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Nacionales - 04-12-2018 / 09:12
BULLRICH AUTORIZA A LA POLICÍA A “METER BALA”

El gobierno de Macri instala la pena de muerte en las calles

El gobierno de Macri instala la pena de muerte en las calles
Como en la dictadura militar, el Gobierno de Macri legalizó el gatillo fácil. Patricia Bullrich habilitó el uso de armas de fuego frente a cualquier “peligro inminente”, a criterio de las fuerzas de seguridad, inclusive por la espalda y sin necesidad de dar la voz de alto. Para la oposición “se instala la pena de muerte”. La resolución fue cuestionada por organismos de derechos humanos y por la Defensoría General de la Ciudad.
En un giro hacia la derecha más dura, el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaban de hacer lo que no se había animado ningún gobierno desde la dictadura militar: autorizar mediante la resolución 956/2018 a que las fuerzas represivas disparen por la espalda contra personas que huyen, sin pagar ningún costo por cometer esos crímenes.
  
Bullrich primero sugiere que cualquiera puede andar armado por la calle y ahora convierte en política de Estado la Doctrina Chocobar, condenado por la Justicia, poniendo en práctica un reglamento para el uso de armas letales por parte de fuerzas federales que legaliza lo que hizo el policía Luis Chocobar, al asesinar a un pibe chorro que huía. La iniciativa, que da rienda suelta al uso de armas de fuego, se publicó ayer en el Boletín Oficial y tendrá vigencia desde hoy.
 
El reglamento también vuelve legal disparar a una persona sobre la que luego se compruebe que tenía un arma de juguete, o bien disparar a alguien que forma parte de un grupo donde otro tiene un arma, o bien disparar a quien haga un movimiento que el policía interprete que puede ser para sacar un arma.
 
Para Bullrich y el gobierno de Cambiemos en su faz militarizada, el G20 ni siquiera fue un objetivo de protección (cada invitado confió más en sus propias fuerzas) sino que consistió en un escenario para demostrar su criterio de seguridad hacia fuera pero fundamentalmente hacia dentro: la seguridad consiste en mantener alta la vara del miedo.
 
Bullrich mintió al decir que el nuevo protocolo de uso de armas aplicaba para el G20. El gobierno usó el G20 para avanzar con la Doctrina Chocobar. El mismo criterio de los milicos durante las dictaduras. Por eso, sacar la resolución el primer día hábil después de finalizado el G20 es una burla, tanto por el concepto de seguridad como por la transparencia de los actos.
 
La ministra más peligrosa de los últimos 50 años, modifica el Código Penal por resolución ministerial, lo que es inconstitucional, ya que el decreto habilita la pena de muerte en Argentina. El Reglamento para disparar se funda en Chocobar y habilita a que los federales no tengan miedo a disparar. El miedo lo tiene que tener la sociedad por una medida irresponsable que pone en peligro a todos. No hay ajuste económico social sin represión.
 
La Opinión Popular

 El gobierno de Macri instala la pena de muerte en las calles

Licencia para matar
 
El viernes pasado, en plena cumbre del G20, cuando le preguntaron sobre la medida -que todavía no estaba publicada-, la ministra Bullrich aseguró que tenía que ver con darles garantías y establecer un protocolo de actuación a las comitivas extranjeras.
 
No obstante, la resolución que se conoció hoy no tiene plazos temporales: no se trata de medidas excepcionales para el G20, sino de una política que rige de ahora en más.
 
De hecho, el decreto deroga "toda disposición o normativa contraria a la presente medida dictada en jurisdicción del Ministerio de Seguridad, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria".
 
Pese a que un vocero de Bullrich aseguró la semana pasada que ya estaba en efecto el nuevo reglamento, el decreto publicado ayer establecía que recién hoy entraba en vigencia. Por lo tanto, no tuvo relación alguna ni vigencia durante el G20. De hecho, no aparece tampoco mencionado en los considerandos de la resolución. 
 
En el "Reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad", indica en su segundo artículo que los motivos para hacer "uso de las armas de fuego" son, además del peligro inminente de la vida propia o de otra persona, "para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad" y también "para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención".
 
¿Qué considera el Gobierno de Mauricio Macri como "peligro inminente"? Lo aclara en el artículo cinco del mismo reglamento: "Se considerará que existe peligro inminente, entre otras situaciones, en las siguientes circunstancias". Además de cuando la persona "actúe bajo amenaza de muerte o lesiones graves", cita las siguientes posibilidades:
 

  • "Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal". En septiembre de este año, un niño de 9 años con retraso mental jugaba en la vereda de su casa con un arma de juguete. Un policía de la Bonaerense confundió el arma, se bajó del patrullero, comenzó a ahorcarlo con la remera y a golpearlo brutalmente. La madre salió a socorrerlo y el policía le dijo que debía agradecer que no había bajado con el arma. Ahora, con el nuevo reglamento de Bullrich, podrá hacerlo y disparar.
 
  • Otra de las causales para el uso de armas letales es "Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal, por ejemplo, en las siguientes situaciones: 1) Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas; (...) 3) Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma". Según este último punto, la simple interpretación de un policía de que una persona podría estar por sacar un arma, bastan para responder con disparos.
 
 

  • "Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona". Nuevamente, queda a criterio del policía cuando una persona puede causar esto "sin el uso de un arma".
 
  • "Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas". Queda a criterio del policía que sería "debido cumplimiento del deber".
 
 

  • "Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves".
 
Esta última es, textualmente, una descripción del delito por el que Luis Chocobar está yendo a juicio: según las filmaciones, dos asaltantes acuchillaron a un turista, uno de ellos intentó huir y Chocobar le disparó por la espalda.
 
El presidente Macri lo recibió para felicitarlo y sostuvo, al igual que Bullrich, que los disparos se habían efectuado para salvar al turista. Las filmaciones de las cámaras de seguridad desmintieron el montaje oficial y mostraron que Chobocar en ningún momento actuó para proteger al turista (a quien, en un primer momento, le apunta con su arma).
 
Llegó después, persiguió a Pablo Kukok y lo mató. Una pericia reciente de la Policía Federal, que el Gobierno nacional difundió a los cuatro vientos, asegura que la bala rebotó. 
 
El reglamento aprobado por la ministra Bullrich tuvo como respuesta inmediata las críticas de distintos organismos de derechos humanos e instituciones destinadas a proteger las garantías de los ciudadanos.
 
El Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, aseguró que "en lugar de proteger la vida de los ciudadanos, el Estado impone la violencia". El funcionario indicó que el reglamento "incluye, bajo el ropaje del cumplimiento del deber y la legítima defensa, situaciones en que el peligro ha cesado".
 
"Este supuesto permitiría absolver al policía Chocobar por el asesinato de Pablo Kukoc, perpetrado cuando este huía sin representar grave e inminente peligro la vida de terceros", advirtió.
 
Pese a que el decreto dice ampararse en legislación internacional, Duacastella indicó que viola los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. "Es la conversión en ley del gatillo fácil", sostuvo la referente de Correpi, María del Carmen Verdú.
 
Fuente: Página12
 

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15-12-2018 / 10:12
La contundencia del balance numérico de los 3 años de gestión de la alianza Cambiemos es desastroso: 291% de devaluación, 160% de inflación, 3008% de alza en el gas, 2136% en la luz, 515% en el agua, 22% de caída en el salario real promedio y 24% en el mínimo y 18,5% en la jubilación.
 
Pero además, la destrucción de 51.700 empleos privados, la resignación de 107.933 puestos industriales y la desaparición de 9609 Pymes. Aún así, a cada argentino le tocan $283.380 de la deuda contraída, que supera en 420% a la que dejó la economía K y que ocupa 17,7% del gasto público, 10,2 puntos más que desde que asumió el actual gobierno.
 
Uno de las mentiras de campaña, como la promesa de reducción del peso del Estado, se usó en realidad de camuflaje para echar personal de planta y contratado heredado de la gestión anterior, pero reemplazándolo con creces por "tropa propia" e inclusive mejor paga. Hay un crecimiento de 87.700 empleos públicos nacionales.
 
En verdad, se hipotecó el futuro: se achicó la actividad económica, hay menos trabajo, se benefició más a los ricos en desmedro de los pobres y se disminuyó la inversión destinada a educación y ciencia, ¿a cambio de qué?
 
Recién ahora, desde la industria se advierte sobre un posible agravamiento de la recesión si no se adoptan medidas que fomenten las inversiones y una mayor actividad.
 
Acusado, imputado y procesado por haber pagado coimas a funcionarios del gobierno anterior en el marco de la causa de los cuadernos, Paolo Rocca paradójicamente se acaba de convertir en "el vocero" de la agenda de temas que el empresariado local reclama que Mauricio Macri encare en su cuarto año de mandato.
 
La voz del titular del Grupo Techint -y también el hombre más rico de la Argentina- se escuchó en un seminario de la organización Pro Pyme de la cual el holding es parte importante y, entre sus pares, se leyó como un fuerte mensaje hacia el gobierno de los CEOs de Cambiemos.
 
Si bien no marcó directamente los errores de gestión que la mayoría de los ejecutivos del país le adjudican a Macri, sí hizo referencia a las medidas que el país "necesita" mirando a mediano y largo plazo.
 
En ese contexto, pidió un país que genere más divisas genuinas, que apoye las exportaciones, que no mire solamente al campo sino también a la industria y que mantenga un tipo de cambio competitivo, en especial en un año electoral como será el 2019.
 
La Opinión Popular

15-12-2018 / 08:12
En un país ya de por sí aterrorizado por la peor política económica que recuerde, se levantan tapas desde las que se abalanzan viejos monstruos, como esas cajas con resorte de las que salta un payaso de susto.
 
El escándalo de la Libertadores por la violencia en el fútbol derivó en que -¡salta el payaso!- la final de una copa con ese nombre se definiera entre dos equipos argentinos en el país del que fuimos liberados por los Libertadores.
 
La denuncia por la violación de una menor por parte de un adulto en el ámbito del espectáculo estalló en los medios como una granada que se multiplicó en miles de esquirlas y relatos de mujeres que contaron por primera vez que fueron abusadas o violadas de niñas.
 
Y -¡salta el payaso!- el presidente Mauricio Macri, quien dijo que no les cree a las mujeres cuando dicen que no les gusta, "que les digan qué lindo culo tenés", anunció que enviará al Congreso una ley de equidad de género.
 
El que fue presidente de un club que tiene una de las barras más agresivas está incapacitado moralmente para hablar de violencia en el fútbol porque no hizo nada cuando pudo hacerlo.
 
El hombre que juega con esa idea de que "aunque digan que no, es sí" y que piensa que es agradable para las mujeres que todo el tiempo los hombres hablen de sus culos, no puede decir que entiende o, siquiera, que trata de entender la violencia de género.
 
El presidente que encabezó una de las principales constructoras contratistas del Estado y cuyas empresas se multiplicaron durante la dictadura, no tiene autoridad para hablar de corrupción en la obra pública, porque su fortuna proviene de ese ámbito y nunca dijo nada.
 
Y como su hermano Gianfranco, que acaba de declarar esta semana ante la justicia que "nunca pagó sobornos, no sé mi padre", parece que en la familia presidencial se escudan en la discapacidad mental de Franco, il capo di famiglia.
 
Es el mismo Macri que prometió "pobreza cero" en la campaña y se acaba de demostrar que su gobierno ha sido el que con más rapidez aumentó los niveles de pobreza en el país, aún más que las dictaduras y que cualquier gobierno civil.
 
La mayoría de los argentinos votó a un presidente que encarna a sus peores congojas. Cada payaso monstruoso que brinca de las cajitas del horror argentino tiene un reflejo de la clase y el grupo social al que pertenece Macri.

14-12-2018 / 10:12
Gianfranco Macri compareció ayer ante el juez Claudio Bonadío, evitó defender su padre Franco y mandó a los cronistas tribunalicios a preguntarle "a él" si había pagado coimas para mantener sus cabinas de Autopistas del Sol durante el kirchnerismo, al que apoyó incluso cuando su primogénito buscaba destronarlo.
 
Ausol, en rigor, es controlada por el consorcio español Abertis y tiene como socia a la italiana Impregilo. La constructora del grupo Macri, SIDECO Americana, tuvo entre 1994 y 2001 un 23% del capital y redujo esa participación al 10% en 2001 a cambio de u$s 120 millones, tras asegurarse la contratación de sus constructoras para las obras de los años 90.
 
En 2004, como explicó ayer Gianfranco, se licuaron las participaciones al incorporar un refuerzo de capital. Pero los Macri mantuvieron un 7% que recién vendieron el año pasado, después de que las acciones de Ausol treparan 394% por las subas de peajes dispuestas por el Gobierno de Macri.
 
Eso no es todo. Las multinacionales europeas que se quedaron con los peajes de los accesos tienen a su vez otros vínculos con la familia presidencial. Abertis pertenece a Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, con quien Macri compartió negocios en el mundo del fútbol.
 
Impregilo es un grupo constructor italiano fundado en 1959 en Milán, con más de 17.000 empleados y obras viales en toda Latinoamérica, pero con una particularidad: en casi todos sus negocios en Argentina aparece asociado a los Macri.
 
Una de las prósperas empresas contratistas del Estado que compartieron durante años los Macri con Impregilo es la línea de alta tensión que transporta la energía generada por Yacyretá (Yacylec S.A.).
 
Esta semana, el diario La Nación reveló que el Tribunal Fiscal de la Nación dictaminó que Yacylec le debe a la AFIP 46 millones de pesos en impuestos atrasados, multas e intereses acumulados, además de las costas del juicio que hizo para intentar evitar pagar.
 
Llamativamente, apenas 24 horas después se incendió en el sexto piso de la sede central de la AFIP la oficina de Causas Tributarias, donde se almacenan expedientes y actuaciones administrativas como las que se ventilaron en ese juicio en el Tribunal Fiscal.
 
Ahora, el padre y el hermano del Presidente y jefe del clan familiar están acusados de haber pagado coimas para mantener las concesiones del Acceso Oeste a través de la empresa Concesionaria Oeste, y por el Acceso Norte a través de Autopistas del Sol (Ausol). Pero, el responsable de los negocios no es otro que Mauricio, y ni los CEOs ni Gianfranco participaban de las decisiones sin la venia del líder de Cambiemos.
 
La Opinión Popular

14-12-2018 / 09:12
Mauricio Macri lo hizo. La pobreza alcanzó al 33,6 por ciento de la población urbana durante el tercer trimestre de 2018. Con un salto de 5,4 puntos en un año, la medición del Observatorio de la Deuda Social de la UCA alcanzó su valor más elevado desde 2010.
 
El deterioro socioeconómico asociado a la crisis cambiaria y financiera junto con el ajuste recesivo implementado por el FMI para intentar domarla dejó un saldo de 2.180.000 nuevos pobres que elevan la cifra total hasta las 13.600.000 personas.
 
La estimación anticipa el fiasco rotundo del gobierno de Macri para cumplir con su promesa de reducir la pobreza al finalizar su mandato en diciembre de 2019. "Si cuando finalice mi gestión no bajó la pobreza, habré fracasado", esto decía al comienzo de su mandato.
 
La indigencia, por su parte, ascendió hasta el 6,1 por ciento que marca un alza de 0,4 puntos frente al mismo período del año pasado. El dato representa la emergencia de 161.500 indigentes nuevos para llegar a un total de 2.470.000 de individuos con ingresos inferiores al valor de la canasta básica de alimentos.
 
"Mientras se mantenga el actual escenario recesivo, sólo cabe esperar un aumento del desempleo, los trabajos de subsistencia y de la precariedad laboral y, por lo tanto, de las desigualdades estructurales que afectan al mercado de trabajo, con efectos directos sobre la pobreza", advierte el informe del ODS-UCA.
 
En otras palabras, el motor para el crecimiento de la pobreza es el programa económico neoliberal de Cambiemos y el programa de austeridad y ajuste adoptado para acceder al financiamiento del FMI.
 
Con el incremento en los precios que siguió al salto cambiario, la medición del observatorio dirigido por el sociólogo Agustín Salvia superó el 32,3 por ciento que había alcanzado en 2016. El deterioro experimentado entonces fue consecuencia de la devaluación, los tarifazos y la destrucción de empleo.
 
El 33,6 por ciento informado ayer es el dato más elevado en nueve años. "Un cambio de rumbo sustantivo no sólo necesitará de fuertes inversiones e impulso a las exportaciones, sino también de políticas que reactiven el mercado interno, apoyen a las microempresas y mejoren su productividad", explica el OSD-UCA.
 
El reporte muestra que, desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, los niveles de pobreza entre los niños de 0 a 17 años treparon del 44,6 a 51,7 por ciento, un aumento de 7,1 puntos en un año. La Unicef advirtió que cerca de la mitad de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina son pobres. Y el macrismo no tiene instrumentos que permitan revertir la pauperización en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población.
 
La Opinión Popular

13-12-2018 / 09:12
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