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“Si la fuerza material está monopolizada por el régimen, las fuerzas morales, los valores que no se afincan en lo material están de nuestro lado, del lado del pueblo, y la militancia los transformará en fuerza avasalladora”. John W. Cooke
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Nacionales - 06-09-2018 / 08:09
EL FISCAL DI LELLO PIDIÓ QUE SE INVESTIGUE AL PRESIDENTE Y A SUS MINISTROS POR ABUSO DE AUTORIDAD

Macri imputado por el acuerdo espurio con el FMI

Macri imputado por el acuerdo espurio con el FMI
El fiscal federal Jorge Felipe Di Lello imputó al presidente y a varios de sus ministros por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario internacional (FMI) tras la denuncia formulada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldivieso por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público porque el millonario acuerdo con el organismo no pasó por el Congreso. La decisión de iniciar la causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tantas penurias carga sobre las espaldas de los sectores populares, le costó, al menos, una imputación al presidente Mauricio Macri, al ministro de Economía y representante del FMI en el Gobierno, Nicolás Dujovne, al jefe de Gabinete, el cascoteado Marcos Peña; y al presidente del Banco Central, el mesadinerista Luis Caputo.
 
La decisión la tomó el fiscal federal Jorge Di Lello, quien consideró necesario investigar la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido a que las negociaciones no contaron con el aval del Congreso. Por eso, el fiscal le solicitó al juez federal Julián Ercolini una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa y también que dicte una medida cautelar en la que se suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI.
 
Di Lello intervino a partir de dos presentaciones judiciales realizadas por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se hizo pese a que no estaba contemplado en el presupuesto y sin pasar por el Parlamento."Todo arreglo sobre  la deuda externa tiene que pasar por el Congreso, porque así lo manda la Constitución. Más aún, cuando se trata de un préstamo como este, por US$50.000 millones, que ni siquiera tuvo el consenso de todos los sectores", precisó Lozano.
 
Además de la denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público y abuso de poder, los dirigentes presentaron un amparo para que se suspenda el acuerdo que, tal como consideran, es "violatorio de derechos humanos fundamentales como el trabajo, la salud, la educación y de todas aquellas condiciones que se deterioran por la caída del empleo, el salario y el aumento de la pobreza".
 
Mientras que el Gobierno trató de justificar el acuerdo en una ley heredada del menemismo, Lozano aclaró que a partir de la reforma constitucional de 1994 cualquier tipo de relación con los organismos multilaterales de crédito debe ser discutida previamente en el Congreso. "Cada decisión es más leonina que la anterior, en la medida en que acelera el ajuste, aumenta la desigualdad y violenta más derechos", sentenció el ex diputado nacional.
 
Pero, ¿por qué el apuro del Presidente y sus funcionarios? ¿Por qué el manotazo de ahogado desesperado de ir al Fondo, sin el aval del Congreso y desdeñando los costos dolorosos de tal decisión? Porque Argentina está al borde del default y la intervención del FMI enmascara ese escenario, al que se llegó producto de medidas del Gobierno de los Ricos como la bicicleta financiera y la salida de capitales sin proponer un plan de desarrollo que genere crecimiento, empleo y recursos.
 
Para intentar salir de ese intríngulis, la espiral generada es poco menos que demencial: La estrategia de salir del default yendo al FMI, empuja al país a la recesión, haciendo caer el salario y el empleo. Por eso hay que ponerle un freno. En esa grieta que separa al Presidente y el FMI de la gente deberá arbitrar ahora la Justicia. Y decidir de qué lado está.
 
La Opinión Popular

 
Un dictamen del fiscal Jorge Di Lello alteró la inercia de Comodoro Py, donde la mayor parte de la actividad apunta hacia el gobierno anterior, e imputó esta vez a Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al titular del Banco Central, Luis Caputo.
 
Dice que pudieron haber cometido abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que el tema pasara por el Congreso, donde se debió impulsar por una ley específica o mediante su inclusión en la ley de presupuesto.
 
Di Lello se basa en la denuncia que hicieron Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes alegan que lo que está en juego es una operación de crédito o "empréstito" que, según la Constitución Nacional es indelegable en el Poder Ejecutivo.
 
Los denunciantes pidieron también una medida cautelar para que sea dejado en suspenso el acuerdo firmado en junio por 50.000 millones de dólares por tres años, suma de la cual ya fueron desembolsados 15.000 millones. La decisión ahora está en manos del juez federal Julián Ercolini.
 
En el plano político y en función de los planteos judiciales, algunas especulaciones indicaban que el Gobierno podía llegar a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso para el debate del presupuesto. Pero en la Casa Rosada lo niegan.
 
El argumento -en el que coinciden con el senador Miguel Angel Pichetto- es que la ley de Administración Financiera dice que los empréstitos deben pasar por el Congreso, con una excepción: "las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte".
 
En la oposición argumentan que en ese punto la ley se refiere a acuerdos con el Banco Mundial o instituciones semejantes, por montos reducidos, y no a un gigantesco plan que compromete las finanzas del país por muchos años.
 
El otro argumento que utilizará el Gobierno para volver a eludir el Congreso, es que lo pactado "no fija condicionalidades  salvo en material fiscal; es nuestro plan el que se aplica y todo lo que acordamos es que en lugar de 1,3 de déficit primario será cero o 0,4 por ciento del PBI, no son ellos los que imponen esto".
 
En este punto, nuevamente, en la oposición afirman que semejante volumen de deuda y de compromiso de pago de intereses y capital, no puede firmarse sin el voto de las dos cámaras.
 
Contra el planteo de que para acordar con el FMI cabe la excepción de la Ley de Administración que aparece en el artículo 60, Lozano y Baldivieso advirtieron en un su denuncia que esa norma no está vigente. Fue promulgada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 que, con disposiciones contrarias, tuvo el efecto de derogarla.
 
El artículo 76 tras la reforma estableció que se prohíbe la delegación de facultades al Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública.  Si bien hubo prórrogas que demoraron la aplicación de la nueva normativa, la última caducó en agosto de 2010.
 
La Constitución reformada, además, en el artículo 75 establece que corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior.
 
Por eso la presentación judicial inicial decía: "el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legal para acordar y ejecutar un acuerdo stand by de 50.000 millones de dólares firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018. Este acuerdo por ser aprobado y firmado por una autoridad incompetente es nulo de nulidad absoluta..."
 
También recuerdan que la ley de presupuesto votada para este año no contempló el acuerdo con el Fondo.
 
"Hemos hecho esta presentación porque creemos que los acuerdos con el Fondo son absolutamente dañinos y porque la Constitución así lo manda; hay que sumar que el FMI está violando su propio estatuto, que dice que no puede prestarle a países en situación de fuga de capitales", señaló Lozano, que presidente le partido Unidad Popular.
 
"La corrida cambiaria y el acuerdo con el Fondo han producido un shock recesivo, un derrumbe de la actividad económica. Nosotros no estamos de acuerdo con la estrategia que entiende que el ante la falta de dólares el camino es la recesión y la caída de la actividad", subrayó. Contó que además de la denuncia penal, presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo.
 
Di Lello le dio crédito a la denuncia, consideró que hay elementos para sospechar que se cometieron delitos pero le pidió a Ercolini que sea él quien decida si admite o no la cautelar para dejar el acuerdo en suspenso, lo que suena bastante improbable.
 
El fiscal, de todos modos, pidió informes al ministerio de Economía con la resoluciones por las que se contrajo deuda y el acuerdo específico stand by por 50.000 millones; el testimonio del jefe de gabinete del ministerio de Economía, para comprender la ejecución del acuerdo; otro informe de la comisión bicameral del Congreso que revisa la legislación y el testimonio de su titular; la ley de presupuesto y una declaración ampliada de los denunciantes. Ahora se verá qué margen tiene Di Lello para llevar adelante una investigación judicial. 
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuentes: Página 12 y Diario Hoy
 

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21-01-2019 / 09:01
"Voy a ser candidato a presidente y quiero ser el presidente de la Argentina del crecimiento para salir de este fracaso", señaló Sergio Massa, líder del Frente Renovador y ahora precandidato de Alternativa Federal, ante las voces que impulsan la postulación del ex ministro de Economía Roberto Lavagna como candidato de un armado peronista sin el cristinismo.
 
"De ninguna manera voy a ser candidato a gobernador", afirmó el ex intendente de Tigre y así descartó bajar su precandidatura que por ahora disputaría con el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
 
Con el año electoral ya corriendo a los candidatos y al propio gobierno, Massa apuntó que "el próximo presidente, y sin dudas yo lo tengo claro e impregnado en la piel, después de recorrer parte del país con el auto y tomar contacto con la gente, va a tener que llamar a un gran acuerdo por la unidad".
 
Alternativa Federal nació una vez que el camino de unidad encarado por el peronismo comenzó a concretarse y los dirigentes de Alternativa Federal tomaron la vía de diferenciarse confrontando con el cristinismo.
 
Integrado por gobernadores justicialistas, descartan a la ex presidenta Cristina Fernández como candidata, se declaman como un agrupamiento "superador" de la disyuntiva macrismo- cristinismo. Los dirigentes promueven que las candidaturas se resuelvan a través de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
 
"Cuando vos mirás las serie histórica de la Argentina y... ¿viste que se habla mucho de los últimos 50 años? Roberto (Lavagna), Martín Redrado, José Ignacio de Mendiguren, Aldo Pignanelli, y yo mismo en ese momento desde la seguridad social, pusimos una serie histórica, que cruzó dos gobiernos, el de (Eduardo) Duhalde y el de la primera etapa del de (Néstor) Kirchner", señaló Massa sobre algunos de los funcionarios que pasaron o forman parte del Frente Renovador (FR).
 
"Con Lavagna vamos a ser parte de la solución a los problemas de la Argentina", agregó, buscando mostrar cercanía con el economista. El líder del FR insistió en mostrar su buena relación con Lavagna, con quien dijo reunirse cada quince días, y de quien dijo que es "el faro más importante que tienen aquellos que creen en la Argentina del desarrollo y el crecimiento".
 
La Opinión Popular

20-01-2019 / 09:01
Chico conoce chica, la comedia de Hollywood le saca el jugo. Presidente conoce presidente, las Cancillerías y los medios afines abusan del paralelismo: hablan de "química", "empatía", "onda" y otras simplezas. Como en las comedias o en la vida real el primer encuentro puede influir, pero la larga convivencia siempre es crucial.
 
El presidente brasileño, Jair Messias Bolsonaro, recibió a su colega argentino Mauricio Macri en Brasilia. Dos desaires anteriores (ahora dicen) quedaron atrás: Bolsonaro no vino para el G-20, Macri veraneaba cuando asumió su par. Sobreactuaron amistad aunque a Macri (cultor de la doctrina Chocobar) sus asesores le aconsejan no fotografiarse "disparando" con las manos.
 
Objetivamente tienen un destino común, una frontera gigantesca, un intercambio comercial único. Ningún país es soberano del todo, en la aldea global. Pero hay mandatarios o visiones ideológicas que se empeñan en ampliar los márgenes nacionales de decisión. Otros prefieren el alineamiento con los países hegemónicos aunque jamás hablen de dependencia.
 
A los contertulios de Brasilia no los unen el amor ni el espanto, sí intereses  y la subordinación al Departamento de Estado.
 
Como Aníbal Troilo, Estados Unidos nunca se fue de este Sur, pero su política exterior posterior al atentado a las Torres Gemelas permitió un resuello. Coincidió con la llegada de experiencias populares variadas, más o menos radicales pero muchas antagónicas con la herencia neoconservadora de los '90.
 
Prevalecieron la paz y la no intervención en otros Estados, por un lapso prolongado y con una intensidad tal vez sin precedentes. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) medió exitosamente para frenar sangrientos intentos golpistas contra el presidente boliviano, Evo Morales, y contra el ecuatoriano Rafael Correa que incluso fue secuestrado por fuerzas de seguridad.
 
Las coincidencias políticas gravitaban pero todos los gobiernos cooperaban en un organismo flamante, de nimia institucionalidad cuyas resoluciones exigen unanimidad de los presidentes. O, cuanto menos, inexistencia de vetos así fuera de uno solo.
 
Diplomacia presidencial al rojo vivo que eleva el protagonismo de los mandatarios y confina a las Cancillerías. Néstor Kirchner fue electo presidente del organismo con la anuencia de todos sus integrantes: una sola bolilla negra bastaba para dejarlo afuera.
 
Las derechas autóctonas, con la cooperación recurrente de "la Embajada" de EE.UU. le coparon la parada a Unasur. Cambiaron la correlación de fuerzas mediante golpes de Estado atípicos, novedosos: en Paraguay, Honduras, Brasil y ahora van por Venezuela. Macri y Bolsonaro 2019 se contraponen a Lula da Silva-Néstor Kirchner en 2003. Pasaron cosas, caramba. 

19-01-2019 / 11:01
19-01-2019 / 10:01
Es cada vez mayor la cantidad de personas que se suman a la protesta callejera contra la suba de los servicios públicos que implementa el gobierno de Mauricio Macri. Por cuarto viernes consecutivo, miles de porteños cortaron anoche las avenidas Rivadavia, Corrientes o Cabildo, entre otras, para protagonizar un nuevo "ruidazo" por los padecimientos derivados de las políticas de la alianza Cambiemos. También hubo manifestaciones en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior de la provincia.
 
Las quejas por los aumentos de tarifas, por sueldos y jubilaciones cada vez más insignificantes frente a la inflación, se combinaron con reclamos puntuales de docentes por el cierre de las escuelas nocturnas resuelto por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
 
De fondo se alternaba el ya tradicional "Mauricio Macri la puta que te parió", como el menos usual "fuera, fuera, fuera Macri fuera". "Macri son un fracaso como presidente. La inflación es un cáncer. Sos un inepto, le mentís a la gente", se expresa un vecino desde su cartel. "Nos sacaron el Fútbol para Todos para hacer 3000 jardines. ¿Dónde están?", indaga otro.
 
Anoche volvieron a sentirse las cacerolas, los bocinazos y ruidazos en distintas ciudades del país. Se dan después de la segunda marcha de la multisectorial contra los tarifazos que este jueves se realizó en Rosario y que continuará en Mar del Plata y Mendoza. Así como los ruidazos seguirán todos los viernes por la noche.
 
El motivo central de las protestas es el mismo: la crisis económica del modelo neoliberal macrista. La gente se une para marchar o golpear cacerolas, para reclamar por los despidos, los bajos salarios, los aumentos del transporte y de los servicios públicos, porque la plata ya no alcanza.
 
La bronca se acumula de la misma manera que los gastos para llegar a fin de mes. La gente se junta por un reclamo, por una inconformidad que la unifica. Es una queja por el presente, pero con la esperanza de lograr un cambio en el futuro. Protestan porque entienden que quedarse en la comodidad de sus casas se convierte en un silencio cómplice del ajuste macrista.
 
Las protestas continuarán, con mayor o menor presencia en las esquinas de las ciudades, o terminar diluyéndose ante la falta de respuestas positivas. O pueden aumentar, si este año vuelven a golpear los bolsillos populares de manera intolerable. ¿Influirán en las elecciones? Es una pregunta difícil de responder. Por ahora, el ruido sigue. La gente está harta de Macri.
 
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18-01-2019 / 09:01
Con Mauricio Macri, se profundizó un fenómeno que había arrancado en la primera mitad del 2018 y que muestra de lleno cuál fue el sector más perjudicado por la crisis económica: los trabajadores asalariados perdieron otra vez participación en el reparto de la torta de ingresos y así se alejan cada vez más del famoso fifty fifty.
 
El fifty-fifty (cincuenta y cincuenta) que impulsó el primer peronismo proponía que trabajadores y empresas se repartieran en partes iguales los ingresos que genera el país.
 
Esta vez la caída de su porción fue de 4,7 puntos durante el tercer trimestre: pasaron de recibir el 50,6% de la torta al 45,9%. Así, volvió a niveles distributivos del 2010.
 
A la par, eso significó un crecimiento de la parte del producto que se quedaron los empresarios, a costa del salario de los trabajadores. Ahí el salto fue casi en espejo y los dueños de las empresas pasaron a recibir el 45,7% del total, lo que implicó un crecimiento de 4,8% puntos.
 
Es decir que el 4% de los que participan en la producción, o sea los empresarios tal como señala el propio Indec, se quedaron con una porción casi idéntica a la del 74% representado por los asalariados.
 
La cuestión del fifty-fifty tiene un poder simbólico fuerte en la Argentina, aunque en los países desarrollados la distribución capital-trabajo es bastante más favorable para los asalariados: la participación asalariada ronda el 60% y durante los 70 giraba en torno al 65%, tal el caso de Estados Unidos.
 
Aunque en 1945 esta proporción era vista como una conquista social, en la actualidad es insuficiente. Para reducir la pobreza y aumentar la equidad es necesario impulsar reformas para que los trabajadores aumenten su participación a niveles más parecidos a los observados en los países desarrollados. Todo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de Mauricio Macri.
 
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