19:41 | Jueves 25 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 22-01-2019 / 09:01
LA OPOSICIÓN CRITICÓ EL DNU POR INCONSTITUCIONAL
Macri esconde el desastre económico detrás de la agenda anticorrupción
Por decreto 3245/77 se creó en la última dictadura militar la Conarepa (Comisión Nacional de Reparación Patrimonial) para investigar el patrimonio de diversas personas y ordenar la transferencia de sus bienes al patrimonio del Estado Nacional. La aprobación por Macri del DNU, reedita la Conarepa y es inconstitucional, porque no existe una circunstancia excepcional que impida al Congreso seguir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, y porque si bien es una acción civil la que se está regulando, el punto de anclaje es un proceso penal. La Constitución prohíbe que se dicte un DNU que regule materia penal, directa o indirectamente.
La campaña electoral de la alianza Cambiemos pasó del eje de la seguridad a otro de sus preferidos: la corrupción K. El presidente Mauricio Macri anunció que, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), habilitará a extinguir la propiedad sobre los bienes de personas que todavía no hayan sido condenadas penalmente. Sostuvo que lo saca por decreto porque el Congreso tardó mucho en discutir los proyectos que enviaron.
Es un acto de campaña que deja en claro que las medidas de Gobierno de este año buscarán cualquier línea que aleje la discusión del desastre de la economía. En este caso, volvió a sacar de la galera el proyecto de extinción de dominio, que había enviado al Congreso. El proyecto original había sido escrito por Sergio Massa y había tenido media sanción en Diputados en 2016.
En el Senado, luego de un fuerte rechazo en comisión por parte de distintos especialistas, el proyecto fue modificado y volvió a Diputados. El oficialismo quería insistir con la redacción original. Ayer el Presidente justificó la necesidad y la urgencia a partir de no poder esperar los tiempos legislativos.
¿Qué significa esta norma? Básicamente que el que Estado puede pedir al Poder Judicial que determinados bienes sean incautados por el solo hecho de estar vinculados a un delito y sin necesidad de condena penal. Este decreto es abiertamente inconstitucional. Los temas penales no pueden ser legislados en un DNU, deben ser aprobados en el Congreso.
Las críticas contra la norma apuntan en varias direcciones. La más importante es que termina negando el principio de inocencia que rige el funcionamiento de la Justicia. Al posibilitar que incautación de bienes sean sin condena penal, avala la posibilidad de que el Estado pueda avanzar contra quienes no han sido declarados culpables.
Es decir, la normativa la otorga un poder discrecional enorme al Gobierno, al permitirle accionar contra bienes que considera parte de una "actividad ilícita", sobre todo de opositores políticos.
Precisamente una segunda crítica recae sobre la definición de "actividades ilícitas", un concepto tan amplio como vago, difícil de determinar. Por esa característica es pasible de ser también usado de manera arbitraria.
La norma demagócica que el Gobierno impulsará está lejos de atacar la corrupción estructural que anida en la estrecha relación entre el poder político -más allá del signo político del partido gobernante- y los grandes empresarios. Una corrupción estructural que Cambiemos no quiere y no puede tocar.
La Opinión Popular
Es un acto de campaña que deja en claro que las medidas de Gobierno de este año buscarán cualquier línea que aleje la discusión del desastre de la economía. En este caso, volvió a sacar de la galera el proyecto de extinción de dominio, que había enviado al Congreso. El proyecto original había sido escrito por Sergio Massa y había tenido media sanción en Diputados en 2016.
En el Senado, luego de un fuerte rechazo en comisión por parte de distintos especialistas, el proyecto fue modificado y volvió a Diputados. El oficialismo quería insistir con la redacción original. Ayer el Presidente justificó la necesidad y la urgencia a partir de no poder esperar los tiempos legislativos.
¿Qué significa esta norma? Básicamente que el que Estado puede pedir al Poder Judicial que determinados bienes sean incautados por el solo hecho de estar vinculados a un delito y sin necesidad de condena penal. Este decreto es abiertamente inconstitucional. Los temas penales no pueden ser legislados en un DNU, deben ser aprobados en el Congreso.
Las críticas contra la norma apuntan en varias direcciones. La más importante es que termina negando el principio de inocencia que rige el funcionamiento de la Justicia. Al posibilitar que incautación de bienes sean sin condena penal, avala la posibilidad de que el Estado pueda avanzar contra quienes no han sido declarados culpables.
Es decir, la normativa la otorga un poder discrecional enorme al Gobierno, al permitirle accionar contra bienes que considera parte de una "actividad ilícita", sobre todo de opositores políticos.
Precisamente una segunda crítica recae sobre la definición de "actividades ilícitas", un concepto tan amplio como vago, difícil de determinar. Por esa característica es pasible de ser también usado de manera arbitraria.
La norma demagócica que el Gobierno impulsará está lejos de atacar la corrupción estructural que anida en la estrecha relación entre el poder político -más allá del signo político del partido gobernante- y los grandes empresarios. Una corrupción estructural que Cambiemos no quiere y no puede tocar.
La Opinión Popular
Una campaña de necesidad y urgencia
Para correr el foco de la catástrofe económica, el Gobierno de Mauricio Macri ya alimenta su campaña electoral con reformas de impronta punitivista y ahora agrega las banderas de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico con el anuncio de un Decreto de Necesidad y Urgencia sobre la llamada "extinción de dominio" que habilita a quitarle bienes a personas imputadas (o ni siquiera eso) en causas penales pero a través de un nuevo procedimiento paralelo instalado en el fuero civil.
La disposición casi no encuentra juristas que la defiendan, fue rechazada por la oposición y desató una ola de cuestionamientos que anuncian su judicialización.
Por lo pronto, la prioridad de la Casa Rosada es consolidar un golpe de efecto con un tema que había generado discrepancias en el Congreso, que demoraba su aprobación.
El proyecto ya había provocado duras críticas en el Senado, que lo devolvió a Diputados con modificaciones luego de que los especialistas invitados a opinar lo tildaran de "mamarracho", "papelón" y "violatorio de los principios de legalidad e inocencia". La utilización de un DNU por parte del Poder Ejecutivo agrava todavía más el panorama.
El DNU está emparentado con la iniciativa impulsada inicialmente en Diputados. Dispone crear un procedimiento en el fuero civil y comercial, que empieza con un planteo de un juzgado penal después que toma medidas sobre bienes bajo sospecha (en causas de corrupción, droga, trata, terrorismo) y lo notifica.
Lo que se abrirá en el fuero civil es un juicio que terminará en una sentencia que podrá determinar la "extinción de domino", o sea, el desapoderamiento de bienes sin que exista una sentencia en el ámbito penal.
Esto podrá aplicarse a personas que, aunque no estén imputadas, tengan alguna vinculación con bienes cuyo origen esté sospechado. Contarán con la posibilidad de demostrar el origen lícito, pero para eso habrán tenido que pasar por la maquinaria de tribunales. El decreto modifica el Código Procesal Civil y Comercial y la Ley de Ministerio Público, porque crea una procuraduría específica.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez, considera que "es necesaria una ley de extinción de dominio que sea una acción distinta al proceso penal pero la piedra de toque para poder iniciar el proceso tiene que ser una condena firme, no un simple procesamiento".
La aprobación por DNU "es inconstitucional, porque no existe una circunstancia excepcional que impida al Congreso seguir con el trámite ordinario para la sanción de las leyes, y porque si bien es una acción civil la que se está regulando, el punto de anclaje es un proceso penal. La Constitución prohíbe que se dicte un DNU que regule materia penal, directa o indirectamente".
En cuanto al carácter retroactivo que se habilita, señala que el "Código Civil establece que es posible darles un carácter retroactivo a las leyes en la medida en que no se afecten derechos de las personas o derechos adquiridos. Con una sentencia penal firme, si puede ser retroactivo. Pero si no hay una sentencia y sólo hay un auto de procesamiento, la retroactividad estaría afectando derechos de las personas".
Si la persona termina absuelta, además, "llevará años una acción por daños y perjuicios para que el Estado devuelva lo que desapoderó".
"La presunción contra quien es demandado/a que se toma como punto de partida es inadmisible, es inconstitucional. Implica que si alguien tiene bienes que no se adecúan a la actividad lícita, provienen de un delito y lo pueden desapoderar. Esto no supera el examen de la Corte, pero mientras tanto van a perseguir a Cristina para la campaña", sostuvo Manuel Garrido, ex diputado radical y ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA).
Con un toque de ironía, el penalista Alejandro Rúa recordó en Twitter que "por decreto 3245/77 se creó en la última dictadura la Conarepa (Comisión Nacional de Reparación Patrimonial) para investigar el patrimonio de diversas personas y ordenar la transferencia de sus bienes al patrimonio del Estado Nacional".
Mientras desde el Gobierno alegan que se eligió el fuero civil y comercial porque se trata de "jueces técnicos y de bajo perfil" que no están condicionados por la política, a diferencia de Comodoro Py, Rúa pronostica que lo que sucederá "es que se abre un kiosco nuevo en otro fuero, al que van a empezar a poblar como al fuero federal criminal y al contencioso administrativo, generando su polo de dominio gubernamental". Añadió que el DNU es "efectista pero traerá otros inconvenientes".
Sobre los cuestionamientos que hablan de inconstitucionalidad, el ministro de Justicia, Germán Garavano, le dijo a PáginaI12: "Esto no es materia penal, por eso es constitucional: se crea un procedimiento en el Código Procesal Civil y Comercial. A la vez, el argumento de que no se puede desapoderar sin sentencia es erróneo, porque justamente acá habrá sentencia, pero será civil. En ningún lado dice que tiene que ser una sentencia penal. Va a haber un proceso amplio donde se podrá producir prueba y habrá lugar a que la persona explique el origen de sus bienes".
En el Gobierno, en apoyo a esa teoría un funcionario deslizó una frase provocadora: "Acá entre nosotros hay algunos que podrían tener motivos para estar muy intranquilos frente a este decreto, pero no lo están porque está todo estudiado".
"Aunque se reglamente como el procedimiento que hace un juez civil, está intrínsecamente conectado a un proceso penal, de forma tal que infringe la prohibición de sancionar DNU en esta materia que tiene la Constitución. De hecho, los proyectos en trámite en el Congreso lo reconocían al regular la modificación de artículos en el Código Penal", advierte el constitucionalista Gustavo Arballo.
"Por la misma razón, en la medida en que la extinción de dominio se activaría sin necesidad de una 'sentencia firme', supone una transgresión del derecho al recurso y viola la presunción de inocencia que tienen los imputados", agrega.
Arballo recuerda también que "la jurisprudencia de la Corte ha enfatizado que el DNU está pensado para cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites normales de la sanción de las leyes y que no es un punto trivial. El estado de necesidad y urgencia no es igual a la mera conveniencia política. No hay en enero de 2019 circunstancias excepcionales ni imposibilidad de seguir los trámites normales para el tratamiento del proyecto. La falta de una mayoría es una inconveniencia política pero no una circunstancia de necesidad y urgencia. Para hacer pasar una ley, un presidente necesita consenso en las dos cámaras, pero para que un DNU quede vigente le basta con mayoría en una sola ya que únicamente podría caer si las dos lo rechazan".
Por Irina Hauser
Fuente: Página12
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