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Entre Ríos - 08-11-2018 / 16:11
AVANZA LA INVESTIGACIÓN EN LA JUSTICIA

Contratos truchos: se determinó que el desvío de fondos públicos supera los $2.000 millones y se complica la situación de Urribarri

Contratos truchos: se determinó que el desvío de fondos públicos supera los $2.000 millones y se complica la situación de Urribarri
Se complica la situación del ex gobernador Sergio Urribarri, actual presidente de la Cámara de Diputados, a partir de la presunción de los fiscales de que Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, a su vez cuñado del ex mandatario, era una de las personas que recibía el dinero tras la recaudación vía cobro de cheques y extracción de cajeros y se lo acercaba a los hombres del poder político.
 
En la investigación que lleva adelante la Fiscalía Anticorrupción a raíz de presuntas irregularidades detectadas en contratos suscriptos en la Legislatura entrerriana en la última década, ya se determinó que los recursos desviados mediante las maniobras superan los 2.000 millones de pesos.
 
Según reveló el programa televisivo Cuestión de fondo (Canal 9 Litoral), ya declararon en sede judicial más de 60 contratados y, a la vez, se complica la situación del ex gobernador Sergio Urribarri, actual presidente de la Cámara de Diputados, a partir de la presunción de los fiscales de que Alejandro Almada, cuñado de Juan Pablo Aguilera, a su vez cuñado del ex mandatario, era una de las personas que recibía el dinero tras la recaudación vía cobro de cheques y extracción de cajeros y se lo acercaba a los hombres del poder político.
 
También se conoció más información surgida del análisis de cuadernos secuestrados en los domicilios de los detenidos. En esos papeles figuran números, detalles de repartos e iniciales de legisladores y personas beneficiadas.

 
La justicia avanza en silencio en la causa por los contratos legislativos truchos. Si bien inicialmente se había señalado que la defraudación al Estado entrerriano llegaba a 1.230 millones de pesos entre 2008 y 2018, la cifra, casi dos semanas después, ya trepó a más de 2.000 millones y demuestra la gravedad de lo sucedido en un desvío de fondos públicos sistemático e impune.
 
Algo de esos números se puede observar en cuadernos y papeles secuestrados en la casa de los actuales detenidos, que fueron exhibidos en la última audiencia en la que se ratificó la continuidad de las prisiones preventivas de imputados. Allí aparecen números, detalles de repartos e iniciales de legisladores y de beneficiados que permiten avanzar en desentrañar el mecanismo que se extendió por una década y que benefició a unos pocos con millones de pesos del Estado.
 
Ya son más de 60 los contratados que declararon ante los fiscales Cecilia Goyeneche, Patricia Yedro e Ignacio Arramberri. Cada uno de ellos siguió por el mismo sendero: cobraban un cinco por ciento del contrato y todos debían reportar a Hugo Mena, Flavia Marcela Beckman, Alfredo Bilbao y Ángel Scialocomo. Es decir, los actuales detenidos de esta historia, en cuyos domicilios se secuestró documentación que resultó determinante para llegar hasta esta etapa de la investigación.
 
Lo que va surgiendo es que cada vez se complica más la situación del actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Sergio Urribarri. Sucede que a quienes llevan adelante la investigación les quedó claro quién es uno de los individuos que subía el dinero recaudado hacia el poder político.
 
Se trata del ex policía Alejandro Almada, quien recibía el dinero de Alfredo Bilbao, tras la recolección de pagos por cheques y tarjetas de débito que hacían Hugo Mena y Flavia Beckman.
 
Almada -además de ser hijo del comisario retirado Héctor "Pitín" Almada, quien fuera detenido por tenencia de armas de guerra y ya había sido condenado por una causa similar en la provincia de Misiones en la década del '90- es socio y cuñado de Juan Pablo Aguilera quien, a su vez, es cuñado del ex gobernador Urribarri. Cabe preguntarse hacia quién subía el dinero recaudado de los contratos.
 
No es la primera vez que Almada aparece en la escena judicial. Ya está imputado por fraude a la administración pública, en la causa en la que están también acusados Urribarri, Aguilera y el diputado Pedro Báez, entre otros, por irregularidades en la contratación publicitaria con el Estado entrerriano.
 
En esa misma causa también están imputados Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena y Luciana Belén Almada, hermana de Alejandro Almada y actual pareja de Aguilera. Todos son socios en la empresa Formato Urbano SRL (cuya razón social es TEP SRL), principal proveedora de los servicios de publicidad que contrató el ex gobernador Urribarri y su ex ministro Báez. Es decir, el mismo círculo en el desvío de dinero o manejos irregulares.
 
A Almada le secuestraron, en enero de este año, 371.400 pesos, cuando un operativo de la Policía Federal en la ruta 12 interceptó el vehículo en el que se trasladaba y encontró esa alta cifra de dinero en el baúl. "Son ahorros personales", dijo el ex agente de Policía, actualmente cumpliendo funciones en la Cámara de Diputados de la provincia, tras acotar que esa mañana había salido a buscar una futura vivienda en la zona, para analizar una inversión y concretarla in situ, sin mayores intermediarios.
 
El auto Ford Focus 2017 de Almada estaba a su nombre y su cuñado Aguilera tenía disponible una tarjeta azul para libre circulación. Como para que quede claro que se mueven casi en simultáneo con los negocios con el Estado. Almada y Aguilera -que también aparece mencionado en los cuadernos secuestrados a los detenidos- son Urribarri.
 
Los investigadores judiciales tienen claro que si el ex gobernador no hubiera estado atrás de estas maniobras, esto nunca hubiese sucedido, tal como se concretó en estos últimos diez años. No obstante, Urribarri no deja de sorprender: pese a verse directamente involucrado, a generar cierto malestar en varios de los diputados del PJ -porque se entiende que la mayoría de los contratos truchos encontrados a nombre de legisladores, eran por un pedido especial del ex mandatario y exclusivamente para su beneficio económico-, en la última sesión presentó un proyecto para crear una comisión bicameral investigadora sobre las contrataciones legislativas.
 
No se dio cuenta de que ya es demasiado tarde y su idea suena a maniobra distractiva. Y que la justicia ya ha avanzado lo suficiente para demostrar la gravedad de un mecanismo de desvío de dineros públicos y que la opinión pública espera, de una buena vez, que se acabe la impunidad y que sus hacedores paguen por tanto daño.
 
Fuente: Análisis Digital
 

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Gustavo Bordet debe trepidar de sólo pensar en otro mandato de Mauricio Macri coincidiendo con su segunda gestión como gobernador. Al reelecto gobierno federal entrerriano le altera la posible reelección del Presidente, con el ajuste del FMI incluido.
 
Aunque alude a la escasa sensibilidad popular del mandatario nacional para justificar su inquietud, el Gobernador alimenta sus temores por el lado de las diferencias ideológicas y por la tensa relación institucional durante la campaña electoral que se mantienen a la hora de pensar en futuros acuerdos, por ejemplo, en materia de obras públicas.
 
En ese marco son las acciones que desarrolla el Gobernador en el plano nacional del peronismo y su prédica en favor del binomio de los Fernández para las presidenciales. El mandatario no se guarda nada a la hora de apostar por Alberto y Cristina. Usa toda su capacidad de intermediario entre gobernadores y dirigentes para provocar acercamientos entre los que antes deambulaban en veredas distintas.
 
Él mismo llegó a decir que Cristina ya fue cuando pensaba en una tercera alternativa peronista -disidente, federal, republicana, perdonable o moderada- para enfrentar al Gobierno de los CEOs. Esa mirada política, también, ya fue. Aquella opción no se pudo consolidar y, ahora, a la mayoría de los compañeros los une el espanto a Macri: prefirieron taparse las narices y perdonarse antiguos distanciamientos políticos para darle batalla y derrotar al inepto Presidente.
 
Por una cuestión de supervivencia institucional y ecuanimidad de gestión, Bordet necesita que cambie de camiseta el Poder Central, para aspirar a que la identidad peronista común le permita obtener más beneficios para la provincia que los conseguidos en la era macrista.
 
Como consecuencia de la desastrosa política económica nacional, el Gobierno local comenzó a tener problemas y agudiza la imaginación para afrontar los gastos que se le vienen. De ahí que no vean bien un triunfo de Macri. En ese marco, que sea reelecto, será la peor noticia para el Ejecutivo provincial, porque intuyen lo que pueden esperar: escasos beneficios futuros para la provincia.


Si gana Macri, los gobernadores del PJ saben que verán cómo, en las pocas obras que permita el FMI, no aparecerán en el cuadro ni siquiera como invitados. Además, el posible intento de llevar adelante las reformas laboral, previsional y tributaria garantiza las diferencias, la distancia, las peleas y los desencuentros. 
Cuatro años más de Macri serían devastadores.


Pero, durante esta semana hubo un dato que provocó sonrisas peronistas: en la Casa Gris se comentó que, según encuestas, los Fernández estaba a unas cuantas décimas de ganar en primera vuelta. Sea o no cierto, el rumor alienta esperanza de afinidad política y comunidad de intereses. Pero antes hay que ganar las PASO.

La Opinión Popular

22-07-2019 / 10:07
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