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Nacionales - 04-02-2019 / 10:02

El peronismo se une para denunciar los vínculos de Macri con las empresas de energía

El peronismo se une para denunciar los vínculos de Macri con las empresas de energía
LAS EMPRESAS DE ENERGÍA SON LAS GRANDES GANADORAS DEL MANDATO DE MACRI. La suba tarifaria promedio de Edenor y Edesur, entre diciembre de 2015 y el actual mes de febrero (con el aumento que rige desde el viernes 1º) alcanza, en el “cargo variable” (según la energía consumida) a 5864 por ciento para un hogar de familia tipo que consume en torno a los 350 kwh mensuales. Ello resulta de comparar el precio por kwh de 4,25 centavos en diciembre de 2015, y el de 2,71 pesos que le cobrarán a partir de este mes. Es decir, que el precio del consumo eléctrico se multiplicó por 64 en 38 meses.
En un hecho político sin precedentes, generando además un antecedente de peso, treinta intendentes bonaerenses pertenecientes o cercanos al peronismo presentarán hoy, ante los tribunales, una acción de amparo colectivo contra el aumento de las tarifas eléctricas en el área metropolitana (Capital y Gran Buenos Aires).
 
Además de la pelea judicial que liderarán los intendentes, candidatos presidenciales del peronismo combatirán los tarifazos de luz y gas con denuncias públicas sobre los empresarios muy cercanos al presidente, beneficiados con ganancias multimillonarias, de los pocos grandes ganadores del mandato de Mauricio Macri.
 
La embestida la empezó este sábado Sergio Massa en el programa de Mirtha Legrand y la continuará este lunes Felipe Solá, otro candidato a presidente, en una conferencia de prensa junto a "equipos técnicos y referentes de la oposición" para detallar las cuantiosas ganancias de las energéticas desde que Macri pisó la Casa Rosada.
 
"La estafa es haber pensado la energía como un producto y priorizar la rentabilidad. Y no como un derecho humano como dicen los contratos de concesión", señaló Solá y anticipó que le pegará duro y parejo a amigos del presidente como Nicolás "Nicky" Caputo, socio de la distribuidora energética Central Puerto; y Marcelo Mindlin, CEO de Pampa Energía, a cargo de Edenor.
 
Solá precisará en su denuncia el reparto de los 2800 millones de dólares en subsidios que recibieron distintos empresarios -liderados por Paolo Rocca de Techint- para explotar las cuentas neuquinas a un valor en boca de pozo subsidiado mayor a 7 dólares, con un detalle: sólo 1100 millones de dólares fueron para concesiones de shale oil, que requieren una inversión mucho mayor.
 
Ese esquema se volvió fiscalmente insostenible luego del acuerdo con el FMI para alcanzar el déficit cero y la semana pasada, el nuevo secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, anunció que lo daba por terminado, marcando un quiebre en la alianza de Macri con Rocca, que ahora amenaza al Estado argentino con un juicio multimillonario.
 
Otro empresario exitoso al que apuntará Sola es Rogelio Pagano, controlante de las empresas concesionarias de luz en la provincia de Buenos Aires: Eden (norte y centro), Edea (Costa Atlántica y centro), Edes (sur) y Edelap (La Plata y alrededores).
 
En coincidencia, Massa también atacó a los empresarios del sector cercanos a Macri. "El 9 de julio de 2016 le mandé una carta al Presidente advirtiéndole del riesgo de tarifas, planteándole que luz, agua y gas no podían aumentar más que salarios. Me descalificaron a mí, pero la ventajita la sacaron los 10 amigos del Presidente dueños de estas empresas", afirmó. "Todos sabemos que uno es el hermano de la vida, "Nicky" Caputo. No solo hay una actitud de insensibilidad, sino otra complaciente con sus amigos dueños de la energía", insistió.
 
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EN EXCLUSIVO, EL AMPARO QUE PRESENTARÁN LOS INTENDENTES PERONISTAS
 
Dar la pelea
 

El peronismo se une para denunciar los vínculos de Macri con las empresas de energía

Junto a los intendentes, firmarán el pedido varias organizaciones de usuarios y entidades de pequeños y medianos empresarios. Más allá del impacto político que representa tan amplio respaldo, quienes diseñaron la demanda sostienen que su fuerza está en los argumentos, una suerte de enjuiciamiento a todo el proceso de gestión de la política energética desde diciembre de 2015 hasta acá.
 
"Los aumentos de tarifas, de hasta el 5960 por ciento en tres años, no fueron a inversiones, ni a mejora del servicio: fueron a parar a mayores ganancias de las empresas, mientras que el precio de la electricidad le imposibilita seguir en actividad a muchas empresas y le restó calidad de vida a mucha gente que no puede pagarla; es lo que vamos a demostrar con el pedido de amparo, la irracionalidad del aumento, por la colisión con derechos de la población, pero también por el resultado fáctico, ya que no se cumplió ninguna de las previsiones con las que se justificó la declaración de Emergencia Energética en febrero de 2016", sostuvo Mariano Lovelli, de CEPIS, en diálogo con PáginaI12.
 
El reclamo contra el tarifazo eléctrico logró juntar a un grupo de intendentes en el que están representadas vertientes muy diferentes vinculadas al peronismo. Desde Jorge Ferraresi, jefe comunal de Avellaneda, firmemente alineado a CFK, a Julio Zamora, de Tigre, de origen muy cercano a Sergio Massa.
 
En la mesa de presentación del proyecto, se sentaron otros intendentes de distritos con mucho peso, como Verónica Magario (La Matanza) y Gabriel Katopodis (San Martín). Y junto a ellos Fernando Gray, titular del partido de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, a quien muchos le atribuyen el mérito de "haberse puesto al hombro" para la coordinación de este pronunciamiento en defensa de cientos de miles de usuarios residenciales y empresarios perjudicados. Incluso logró sumar a intendentes del interior bonaerense como Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell.
 
El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) armó una exposición de las principales variables que acompañarán la presentación que se haga hoy ante los tribunales. Los puntos centrales se describen a continuación.
 
 
Aumentos
  
La suba tarifaria promedio de Edenor y Edesur, entre diciembre de 2015 y el actual mes de febrero (con el aumento que rige desde el viernes 1º) alcanza, en el "cargo variable" (según la energía consumida) a 5864 por ciento para un hogar de familia tipo que consume en torno a los 350 kwh mensuales. Ello resulta de comparar el precio por kwh de 4,25 centavos en diciembre de 2015, y el de 2,71 pesos que le cobrarán a partir de este mes. Es decir, que el precio del consumo eléctrico se multiplicó por 64 en 38 meses.  
 
El que CEPIS define como un hogar de familia tipo electrointensivo (típicamente, el que no tiene acceso a la red de gas y por tanto, utiliza cocina y estufa eléctrica), con un consumo en torno a los 700 kwh, habrá visto aumentado el valor por kwh en 2956,5 por ciento, pero el del cargo fijo en casi 6200 por ciento (pagaba 13,40 pesos en diciembre de 2015, y ahora pasó a pagar 844,70 pesos, independientemente de cuanto consuma).
 
El tercer ejemplo que hoy tendrá la Justicia a la vista es el de una pyme, con un consumo medio estimado en 3000 kwh mensuales. En su caso, el cargo variable, que de 15,6 centavos pasó a costarle 4,33 pesos por kwh, habrá aumentado en ese período un 2673 por ciento.
 
Si uno comparara estos aumentos con la evolución de los ingresos de la población (el CEPIS lo hace), se encontraría con que la remuneración promedio de los trabajadores registrados (Ripte) creció hasta diciembre de 2018 un 118 por ciento, variación similar a la de la Asignación Universal por Hijo (117 por ciento) y el haber jubilatorio (116 por ciento). Por detrás quedó el salario mínimo vital, que se elevó 102 por ciento en el mismo período.
 
 
Cortes y consumo
  
El principal argumento que esgrimió Juan José Aranguren en febrero de 2016, cuando era ministro de Energía, para fundamentar  la declaración de la Emergencia Energética, era una evaluación de la "mala calidad del servicio", a lo que le adjudicaba la responsabilidad por un elevado nivel de cortes del suministro.
 
El informe estadístico que aportó el CEPIS para acompañar la acción de amparo que hoy se presentará exhibe que en diciembre de 2016, el promedio diario de usuarios con cortes de luz, sumados los de Edenor y Edesur, alcanzaba a 83.093 clientes.
 
Al comparar esa cifra con la de diciembre de 2018, se verifica que la cantidad de cortes no cayó, sino que creció a 132.254 clientes, con una significativa variación del 59 por ciento. Incluso si se cierra el seguimiento únicamente a los días con temperaturas máximas en un rango de 28 a 31 grados para los mismos meses, la cantidad de usuarios afectados en 2018 resulta también superior a la de 2016, prácticamente en la misma proporción: 58 por ciento.
 
Tampoco se podrá atribuir la mayor cantidad de cortes al aumento de exigencias de un consumo creciente. Las cifras que expondrá el CEPIS indican que, entre los períodos comparados, "la demanda de suministro total registrada por la distribuidora Edenor cayó en el sector residencial un 18 por ciento, mientras que la caída registrada por Edesur ha sido del 19 por ciento".
 
 
Resultados empresarios
 
El otro capítulo del análisis fáctico del CEPIS sobre la evolución del sector eléctrico en estos tres años es el referido a los resultados para las empresas. Aquí, el análisis se extiende a los tres segmentos del negocio o del servicio: distribución, transporte y generación.
 
Comparando los resultados informados por las propias empresas, se verifica en la comparación entre 2015 y 2018 que Edenor registró un incremento en sus ingresos por servicios (ventas) del orden del 1118 por ciento, mientras que Edesur obtuvo una mejora del 821 por ciento en el mismo período de tres años.
 
A su vez, el incremento de sus resultados operativos (ganancias por ventas menos costos de producción) fue del 223 por ciento para Edenor y 215 por ciento para Edesur.
 
En el caso de la concesionaria de transmisión eléctrica de alta tensión, Transener, obtuvo un aumento en sus ingresos por servicio del 290 por ciento, y en sus resultados operativos del orden del 1250 por ciento (multiplicó sus ganancias por 13,5).
 
En el segmento de generación, los números señalan para Pampa Energía un incremento en sus ingresos del 554 por ciento, y en los de Central Puerto, del 206 por ciento. A su vez, el incremento de los resultados operativos fue del 836 por ciento para Pampa Energía y del 1230 por ciento para Central Puerto.
 
Por si quedaran dudas con respecto a si esas variaciones reflejan, o no, el grado en que se favorecieron las empresas, vale mencionar cómo calificó esa misma evolución "el mercado": la acción de Edenor multiplicó por 9 su valor en esos tres años, la de Pampa Energía lo hizo por 13 y la Transener, por 10.
 
 
Pobreza energética
 
Los cuatro ejes en los que el núcleo de intendentes, y las organizaciones sociales y empresarias asentarán su acción de amparo serán la falta de razonabilidad de los aumentos, la discrepancia extrema entre los aumentos de ingresos de la población y la tarifa, el incumplimiento de la premisa de mejora del servicio a partir de la cual se dio inicio al proceso de aumentos (Emergencia Energética) y, por último, el resultado en favor de las empresas que demuestra que, en vez de volcarse en inversiones, los mayores ingresos se desviaron a mejorar los beneficios y el valor patrimonial de las prestadoras de los tres segmentos del sistema eléctrico.
 
En un amparo presentado en el año 2016 contra el aumento del gas de abril de ese año, el CEPIS logró llegar hasta la Corte Suprema que se pronunció, en agosto de 2016 declarando la nulidad de aquel primer tarifazo.
 
Allí la Corte se pronunció en favor de la "razonabilidad" de los aumentos y la necesidad de que fueran graduales, aunque no precisó criterios. Según explicó Lovelli a este diario, en la acción de amparo que se presentará hoy se apuntará a "la falta de razonabilidad de estos aumentos, demostrada en la evolución de las tarifas durante estos tres años", que significó para muchas empresas y muchas familias perder la posibilidad de acceso a un servicio esencial.
 
"La aplicación de estos cuadros tarifarios fabrica un nuevo tipo de pobreza, inédita en cuanto a su magnitud para nuestro país al inicio del trienio analizado: la pobreza energética", señaló el titular del CEPIS.
 
Esto es, cuando la proporción de ingresos que una familia debe destinar a servicios esenciales, excede cierto límite que ya lo obliga a privarse de cubrir otras necesidades. El escrito que se presentará hoy solicita que "se haga lugar a la acción de amparo, dictando sentencia declarando la inconstitucionalidad de la Resolución 366/18 de la Secretaría de Energía y Resoluciones 24, 25, 26 y 27/2019 del Ente Regulador de la Electricidad".
 
Más allá de especulaciones sobre la oportunidad política, la inédita actitud de los 30 intendentes bonaerenses refleja que hay una demanda muy genuina en contra de los tarifazos, de la que han decidido hacerse eco. Los argumentos, muy sólidos y completos, están volcados en el escrito que se presentará hoy. Mientras tanto, la voluntad de resistencia de los usuarios perjudicados se manifiesta en la calle, en la sucesión de ruidazos. Ambas manifestaciones parecen tender, ahora, a encontrarse.
 
Por Raúl Dellatorre
 
Fuente: Página12
 

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El peronismo se une para denunciar los vínculos de Macri con las empresas de energía
La vocación del Gobierno de Macri, de esperar que los resultados económicos moderadamente positivos impacten en el clima electoral, se choca con la sensación de que el Estado ha dejado de ser árbitro en favor de los ciudadanos, pero también de las empresas, chicas, medianas o grandes. Un informe de la UNDAV indica que entre 2015 y 2019 las tarifas eléctricas habrán aumentado 3.600%; las de gas, alrededor de 2.400%; los peajes, más de 1.100%, y el costo del boleto del transporte público, entre 300 y 600%. Entre 2015 y 2018 el salario promedio creció 117%, según el Ripte, o 129% si se toma en cuenta el indicador del SIPA, que mide el sector privado.
21-02-2019 / 10:02
Coca-Cola Femsa es una de las empresas más grandes y de mayor facturación del mundo pero asegura que en Argentina no le cierran los números. Pidió al Gobierno de Mauricio Macri un procedimiento preventivo de crisis (PPC) para afrontar el achicamiento de su planta embotelladora del barrio porteño de Pompeya y que el gobierno nacional los habilite a despedir gente y pagar menos indemnizaciones.
 
"La planta está prácticamente parada porque no hay ventas, no recuerdo haber pasado por una situación similar. Pero no permitiremos despidos. En este contexto no podemos permitir que ni un sólo trabajador se quede sin empleo", dijo Pablo Fernández, secretario general de la seccional porteña del Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines. Por su parte, la rama de aguas y gaseosas del sindicato de Camioneros se declaró "en estado de alerta y movilización".
 
En la planta de Pompeya trabajan 600 personas, de un total de 3 mil que están empleadas por Coca-cola Femsa en Argentina. La firma también tiene otra embotelladora en Monte Grande (Esteban Echeverría) y cuatro centros de distribución. Además, trabajan para Coca-cola otras empresas embotelladoras.
 
La venta de bebidas es uno de los segmentos del consumo masivo más afectados por el plan económico neoliberal macrista, aunque la magnitud de Coca-Cola Femsa obliga a pensar el caso con parámetros propios, en línea con lo sucedido con los preventivos de crisis de la filial local del gigante Carrefour y de Fate, una de las empresas de Javier Madanes Quintanilla, quien blanqueo $867 millones gracias a Macri.
 
El PPC permite aplicar modificaciones drásticas en la organización laboral y trasladar los costos de esos cambios sobre las espaldas de los trabajadores. Por eso los gremios advierten sobre el avance de una reforma laboral por empresa.
 
Las últimas comunicaciones de Coca-Cola y de Femsa a sus inversores ya daban indicios de la decisión: "el volumen de ventas cayó un 2% en el trimestre ya que a pesar del crecimiento en Brasil, Colombia y Perú, la operación en Argentina tuvo una baja de dos dígitos".

 
En los tres primeros trimestres de 2018, las ventas de Femsa en Argentina medidas en volumen bajaron un 9,8% interanual y los ingresos medidos en pesos mexicanos se redujeron un 46% por efecto conjunto de caída del consumo y a la fuerte devaluación del peso. Se registró una caída interanual del consumo masivo del 7,3% en enero. La categoría de peor desempeño fue bebidas sin alcohol, con una merma del 14,1%.
 
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21-02-2019 / 09:02
El dólar pegó un nuevo salto y la city vivió otra jornada de fuerte volatilidad cambiaria. La cotización del dólar que compran los ahorristas minoristas se ubica en 40,76 pesos, con un incremento de 44 centavos. La divisa alcanzó a tocar los 41,45 pesos a mitad de la jornada.
 
El Banco Central se asustó y aceleró la suba de la tasa de interés. El organismo llevó el rendimiento de las Leliq a 46,01 por ciento, lo que representa un aumento de 1 punto y medio respecto del martes. Se trata del alza diaria más importante en lo que va del año. El clima financiero fue de tensión no sólo con el tipo de cambio. El riesgo país subió 8 unidades y finalizó en 708 puntos. Los bonos en moneda extranjera bajaron hasta 2 por ciento en la jornada.
 
La demanda de divisas arrancó fuerte en las primeras horas de la rueda cambiaria y fue mostrando cierta moderación en las últimas horas. La pregunta que se hacen en el mercado es si la nueva tasa por arriba del 45 por ciento resulta suficiente para contener el proceso de dolarización de los activos en moneda local. Los inversores menos optimistas aseguran que una vez que los fondos tomaron la decisión de pasar a moneda extranjera no es sencillo hacerlos cambiar de opinión.
 
El Banco Central fue poco cauteloso con la baja de la tasa de interés este año y paga las consecuencias. Los inversores se dieron cuenta que tienen el poder de fuego necesario para generar volatilidad. Y van a exigir más tasa de interés para volver a colocarse en moneda local.
 
La autoridad monetaria presumía diciendo que no había dejado ni un peso dando vueltas y que eso reducía la posibilidad de un nuevo salto en el tipo de cambio. Pero la realidad muestra esto no funciona en la Argentina. El mercado cambiario es chico. Y con muy poca demanda de divisas se puede generar mucha inestabilidad.
 
¿Cuánto más puede seguir subiendo el dólar? Aunque son pocos los que se animan a dar una repuesta con valores precisos, la mayoría de los analistas coincide en una referencia. El techo de la banda cambiaria es casi 50 pesos. Hasta esa cifra el Central se comprometió a no vender divisas para intentar moderar la devaluación.
 
La entidad tiene la tasa de interés como herramienta clave para moderar las presiones cambiarias. Pero algunos observan que empieza a ser cada vez menos efectiva. El Central bajó en los últimos dos meses 15 puntos la tasa de interés y le dijo a los inversores que la situación estaba bajo control. Si ahora tiene que volver a llevar la tasa a niveles de 60 por ciento para parar la suba del dólar, la interpretación de la city va a ser de manual: la situación está a punto de estallar.
 
El modelo económico neoliberal de Mauricio Macri está sostenido con alfileres. El acuerdo con el FMI impone que el Banco Central prácticamente no puede intervenir frente a una corrida contra el dólar. Si se dispara, habrá otra devaluación y situación hiperinflacionaria. El Gobierno de los Ricos hace todo mal.
 
La Opinión Popular

20-02-2019 / 10:02
Sin margen de casualidad alguna, así como las paritarias 2018 resultaron un placebo ante la inflación/recesión también el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) ilustra el deterioro de los sueldos con una caída del 11% respecto a 2017.
 
Para los términos reales el registro del ingreso base para cualquier trabajador en blanco llegó a los niveles más bajos desde el año 2004. En centrales obreras se considera con mayor o menor discreción que la convocatoria urgente al Consejo Salarial es inevitable, si es que la Casa Rosada mensura su desafío electoral pero sobre todo mucho más por la grave coyuntura.
 
El valor del ingreso mínimo se fijó en los dos últimos años por "laudo", léase decisión directa del Gobierno Nacional prescindiendo de organizaciones sindicales y empresarios, lo cual ofrece un perfil ilustrativo de la crisis. Sobre todo para considerar que el SMVM marca mucho más que tendencias salariales sino que ilustra sobre el escenario laboral de registrados y aún empleados en negro como variable de referencia.
 
El gobierno de Mauricio Macri parece haber hecho votos de silencio justo en momentos en que más se necesita entender las variables económico-sociales que maneja la Casa Rosada para fundar sus pronósticos optimistas en un cercano porvenir, esperando que lo peor de la recesión haya quedado atrás para las elecciones presidenciales.
 
Frente a las dudas de las chances electorales del oficialismo, el único que se animó a hablar sobre economía la última semana fue el presidente de la Nación, aún con el paso en falso de diagnosticar una inflación en baja 24 horas antes de que se conociera un dato que mostró todo lo contrario.
 
El Gobierno de los Ricos patea para adelante los desequilibrios económicos (costos de la bicicleta financiera, los vencimientos de deuda y la fuga de capitales) apostando a un dólar estable a costa de una fuerte recesión. En este camino son los trabajadores y jubilados los que pagan las consecuencias del ajuste.
 
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20-02-2019 / 08:02
La oposición parlamentaria se abroqueló contra al "avasallamiento de las facultades del Congreso" que realiza el gobierno de Mauricio Macri a través de la firma de decretos de necesidad y urgencia (DNU). El voto del presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Marcos Cleri (FpV-PJ), rompió la paridad de ocho legisladores del macrismo y de la oposición.
 
Se dio así dictamen de mayoría al rechazo de tres inconstitucionales decretos de Macri: el que estableció la extinción de dominio a través de una acción civil sin condena penal para bienes de narcotráfico y corrupción; el que quitó frecuencias destinadas por ley a ARSAT para destinarlas a las empresas privadas de telefonía celular; y el que degradó la Secretaría de Deportes en una Agencia descentralizada y autárquica eliminando otras cuatro leyes nacionales sobre el deporte.
 
El diputado macrista Pablo Tonelli asumió la defensa de los cuestionados DNU, con apenas una descripción de los mismos y que cumplían los requisitos formales con la firma de todos los integrantes del gabinete nacional, girado en tiempo al Congreso, y justificó la "urgencia" en que el Congreso "estaba en receso" en enero.
 
El senador Daniel Lovera, un peronista pampeano que integra el interbloque Argentina Federal, fue el encargado de replicar al oficialismo. Recordó que dos de los tres DNU cuestionados avanzan sobre el trabajo del Congreso y que el Senado dio media sanción a proyectos que se saltean los decretos: extinción de dominio, con claras diferencias con el decreto presidencial, y la adjudicación de las frecuencias es parte de la llamada ley corta de telecomunicaciones.
 
Lovera remarcó que comparte con el oficialismo la intención de recuperar bienes y dinero producto de "mafias y delitos de corrupción". Pero enseguida insistió en que el DNU de extinción de dominio "es inconstitucional" porque allí se establece que el Ejecutivo "no puede regular en materia penal, directa o indirectamente" a través de decretos. Además de cargar contra el DNU que "degrada el deporte nacional".
 
La senadora salteña Cristina Fiore, en el interbloque del ex gobernador Juan Carlos Romero, y quien mantiene buena sintonía con Cambiemos, afirmó: "Hay que tener cuidado con los precedentes porque lo que hoy nos beneficia mañana puede perjudicarnos. El poder no es eterno", sostuvo la salteña y agregó: "Lo que beneficia a todos los argentinos es el cumplimiento de la Constitución. La cuestión de fondo no viene al caso". También cargó contra el DNU de extinción de dominio: "No es una acción civil descolgada, hay una íntima relación entre la acción civil y el proceso penal. Por más que se lo llame de otra manera no quiere decir que no tenga naturaleza penal".
 
El desafío opositor será ahora llevar los dictámenes a los recintos de Diputados y del Senado para rechazar los DNU, que debe ser en las dos Cámaras del Congreso. Mientras tanto, los decretos seguirán vigentes.
 
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19-02-2019 / 09:02
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