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“Reflexionemos antes lo que corresponde hacer y no imitemos a los atenienses, que primero atacan y luego discurren”. Pantagruel
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Entre Ríos - 03-01-2019 / 12:01
EL CASO OCURRIÓ EN 2011, CUANDO LE IMPIDIERON LA PRÁCTICA, PESE A QUE CORRÍA RIESGO SU VIDA. LUEGO DE LA CESÁREA SUFRIÓ UN ACV EN BUENOS AIRES

El Estado entrerriano deberá indemnizar a una mujer porque los médicos le negaron un aborto legal

El Estado entrerriano deberá indemnizar a una mujer porque los médicos le negaron un aborto legal
El caso ocurrió en 2011, cuando le impidieron la práctica, pese a que corría riesgo su vida. Luego de la cesárea sufrió un ACV en Buenos Aires. La mujer había concurrido al hospital San Martín, pero los médicos le negaron el aborto no punible. Foto UNO
En un fallo histórico, la Justicia ordenó a las autoridades de la provincia de Entre Ríos a indemnizar a una mujer a la que se le negó un aborto legal en 2011.
 
La Sala II de la Cámara Segunda de Paraná confirmó un fallo de primera instancia que ordenaba una reparación económica por los daños sufridos, ya que la mujer debió continuar con su embarazo pese a los problemas cardíacos que sufría y luego del parto sufrió un ACV que le dejó graves secuelas.
 
En la sentencia, los jueces consideraron que a la mujer se le impidió acceder a un derecho básico ya que en Argentina el aborto es legal desde 1921 si una mujer embarazada fue violada o su salud o su vida corren peligro. Es el artículo 86 del Código Penal. Este era el caso, pero los médicos se lo negaron.
 
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El Estado entrerriano deberá indemnizar a una mujer a la que se le negó un aborto legal
 
El Estado entrerriano deberá indemnizar a una mujer a quien se le negó un aborto no punible en 2011 en el hospital San Martín de Paraná. La Sala II de la Cámara Civil y Comercial de Paraná convalidó la sentencia de primera instancia donde se consideró que se violó el derecho humano a la salud y a decidir no tener más embarazos, de la mujer que actualmente reside en la zona rural de María Grande.
 
En primera instancia, el juez Martín Furman, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Paraná, había considerado que los médicos fueron negligentes porque "al impedir la cirugía, no hicieron todo lo que debieron haber hecho para evitar el daño", y al suspender el aborto no punible la derivaron "sin contar con el consentimiento informado de la paciente, quien no pudo decidir libremente no continuar con su embarazo".
 
El caso, que tuvo una importante exposición pública, incluso mucho tiempo antes de que el debate por el aborto haya llegado a la opinión pública y a los medios, involucra a una mujer que en aquel entonces tenía 36 años. Su situación de salud era de tal gravedad (patología cardíaca congénita), "que le ocasionaba un cuadro de deficiencia de oxígeno crónica, entre otras complicaciones. Su estado se agravó a partir de un embarazo que no debió continuar", describió en un artículo Página 12.
 
Así las cosas, el 4 de agosto se realizó un ateneo multidisciplinario donde se determinó que se le iba a practicar un aborto terapéutico. Antes había tenido cinco abortos espontáneos, producto de esta misma patología, aunque nunca recibió el tratamiento adecuado.
 
"La intervención del doctor César Pazo en el prequirófano obstaculizó su derecho. Sucedió antes del procedimiento que se iba a realizar con su consentimiento, y luego de un ateneo donde los profesionales habían acordado que era lo más recomendable; por el riesgo que tenía de continuar con el embarazo. Todo lo que vino después fue una cadena de eventos desfavorables", dijo a UNO la licenciada en Obstetricia e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Carolina Comaleras. La interrupción legal del embarazo se suspendió.
 
A la semana fue trasladada de urgencia al hospital Posadas, en el conurbano bonaerense, donde le hicieron una cesárea, tuvo una niña y a los siete días sufrió un accidente cerebrovascular, cuando todavía estaba internada, que le provocó la parálisis de la parte izquierda del cuerpo.
 
El ACV le trajo enormes complicaciones, no solo físicas sino también psicológicas, que la llevaron a demandar al Estado provincial, y un tribunal de alzada ratificó el fallo que obliga a otorgarle una reparación económica. "Ellos -la mujer y su pareja- no quieren reavivar nada, porque esto es algo superado", acotó la especialista.
 
Según se informó a UNO el monto inicial de la demanda era de 500.000 pesos, "pero no es algo que le pague a ella lo que padeció por la obstaculización al derecho".
 
Sobre la posible apelación del Estado ante el Superior Tribunal de Justicia, Comaleras reflexionó: "La verdad que lo desconozco; sería vergonzoso que volviera a apelar de alguna forma, porque fue clarísimo lo que pasó. Incluso con Silvia Primo pedimos una audiencia con el entonces ministro de Salud, Ángel Giano, quien abrió a partir del conocimiento de los hechos una investigación sumaria, que es una previa al sumario. Se citaron a declarar a todos los involucrados.
 
Fuente: UNO
 

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El término narcoestado se aplica a aquellos lugares cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas ilegales, protegidos por sus cargos. El narcotráfico es un monstruo que tiene varias caras y decenas de garras que lastima todo lo que se le cruza en el camino.
 
Desde hace años que esclaviza y mata a los paranaenses que consumen drogas. Tiene el poder económico suficiente para comprar las voluntades de muchos. Y ahora está empecinado en avanzar en diferentes instituciones y lugares ante un Estado que no termina de entender lo que está pasando o mira hacia otro lado porque no encuentra una solución al problema.
 
Uno de los hechos más grave que la Justicia investiga es la venta de 6 kilos de cocaína que los narcos habrían hecho en la Municipalidad en abril del año pasado. Luciana Lemos contó que del total de la droga, un kilo era "para (Emanuel) Gainza, uno para Hernández, dos para Bordeira y dos para Varisco". La mujer confesó que entregó personalmente la cocaína en la oficina de Bordeira por orden del jefe narco Daniel "Tavi" Celis.
 
La investigación salió a la luz el 3 de mayo del año pasado cuando la Policía Federal allanó la casa de Lemos y encontró 3,4 kilos de cocaína, $ 122.000, celulares y un cuaderno con anotaciones y cuentas en el que estaban el nombre del intendente Varisco, el de Bordeira y los concejales Hernández y Gainza.
 
El "Tavi" Celis fue el primer jefe narco detenido, vinculado a la política en la provincia. Desde su detención, los celulares de las fuerzas que luchan contra el narcotráfico se ponen al rojo vivo cada vez que realizan un procedimiento. No los llaman para felicitarlos por el trabajo realizado, sino para preguntar quién es el detenido y si conocían para quién trabajaba políticamente el sospechoso.
 
Y no es ilógico que esto suceda. En los últimos 15 años el monstruo del narcotráfico modificó las estructuras sociales de los barrios. Antes, un dirigente debía negociar con el referente -o puntero, si se prefiere- para trabajar políticamente en determinados sectores.
 
Pero estos dirigentes barriales perdieron el poder en manos de los transas que venden muerte en dosis de un gramo y no dudan en brindar asistencialismo social. Son el nexo entre la gente y los dirigentes. "Uno, como político, por conseguir más votos no se cuida mucho", habría reconocido un dirigente radical para intentar justificar a un correligionario por vincularse a una banda de tráfico de drogas.
 
Entonces, a un candidato desesperado por sumar votos no le quedaría otra que recurrir a la bendición del narco del barrio para poder militar territorialmente. Y el monstruo crece porque el Estado lo permite, y lo que es peor aún: no hay un reconocimiento del grave problema. Así, Paraná corre el riesgo que se instale un narcoestado.
 
La Opinión Popular

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