 
La demanda de divisas arrancó fuerte en las primeras horas de la rueda cambiaria y fue mostrando cierta moderación en las últimas horas. La pregunta que se hacen en el mercado es si la nueva tasa por arriba del 45 por ciento resulta suficiente para contener el proceso de dolarización de los activos en moneda local. Los inversores menos optimistas aseguran que una vez que los fondos tomaron la decisión de pasar a moneda extranjera no es sencillo hacerlos cambiar de opinión.
 
El Banco Central fue poco cauteloso con la baja de la tasa de interés este año y paga las consecuencias. Los inversores se dieron cuenta que tienen el poder de fuego necesario para generar volatilidad. Y van a exigir más tasa de interés para volver a colocarse en moneda local.
 
La autoridad monetaria presumía diciendo que no había dejado ni un peso dando vueltas y que eso reducía la posibilidad de un nuevo salto en el tipo de cambio. Pero la realidad muestra esto no funciona en la Argentina. El mercado cambiario es chico. Y con muy poca demanda de divisas se puede generar mucha inestabilidad.
 
¿Cuánto más puede seguir subiendo el dólar? Aunque son pocos los que se animan a dar una repuesta con valores precisos, la mayoría de los analistas coincide en una referencia. El techo de la banda cambiaria es casi 50 pesos. Hasta esa cifra el Central se comprometió a no vender divisas para intentar moderar la devaluación.
 
La entidad tiene la tasa de interés como herramienta clave para moderar las presiones cambiarias. Pero algunos observan que empieza a ser cada vez menos efectiva. El Central bajó en los últimos dos meses 15 puntos la tasa de interés y le dijo a los inversores que la situación estaba bajo control. Si ahora tiene que volver a llevar la tasa a niveles de 60 por ciento para parar la suba del dólar, la interpretación de la city va a ser de manual: la situación está a punto de estallar.
 
El modelo económico neoliberal de Mauricio Macri está sostenido con alfileres. El acuerdo con el FMI impone que el Banco Central prácticamente no puede intervenir frente a una corrida contra el dólar. Si se dispara, habrá otra devaluación y situación hiperinflacionaria. El Gobierno de los Ricos hace todo mal.
 
La Opinión Popular

20-02-2019 / 10:02
Sin margen de casualidad alguna, así como las paritarias 2018 resultaron un placebo ante la inflación/recesión también el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) ilustra el deterioro de los sueldos con una caída del 11% respecto a 2017.
 
Para los términos reales el registro del ingreso base para cualquier trabajador en blanco llegó a los niveles más bajos desde el año 2004. En centrales obreras se considera con mayor o menor discreción que la convocatoria urgente al Consejo Salarial es inevitable, si es que la Casa Rosada mensura su desafío electoral pero sobre todo mucho más por la grave coyuntura.
 
El valor del ingreso mínimo se fijó en los dos últimos años por "laudo", léase decisión directa del Gobierno Nacional prescindiendo de organizaciones sindicales y empresarios, lo cual ofrece un perfil ilustrativo de la crisis. Sobre todo para considerar que el SMVM marca mucho más que tendencias salariales sino que ilustra sobre el escenario laboral de registrados y aún empleados en negro como variable de referencia.
 
El gobierno de Mauricio Macri parece haber hecho votos de silencio justo en momentos en que más se necesita entender las variables económico-sociales que maneja la Casa Rosada para fundar sus pronósticos optimistas en un cercano porvenir, esperando que lo peor de la recesión haya quedado atrás para las elecciones presidenciales.
 
Frente a las dudas de las chances electorales del oficialismo, el único que se animó a hablar sobre economía la última semana fue el presidente de la Nación, aún con el paso en falso de diagnosticar una inflación en baja 24 horas antes de que se conociera un dato que mostró todo lo contrario.
 
El Gobierno de los Ricos patea para adelante los desequilibrios económicos (costos de la bicicleta financiera, los vencimientos de deuda y la fuga de capitales) apostando a un dólar estable a costa de una fuerte recesión. En este camino son los trabajadores y jubilados los que pagan las consecuencias del ajuste.
 
La Opinión Popular

20-02-2019 / 08:02
La oposición parlamentaria se abroqueló contra al "avasallamiento de las facultades del Congreso" que realiza el gobierno de Mauricio Macri a través de la firma de decretos de necesidad y urgencia (DNU). El voto del presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Marcos Cleri (FpV-PJ), rompió la paridad de ocho legisladores del macrismo y de la oposición.
 
Se dio así dictamen de mayoría al rechazo de tres inconstitucionales decretos de Macri: el que estableció la extinción de dominio a través de una acción civil sin condena penal para bienes de narcotráfico y corrupción; el que quitó frecuencias destinadas por ley a ARSAT para destinarlas a las empresas privadas de telefonía celular; y el que degradó la Secretaría de Deportes en una Agencia descentralizada y autárquica eliminando otras cuatro leyes nacionales sobre el deporte.
 
El diputado macrista Pablo Tonelli asumió la defensa de los cuestionados DNU, con apenas una descripción de los mismos y que cumplían los requisitos formales con la firma de todos los integrantes del gabinete nacional, girado en tiempo al Congreso, y justificó la "urgencia" en que el Congreso "estaba en receso" en enero.
 
El senador Daniel Lovera, un peronista pampeano que integra el interbloque Argentina Federal, fue el encargado de replicar al oficialismo. Recordó que dos de los tres DNU cuestionados avanzan sobre el trabajo del Congreso y que el Senado dio media sanción a proyectos que se saltean los decretos: extinción de dominio, con claras diferencias con el decreto presidencial, y la adjudicación de las frecuencias es parte de la llamada ley corta de telecomunicaciones.
 
Lovera remarcó que comparte con el oficialismo la intención de recuperar bienes y dinero producto de "mafias y delitos de corrupción". Pero enseguida insistió en que el DNU de extinción de dominio "es inconstitucional" porque allí se establece que el Ejecutivo "no puede regular en materia penal, directa o indirectamente" a través de decretos. Además de cargar contra el DNU que "degrada el deporte nacional".
 
La senadora salteña Cristina Fiore, en el interbloque del ex gobernador Juan Carlos Romero, y quien mantiene buena sintonía con Cambiemos, afirmó: "Hay que tener cuidado con los precedentes porque lo que hoy nos beneficia mañana puede perjudicarnos. El poder no es eterno", sostuvo la salteña y agregó: "Lo que beneficia a todos los argentinos es el cumplimiento de la Constitución. La cuestión de fondo no viene al caso". También cargó contra el DNU de extinción de dominio: "No es una acción civil descolgada, hay una íntima relación entre la acción civil y el proceso penal. Por más que se lo llame de otra manera no quiere decir que no tenga naturaleza penal".
 
El desafío opositor será ahora llevar los dictámenes a los recintos de Diputados y del Senado para rechazar los DNU, que debe ser en las dos Cámaras del Congreso. Mientras tanto, los decretos seguirán vigentes.
 
La Opinión Popular

19-02-2019 / 09:02
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