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Nacionales - 22-12-2018 / 11:12
FIRMÓ EL ACUERDO CON UNA QUITA DE DEUDA DEL 98,87% EN BENEFICIO DEL PRESIDENTE

Oscar Aguad: el primer ministro de Macri camino al procesamiento en una causa por corrupción

Oscar Aguad: el primer ministro de Macri camino al procesamiento en una causa por corrupción
EN EL NOMBRE DEL PRESI. Oscar Aguad es el primer ministro de Macri camino al procesamiento en una causa por corrupción. Está imputado en la investigación del acuerdo por la deuda del Correo Argentino, que el Gobierno de Macri impulsó para favorecer al Grupo Macri en miles de millones. La intervención de Aguad convalidó una quita del 98,87 por ciento.
El ministro de Defensa, Oscar Aguad, deberá presentarse el 28 de febrero a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo como responsable de las negociaciones y el acuerdo firmado con la empresa Correo Argentino, del Grupo Macri, a través del cual el Estado aceptaba perdonarle el 98,87 por ciento de su deuda de 4000 millones de pesos en perjuicio del patrimonio de la administración pública.
 
El fiscal Gerardo Pollicita había pedido la citación en un dictamen donde sostenía que existió un pacto "espuriamente concebido" por fuera del expediente concursal con el objetivo "beneficiar a la empresa" de la familia presidencial.
 
Señalaba que Aguad -entonces ministro de Comunicaciones- había dado instrucciones a su director de asuntos jurídicos, Juan Mocoroa, quien también será interrogado por haber tramado y firmado el convenio a sabiendas de que era "abusivo".
 
Del lado de la compañía serán indagados quien era su titular, Jaime Cibils Robirosa y el abogado patrocinante Jaime Kleidermacher. Los delitos en juego son: negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. Sigue pendiente la situación del presidente Mauricio Macri.
 
¿De qué se responsabiliza a Aguad? "Supo desde el primer momento que al aceptar la propuesta de pago de la concursada se estaba apartando de sus deberes de protección y cuidado de los bienes nacionales, cuya custodia era inherente a su condición de ministro", "acordó con la contraparte" fuera del expediente; "el acuerdo alcanzado" fue resultado de "una connivencia previa" para "someter la voluntad estatal a las pretensiones de la concursada".
 
Lo que no está claro es si la investigación finalmente abarcará lo que atañe a la responsabilidad del propio presidente Macri, porque a pesar de todo el revuelo generado alrededor de este acuerdo favorable al Correo, del cual el Gobierno se retiró para pedir uno nuevo, la deuda del clan Macri sigue impaga.

 
Si bien Macri, ante el escándalo, anunció que todo volvería a "foja cero" se sucedieron planteos y chicanas tanto de parte de la empresa como del Estado, sólo favorables a los intereses privados: el principal resultado fue el paso del tiempo sin que nada cambiara.
 
Los representantes estatales pidieron prórrogas favorables a la empresa, ésta intentó multiplicar obstáculos para impedir que se investiguen maniobras de vaciamiento durante el proceso concursal denunciadas por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, (tema pendiente en la Corte Suprema), en el ínterin el Correo ofreció pagar con un edificio que el Estado ya considera propio y luego presentó una nueva oferta aún discutida que varía poco y nada las condiciones.
 
Mientras tanto, la firma de los Macri sigue apostando a conseguir algún resarcimiento en un despliegue de juicios que inició contra el Estado derivados de la estatización de la empresa en 2003. O sea, quiere plata. 
 
La resolución de Lijo cita, íntegro, el dictamen de Pollicita que a la vez respalda y vuelve a exhibir los argumentos que planteó la fiscal Boquín, cuando rechazó la homologación del acuerdo y denunció irregularidades.
 
El Correo entró en concurso preventivo en 2001. Desde ese momento el expediente concursal se convirtió en un caso récord en dilaciones que evitaron desde entonces y hasta la actualidad que la empresa pagara sus deudas, principalmente por cánones que nunca abonó al Estado. A la vez eludió la quiebra, que arrastraría a sus controlantes, Socma y Sideco.
 
Durante esos 17 años, en cuatro oportunidades los representantes estatales rechazaron ofertas del Correo por considerar que eran perjudiciales para las arcas públicas. La última propuesta había sido rechazada en 2015, pero al año siguiente, ya con Mauricio Macri en la presidencia, todo cambió.
 
En el expediente hay listas de audiencias y temarios de las primeras reuniones de Gabinete de ese año, donde ya aparece la cuestión de la deuda del Correo como tema a tratar, de interés. El presidente Macri transfirió las acciones ligadas a esa firma a otros miembros de su familia, y Franco había hecho algo similar pero seguía siendo beneficiario.
 
El dictamen de Pollicita que recoge el juez puntualiza que desde 2016 hubo un cambio de actitud estatal y lo que antes se consideraba como una oferta desfavorable, dejó de serlo a pesar de que no había grandes variaciones. De una actitud cuidadosa de los intereses pecuniarios del Estado pasaron a proteger a los intereses de la empresa, explica.
 
Comenzaron entonces las reuniones, entre miembros del ministerio de Comunicaciones y Correo, como documentó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
 
Una el 11 de marzo de 2016, con un encuentro del secretario de Tecnologías de la Información, Héctor Huici, con Robirosa; el 14 de abril también junto a ellos participa Mocoroa; el 19 de mayo Mocoroa se presenta en la causa a asumir la representación estatal y pide una audiencia con el Correo; en una nota del 23 de mayo le anticipa a Aguad que la empresa hizo una oferta, que no fue presentada en el expediente hasta dos semanas después; Aguad, en la nota 55/2016, muestra que ya conoce la oferta y le da instrucciones sobre lo que se puede aceptar, de modo que en la audiencia sucede una suerte de "acting" donde Correo ofrece 19 cuotas y 6 por ciento de interés anual, sabiendo que era inadmisible (era lo mismo ofertado en 2014), y luego pasa a 15 cuotas y 7 por ciento de interés, que era justo el mínimo señalado por el ministro, rápidamente aceptado por Mocoroa.
 
Para ese entonces, un análisis del Banco mostró que, sin contar intereses posconcursales, sólo se le pagaría al Estado el 5,85 por ciento de la deuda.
 
Un estudio completo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en Investigaciones de la Procuración (DAFI) constató que las 15 cuotas equivalían a una quita del 98,87 por ciento, o sea, el Correo pagaría realmente sólo 1,13 por ciento del crédito. La quita exacta era de 4.656.446.226 pesos y para colmo se terminaría de pagar en 2033, cuando equivaldría ya a 70.000 millones.
 
Mocoroa fue "brazo ejecutor" y asistió el día de la audiencia. Está citado para el 26 de febrero. Los representantes de la empresa de los Macri son considerados partícipes. Serán indagados el 19 y 21 de febrero.
 
Los grandes temas que quedan abiertos y que no está claro si la investigación finalmente los abarcará atañen a la responsabilidad del propio presidente Macri, que en un decreto incluso reconoció el conflicto de intereses, por lo que se inhibió de opinar en el tema.
 
Sin embargo, ya lo había hecho con instrucciones para que Aguad diera marcha atrás después de que saliera a la luz el pacto. Luego se sumó una cadena de situaciones que constan en el expediente: la designación de Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro (cuerpo de abogados del Estado) que pasa a tener un papel central.
 
El funcionario fue denunciado porque su estudio solía representar al Grupo Macri. Saravia Frías pertenece a la mesa chica judicial de Macri y cerró el sumario que había impulsado su antecesor, Carlos Balbín, a quien esa decisión le costó el cargo.
 
La última palabra sobre el cierre de esas actuaciones la tuvo la vicepresidenta Gabriela Michetti, que también dijo que no había irregularidades en danza; lo mismo había dicho Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, también denunciada. Eran conclusiones a contramano de lo que ahora despunta en la causa.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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17-01-2019 / 08:01
En los mentideros cuyanos aún es motivo de comentarios el estupor que le causaron al presidente Mauricio Macri las encuestas que la semana anterior le alcanzó el gobernador Alfredo Cornejo al encuentro en el country Cumellén de Villa La Angostura.
 
Ahí se mostraba que los 13 intendentes mendocinos radicales llevan la delantera con holgura en la intención de voto dentro de cada uno de sus distritos, pero en cuanto nacionalizan la boleta, vaya quien vaya a la provincial, la mayoría pierde no menos de 20 puntos.
 
El caso más llamativo resultó ser el de Godoy Cruz, de donde es oriundo el titular de la Convención Nacional de la UCR: el alcalde correligionario, Tadeo García Zalazar, midió 72%, pero en sábana con el Presidente de la Nación bajaba a 40 puntos.
 
Ese tal vez fue el motivo que llevó a la Casa Rosada a replantear su estrategia y, en lugar de negociar elección unificada para apalancarle votos a Macri en primera vuelta, optar por desactivar la candidatura del intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, para suceder a Cornejo, que propiciaba Marcos Peña, y dejarlo librado a la interna local.
 
La advertencia había sido: "Ojo que el titular del día siguiente podría enfocarse por el lado de que perdió el candidato de Macri", como sugiere una nota aparecida en el medio local Mendozapost.
 
En Buenos Aires ahora se conforman con que Cornejo se las arregle con su gente, pero que dé la cara como socio de Cambiemos encabezando la lista de diputados nacionales de la provincia.
 
Lo está pensando, pero igual en febrero seguramente lo tratará la convención nacional que preside, en la cual el partido de Alem tendrá que decidir hasta dónde acompañar la reelección de Macri y bajo qué condiciones, o si irá por afuera en las PASO.
 
Estarán expectantes de si el Pro mantiene a Daniel Salvador como vice en la provincia de Buenos Aires y si hay espacio para apoyar una tercera vía alternativa a la polarización con Cristina.
 
Hasta ahora, los nombres que se tiraron han sido Martín Lousteau, apadrinado por Ricardo Alfonsín, y Roberto Lavagna, como prenda de unidad, que le instalaron al círculo rojo.
 
Si bien se atribuye al ADN de la lealtad peronista el dicho de que "te acompañan hasta la puerta del cementerio pero no entran", por los últimos movimientos que se vieron en la coalición gobernante Cambiemos se nota que los radicales también lo incorporaron a su acervo en la relación con Mauricio Macri.

17-01-2019 / 08:01
Como dos viejos amigos (que no son), el derechista Mauricio Macri y el ultraderechista Jair Bolsonaro se mostraron sonrientes en su primer encuentro. La relación entre ellos comenzó con una fuerte desconfianza, entre otras cosas, porque los ministros brasileños aseguraron que ni la Argentina ni el Mercosur serían prioridad para el nuevo gobierno.
 
Con la asunción de Bolsonaro se confirma un nuevo eje de la derecha sudamericana. "Tenemos muchas coincidencias con Bolsonaro", dijo Macri al término de la reunión. Ambos presidentes buscarán redoblar sus ataques sobre el pueblo trabajador de la región. Reformas previsionales, entrega al capital financiero, ajustes fiscales, discriminación, privatizaciones en el caso de Brasil, y represión al pueblo, entre los principales lineamientos de ambos gobiernos.
 
A pedido del imperialismo yanqui, uno de los primeros focos de ataque del eje neoliberal conservador Bolsonaro-Macri es Venezuela. Al finalizar la reunión entre los dos presidentes, Macri afirmó que "estamos de acuerdo respecto a la crisis de Venezuela. No hay dudas respecto a que Maduro es un dictador".

De este modo, el golpista Bolsonaro, que reivindica la dictadura militar brasileña, y el presidente Macri, cuya familia hizo fortunas de la mano del genocidio dictatorial argentino, se arrogaron la potestad de dar clase de democracia y cuestionar el régimen político venezolano.
 
También coincidieron en mayores planes de entrega al capital financiero. A pesar de que la economía argentina está sumida en una profunda crisis, con recesión, récords de inflación, aumento de la pobreza y un default de deuda en el horizonte, Bolsonaro aseguró que Brasil ve "con interés y admiración los esfuerzos de Macri por levantar la economía argentina e integrarla al mundo".
 
También derrocharon demagogia en sus "luchas" contra la corrupción y la "inseguridad". "Combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos", fue uno de los acuerdos de la reunión. De las delegaciones de ambos países participaron los polémicos Patricia Bullrich y Sergio Moro. A su vez, Bolsonaro viene hablando de la posibilidad de instalar una base militar yanqui en Brasil y la habilitación de portar armas como parte de su política de mano dura.
 
Por último, hay que señalar que Brasil es el principal socio de la economía argentina. Un 20% de los productos que exporta tienen ese destino. Sin embargo, lo que se habló de economía fue pura sanata. La balanza comercial entre los dos países tuvo un rojo de 4.648 millones de dólares en el 2018 en contra de Argentina.
 
Al parecer, de eso no se habló. Y si Macri hizo algún intento, fue rápidamente abortado por el brasileño que no está dispuesto a mantener el mismo trato de negociación y diálogo permanente que establecían los gobiernos anteriores para limar los problemas de asimetrías económicas.
 
La Opinión Popular

16-01-2019 / 09:01
16-01-2019 / 08:01
Primero, Mauricio Macri la canchereó, después la subestimó y luego se les fue de las manos. Y así la alianza Cambiemos se enfrenta ahora a cerrar el último año del mandato incumpliendo la promesa central de su discurso económico: no habrán podido tener ningún año de inflación bien por debajo de la que promedió Cristina Fernández.
 
"Que era lo más fácil de hacer porque dependía del gobierno", decía el presidente Macri o que abrir el cepo era gratis porque "los precios ya estaban a 15" como decía el primer ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quedaron como ejemplos históricos del que sobra un problema nada menos que el costo de vida en Argentina.
 
Que "hay que mirar la inflación núcleo" porque ahí no hay impacto de tarifas, que "las metas no se cambian porque están para cumplirlas" y que "todos los países del mundo controlan la inflación con tasa de interés" son los regalos para los libros de la ilusión y el desencanto que dejaron los días de Federico Sturzenegger en el Banco Central.
 
Que "recalibramos las metas" del 12 al 15% para 2018 y "atrasamos un año" llegar al objetivo del 5% son los epígrafes que acompañarán por siempre la conferencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, del 28 de diciembre de 2017 que fue el punto de partida de la peor crisis desde 2002.
 
La inflación de 2018 fue la más alta en 27 años. Este martes el Indec dio a conocer la inflación del año pasado que llegó al 47,6%, y fue el nivel más elevado desde 1991 cuando la variación de precios fue del 84%. En diciembre la variación del índice de precios (IPC) fue del 2,6%.
 
Este "logro" del gobierno de Cambiemos no fue un acto de magia, sino que fue tejido en años previos en base a un deterioro cada vez más marcado de la situación externa que estalló en abril pasado, fue acompañado por tarifazos y falta de control de parte del Estado de precios sensibles para el bolsillo popular.
 
El estudio Eco Go calcula que si la luz, el gas y el transporte sólo se hubieran movido igual que la inflación (y no con subas del 1000% como tuvieron) el costo de vida acumulado de los tres años igual llega al 131,2%. Con los aumentos en pleno, da 158% hasta ahora. ¿Puede haber un número que resuma más el fracaso económico de Macri?
 
La contracara de la inflación es el brutal deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Los trabajadores registrados del sector privado perdieron en noviembre de 2018 un 16 % de su poder de compra con respecto a noviembre de 2015. Los empleados públicos tuvieron una perdida mayor en los últimos tres años que alcanzó al 20 % en el mismo período. Mientras que los jubilados y todos los beneficiarios de asignaciones familiares, AUH, pensiones y otras prestaciones atadas a la movilidad, perdieron 23,7 % entre noviembre de 2015 y mismo mes de 2018.
 
La inflación produjo el hundimiento de la economía nacional, un deterioro generalizado de las condiciones de vida y es determinante en el giro del clima político en contra del incapaz Gobierno de los Ricos.
 
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15-01-2019 / 09:01
Mauricio Macri ha realizado todos los deberes para el FMI, impulsó una batería de reformas estructurales neoliberales de la economía y buscó alianzas de dependencia estratégica con EE.UU., pero la "lluvia de inversiones" no llega.
 
Según Fundación Capital (FC), en el cuarto trimestre del 2018 la inversión tuvo una estrepitosa caída de 22,7% interanual. Así, para la consultora dirigida por el ex presidente del BCRA, Martín Redrado, ese componente clave de la demanda agregada marcaría un deterioro de 4,9% durante la totalidad del año pasado.
 
Si a ese derrotero se le suma la contracción del 10,5% que proyecta el Gobierno para el 2019, se acumulará un negativo de 15% durante el último bienio de la gestión y la inversión cerrará con niveles de formación de capital fijo tan bajos como no se veían desde la crisis global generada por las subprime.
 
Desde FC son un poco más optimistas que el Gobierno acerca de lo que ocurrirá en 2019 y esperan una caída 8%. En ese caso el bienio acumularía una contracción de "apenas" 12,6%. Pero para otros analistas incluso la proyección oficial de 10,5%, publicada en el Programa Financiero 2019 que salió a la luz la semana pasada, peca de optimista.
 
La inversión es un componente clave de la demanda agregada. Un PBI traccionado por ella garantiza a priori un crecimiento más sostenible y en base a una mayor productividad.
 
Las altas tasas de interés y a la vez la posibilidad de una devaluación holgada atentan hoy contra su despegue. A eso se le suma el parate en la obra pública, que es la base del acuerdo de ajuste con el FMI, y la fuerte caída del consumo, por la caída récord del salario real.
 
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