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Entre Ríos - 10-12-2018 / 11:12
DIJO QUE SE TRATA DE UN “PASE DE FACTURAS” DE PARTE DEL PODER JUDICIAL

“Estamos preocupados por la liviandad con que algunos jueces nos castigan”, afirmó el presidente del IOSPER, Fernando Cañete

“Estamos preocupados por la liviandad con que algunos jueces nos castigan”, afirmó el presidente del IOSPER, Fernando Cañete
El presidente del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, manifestó su “preocupación” ante diversos fallos judiciales contra el organismo y cuestionó que existe “liviandad cada vez que hay que fallar contra la obra social”.
 
El presidente del directorio del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), Fernando Cañete, manifestó su "preocupación" ante diversos fallos judiciales contra el organismo y cuestionó que existe "liviandad cada vez que hay que fallar contra la obra social".
 
Luego de detallar diversas situaciones desfavorables al IOSPER, analizó: "La factura que estoy pagando es que el Poder Judicial haya tenido que aportar en su totalidad a la obra social". De todos modos, admitió que "las obras sociales provinciales de todo el país estamos padeciendo lo mismo".
 
A la hora de hacer un balance de la situación de la entidad en este año, afirmó que "desde lo económico estamos muy bien, el problema que tenemos es financiero" porque hay un déficit de entre 65 y 70 millones de pesos "y por eso se demora el pago en algunos prestadores, como kinesiólogos y odontólogos que en el transcurso de esta semana se estará pagando".

 
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza) Cañete mencionó su preocupación por diversas decisiones judiciales contra la obra social y explicitó que "por una disposición que se hace en un Juzgado de Familia donde una mujer presenta un pedido de filiación, cuyo presunto padre es empelado municipal y lo primero que dispone la jueza es la afiliación provisoria a la obra social, ante lo cual se pidió la documentación necesaria la que nunca se presentó y a raíz de eso se plantea una penal contra mi persona por desobediencia judicial".
 
No obstante ello, advirtió que "al ahondar en el expediente judicial resulta que la solicitud de filiación el único movimiento que había tenido era solamente el pedido de afiliación provisorio y el expediente estaba planchado". Y agregó que "el presunto padre no estaba enterado de que era presunto padre ni que estaba denunciado pero se le dio curso a la denuncia penal".
 
Al respecto, criticó que "esto viene por esa liviandad que existe cada vez que hay que fallar contra la obra social" y agregó que "otra situación es con los cuidadores domiciliarios, donde por amparo tenemos tres cuidadores y al hacer la auditoria la persona presuntamente afiliada expresa que está bien, que tiene un solo cuidador pero la justicia obliga a la obra social a disponer de tres, que va una sola persona y la persona que tiene el poder para cobrar no le paga a los cuidadores".
 
"Tenemos un amparo que nos condena por tres cuidadores de domiciliarios, cuando pagamos 1.216 cuidadores domiciliarios por mes, que suman casi 14 millones de pesos mensuales", afirmó.
 
También comentó que "a eso hay que sumarle las maestras orientadoras-integradoras, donde hay directivos que se quejan porque no son controlados, no cumplen horario, no conocen la planificación del trabajo y además hay otra situación en Concordia donde se está presentando esta semana la denuncia penal porque hay una maestra que es directora de un establecimiento escolar a la mañana, por la tarde tiene otro cargo de maestra con pedido de licencia sin goce de sueldo, y por amparo tenemos cinco afiliados que supuestamente esta señora le brinda la atención de maestra orientadora-integradora: a un chico de 7.15 a 12 horas, a otro de 8 a 13 horas, y a otro en horarios discontinuos; y dos chicos más a la tarde que van a la casa de esta señora". Calificó la situación como "un despropósito".
 
Ante esto, afirmó: "Estamos preocupados por la liviandad con que algunos jueces nos castigan".
 
"Esto lo hablé con la ex presidenta del STJ (Claudia Mizawak) y con el presidente actual (Emilio Castrillón, pero cada juez funciona dentro de su jurisdicción y luego está la posibilidad de la alzada en un organismo superior, pero al salir un amparo en primera instancia tenemos que dar curso. Y esto nos preocupa muchísimo. De la misma manera en que nos condenan con medicamentos de alto costo o las famosas sillas de ruedas de un millón de pesos", refirió.
 
Consultado por la situación de otras instituciones, afirmó que "las obras sociales provinciales de todo el país estamos padeciendo lo mismo; salvo la de La Pampa o San Juan, los demás estamos a merced de esta situación". "Y por eso expresamos preocupación porque entendemos que somos el chivo expiatorio de la comercialización de la salud, y todo lo que va a entrar al país ingresan por las obras sociales provinciales porque somos las más débiles y a quienes nos condenan muy rápido y en cuanto a los servicios estamos en la misma situación", alertó.
 
En este contexto, afirmó que "la factura que estoy pagando es que el Poder Judicial haya tenido que aportar en su totalidad a la obra social" y recordó que "al momento de asumir la presidencia había unos casi 600 magistrados, funcionarios y empleados que no aportaban a la obra social y luego de varias reuniones se pudo establecer el descuento para todos los trabajadores, funcionarios y magistrados del Poder Judicial, por acuerdo con la doctora Mizawak". "Y hoy se están pagando las consecuencias de eso, nada es casualidad", cuestionó.
 
No obstante, sostuvo que "si los amparos nos condenan por haber hecho las cosas mal, no podemos decir nada, pero que nos condenen por medicamentos de uso compasivo que no están aprobados en la Argentina y son de fase experimental y salen 10 o 12 millones de pesos, no corresponde".
 
Puntualizó que "hay uno o dos casos por mes de este tipo, algunos de los cuales se pueden refutar" y reveló que "este mes ya nos anoticiaron que habrá un amparo por un medicamento que sale cerca de 12 millones de pesos y en virtud de alguna jurisprudencia nos van a querer condenar".
 
 
La situación de la obra social
 
A la hora de hacer un balance de la situación del IOSPER en este año, Cañete referenció que "en 2014 con un dólar a 8,80 pesos cerramos el año con un déficit de 5,92 del gasto prestacional que eran 69 millones de pesos; en 2017 con el dólar a 22 pesos cerramos con 3,84 por ciento de déficit que representó 92 millones de pesos, en 2018 con un dólar a 40 pesos vamos a cerrar con un déficit de 1,89 por ciento que rondará entre 65 y 70 millones de pesos".
 
"Desde lo económico estamos muy bien, el problema que tenemos es financiero porque esos 70 millones de pesos no lo tenemos y por eso se demora el pago en algunos prestadores, como kinesiólogos y odontólogos que en el transcurso de esta semana se estará pagando y reintegros estuvo parado un semana y media, y estos 70 millones de pesos que nos faltan hacen que algunos restadores tengan mal humor. Son 70 millones de pesos que no tenemos y hay que ir aplicando alguna política para revertir la situación", analizó.
 
En cuanto a personal dijo que la institución "está bien, a medida que se van jubilando se van incorporando otros empleados, salvo una incorporación de siete u ocho empleados que se hizo en Oro Verde porque se ampliaron los horarios".
 
Mencionó que "se abrieron tres delegaciones en la provincia, que son ad honorem en algunos municipios chicos, donde el municipio pone el personal y nosotros el equipamiento y el sistema, y quedan Ceibas y Aldea San Antonio para el año que viene que habrá que analizar".
 
Agregó que "se está realizando un relevamiento en la provincia y se tratará de coordinar con municipios del norte provincial" y mencionó que "por otro lado, la Municipalidad de Hernandarias cedió un lote para hacer la delegación propia, en María Grande se cursó una nota para hacer lo mismo, se está cerrando la construcción en Federal, el año pasado se hizo en Concordia y estamos en proceso de licitación para la compra de un inmueble en Gualeguay así que se está avanzando bastante bien".
 
Fuente: Análisis Digital
 

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El término narcoestado se aplica a aquellos lugares cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas ilegales, protegidos por sus cargos. El narcotráfico es un monstruo que tiene varias caras y decenas de garras que lastima todo lo que se le cruza en el camino.
 
Desde hace años que esclaviza y mata a los paranaenses que consumen drogas. Tiene el poder económico suficiente para comprar las voluntades de muchos. Y ahora está empecinado en avanzar en diferentes instituciones y lugares ante un Estado que no termina de entender lo que está pasando o mira hacia otro lado porque no encuentra una solución al problema.
 
Uno de los hechos más grave que la Justicia investiga es la venta de 6 kilos de cocaína que los narcos habrían hecho en la Municipalidad en abril del año pasado. Luciana Lemos contó que del total de la droga, un kilo era "para (Emanuel) Gainza, uno para Hernández, dos para Bordeira y dos para Varisco". La mujer confesó que entregó personalmente la cocaína en la oficina de Bordeira por orden del jefe narco Daniel "Tavi" Celis.
 
La investigación salió a la luz el 3 de mayo del año pasado cuando la Policía Federal allanó la casa de Lemos y encontró 3,4 kilos de cocaína, $ 122.000, celulares y un cuaderno con anotaciones y cuentas en el que estaban el nombre del intendente Varisco, el de Bordeira y los concejales Hernández y Gainza.
 
El "Tavi" Celis fue el primer jefe narco detenido, vinculado a la política en la provincia. Desde su detención, los celulares de las fuerzas que luchan contra el narcotráfico se ponen al rojo vivo cada vez que realizan un procedimiento. No los llaman para felicitarlos por el trabajo realizado, sino para preguntar quién es el detenido y si conocían para quién trabajaba políticamente el sospechoso.
 
Y no es ilógico que esto suceda. En los últimos 15 años el monstruo del narcotráfico modificó las estructuras sociales de los barrios. Antes, un dirigente debía negociar con el referente -o puntero, si se prefiere- para trabajar políticamente en determinados sectores.
 
Pero estos dirigentes barriales perdieron el poder en manos de los transas que venden muerte en dosis de un gramo y no dudan en brindar asistencialismo social. Son el nexo entre la gente y los dirigentes. "Uno, como político, por conseguir más votos no se cuida mucho", habría reconocido un dirigente radical para intentar justificar a un correligionario por vincularse a una banda de tráfico de drogas.
 
Entonces, a un candidato desesperado por sumar votos no le quedaría otra que recurrir a la bendición del narco del barrio para poder militar territorialmente. Y el monstruo crece porque el Estado lo permite, y lo que es peor aún: no hay un reconocimiento del grave problema. Así, Paraná corre el riesgo que se instale un narcoestado.
 
La Opinión Popular

18-03-2019 / 11:03
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