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Nacionales - 06-09-2018 / 08:09
EL FISCAL DI LELLO PIDIÓ QUE SE INVESTIGUE AL PRESIDENTE Y A SUS MINISTROS POR ABUSO DE AUTORIDAD

Macri imputado por el acuerdo espurio con el FMI

Macri imputado por el acuerdo espurio con el FMI
El fiscal federal Jorge Felipe Di Lello imputó al presidente y a varios de sus ministros por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario internacional (FMI) tras la denuncia formulada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldivieso por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público porque el millonario acuerdo con el organismo no pasó por el Congreso. La decisión de iniciar la causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tantas penurias carga sobre las espaldas de los sectores populares, le costó, al menos, una imputación al presidente Mauricio Macri, al ministro de Economía y representante del FMI en el Gobierno, Nicolás Dujovne, al jefe de Gabinete, el cascoteado Marcos Peña; y al presidente del Banco Central, el mesadinerista Luis Caputo.
 
La decisión la tomó el fiscal federal Jorge Di Lello, quien consideró necesario investigar la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido a que las negociaciones no contaron con el aval del Congreso. Por eso, el fiscal le solicitó al juez federal Julián Ercolini una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa y también que dicte una medida cautelar en la que se suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI.
 
Di Lello intervino a partir de dos presentaciones judiciales realizadas por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se hizo pese a que no estaba contemplado en el presupuesto y sin pasar por el Parlamento."Todo arreglo sobre  la deuda externa tiene que pasar por el Congreso, porque así lo manda la Constitución. Más aún, cuando se trata de un préstamo como este, por US$50.000 millones, que ni siquiera tuvo el consenso de todos los sectores", precisó Lozano.
 
Además de la denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público y abuso de poder, los dirigentes presentaron un amparo para que se suspenda el acuerdo que, tal como consideran, es "violatorio de derechos humanos fundamentales como el trabajo, la salud, la educación y de todas aquellas condiciones que se deterioran por la caída del empleo, el salario y el aumento de la pobreza".
 
Mientras que el Gobierno trató de justificar el acuerdo en una ley heredada del menemismo, Lozano aclaró que a partir de la reforma constitucional de 1994 cualquier tipo de relación con los organismos multilaterales de crédito debe ser discutida previamente en el Congreso. "Cada decisión es más leonina que la anterior, en la medida en que acelera el ajuste, aumenta la desigualdad y violenta más derechos", sentenció el ex diputado nacional.
 
Pero, ¿por qué el apuro del Presidente y sus funcionarios? ¿Por qué el manotazo de ahogado desesperado de ir al Fondo, sin el aval del Congreso y desdeñando los costos dolorosos de tal decisión? Porque Argentina está al borde del default y la intervención del FMI enmascara ese escenario, al que se llegó producto de medidas del Gobierno de los Ricos como la bicicleta financiera y la salida de capitales sin proponer un plan de desarrollo que genere crecimiento, empleo y recursos.
 
Para intentar salir de ese intríngulis, la espiral generada es poco menos que demencial: La estrategia de salir del default yendo al FMI, empuja al país a la recesión, haciendo caer el salario y el empleo. Por eso hay que ponerle un freno. En esa grieta que separa al Presidente y el FMI de la gente deberá arbitrar ahora la Justicia. Y decidir de qué lado está.
 
La Opinión Popular

 
Un dictamen del fiscal Jorge Di Lello alteró la inercia de Comodoro Py, donde la mayor parte de la actividad apunta hacia el gobierno anterior, e imputó esta vez a Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al titular del Banco Central, Luis Caputo.
 
Dice que pudieron haber cometido abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que el tema pasara por el Congreso, donde se debió impulsar por una ley específica o mediante su inclusión en la ley de presupuesto.
 
Di Lello se basa en la denuncia que hicieron Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes alegan que lo que está en juego es una operación de crédito o "empréstito" que, según la Constitución Nacional es indelegable en el Poder Ejecutivo.
 
Los denunciantes pidieron también una medida cautelar para que sea dejado en suspenso el acuerdo firmado en junio por 50.000 millones de dólares por tres años, suma de la cual ya fueron desembolsados 15.000 millones. La decisión ahora está en manos del juez federal Julián Ercolini.
 
En el plano político y en función de los planteos judiciales, algunas especulaciones indicaban que el Gobierno podía llegar a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso para el debate del presupuesto. Pero en la Casa Rosada lo niegan.
 
El argumento -en el que coinciden con el senador Miguel Angel Pichetto- es que la ley de Administración Financiera dice que los empréstitos deben pasar por el Congreso, con una excepción: "las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte".
 
En la oposición argumentan que en ese punto la ley se refiere a acuerdos con el Banco Mundial o instituciones semejantes, por montos reducidos, y no a un gigantesco plan que compromete las finanzas del país por muchos años.
 
El otro argumento que utilizará el Gobierno para volver a eludir el Congreso, es que lo pactado "no fija condicionalidades  salvo en material fiscal; es nuestro plan el que se aplica y todo lo que acordamos es que en lugar de 1,3 de déficit primario será cero o 0,4 por ciento del PBI, no son ellos los que imponen esto".
 
En este punto, nuevamente, en la oposición afirman que semejante volumen de deuda y de compromiso de pago de intereses y capital, no puede firmarse sin el voto de las dos cámaras.
 
Contra el planteo de que para acordar con el FMI cabe la excepción de la Ley de Administración que aparece en el artículo 60, Lozano y Baldivieso advirtieron en un su denuncia que esa norma no está vigente. Fue promulgada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 que, con disposiciones contrarias, tuvo el efecto de derogarla.
 
El artículo 76 tras la reforma estableció que se prohíbe la delegación de facultades al Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública.  Si bien hubo prórrogas que demoraron la aplicación de la nueva normativa, la última caducó en agosto de 2010.
 
La Constitución reformada, además, en el artículo 75 establece que corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior.
 
Por eso la presentación judicial inicial decía: "el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legal para acordar y ejecutar un acuerdo stand by de 50.000 millones de dólares firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018. Este acuerdo por ser aprobado y firmado por una autoridad incompetente es nulo de nulidad absoluta..."
 
También recuerdan que la ley de presupuesto votada para este año no contempló el acuerdo con el Fondo.
 
"Hemos hecho esta presentación porque creemos que los acuerdos con el Fondo son absolutamente dañinos y porque la Constitución así lo manda; hay que sumar que el FMI está violando su propio estatuto, que dice que no puede prestarle a países en situación de fuga de capitales", señaló Lozano, que presidente le partido Unidad Popular.
 
"La corrida cambiaria y el acuerdo con el Fondo han producido un shock recesivo, un derrumbe de la actividad económica. Nosotros no estamos de acuerdo con la estrategia que entiende que el ante la falta de dólares el camino es la recesión y la caída de la actividad", subrayó. Contó que además de la denuncia penal, presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo.
 
Di Lello le dio crédito a la denuncia, consideró que hay elementos para sospechar que se cometieron delitos pero le pidió a Ercolini que sea él quien decida si admite o no la cautelar para dejar el acuerdo en suspenso, lo que suena bastante improbable.
 
El fiscal, de todos modos, pidió informes al ministerio de Economía con la resoluciones por las que se contrajo deuda y el acuerdo específico stand by por 50.000 millones; el testimonio del jefe de gabinete del ministerio de Economía, para comprender la ejecución del acuerdo; otro informe de la comisión bicameral del Congreso que revisa la legislación y el testimonio de su titular; la ley de presupuesto y una declaración ampliada de los denunciantes. Ahora se verá qué margen tiene Di Lello para llevar adelante una investigación judicial. 
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuentes: Página 12 y Diario Hoy
 

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18-04-2019 / 10:04
18-04-2019 / 09:04
Durante semanas los medios ultraoficialistas: Clarín, La Nación e Infobae, estuvieron anticipando supuestas medidas para conjurar el impacto inflacionario, para aguantar hasta las elecciones. Es que el desquicio de precios descontrolados, tarifas en incesante aumento, despidos y suspensiones masivas complican las posibilidades de reelección de Mauricio Macri.
 
Y el anuncio falló desde su misma presentación. Se supone que la intención, ante una realidad económica que le es absolutamente esquiva al gobierno de Macri, y tras un golpe de nocaut como el dato de la inflación de marzo, era que el Gobierno demostrara que estaba de pie, que generara confianza como para que le creyeran que podía llegar a las elecciones entero.
 
Lo calificaron de Plan Aspirina, Plan Parche, "paquetito" y hasta hubo quien lo comparó con la táctica de un técnico de fútbol que se sabe despedido y juega en el último partido con toda la audacia que nunca tuvo, con los jugadores y la estrategia en los que nunca creyó, para despedirse, fracasado, diciendo "hice lo que me pedía la gente".
 
El primer gesto fue esconder al Presidente y mostrarlo apenas asomado a un video mal editado del cual se presumía ser producto de una charla espontánea con una vecina. Mala elección. Peor aún para quienes tuvieron que dar la cara y responder ante la inevitable pregunta del periodismo. ¿Por qué no hizo los anuncios el Presidente?
 
También hizo agua el fondo de las medidas. ¿Hacía falta recurrir justamente a medidas K, tantas veces vilipendiadas, para ser presentadas ahora como salvavidas? Procrear, Precios Cuidados, congelamiento de tarifas, créditos con fondos de Anses, son conceptos que el gobierno demonizó durante tres años y medio como emblemas K, y hoy se convierten en instrumentos "para llevar alivio a las familias".
 
Es un paquete de medidas confusas, "parches" que no pueden provocar un impacto en el consumo: precios accesibles de la carne pero con reducido alcance en su disponibilidad, créditos de costo elevadísimo para familias que cobran dos mangos, tarifas ya a niveles exorbitantes sobre las que se promete no aplicarles más aumentos hasta fin de año, acuerdo de estabilidad de precios sobre una cantidad muy limitada de productos y luego de haber tenido un fuerte aumento previo.
 
Plan de pagos de la AFIP para deudas impositivas que no resuelven el problema central que genera la inactividad de las empresas. Créditos que no solucionan los problemas que afectan al conjunto de la sociedad, y que el programa del FMI eterniza: la debacle del ingreso y la producción. El verdadero "precio cuidado" (o congelado) es el salario. Y sin recomposición de los ingresos y sin reactivación productiva, no hay posibilidad de tener un horizonte distinto al de un colapso, que es lo que hoy se tiene por delante.
 
La Opinión Popular
 

17-04-2019 / 10:04
Ayer fue otro día negro para el Gobierno de Mauricio Macri, la inflación trepó al 4,7% en marzo y acumuló en el primer trimestre 11,8%, según informó el Indec. Desesperados por la elevada inflación y el posible resultado adverso en las próximas elecciones, el Gobierno le pidió FMI congelar las bandas de no intervención del Banco Central hasta fin de año entre un piso de $ 39,75 y un techo de $ 51,45.
 
Es claro que el FMI maneja el rumbo del país. Luego del anuncio del presidente del Central, Guido Sandleris, el Fondo destacó la medida y sostuvo que la inflación es un "desafío difícil para las autoridades argentinas", pero que se reduciría en los próximos meses. Con el combo de tarifazos y posibles saltos del dólar difícilmente caiga la inflación.
 
En los últimos doce meses la inflación alcanzó los 54,7 %, los rubros que más se encarecieron en marzo fueron los alimentos y bebidas, la educación y las prendas de vestir y calzado. La suba de precios impacta con más fuerza en los sectores más pobres ya que destinan la mayor parte de sus ingresos a la compra de los alimentos (lo que más aumentó).
 
Por los altos precios y el menor poder adquisitivo, el consumo se desplomó. Según un relevamiento, las ventas de los productos que componen la canasta básica (alimentos, bebidas, artículos de limpieza) registraron el mes pasado una baja del 8,7 % en volumen. Una baja que sólo se compara con lo registrado en la gran crisis del 2002.
 
Este miércoles el Presidente, y luego en conferencia de prensa los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Producción y Trabajo, Dante Sica, anunciarán medidas cosméticas electoralistas para "tolerar" la inflación, que incluirían una ampliación del programa Precios Cuidados, descuentos en supermercados y créditos de Anses para jubilados y beneficiarios de AUH. Hubo empresas como Molinos y La Paulina que se adelantaron y ya remarcaron sus precios.
 
El Gobierno apuesta a impedir una posible corrida cambiaria que hunda las aspiraciones de Macri de ser reelecto aunque cuenta con herramientas limitadas para evitar un nuevo salto del dólar. El FMI es partidario de la libre flotación del dólar, es decir que haya más devaluación si el "mercado" así lo exige, pero más devaluación dispararía aún más la inflación, la situación sería caótica y el macrismo se tendría que despedir de cualquier chance electoral.
 
El FMI respalda a Macri, pero como ya adelantó la directora gerente Christine Lagarde "sería una tontería que cualquier candidato diera la espalda al trabajo que se está haciendo", es decir gane quien gane oficialistas u opositores el mensaje es claro: habrá que seguir bajo la bota del FMI con más ajustes, reforma laboral y previsional. En tanto, la estrategia de Cambiemos es aguantar hasta las elecciones sin que se produzca una debacle, pero después el futuro es tétrico.
 
La Opinión Popular
 

16-04-2019 / 09:04
El 11 de abril pasado, Mauricio Macri lanzó entre bombos y platillos un fenomenal Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023 para poner bajo la lupa a todas las dependencias del gobierno, pero ahora, la titular de la Oficina Anticorrupción, que diseñó este aparatoso plan, Laura Alonso, ha dicho que ni ella ni su oficina intervendrán en causas de corrupción de funcionarios de Cambiemos. No existe.
 
Así cualquiera. Es fabuloso tener un plan anticorrupción contra los otros y al mismo tiempo encubrir la corrupción de los propios al paralizar al organismo que los debería investigar. Laura Alonso se convierte con estas declaraciones en la luchadora Anticorrupción típica del discurso de Cambiemos.
 
Como los periodistas que se llaman "independientes" y ahora nos enteramos que trabajan para los servicios de inteligencia, Laura Alonso es lo contrario de lo que dice. En el programa de Luis Majul, indicó que es una decisión no investigar ni ser querellante en las causas de corrupción del Gobierno "para preservar cualquier tipo de sospecha o duda sobre la falta de imparcialidad". Es al revés: esa decisión confirma la falta de imparcialidad de Alonso.
 
Esta Oficina Anticorrupción es un chiste desde el momento en que Macri emitió un decreto que cambiaba los requisitos que debería cumplir el titular de la OA y los dibujó a imagen y semejanza de Laura Alonso, su candidata.
 
De hecho, Anticorrupción intervino en varios casos del gobierno de Cambiemos, el partido al cual pertenece Alonso. A mediados de 2016 fue acusada por su actuación en los Panamá Papers por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina: "mal desempeño de sus funciones", "abuso de autoridad" e "incumplimiento de deberes públicos". Laura Alonso defendió a Macri argumentando que constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo.
 
El ex ministro de Energía Juan José Aranguren fue denunciado por comprar gas a Chile, sin licitación, mediante un acuerdo con ese país con un sobreprecio 53% mayor que el GNL que llega por barco y 128% más caro que las importaciones de Bolivia, y favorecer con ese procedimiento a la empresa Shell, de la cual es accionista. Alonso archivó la denuncia.
 
Hay muchas situaciones de este tipo. Alonso tiene denuncias en la Justicia por "persecución selectiva" por la manera como decide en qué causas intervenir y en cuáles no. En febrero de 2017, un grupo de diputados denunció a la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso, por el escandaloso acuerdo firmado entre el gobierno de Macri con el Correo Argentino, por el cual se le condonaba al Grupo Macri, una deuda de 70 mil millones de pesos con el Estado. Alonso no es anticorrupta, usa a su organismo para hacer politiquería, lo cual es corrupción.
 
La Opinión Popular
 

16-04-2019 / 09:04
A diez semanas del cierre de listas, los u$s60 millones diarios del FMI empezarán a sellar la estrategia electoral del Gobierno de Mauricio Macri.
 
Si la mayor oferta de dólares, ayudada por la liquidación de la cosecha, alcanza a neutralizar la presión de la catástrofe inflacionaria y de la incertidumbre electoral sobre el dólar, Macri ratificará de forma definitiva su armado político electoral y todo el PRO se pondrá la camiseta de Durán Barba conducción.
 
El primer hecho, la estabilización del dólar, es el más deseado por todos en el oficialismo. Pero su consecuencia, la ratificación del modelo, es el más temido.
 
No lo quieren los radicales, no lo quiere María Eugenia Vidal, no lo quiere Horacio Rodríguez Larreta y no lo quiere Emilio Monzó. Creen que un veranito antes del cierre de listas provocará cinco meses de turbulencias.
 
"Si el dólar se mantiene o cede, el Gobierno lo va a tomar como una señal de acierto y va a ratificar todo lo de siempre. Si eso pasa, el verdadero enigma arranca entre el cierre de listas y el ballotage. Hay tres hitos: el día que Cristina anuncie que es candidata, el día de la PASO, en que muestre que es competitiva, y el día de la primera vuelta, cuando se meta en el ballotage. Esos tres días son un samba cambiario", vaticina una de las caras más visibles del Gobierno.
 
Agrega un dato más: "Y toda la sangría desde ahora hasta el ballotage, es responsabilidad de nuestro candidato, el Presidente de la Nación. Se la van a cobrar en la factura electoral de él". Por eso, ya hay quienes dicen en Cambiemos: cuanto mejor, peor.
 

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