señalaron los supremos en su fallo, con la única excepción del aislado  Rosenkrantz.
 
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Nacionales - 05-12-2018 / 11:12
LA CORTE SUPREMA REVOCÓ SU POSTURA

Genocidas sin 2x1: Solo Rosenkrantz, el ex abogado de Clarín, votó en contra

Genocidas sin 2x1: Solo Rosenkrantz, el ex abogado de Clarín, votó en contra
En uno de los fallos más previsibles del cronograma previsto hasta fin de año, la Corte Suprema revocó la doctrina del “2x1” para delitos de lesa humanidad y convalidó la ley que el Congreso votó en tratamiento exprés para que ese beneficio no alcance a represores. La Corte adoptó esta decisión por cuatro votos contra uno, con la disidencia del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz.
Las especulaciones sobre un "relanzamiento" del ineficaz gobierno de Mauricio Macri por un supuesto "éxito" en el G20 tuvieron patas cortas. En solo un par de días tras el evento, se conocieron datos duros de la crisis económica, Elisa Carrió hizo fuertes declaraciones contra la derechización de Cambiemos y el Poder Judicial le dio un primer revés judicial a las políticas del Gobierno.
 
La Corte Suprema dio marcha atrás con el bochornoso fallo que abrió la puerta a presentaciones de cientos de represores y generó una masiva protesta en contra de la impunidad. Ahora rechazó otorgar el beneficio del 2x1 al ex agente de inteligencia Rufino Batalla. Fue por cuatro votos contra uno: solo el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, el ex abogado de Clarín, ratificó su postura en favor de los genocidas.
 
La nueva decisión de la Corte revierte el fallo que había beneficiado a los condenados por delitos de lesa humanidad, sobre la base del planteo realizado por el represor Luis Muiña.
 
En esa oportunidad, con la firma de Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco, los supremos permitieron acotar las penas de acuerdo a los años que los genocidas habían pasado en prisión sin sentencia firme, mientras se desarrollaban los juicios sin precedentes en el mundo contra los crímenes de Estado.
 
El fallo favorable desencadenó una catarata de pedidos en la misma línea de otros represores, lo que en la práctica, su aplicación implicaba una reedición de la amnistía.
 
En paralelo, la sociedad rechazó de plano la decisión de la Corte y junto a los organismos de derechos humanos realizaron una multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo, el 10 de mayo, que será recordada como la de los pañuelos blancos.
 
El fallo finalmente no se aplicó porque el Congreso emitió una ley que lo impidió, pero aún faltaba una nueva opinión de la Corte. Rosatti y Highton basaron su cambio de postura en esa norma interpretativa aprobada luego, pero Rosenkrantz sostuvo igualmente su posición en favor de los represores.  "El fallo de la Corte se aparta de la Constitución en nombre de los derechos humanos", frutean hoy en el medio ultra macrista Clarín.
 
"No resulta irrazonable coincidir con el legislador-intérprete en que las conductas criminales tipificadas como delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional constituyen fundamento suficiente para sustentar la imposibilidad de aplicar a sus autores el beneficio del '2x1' en el cómputo solicitado", señalaron los supremos en su fallo, con la única excepción del aislado  Rosenkrantz.
 
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Un revés histórico para la impunidad
 
Por cuatro votos contra uno la Corte Suprema de Justicia (CS) sentenció que la reducción de pena apodada "2x1" (ley 24.390) no es aplicable a los condenados por crímenes de lesa humanidad. El represor Rufino Batalla requería esa protección en el juicio decidido ayer (ver asimismo notas aparte).
 
Los cortesanos reparan la injusticia de un fallo anterior en sentido opuesto que ordenó liberar a Luis Muiña arrojando una mayoría de tres a dos. Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti formaron minoría. La mayoría la integraron Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti.
 
Los dos últimos cambiaron ayer su postura. Entre una sentencia y otra pasaron más de un año y una reacción social formidable que empujó el dictado en tiempo record de la ley 27362 interpretativa de la 24.390. Establecía precisamente lo que ayer aceptó la CS.
 
Nunca se sabrá fehacientemente, como cualquier contrafactual, pero todo indica que sin esa digna, oceánica y ultra pacífica movilización popular otro (y peor) sería el escenario hoy. 
 
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Lorenzetti y Maqueda "iban en tren bala" esta vez. Ya habían señalado que la exención del 2x1 no protegía a los represores. Firmaron su voto en conjunto, en buena medida remitiéndose al anterior.
 
 Rosatti y Highton explicaron su viraje como consecuencia de una innovación: la ley interpretativa.
 
 En el caso "Muiña" Rosatti había explicado que solo el legislador (el Congreso) tenía capacidad de excluir a los genocidas de la tutela del 2x1 precisando sus alcances. Ello ocurrido, divulgó que cambiaría de proceder, cuando se dictara otra sentencia. Tenía sus fundamentos redactados ya en el año pasado.
 
 Lorenzetti, por entonces presidente del tribunal, quiso que la jurisprudencia correctiva se plasmara pronto. Los Supremos coincidieron adelantando sus criterios similares a los publicados ayer. Se agendó fecha para el "Acuerdo" respectivo (todavía corría el año 2017); la liturgia establece que los cinco se reúnen y se firma. A la hora señalada Highton de Nolasco pegó un faltazo, adujo estar enferma. Poco después, retiró su voto sin dar explicaciones a sus pares; lo mantuvo latente y en suspenso hasta ayer.
 
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Los debates jurídicos suelen hacerse incomprensibles para los profanos, en parte por falta de capacidad didáctica de los magistrados. En parte, a propósito. Las proporciones son fluctuantes, estimarlas queda a criterio de cada quién.
 
Como fuera, el resultado es un déficit democrático del Poder Judicial (PJ). Los jueces -reza un cuestionable proverbio- hablan por sus fallos. Cabe añadir que, a menudo, solo los entienden ellos mismos y un puñado de elegidos (por lo general abogados).
 
Los zigzags, luces y oscuridades de la historia argentina contribuyen a dificultar las explicaciones.
 
La enorme mayoría de los crímenes de lesa humanidad se cometieron bajo una dictadura.
 
En la recuperación democrática, el presidente Raúl Alfonsín ordenó su juzgamiento, un momento inaugural y luminoso. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida configuraron un tremendo retroceso agravado por los indultos concedidos por el ex presidente Carlos Menem.
 
Imperó -con ciertas excepciones y por un largo lapso- un contexto de impunidad. La violación originaria de derechos humanos resucitó, convalidada por gobernantes legitimados en las urnas.
 
El presidente Néstor Kirchner dispuso, otro rapto luminoso, reparar la injusticia. Con su iniciativa el Parlamento determinó que "las leyes de la impunidad" eran inconstitucionales. Los Tribunales reafirmaron la nulidad que se proyecta retroactivamente.
 
Se promovieron o reabrieron procesos que configuraron un trabajoso y aún inconcluso ejemplo en el mundo. Los tres poderes del Estado coincidieron como producto de la infatigable lucha de los organismos de derechos humanos desde 1976 hasta hoy mismo.
 
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El argumento que zafaba a los genocidas fue la vigencia (entre los años 1994 y 2001) de la ley penal más benigna: el 2x1. Reducía el cómputo de las penas corporales para personas que habían estado con prisión preventiva durante más de dos años y luego eran condenados. Por cada año de prisión preventiva se calculaban dos. Era, puesto en lengua vulgar, una compensación por la injusticia de haber estado largo tiempo apresado sin condena.
 
 La construcción es forzada, falaz, para los juicios que analizamos por un motivo clavado que la parla forense niega. En ese lapso Muiña y Batalla (entre otros) no vivían entre rejas sino en libertad guarecidos bajo el paraguas protector de las leyes de la impunidad.  
 
Ese es el punto que tozuda e ideológicamente niega Rosenkrantz aduciendo acatar "la letra de la ley". Contra lo que podría suponer un no iniciado, un fallo no es la conclusión inevitable de un silogismo en el cual la premisa mayor es la ley y la menor los hechos. En tal caso, la labor del sentenciante resultaría puramente mecánica. En una de esas, podría hacerse cargo una computadora debidamente programada. Hipótesis tentadora que ahorraría unos pesos al erario público y, acaso, propiciaría trámites más veloces. No hay tal, empero. 
 
Rosatti exhuma una certera (y simpática) frase de Montesquieu, precursor de la ciencia política, quien escribió hace siglos "un juez no es un ventrílocuo que recita la ley al aplicarla". Resolver es un acto de voluntad, subrayamos. Parafraseemos al gran barón de Montesquieu: muy a menudo los jueces se asemejan a míster Chasman porque le hacen decir a Chirolita (la ley) lo que les viene en gana.
 
La voluntad de Rosenkrantz apunta a que quien nunca estuvo preso mientras valía el 2x1 reciba la "compensación" que esa norma estipuló. Batalla, por ejemplo, recién quedó encarcelado en 2010. De nuevo: la ley 24390 fue derogada en 2001.
 
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Rosatti y Highton arguyen que la ley interpretativa no modifica la 24390, simplemente la explica. No agrava la pena de los condenados, la ratifica.
 
Rosenkrantz porfía. La norma exigida por una mayoría abrumadora de la sociedad civil no perfora, a su ver, el blindaje de "la ley penal más benigna": llega tarde. Si se extremara el modo de razonar de Rosenkrantz tal vez todos los represores deberían ser liberados o casi porque la Obediencia Debida, el Punto Final y los indultos tuvieron su intervalo de validez, antes de ser fulminados por el Congreso y el Poder Judicial.
 
Los móviles y modus operandi de Rosenkrantz en la primera sentencia que impulsó (y por algo escogió) fueron revelados por el colega Martín Granovsky en este diario, en su momento https://www.pagina12.com.ar/37690-los-cruzados-de-rosenkrantz.  El designio de Su Señoría era propinarle un golpe letal a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.
 
Venció en ese momento mas convenciendo a pocos aún dentro de Tribunales. Numerosos jueces y fiscales se negaron a plegarse a la Cruzada del flamante cortesano macrista. En nuestro sistema legal, como regla, no existe el "precedente": una sentencia cuya doctrina es obligatoria para otros pleitos.
 
Casi siempre (hay contadas excepciones que ahorramos acá) un juez de cualquier instancia tiene facultades para hacer valer un criterio distinto. Claro que si hay una doctrina de Corte primaría si el juicio llega hasta ahí, tras recorrer un largo camino. Pero jueces y fiscales con apego a derecho y personalidad se rebelaron. Es lícito y, quién sabe, "garpa" tácticamente si andando el tiempo los tribunales superiores reconsideran su tesitura.
 
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El sistema funcionó, por una vez. La acción directa y la memoria histórica concientizaron (o acicatearon, tanto da) a los poderes públicos, sin la menor violencia. No se ve todos los días (menos con ese punch y celeridad) aunque no es exótico en un país en el que la participación en calles y plazas es parte del poder político, en proporciones poco habituales en la experiencia comparada.
 
Por ahí eso explica que que el presidente Mauricio Macri y su brazo derecho, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quieran darle a la Policía Federal licencia para matar.
 
La resistencia social, política y jurídica ya arrancaron, esa es la buena noticia. La mala, atroz, es la continuidad agravada de la violencia institucional.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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15-12-2018 / 10:12
La contundencia del balance numérico de los 3 años de gestión de la alianza Cambiemos es desastroso: 291% de devaluación, 160% de inflación, 3008% de alza en el gas, 2136% en la luz, 515% en el agua, 22% de caída en el salario real promedio y 24% en el mínimo y 18,5% en la jubilación.
 
Pero además, la destrucción de 51.700 empleos privados, la resignación de 107.933 puestos industriales y la desaparición de 9609 Pymes. Aún así, a cada argentino le tocan $283.380 de la deuda contraída, que supera en 420% a la que dejó la economía K y que ocupa 17,7% del gasto público, 10,2 puntos más que desde que asumió el actual gobierno.
 
Uno de las mentiras de campaña, como la promesa de reducción del peso del Estado, se usó en realidad de camuflaje para echar personal de planta y contratado heredado de la gestión anterior, pero reemplazándolo con creces por "tropa propia" e inclusive mejor paga. Hay un crecimiento de 87.700 empleos públicos nacionales.
 
En verdad, se hipotecó el futuro: se achicó la actividad económica, hay menos trabajo, se benefició más a los ricos en desmedro de los pobres y se disminuyó la inversión destinada a educación y ciencia, ¿a cambio de qué?
 
Recién ahora, desde la industria se advierte sobre un posible agravamiento de la recesión si no se adoptan medidas que fomenten las inversiones y una mayor actividad.
 
Acusado, imputado y procesado por haber pagado coimas a funcionarios del gobierno anterior en el marco de la causa de los cuadernos, Paolo Rocca paradójicamente se acaba de convertir en "el vocero" de la agenda de temas que el empresariado local reclama que Mauricio Macri encare en su cuarto año de mandato.
 
La voz del titular del Grupo Techint -y también el hombre más rico de la Argentina- se escuchó en un seminario de la organización Pro Pyme de la cual el holding es parte importante y, entre sus pares, se leyó como un fuerte mensaje hacia el gobierno de los CEOs de Cambiemos.
 
Si bien no marcó directamente los errores de gestión que la mayoría de los ejecutivos del país le adjudican a Macri, sí hizo referencia a las medidas que el país "necesita" mirando a mediano y largo plazo.
 
En ese contexto, pidió un país que genere más divisas genuinas, que apoye las exportaciones, que no mire solamente al campo sino también a la industria y que mantenga un tipo de cambio competitivo, en especial en un año electoral como será el 2019.
 
La Opinión Popular

15-12-2018 / 08:12
En un país ya de por sí aterrorizado por la peor política económica que recuerde, se levantan tapas desde las que se abalanzan viejos monstruos, como esas cajas con resorte de las que salta un payaso de susto.
 
El escándalo de la Libertadores por la violencia en el fútbol derivó en que -¡salta el payaso!- la final de una copa con ese nombre se definiera entre dos equipos argentinos en el país del que fuimos liberados por los Libertadores.
 
La denuncia por la violación de una menor por parte de un adulto en el ámbito del espectáculo estalló en los medios como una granada que se multiplicó en miles de esquirlas y relatos de mujeres que contaron por primera vez que fueron abusadas o violadas de niñas.
 
Y -¡salta el payaso!- el presidente Mauricio Macri, quien dijo que no les cree a las mujeres cuando dicen que no les gusta, "que les digan qué lindo culo tenés", anunció que enviará al Congreso una ley de equidad de género.
 
El que fue presidente de un club que tiene una de las barras más agresivas está incapacitado moralmente para hablar de violencia en el fútbol porque no hizo nada cuando pudo hacerlo.
 
El hombre que juega con esa idea de que "aunque digan que no, es sí" y que piensa que es agradable para las mujeres que todo el tiempo los hombres hablen de sus culos, no puede decir que entiende o, siquiera, que trata de entender la violencia de género.
 
El presidente que encabezó una de las principales constructoras contratistas del Estado y cuyas empresas se multiplicaron durante la dictadura, no tiene autoridad para hablar de corrupción en la obra pública, porque su fortuna proviene de ese ámbito y nunca dijo nada.
 
Y como su hermano Gianfranco, que acaba de declarar esta semana ante la justicia que "nunca pagó sobornos, no sé mi padre", parece que en la familia presidencial se escudan en la discapacidad mental de Franco, il capo di famiglia.
 
Es el mismo Macri que prometió "pobreza cero" en la campaña y se acaba de demostrar que su gobierno ha sido el que con más rapidez aumentó los niveles de pobreza en el país, aún más que las dictaduras y que cualquier gobierno civil.
 
La mayoría de los argentinos votó a un presidente que encarna a sus peores congojas. Cada payaso monstruoso que brinca de las cajitas del horror argentino tiene un reflejo de la clase y el grupo social al que pertenece Macri.

14-12-2018 / 10:12
Gianfranco Macri compareció ayer ante el juez Claudio Bonadío, evitó defender su padre Franco y mandó a los cronistas tribunalicios a preguntarle "a él" si había pagado coimas para mantener sus cabinas de Autopistas del Sol durante el kirchnerismo, al que apoyó incluso cuando su primogénito buscaba destronarlo.
 
Ausol, en rigor, es controlada por el consorcio español Abertis y tiene como socia a la italiana Impregilo. La constructora del grupo Macri, SIDECO Americana, tuvo entre 1994 y 2001 un 23% del capital y redujo esa participación al 10% en 2001 a cambio de u$s 120 millones, tras asegurarse la contratación de sus constructoras para las obras de los años 90.
 
En 2004, como explicó ayer Gianfranco, se licuaron las participaciones al incorporar un refuerzo de capital. Pero los Macri mantuvieron un 7% que recién vendieron el año pasado, después de que las acciones de Ausol treparan 394% por las subas de peajes dispuestas por el Gobierno de Macri.
 
Eso no es todo. Las multinacionales europeas que se quedaron con los peajes de los accesos tienen a su vez otros vínculos con la familia presidencial. Abertis pertenece a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, con quien Macri compartió negocios en el mundo del fútbol.
 
Impregilo es un grupo constructor italiano fundado en 1959 en Milán, con más de 17.000 empleados y obras viales en toda Latinoamérica, pero con una particularidad: en casi todos sus negocios en Argentina aparece asociado a los Macri.
 
Una de las prósperas empresas contratistas del Estado que compartieron durante años los Macri con Impregilo es la línea de alta tensión que transporta la energía generada por Yacyretá (Yacylec S.A.).
 
Esta semana, el diario La Nación reveló que el Tribunal Fiscal de la Nación dictaminó que Yacylec le debe a la AFIP 46 millones de pesos en impuestos atrasados, multas e intereses acumulados, además de las costas del juicio que hizo para intentar evitar pagar.
 
Llamativamente, apenas 24 horas después se incendió en el sexto piso de la sede central de la AFIP la oficina de Causas Tributarias, donde se almacenan expedientes y actuaciones administrativas como las que se ventilaron en ese juicio en el Tribunal Fiscal.
 
Ahora, el padre y el hermano del Presidente y jefe del clan familiar están acusados de haber pagado coimas para mantener las concesiones del Acceso Oeste a través de la empresa Concesionaria Oeste, y por el Acceso Norte a través de Autopistas del Sol (Ausol). Pero, el responsable de los negocios no es otro que Mauricio, y ni los CEOs ni Gianfranco participaban de las decisiones sin la venia del líder de Cambiemos.
 
La Opinión Popular

14-12-2018 / 09:12
Mauricio Macri lo hizo. La pobreza alcanzó al 33,6 por ciento de la población urbana durante el tercer trimestre de 2018. Con un salto de 5,4 puntos en un año, la medición del Observatorio de la Deuda Social de la UCA alcanzó su valor más elevado desde 2010.
 
El deterioro socioeconómico asociado a la crisis cambiaria y financiera junto con el ajuste recesivo implementado por el FMI para intentar domarla dejó un saldo de 2.180.000 nuevos pobres que elevan la cifra total hasta las 13.600.000 personas.
 
La estimación anticipa el fiasco rotundo del gobierno de Macri para cumplir con su promesa de reducir la pobreza al finalizar su mandato en diciembre de 2019. "Si cuando finalice mi gestión no bajó la pobreza, habré fracasado", esto decía al comienzo de su mandato.
 
La indigencia, por su parte, ascendió hasta el 6,1 por ciento que marca un alza de 0,4 puntos frente al mismo período del año pasado. El dato representa la emergencia de 161.500 indigentes nuevos para llegar a un total de 2.470.000 de individuos con ingresos inferiores al valor de la canasta básica de alimentos.
 
"Mientras se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral y, por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza", advierte el informe del ODS-UCA.
 
En otras palabras, el motor para el crecimiento de la pobreza es el programa económico neoliberal de Cambiemos y el programa de austeridad y ajuste adoptado para acceder al financiamiento del FMI.
 
Con el incremento en los precios que siguió al salto cambiario, la medición del observatorio dirigido por el sociólogo Agustín Salvia superó el 32,3 por ciento que había alcanzado en 2016. El deterioro experimentado entonces fue consecuencia de la devaluación, los tarifazos y la destrucción de empleo.
 
El 33,6 por ciento informado ayer es el dato más elevado en nueve años. "Un cambio de rumbo sustantivo no sólo necesitará de fuertes inversiones e impulso a las exportaciones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las microempresas y mejoren su productividad", explica el OSD-UCA.
 
El reporte muestra que, desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, los niveles de pobreza entre los niños de 0 a 17 años treparon del 44,6 a 51,7 por ciento, un aumento de 7,1 puntos en un año. La Unicef advirtió que cerca de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina son pobres. Y el macrismo no tiene instrumentos que permitan revertir la pauperización en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población.
 
La Opinión Popular

13-12-2018 / 09:12
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