11:17 | Viernes 19 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 06-09-2018 / 08:09
EL FISCAL DI LELLO PIDIÓ QUE SE INVESTIGUE AL PRESIDENTE Y A SUS MINISTROS POR ABUSO DE AUTORIDAD
Macri imputado por el acuerdo espurio con el FMI
El fiscal federal Jorge Felipe Di Lello imputó al presidente y a varios de sus ministros por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario internacional (FMI) tras la denuncia formulada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldivieso por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público porque el millonario acuerdo con el organismo no pasó por el Congreso. La decisión de iniciar la causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tantas penurias carga sobre las espaldas de los sectores populares, le costó, al menos, una imputación al presidente Mauricio Macri, al ministro de Economía y representante del FMI en el Gobierno, Nicolás Dujovne, al jefe de Gabinete, el cascoteado Marcos Peña; y al presidente del Banco Central, el mesadinerista Luis Caputo.
La decisión la tomó el fiscal federal Jorge Di Lello, quien consideró necesario investigar la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido a que las negociaciones no contaron con el aval del Congreso. Por eso, el fiscal le solicitó al juez federal Julián Ercolini una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa y también que dicte una medida cautelar en la que se suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI.
Di Lello intervino a partir de dos presentaciones judiciales realizadas por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se hizo pese a que no estaba contemplado en el presupuesto y sin pasar por el Parlamento."Todo arreglo sobre la deuda externa tiene que pasar por el Congreso, porque así lo manda la Constitución. Más aún, cuando se trata de un préstamo como este, por US$50.000 millones, que ni siquiera tuvo el consenso de todos los sectores", precisó Lozano.
Además de la denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público y abuso de poder, los dirigentes presentaron un amparo para que se suspenda el acuerdo que, tal como consideran, es "violatorio de derechos humanos fundamentales como el trabajo, la salud, la educación y de todas aquellas condiciones que se deterioran por la caída del empleo, el salario y el aumento de la pobreza".
Mientras que el Gobierno trató de justificar el acuerdo en una ley heredada del menemismo, Lozano aclaró que a partir de la reforma constitucional de 1994 cualquier tipo de relación con los organismos multilaterales de crédito debe ser discutida previamente en el Congreso. "Cada decisión es más leonina que la anterior, en la medida en que acelera el ajuste, aumenta la desigualdad y violenta más derechos", sentenció el ex diputado nacional.
Pero, ¿por qué el apuro del Presidente y sus funcionarios? ¿Por qué el manotazo de ahogado desesperado de ir al Fondo, sin el aval del Congreso y desdeñando los costos dolorosos de tal decisión? Porque Argentina está al borde del default y la intervención del FMI enmascara ese escenario, al que se llegó producto de medidas del Gobierno de los Ricos como la bicicleta financiera y la salida de capitales sin proponer un plan de desarrollo que genere crecimiento, empleo y recursos.
Para intentar salir de ese intríngulis, la espiral generada es poco menos que demencial: La estrategia de salir del default yendo al FMI, empuja al país a la recesión, haciendo caer el salario y el empleo. Por eso hay que ponerle un freno. En esa grieta que separa al Presidente y el FMI de la gente deberá arbitrar ahora la Justicia. Y decidir de qué lado está.
La Opinión Popular
La decisión la tomó el fiscal federal Jorge Di Lello, quien consideró necesario investigar la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido a que las negociaciones no contaron con el aval del Congreso. Por eso, el fiscal le solicitó al juez federal Julián Ercolini una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa y también que dicte una medida cautelar en la que se suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI.
Di Lello intervino a partir de dos presentaciones judiciales realizadas por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se hizo pese a que no estaba contemplado en el presupuesto y sin pasar por el Parlamento."Todo arreglo sobre la deuda externa tiene que pasar por el Congreso, porque así lo manda la Constitución. Más aún, cuando se trata de un préstamo como este, por US$50.000 millones, que ni siquiera tuvo el consenso de todos los sectores", precisó Lozano.
Además de la denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público y abuso de poder, los dirigentes presentaron un amparo para que se suspenda el acuerdo que, tal como consideran, es "violatorio de derechos humanos fundamentales como el trabajo, la salud, la educación y de todas aquellas condiciones que se deterioran por la caída del empleo, el salario y el aumento de la pobreza".
Mientras que el Gobierno trató de justificar el acuerdo en una ley heredada del menemismo, Lozano aclaró que a partir de la reforma constitucional de 1994 cualquier tipo de relación con los organismos multilaterales de crédito debe ser discutida previamente en el Congreso. "Cada decisión es más leonina que la anterior, en la medida en que acelera el ajuste, aumenta la desigualdad y violenta más derechos", sentenció el ex diputado nacional.
Pero, ¿por qué el apuro del Presidente y sus funcionarios? ¿Por qué el manotazo de ahogado desesperado de ir al Fondo, sin el aval del Congreso y desdeñando los costos dolorosos de tal decisión? Porque Argentina está al borde del default y la intervención del FMI enmascara ese escenario, al que se llegó producto de medidas del Gobierno de los Ricos como la bicicleta financiera y la salida de capitales sin proponer un plan de desarrollo que genere crecimiento, empleo y recursos.
Para intentar salir de ese intríngulis, la espiral generada es poco menos que demencial: La estrategia de salir del default yendo al FMI, empuja al país a la recesión, haciendo caer el salario y el empleo. Por eso hay que ponerle un freno. En esa grieta que separa al Presidente y el FMI de la gente deberá arbitrar ahora la Justicia. Y decidir de qué lado está.
La Opinión Popular
Un dictamen del fiscal Jorge Di Lello alteró la inercia de Comodoro Py, donde la mayor parte de la actividad apunta hacia el gobierno anterior, e imputó esta vez a Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al titular del Banco Central, Luis Caputo.
Dice que pudieron haber cometido abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que el tema pasara por el Congreso, donde se debió impulsar por una ley específica o mediante su inclusión en la ley de presupuesto.
Di Lello se basa en la denuncia que hicieron Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes alegan que lo que está en juego es una operación de crédito o "empréstito" que, según la Constitución Nacional es indelegable en el Poder Ejecutivo.
Los denunciantes pidieron también una medida cautelar para que sea dejado en suspenso el acuerdo firmado en junio por 50.000 millones de dólares por tres años, suma de la cual ya fueron desembolsados 15.000 millones. La decisión ahora está en manos del juez federal Julián Ercolini.
En el plano político y en función de los planteos judiciales, algunas especulaciones indicaban que el Gobierno podía llegar a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso para el debate del presupuesto. Pero en la Casa Rosada lo niegan.
El argumento -en el que coinciden con el senador Miguel Angel Pichetto- es que la ley de Administración Financiera dice que los empréstitos deben pasar por el Congreso, con una excepción: "las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte".
En la oposición argumentan que en ese punto la ley se refiere a acuerdos con el Banco Mundial o instituciones semejantes, por montos reducidos, y no a un gigantesco plan que compromete las finanzas del país por muchos años.
El otro argumento que utilizará el Gobierno para volver a eludir el Congreso, es que lo pactado "no fija condicionalidades salvo en material fiscal; es nuestro plan el que se aplica y todo lo que acordamos es que en lugar de 1,3 de déficit primario será cero o 0,4 por ciento del PBI, no son ellos los que imponen esto".
En este punto, nuevamente, en la oposición afirman que semejante volumen de deuda y de compromiso de pago de intereses y capital, no puede firmarse sin el voto de las dos cámaras.
Contra el planteo de que para acordar con el FMI cabe la excepción de la Ley de Administración que aparece en el artículo 60, Lozano y Baldivieso advirtieron en un su denuncia que esa norma no está vigente. Fue promulgada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 que, con disposiciones contrarias, tuvo el efecto de derogarla.
El artículo 76 tras la reforma estableció que se prohíbe la delegación de facultades al Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública. Si bien hubo prórrogas que demoraron la aplicación de la nueva normativa, la última caducó en agosto de 2010.
La Constitución reformada, además, en el artículo 75 establece que corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior.
Por eso la presentación judicial inicial decía: "el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legal para acordar y ejecutar un acuerdo stand by de 50.000 millones de dólares firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018. Este acuerdo por ser aprobado y firmado por una autoridad incompetente es nulo de nulidad absoluta..."
También recuerdan que la ley de presupuesto votada para este año no contempló el acuerdo con el Fondo.
"Hemos hecho esta presentación porque creemos que los acuerdos con el Fondo son absolutamente dañinos y porque la Constitución así lo manda; hay que sumar que el FMI está violando su propio estatuto, que dice que no puede prestarle a países en situación de fuga de capitales", señaló Lozano, que presidente le partido Unidad Popular.
"La corrida cambiaria y el acuerdo con el Fondo han producido un shock recesivo, un derrumbe de la actividad económica. Nosotros no estamos de acuerdo con la estrategia que entiende que el ante la falta de dólares el camino es la recesión y la caída de la actividad", subrayó. Contó que además de la denuncia penal, presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo.
Di Lello le dio crédito a la denuncia, consideró que hay elementos para sospechar que se cometieron delitos pero le pidió a Ercolini que sea él quien decida si admite o no la cautelar para dejar el acuerdo en suspenso, lo que suena bastante improbable.
El fiscal, de todos modos, pidió informes al ministerio de Economía con la resoluciones por las que se contrajo deuda y el acuerdo específico stand by por 50.000 millones; el testimonio del jefe de gabinete del ministerio de Economía, para comprender la ejecución del acuerdo; otro informe de la comisión bicameral del Congreso que revisa la legislación y el testimonio de su titular; la ley de presupuesto y una declaración ampliada de los denunciantes. Ahora se verá qué margen tiene Di Lello para llevar adelante una investigación judicial.
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
Fuentes: Página 12 y Diario Hoy
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