señalaron los supremos en su fallo, con la única excepción del aislado  Rosenkrantz.
 
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Nacionales - 05-12-2018 / 11:12
LA CORTE SUPREMA REVOCÓ SU POSTURA

Genocidas sin 2x1: Solo Rosenkrantz, el ex abogado de Clarín, votó en contra

Genocidas sin 2x1: Solo Rosenkrantz, el ex abogado de Clarín, votó en contra
En uno de los fallos más previsibles del cronograma previsto hasta fin de año, la Corte Suprema revocó la doctrina del “2x1” para delitos de lesa humanidad y convalidó la ley que el Congreso votó en tratamiento exprés para que ese beneficio no alcance a represores. La Corte adoptó esta decisión por cuatro votos contra uno, con la disidencia del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz.
Las especulaciones sobre un "relanzamiento" del ineficaz gobierno de Mauricio Macri por un supuesto "éxito" en el G20 tuvieron patas cortas. En solo un par de días tras el evento, se conocieron datos duros de la crisis económica, Elisa Carrió hizo fuertes declaraciones contra la derechización de Cambiemos y el Poder Judicial le dio un primer revés judicial a las políticas del Gobierno.
 
La Corte Suprema dio marcha atrás con el bochornoso fallo que abrió la puerta a presentaciones de cientos de represores y generó una masiva protesta en contra de la impunidad. Ahora rechazó otorgar el beneficio del 2x1 al ex agente de inteligencia Rufino Batalla. Fue por cuatro votos contra uno: solo el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, el ex abogado de Clarín, ratificó su postura en favor de los genocidas.
 
La nueva decisión de la Corte revierte el fallo que había beneficiado a los condenados por delitos de lesa humanidad, sobre la base del planteo realizado por el represor Luis Muiña.
 
En esa oportunidad, con la firma de Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco, los supremos permitieron acotar las penas de acuerdo a los años que los genocidas habían pasado en prisión sin sentencia firme, mientras se desarrollaban los juicios sin precedentes en el mundo contra los crímenes de Estado.
 
El fallo favorable desencadenó una catarata de pedidos en la misma línea de otros represores, lo que en la práctica, su aplicación implicaba una reedición de la amnistía.
 
En paralelo, la sociedad rechazó de plano la decisión de la Corte y junto a los organismos de derechos humanos realizaron una multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo, el 10 de mayo, que será recordada como la de los pañuelos blancos.
 
El fallo finalmente no se aplicó porque el Congreso emitió una ley que lo impidió, pero aún faltaba una nueva opinión de la Corte. Rosatti y Highton basaron su cambio de postura en esa norma interpretativa aprobada luego, pero Rosenkrantz sostuvo igualmente su posición en favor de los represores.  "El fallo de la Corte se aparta de la Constitución en nombre de los derechos humanos", frutean hoy en el medio ultra macrista Clarín.
 
"No resulta irrazonable coincidir con el legislador-intérprete en que las conductas criminales tipificadas como delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional constituyen fundamento suficiente para sustentar la imposibilidad de aplicar a sus autores el beneficio del '2x1' en el cómputo solicitado", señalaron los supremos en su fallo, con la única excepción del aislado  Rosenkrantz.
 
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Un revés histórico para la impunidad
 
Por cuatro votos contra uno la Corte Suprema de Justicia (CS) sentenció que la reducción de pena apodada "2x1" (ley 24.390) no es aplicable a los condenados por crímenes de lesa humanidad. El represor Rufino Batalla requería esa protección en el juicio decidido ayer (ver asimismo notas aparte).
 
Los cortesanos reparan la injusticia de un fallo anterior en sentido opuesto que ordenó liberar a Luis Muiña arrojando una mayoría de tres a dos. Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti formaron minoría. La mayoría la integraron Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti.
 
Los dos últimos cambiaron ayer su postura. Entre una sentencia y otra pasaron más de un año y una reacción social formidable que empujó el dictado en tiempo record de la ley 27362 interpretativa de la 24.390. Establecía precisamente lo que ayer aceptó la CS.
 
Nunca se sabrá fehacientemente, como cualquier contrafactual, pero todo indica que sin esa digna, oceánica y ultra pacífica movilización popular otro (y peor) sería el escenario hoy. 
 
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Lorenzetti y Maqueda "iban en tren bala" esta vez. Ya habían señalado que la exención del 2x1 no protegía a los represores. Firmaron su voto en conjunto, en buena medida remitiéndose al anterior.
 
 Rosatti y Highton explicaron su viraje como consecuencia de una innovación: la ley interpretativa.
 
 En el caso "Muiña" Rosatti había explicado que solo el legislador (el Congreso) tenía capacidad de excluir a los genocidas de la tutela del 2x1 precisando sus alcances. Ello ocurrido, divulgó que cambiaría de proceder, cuando se dictara otra sentencia. Tenía sus fundamentos redactados ya en el año pasado.
 
 Lorenzetti, por entonces presidente del tribunal, quiso que la jurisprudencia correctiva se plasmara pronto. Los Supremos coincidieron adelantando sus criterios similares a los publicados ayer. Se agendó fecha para el "Acuerdo" respectivo (todavía corría el año 2017); la liturgia establece que los cinco se reúnen y se firma. A la hora señalada Highton de Nolasco pegó un faltazo, adujo estar enferma. Poco después, retiró su voto sin dar explicaciones a sus pares; lo mantuvo latente y en suspenso hasta ayer.
 
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Los debates jurídicos suelen hacerse incomprensibles para los profanos, en parte por falta de capacidad didáctica de los magistrados. En parte, a propósito. Las proporciones son fluctuantes, estimarlas queda a criterio de cada quién.
 
Como fuera, el resultado es un déficit democrático del Poder Judicial (PJ). Los jueces -reza un cuestionable proverbio- hablan por sus fallos. Cabe añadir que, a menudo, solo los entienden ellos mismos y un puñado de elegidos (por lo general abogados).
 
Los zigzags, luces y oscuridades de la historia argentina contribuyen a dificultar las explicaciones.
 
La enorme mayoría de los crímenes de lesa humanidad se cometieron bajo una dictadura.
 
En la recuperación democrática, el presidente Raúl Alfonsín ordenó su juzgamiento, un momento inaugural y luminoso. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida configuraron un tremendo retroceso agravado por los indultos concedidos por el ex presidente Carlos Menem.
 
Imperó -con ciertas excepciones y por un largo lapso- un contexto de impunidad. La violación originaria de derechos humanos resucitó, convalidada por gobernantes legitimados en las urnas.
 
El presidente Néstor Kirchner dispuso, otro rapto luminoso, reparar la injusticia. Con su iniciativa el Parlamento determinó que "las leyes de la impunidad" eran inconstitucionales. Los Tribunales reafirmaron la nulidad que se proyecta retroactivamente.
 
Se promovieron o reabrieron procesos que configuraron un trabajoso y aún inconcluso ejemplo en el mundo. Los tres poderes del Estado coincidieron como producto de la infatigable lucha de los organismos de derechos humanos desde 1976 hasta hoy mismo.
 
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El argumento que zafaba a los genocidas fue la vigencia (entre los años 1994 y 2001) de la ley penal más benigna: el 2x1. Reducía el cómputo de las penas corporales para personas que habían estado con prisión preventiva durante más de dos años y luego eran condenados. Por cada año de prisión preventiva se calculaban dos. Era, puesto en lengua vulgar, una compensación por la injusticia de haber estado largo tiempo apresado sin condena.
 
 La construcción es forzada, falaz, para los juicios que analizamos por un motivo clavado que la parla forense niega. En ese lapso Muiña y Batalla (entre otros) no vivían entre rejas sino en libertad guarecidos bajo el paraguas protector de las leyes de la impunidad.  
 
Ese es el punto que tozuda e ideológicamente niega Rosenkrantz aduciendo acatar "la letra de la ley". Contra lo que podría suponer un no iniciado, un fallo no es la conclusión inevitable de un silogismo en el cual la premisa mayor es la ley y la menor los hechos. En tal caso, la labor del sentenciante resultaría puramente mecánica. En una de esas, podría hacerse cargo una computadora debidamente programada. Hipótesis tentadora que ahorraría unos pesos al erario público y, acaso, propiciaría trámites más veloces. No hay tal, empero. 
 
Rosatti exhuma una certera (y simpática) frase de Montesquieu, precursor de la ciencia política, quien escribió hace siglos "un juez no es un ventrílocuo que recita la ley al aplicarla". Resolver es un acto de voluntad, subrayamos. Parafraseemos al gran barón de Montesquieu: muy a menudo los jueces se asemejan a míster Chasman porque le hacen decir a Chirolita (la ley) lo que les viene en gana.
 
La voluntad de Rosenkrantz apunta a que quien nunca estuvo preso mientras valía el 2x1 reciba la "compensación" que esa norma estipuló. Batalla, por ejemplo, recién quedó encarcelado en 2010. De nuevo: la ley 24390 fue derogada en 2001.
 
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Rosatti y Highton arguyen que la ley interpretativa no modifica la 24390, simplemente la explica. No agrava la pena de los condenados, la ratifica.
 
Rosenkrantz porfía. La norma exigida por una mayoría abrumadora de la sociedad civil no perfora, a su ver, el blindaje de "la ley penal más benigna": llega tarde. Si se extremara el modo de razonar de Rosenkrantz tal vez todos los represores deberían ser liberados o casi porque la Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos tuvieron su intervalo de validez, antes de ser fulminados por el Congreso y el Poder Judicial.
 
Los móviles y modus operandi de Rosenkrantz en la primera sentencia que impulsó (y por algo escogió) fueron revelados por el colega Martín Granovsky en este diario, en su momento https://www.pagina12.com.ar/37690-los-cruzados-de-rosenkrantz.  El designio de Su Señoría era propinarle un golpe letal a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
 
Venció en ese momento mas convenciendo a pocos aún dentro de Tribunales. Numerosos jueces y fiscales se negaron a plegarse a la Cruzada del flamante cortesano macrista. En nuestro sistema legal, como regla, no existe el "precedente": una sentencia cuya doctrina es obligatoria para otros pleitos.
 
Casi siempre (hay contadas excepciones que ahorramos acá) un juez de cualquier instancia tiene facultades para hacer valer un criterio distinto. Claro que si hay una doctrina de Corte primaría si el juicio llega hasta ahí, tras recorrer un largo camino. Pero jueces y fiscales con apego a derecho y personalidad se rebelaron. Es lícito y, quién sabe, "garpa" tácticamente si andando el tiempo los tribunales superiores reconsideran su tesitura.
 
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El sistema funcionó, por una vez. La acción directa y la memoria histórica concientizaron (o acicatearon, tanto da) a los poderes públicos, sin la menor violencia. No se ve todos los días (menos con ese punch y celeridad) aunque no es exótico en un país en el que la participación en calles y plazas es parte del poder político, en proporciones poco habituales en la experiencia comparada.
 
Por ahí eso explica que que el presidente Mauricio Macri y su brazo derecho, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quieran darle a la Policía Federal licencia para matar.
 
La resistencia social, política y jurídica ya arrancaron, esa es la buena noticia. La mala, atroz, es la continuidad agravada de la violencia institucional.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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22-02-2019 / 09:02
La grata sorpresa que les dio Mauricio Macri a los empresarios de la comitiva al aparecer en el cóctel que organizó Gabriel Martino en el último piso del Taj Mahal Palace no alcanzó para aventar la impresión entre la mayoría de los asistentes de que la gira por India y Vietnam fue bastante improvisada.
 
Desde el punto de vista de los negocios, al menos, el viaje del Presidente no estuvo antecedido por una avanzada diplomática ni por la minuciosa labor de inteligencia comercial que suelen desplegar las naciones desarrolladas antes de una gira así.
 
Resultados al canto: lo poco de concreto que hubo en los acuerdos sellados con Narendra Modi fue un compromiso de compra de verduras, frutas y hortalizas. Con los herederos de Ho Chi Minh no fue mucho mejor. Y encima hubo que prometerles acceso al deprimido mercado local de electrodomésticos.
 
Los veteranos de antiguas giras presidenciales sí reconocieron como un acierto la elección del destino: dos países que crecen mucho, no alineados con la nueva ola proteccionista norteamericana, y complementarios productivamente con la Argentina.
 
A India y Vietnam, por ejemplo, Vicentín y Aceitera General Deheza (AGD) les venden aceite de soja procesado en Argentina, mientras China importa el poroto que muele en sus gigantescos puertos costeros meridionales. Un paso de agregación de valor cuyo impacto en el empleo es ínfimo, pero cuyo aporte a la balanza comercial en tiempos de presión cambiaria no puede despreciarse.
 
El problema, diagnosticaron tres de los ejecutivos que volaron a Oriente con Macri, es que nadie del Gobierno piensa la inserción internacional en esa clave de valor agregado. Quedó claro de solo ver la lista de quienes viajaron.
 
Mientras el secretario de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere fue acompañado por siete personas, entre funcionarios y equipo, el viejo Ministerio de la Producción -que ahora engloba a Agroindustria- apenas pudo colar a Juan Pablo Trípodi, el presidente de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional.
 
No solo brillaron por su ausencia Dante Sica y su equipo más cercano. Ni siquiera hubo delegados de la Secretaría de Comercio Exterior, el ámbito natural donde se planifican misiones así.
 
Etchevehere compartió el viaje con Daniel Pelegrina, su sucesor en la presidencia de la Sociedad Rural, donde empiezan a resonar lamentos por las tasas de interés a las que los productores tuvieron que financiar los gastos de la última siembra.
 
Los que se volvieron con caras largas son los que trabajan en rubros más tecnificados, como turbinas y reactores. "Si fuera por Etchevehere solo exportaríamos granos de soja y ganado en pie", comentó uno de ellos.

22-02-2019 / 08:02
Las canastas de alimentos y servicios elaboradas por el Indec para estimar la pobreza e indigencia escalaron 3,7 por ciento en enero y acumulan un aumento de 55,8 por ciento en doce meses, lo que muestra un fuerte incremento de la desigualdad como consecuencia de la aplicación de la política económica neoliberal del gobierno de Mauricio Macri. Los ricos son más ricos y los pobres más pobres.
 
La línea de pobreza se define por la estimación de valor de una canasta básica total (CBT), que incluye alimentos y servicios básicos para un hogar de dos adultos y dos menores. El organismo estadístico estimó que una pareja joven con hijos de 6 y 8 años necesitó 26.442,9 pesos para superar el umbral de pobreza monetaria y 10.577,2 pesos para alimentarse y no ser considerados indigentes para las estadísticas.
 
Por otro lado, el índice de la canasta básica alimentaria (CBA), que incluye solamente alimentos, es el que se utiliza para medir línea de indigencia y en enero se ubicó en $12.721,73, un alza del 52,8% interanual y del 3,9% frente a diciembre. Es decir que la evolución inflacionaria fue más alta en los alimentos, golpeando más fuerte precisamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
 
El incendio inflacionario volvió a poner foco en los sectores más pobres de la población. Y la profunda recesión inducida por el programa de austeridad del FMI obligó al presidente Macri a anticipar que el año pasado aumentó la pobreza, cuando 2,5 millones de personas en todo el país pasaron a ser pobres en términos de su ingreso monetario.
 
Los datos oficiales serán publicados dentro de un mes pero la combinación de un incremento en la valorización de las canastas para enero con una elevada inflación, destrucción de empleo y deterioro de los ingresos salariales, permite anticipar que los niveles de pobreza monetaria continuaron en ascenso al iniciar 2019.
 
A la espera de un salto en los niveles de pobreza para el segundo semestre de 2018, los voceros oficiales comenzaron a abrir el paraguas: "Ya lo dijo el Presidente, con el impacto de la inflación y de algunas medidas económicas, claramente el próximo puede ser un índice que dé un poco peor que el ultimo que se anunció", afirmó dos semanas atrás la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.
 
La inflación de los más pobres sigue sin techo y se escapa de la ya elevada inflación general. Los niveles de pobreza siguen aumentando, sobre todo cuando los salarios no se recuperan y los sectores más vulnerables sufren las consecuencias de la política de tierra arrasada que aplica contra ellos el Gobierno de los Ricos.
 
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21-02-2019 / 10:02
Coca-Cola Femsa es una de las empresas más grandes y de mayor facturación del mundo pero asegura que en Argentina no le cierran los números. Pidió al Gobierno de Mauricio Macri un procedimiento preventivo de crisis (PPC) para afrontar el achicamiento de su planta embotelladora del barrio porteño de Pompeya y que el gobierno nacional los habilite a despedir gente y pagar menos indemnizaciones.
 
"La planta está prácticamente parada porque no hay ventas, no recuerdo haber pasado por una situación similar. Pero no permitiremos despidos. En este contexto no podemos permitir que ni un sólo trabajador se quede sin empleo", dijo Pablo Fernández, secretario general de la seccional porteña del Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines. Por su parte, la rama de aguas y gaseosas del sindicato de Camioneros se declaró "en estado de alerta y movilización".
 
En la planta de Pompeya trabajan 600 personas, de un total de 3 mil que están empleadas por Coca-cola Femsa en Argentina. La firma también tiene otra embotelladora en Monte Grande (Esteban Echeverría) y cuatro centros de distribución. Además, trabajan para Coca-cola otras empresas embotelladoras.
 
La venta de bebidas es uno de los segmentos del consumo masivo más afectados por el plan económico neoliberal macrista, aunque la magnitud de Coca-Cola Femsa obliga a pensar el caso con parámetros propios, en línea con lo sucedido con los preventivos de crisis de la filial local del gigante Carrefour y de Fate, una de las empresas de Javier Madanes Quintanilla, quien blanqueo $867 millones gracias a Macri.
 
El PPC permite aplicar modificaciones drásticas en la organización laboral y trasladar los costos de esos cambios sobre las espaldas de los trabajadores. Por eso los gremios advierten sobre el avance de una reforma laboral por empresa.
 
Las últimas comunicaciones de Coca-Cola y de Femsa a sus inversores ya daban indicios de la decisión: "el volumen de ventas cayó un 2% en el trimestre ya que a pesar del crecimiento en Brasil, Colombia y Perú, la operación en Argentina tuvo una baja de dos dígitos".

 
En los tres primeros trimestres de 2018, las ventas de Femsa en Argentina medidas en volumen bajaron un 9,8% interanual y los ingresos medidos en pesos mexicanos se redujeron un 46% por efecto conjunto de caída del consumo y a la fuerte devaluación del peso. Se registró una caída interanual del consumo masivo del 7,3% en enero. La categoría de peor desempeño fue bebidas sin alcohol, con una merma del 14,1%.
 
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21-02-2019 / 09:02
El dólar pegó un nuevo salto y la city vivió otra jornada de fuerte volatilidad cambiaria. La cotización del dólar que compran los ahorristas minoristas se ubica en 40,76 pesos, con un incremento de 44 centavos. La divisa alcanzó a tocar los 41,45 pesos a mitad de la jornada.
 
El Banco Central se asustó y aceleró la suba de la tasa de interés. El organismo llevó el rendimiento de las Leliq a 46,01 por ciento, lo que representa un aumento de 1 punto y medio respecto del martes. Se trata del alza diaria más importante en lo que va del año. El clima financiero fue de tensión no sólo con el tipo de cambio. El riesgo país subió 8 unidades y finalizó en 708 puntos. Los bonos en moneda extranjera bajaron hasta 2 por ciento en la jornada.
 
La demanda de divisas arrancó fuerte en las primeras horas de la rueda cambiaria y fue mostrando cierta moderación en las últimas horas. La pregunta que se hacen en el mercado es si la nueva tasa por arriba del 45 por ciento resulta suficiente para contener el proceso de dolarización de los activos en moneda local. Los inversores menos optimistas aseguran que una vez que los fondos tomaron la decisión de pasar a moneda extranjera no es sencillo hacerlos cambiar de opinión.
 
El Banco Central fue poco cauteloso con la baja de la tasa de interés este año y paga las consecuencias. Los inversores se dieron cuenta que tienen el poder de fuego necesario para generar volatilidad. Y van a exigir más tasa de interés para volver a colocarse en moneda local.
 
La autoridad monetaria presumía diciendo que no había dejado ni un peso dando vueltas y que eso reducía la posibilidad de un nuevo salto en el tipo de cambio. Pero la realidad muestra esto no funciona en la Argentina. El mercado cambiario es chico. Y con muy poca demanda de divisas se puede generar mucha inestabilidad.
 
¿Cuánto más puede seguir subiendo el dólar? Aunque son pocos los que se animan a dar una repuesta con valores precisos, la mayoría de los analistas coincide en una referencia. El techo de la banda cambiaria es casi 50 pesos. Hasta esa cifra el Central se comprometió a no vender divisas para intentar moderar la devaluación.
 
La entidad tiene la tasa de interés como herramienta clave para moderar las presiones cambiarias. Pero algunos observan que empieza a ser cada vez menos efectiva. El Central bajó en los últimos dos meses 15 puntos la tasa de interés y le dijo a los inversores que la situación estaba bajo control. Si ahora tiene que volver a llevar la tasa a niveles de 60 por ciento para parar la suba del dólar, la interpretación de la city va a ser de manual: la situación está a punto de estallar.
 
El modelo económico neoliberal de Mauricio Macri está sostenido con alfileres. El acuerdo con el FMI impone que el Banco Central prácticamente no puede intervenir frente a una corrida contra el dólar. Si se dispara, habrá otra devaluación y situación hiperinflacionaria. El Gobierno de los Ricos hace todo mal.
 
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20-02-2019 / 10:02
Sin margen de casualidad alguna, así como las paritarias 2018 resultaron un placebo ante la inflación/recesión también el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) ilustra el deterioro de los sueldos con una caída del 11% respecto a 2017.
 
Para los términos reales el registro del ingreso base para cualquier trabajador en blanco llegó a los niveles más bajos desde el año 2004. En centrales obreras se considera con mayor o menor discreción que la convocatoria urgente al Consejo Salarial es inevitable, si es que la Casa Rosada mensura su desafío electoral pero sobre todo mucho más por la grave coyuntura.
 
El valor del ingreso mínimo se fijó en los dos últimos años por "laudo", léase decisión directa del Gobierno Nacional prescindiendo de organizaciones sindicales y empresarios, lo cual ofrece un perfil ilustrativo de la crisis. Sobre todo para considerar que el SMVM marca mucho más que tendencias salariales sino que ilustra sobre el escenario laboral de registrados y aún empleados en negro como variable de referencia.
 
El gobierno de Mauricio Macri parece haber hecho votos de silencio justo en momentos en que más se necesita entender las variables económico-sociales que maneja la Casa Rosada para fundar sus pronósticos optimistas en un cercano porvenir, esperando que lo peor de la recesión haya quedado atrás para las elecciones presidenciales.
 
Frente a las dudas de las chances electorales del oficialismo, el único que se animó a hablar sobre economía la última semana fue el presidente de la Nación, aún con el paso en falso de diagnosticar una inflación en baja 24 horas antes de que se conociera un dato que mostró todo lo contrario.
 
El Gobierno de los Ricos patea para adelante los desequilibrios económicos (costos de la bicicleta financiera, los vencimientos de deuda y la fuga de capitales) apostando a un dólar estable a costa de una fuerte recesión. En este camino son los trabajadores y jubilados los que pagan las consecuencias del ajuste.
 
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