La Opinión Popular
                  04:38  |  Viernes 16 de Noviembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
“Han venido a saquear al país, y lo saquearon: deuda externa eterna, fuga de capitales, condonación de deudas privadas, bicicleta financiera y un plan de Macri con el FMI que es irrealizable”. “Pino” Solanas
Recomendar Imprimir
Nacionales - 06-09-2018 / 08:09
EL FISCAL DI LELLO PIDIÓ QUE SE INVESTIGUE AL PRESIDENTE Y A SUS MINISTROS POR ABUSO DE AUTORIDAD

Macri imputado por el acuerdo espurio con el FMI

Macri imputado por el acuerdo espurio con el FMI
El fiscal federal Jorge Felipe Di Lello imputó al presidente y a varios de sus ministros por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario internacional (FMI) tras la denuncia formulada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldivieso por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público porque el millonario acuerdo con el organismo no pasó por el Congreso. La decisión de iniciar la causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tantas penurias carga sobre las espaldas de los sectores populares, le costó, al menos, una imputación al presidente Mauricio Macri, al ministro de Economía y representante del FMI en el Gobierno, Nicolás Dujovne, al jefe de Gabinete, el cascoteado Marcos Peña; y al presidente del Banco Central, el mesadinerista Luis Caputo.
 
La decisión la tomó el fiscal federal Jorge Di Lello, quien consideró necesario investigar la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido a que las negociaciones no contaron con el aval del Congreso. Por eso, el fiscal le solicitó al juez federal Julián Ercolini una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa y también que dicte una medida cautelar en la que se suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI.
 
Di Lello intervino a partir de dos presentaciones judiciales realizadas por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se hizo pese a que no estaba contemplado en el presupuesto y sin pasar por el Parlamento."Todo arreglo sobre  la deuda externa tiene que pasar por el Congreso, porque así lo manda la Constitución. Más aún, cuando se trata de un préstamo como este, por US$50.000 millones, que ni siquiera tuvo el consenso de todos los sectores", precisó Lozano.
 
Además de la denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público y abuso de poder, los dirigentes presentaron un amparo para que se suspenda el acuerdo que, tal como consideran, es "violatorio de derechos humanos fundamentales como el trabajo, la salud, la educación y de todas aquellas condiciones que se deterioran por la caída del empleo, el salario y el aumento de la pobreza".
 
Mientras que el Gobierno trató de justificar el acuerdo en una ley heredada del menemismo, Lozano aclaró que a partir de la reforma constitucional de 1994 cualquier tipo de relación con los organismos multilaterales de crédito debe ser discutida previamente en el Congreso. "Cada decisión es más leonina que la anterior, en la medida en que acelera el ajuste, aumenta la desigualdad y violenta más derechos", sentenció el ex diputado nacional.
 
Pero, ¿por qué el apuro del Presidente y sus funcionarios? ¿Por qué el manotazo de ahogado desesperado de ir al Fondo, sin el aval del Congreso y desdeñando los costos dolorosos de tal decisión? Porque Argentina está al borde del default y la intervención del FMI enmascara ese escenario, al que se llegó producto de medidas del Gobierno de los Ricos como la bicicleta financiera y la salida de capitales sin proponer un plan de desarrollo que genere crecimiento, empleo y recursos.
 
Para intentar salir de ese intríngulis, la espiral generada es poco menos que demencial: La estrategia de salir del default yendo al FMI, empuja al país a la recesión, haciendo caer el salario y el empleo. Por eso hay que ponerle un freno. En esa grieta que separa al Presidente y el FMI de la gente deberá arbitrar ahora la Justicia. Y decidir de qué lado está.
 
La Opinión Popular

 
Un dictamen del fiscal Jorge Di Lello alteró la inercia de Comodoro Py, donde la mayor parte de la actividad apunta hacia el gobierno anterior, e imputó esta vez a Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al titular del Banco Central, Luis Caputo.
 
Dice que pudieron haber cometido abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que el tema pasara por el Congreso, donde se debió impulsar por una ley específica o mediante su inclusión en la ley de presupuesto.
 
Di Lello se basa en la denuncia que hicieron Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes alegan que lo que está en juego es una operación de crédito o "empréstito" que, según la Constitución Nacional es indelegable en el Poder Ejecutivo.
 
Los denunciantes pidieron también una medida cautelar para que sea dejado en suspenso el acuerdo firmado en junio por 50.000 millones de dólares por tres años, suma de la cual ya fueron desembolsados 15.000 millones. La decisión ahora está en manos del juez federal Julián Ercolini.
 
En el plano político y en función de los planteos judiciales, algunas especulaciones indicaban que el Gobierno podía llegar a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso para el debate del presupuesto. Pero en la Casa Rosada lo niegan.
 
El argumento -en el que coinciden con el senador Miguel Angel Pichetto- es que la ley de Administración Financiera dice que los empréstitos deben pasar por el Congreso, con una excepción: "las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte".
 
En la oposición argumentan que en ese punto la ley se refiere a acuerdos con el Banco Mundial o instituciones semejantes, por montos reducidos, y no a un gigantesco plan que compromete las finanzas del país por muchos años.
 
El otro argumento que utilizará el Gobierno para volver a eludir el Congreso, es que lo pactado "no fija condicionalidades  salvo en material fiscal; es nuestro plan el que se aplica y todo lo que acordamos es que en lugar de 1,3 de déficit primario será cero o 0,4 por ciento del PBI, no son ellos los que imponen esto".
 
En este punto, nuevamente, en la oposición afirman que semejante volumen de deuda y de compromiso de pago de intereses y capital, no puede firmarse sin el voto de las dos cámaras.
 
Contra el planteo de que para acordar con el FMI cabe la excepción de la Ley de Administración que aparece en el artículo 60, Lozano y Baldivieso advirtieron en un su denuncia que esa norma no está vigente. Fue promulgada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 que, con disposiciones contrarias, tuvo el efecto de derogarla.
 
El artículo 76 tras la reforma estableció que se prohíbe la delegación de facultades al Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública.  Si bien hubo prórrogas que demoraron la aplicación de la nueva normativa, la última caducó en agosto de 2010.
 
La Constitución reformada, además, en el artículo 75 establece que corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior.
 
Por eso la presentación judicial inicial decía: "el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legal para acordar y ejecutar un acuerdo stand by de 50.000 millones de dólares firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018. Este acuerdo por ser aprobado y firmado por una autoridad incompetente es nulo de nulidad absoluta..."
 
También recuerdan que la ley de presupuesto votada para este año no contempló el acuerdo con el Fondo.
 
"Hemos hecho esta presentación porque creemos que los acuerdos con el Fondo son absolutamente dañinos y porque la Constitución así lo manda; hay que sumar que el FMI está violando su propio estatuto, que dice que no puede prestarle a países en situación de fuga de capitales", señaló Lozano, que presidente le partido Unidad Popular.
 
"La corrida cambiaria y el acuerdo con el Fondo han producido un shock recesivo, un derrumbe de la actividad económica. Nosotros no estamos de acuerdo con la estrategia que entiende que el ante la falta de dólares el camino es la recesión y la caída de la actividad", subrayó. Contó que además de la denuncia penal, presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo.
 
Di Lello le dio crédito a la denuncia, consideró que hay elementos para sospechar que se cometieron delitos pero le pidió a Ercolini que sea él quien decida si admite o no la cautelar para dejar el acuerdo en suspenso, lo que suena bastante improbable.
 
El fiscal, de todos modos, pidió informes al ministerio de Economía con la resoluciones por las que se contrajo deuda y el acuerdo específico stand by por 50.000 millones; el testimonio del jefe de gabinete del ministerio de Economía, para comprender la ejecución del acuerdo; otro informe de la comisión bicameral del Congreso que revisa la legislación y el testimonio de su titular; la ley de presupuesto y una declaración ampliada de los denunciantes. Ahora se verá qué margen tiene Di Lello para llevar adelante una investigación judicial. 
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuentes: Página 12 y Diario Hoy
 

Agreganos como amigo a Facebook
15-11-2018 / 10:11
La declaración reciente del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne: "Nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno", es una forma de sincericidio del que no se tiene memoria en las últimas décadas en el país.
 
Hay una excepción: la del radical Juan Carlos Pugliese, quien tomó las riendas del ministerio en el último tiempo del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Se dirigió entonces al mundo de las finanzas, pidiendo respaldo y comprensión: "Yo les hablo con el corazón -dijo- pero ustedes me responden con el bolsillo".
 
Dujovne pudo decir lo que dijo hace horas porque los militares argentinos no son una amenaza, por suerte. Fueron los golpes de Estado en la segunda mitad del siglo XX los que ayudaron a perturbar la economía. No dejaban hacer, nadie podía tomar previsiones ni asumir políticas de largo plazo.
 
Sólo Arturo Frondizi fue víctima de 32 planteos militares. Uno de sus ministros de Economía, Álvaro Alsogaray, pudo remontar la instancia crítica sólo porque estaba respaldado por los militares (entre ellos el general Julio Alsogaray, su hermano).
 
José Alfredo Martínez de Hoz, ministro con el siniestro Golpe Militar de 1976, pudo concretar su modelo de apertura de la economía, más las privatizaciones, más el amparo de la timba financiera, más su lucha contra la industria nacional, el tiempo de "la plata dulce", porque lo apoyaba la mayoría de los militares.
 
Los ministros de Economía acompañaron el paso de los años con engaños, con mentiras y ocultamientos. La sorpresa de Dujovne es que está diciendo la verdad. En otro momento, habida cuenta de la actual realidad económica, la aflicción de la clase media, la imposición de un programa que sólo genera víctimas, el crecimiento de la pobreza, ya habrían bastado para acorralar a cualquier gobierno de cualquier signo político.
 
Así, el ministro puede decir lo que dice porque en la vereda política de la oposición no hay unidad, ni candidato, ni organización de ninguna naturaleza. El peronismo está dividido. Y no hay otra cosa.
 
La Opinión Popular

15-11-2018 / 09:11
Con el apoyo de una parte de peronismo, la alianza Cambiemos convirtió en ley esta madrugada el Presupuesto 2019, impuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en una maratónica sesión de más de 13 horas, en la que también se avalaron la adenda al Consenso Fiscal, cambios en ganancias y el proyecto de bienes personales -que como se aprobó con cambios deberá retornar a Diputados-.
 
El Presupuesto 2019 plantea un ajuste de más de $ 450.000 millones. La ofrenda en el altar del FMI es, para la mitología de la derecha, una garantía de protección internacional. El pacto contra el pueblo trabajador indica que 2019 será otro año de vacas flacas, suba del desempleo, destrucción del aparato productivo y otras desdichas que no enumeramos porque son re-conocidas.
 
El jefe del bloque Frente para la Victoria-PJ (FpV), Marcelo Fuentes, señaló que el proyecto propone "más bicicleta financiera" y advirtió que "la reducción del gasto en servicios sociales en términos reales, no nominales, será del 6%", al tiempo que señaló que "la deuda pública es del 87% del PBI". "Resulta cínico venir a plantear como una virtud desarrollar programas de emergencia para enfrentar la misma crisis que yo mismo creo con las políticas que estoy pidiendo que me voten", ironizó el neuquino en referencia al Gobierno de los CEOs.
 
Entre los defensores del proyecto se anotó el entrerriano Alfredo De Angeli, de Cambiemos, quien resaltó que el presupuesto "tiene 70% de gasto social" y que "la mayoría de los gobernadores están de acuerdo porque hubo un Presidente que les devolvió lo que les correspondía", al tiempo que señaló que "se van a hacer las obras y con transparencia". "No sé de qué obras están hablando si en el presupuesto casi no hay obras", respondió a su turno la chubutense Nancy González, del FpV, quien indicó que para esa provincia la Nación presupuestó "tres obras públicas".
 
Uno de los críticos más fuertes fue el formoseño José Mayans del Bloque Justicialista, quien además mantiene un público enfrentamiento con el presidente de esa bancada, Miguel Pichetto, a favor del proyecto. "Vamos a autorizar el endeudamiento más grande de la historia argentina. Ese es el punto central de este presupuesto. 400 mil millones de dólares", remarcó Mayans al tiempo que afirmó que "el pueblo argentino lo va a pagar con menor educación, menor salud, más pobreza y más indigencia".
 
Entre los justicialistas en contra de la iniciativa se contó el pampeano Daniel Lovera, quien afirmó que el presupuesto "muestra un fuerte desprecio del interior del país" y que "la variable de ajuste es el trabajador, la clase media, las pymes, los productores".
 
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se jactó con una alabanza de doble filo: "nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno". Quiso elogiar la supuesta pasividad de las clases populares que halaga al FMI. Pero dio cuenta cuan brutal es el programa económico neoliberal macrista. Un modelo solo para los ricos. En tanto, la fuerza y la bronca para enfrentar el ajuste se acumulan en toda la sociedad.
 
La Opinión Popular

14-11-2018 / 10:11
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público a raíz del increíble blanqueo que Alonso le brindó a Mauricio Macri en la causa por el Correo Argentino.
 
En los hechos, la "enamorada del Presidente" -como ha dicho reiteradamente Alonso- batió records al sostener que Macri no tenía conflicto de intereses en el caso del Correo Argentino porque no es accionista de las empresas controlantes y que nunca dio instrucciones en lo que hizo el Estado.
 
Tanto el mandatario como sus hijos fueron y son accionistas de Socma y Sideco, firmas dueñas del Correo, y además fue público aquel contacto con los periodistas en que el Presidente dijo que había ordenado volver a "fojas cero" el impresentable acuerdo que se intentó firmar entre el Correo (del Grupo Macri) y el Estado (con Macri presidente). Aquella intentona significaba una inmensa condonación de deuda, como dictaminó la fiscal general Gabriela Boquin.
 
La denuncia contra Alonso fue realizada por los diputados Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau, quienes señalaron que la funcionaria no investigó nada, tomó dictámenes que favorecían a Macri y ocultó todo lo que demuestra el evidente conflicto de intereses. En concreto, la fiscal considera que hay elementos fundados que indican que Alonso encubrió a Macri en el escándalo del Correo, retardando y denegando la acción judicial.
 
Laura Alonso sostuvo en su dictamen, luego convalidado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, que Macri no incurrió en conflicto de intereses porque no es accionista de Socma (Sociedades Macri), la controlante del Correo.
 
En la causa judicial quedó claro que el Presidente era dueño de acciones del Correo, pero que se las cedió a sus hijos. Esto lo deja incurso en la cuestión ética porque el conflicto de intereses abarca a los descendientes y ascendientes de cualquier funcionario.
 
Es más, Franco Macri, padre de Mauricio, figura como beneficiario de la sociedad del Correo, es decir que el conflicto de intereses está planteado -según la causa judicial- de forma plena, a través de los hijos y el padre del Presidente.
 
Pero, además, Camaño, Grandinetti y Moreau señalan en su denuncia que cuando Macri presentó su declaración de bienes en 2014 seguía teniendo acciones de Socma, la sociedad que controla Sideco Americana, que a su vez controla el Correo.
 
El Gobierno de los Ricos, que asumió bajo la promesa de la "transparencia" cada vez se ve más implicado en casos de corrupción utilizando el poder del Estado para sus propios intereses económicos.
 
La Opinión Popular

14-11-2018 / 09:11
Los jueces de la Corte Suprema le impusieron a Carlos Rosenkrantz un temario de fallos a tratar antes de fin de año que molestan al presidente Mauricio Macri. En la agenda figuran casos clave, como cuál debe ser el índice que se aplique a las jubilaciones, qué jueces deben pagar Impuesto a las Ganancias y la definición con respecto a la aplicación del beneficio del 2x1 a los represores.
 
El ex abogado de Clarín, Rosenkrantz, que es cuestionado por querer manejar la Corte en total sintonía con la Casa Rosada y encima sin contar con el resto del tribunal, ensayó una resistencia, a sabiendas de que algunos de los fallos que impulsan sus compañeros irritan a Macri. Pero no pudo frenar la embestida y debió aceptar el temario.
 
La reunión de Acuerdo fue áspera y duró dos horas y media. Según la agenda difundida, el 27 de noviembre el máximo tribunal dictara sentencia sobre una "medida cautelar por pago del impuesto a las Ganancias por jueces incorporados a partir de 2017". En esa ocasión la Corte no tratará la "cuestión de fondo" que es si los magistrados y funcionarios del Poder Judicial deben tributar Ganancias, sino la medida cautelar dictada hace un año por el juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari.
 
El 4 de diciembre el máximo tribunal dictará una nueva sentencia vinculada con la "aplicación de la ley del 2x1 en las causas de delitos de lesa humanidad". En mayo de 2017 la Corte opinó sobre el tema y le otorgó ese beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña. El fallo lo impulsó Rosenkrantz y recibió un fuerte rechazo de la sociedad. En medio de masivas movilizaciones contrarias a lo resuelto por la Corte, el Congreso sancionó una nueva ley para que ese cómputo no pueda volver a aplicarse a casos de lesa humanidad.
 
La Corte anunció también que el 11 de diciembre resolverá acerca de la constitucionalidad o no de la ley de lemas vigente en Santa Cruz. Ese sistema electoral le permitió a Alicia Kirchner llegar a la gobernación provincial, pese a que en forma individual el radical Eduardo Costa la había superado en cantidad de votos. Fue la Unión Cívica Radical la que llevó el caso a la Justicia.
 
En una de las últimas reuniones del año, el 18 de diciembre, la Corte Suprema emitirá sentencia sobre la "determinación del índice aplicable para el nivel inicial de retiro", para lo cual tomará el caso Lucio Orlando Blanco, una denuncia realizada contra la Anses. Para Macri debe utilizarse el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) para la actualización de haberes jubilatorios, mientras que muchos jubilados demandaron al Estado para que se les siga aplicando el Isbic (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción).
 
La encrucijada para la Corte es si sostiene su anterior criterio favorable a los jubilados -que fue adoptado con otra integración- o si admite la postura de la administración Macri. Todas las apuestas apuntan a que para este caso las posiciones más afines podrían estar entre Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, aunque no está todavía definido.
 
La Opinión Popular

13-11-2018 / 12:11
En los países de la periferia capitalista las relaciones de causalidad entre las variables establecidas por la teoría ortodoxa en los manuales rara vez se cumplen y algunas de ellas sostenidas por el FMI y que hoy se aplican a la Argentina no tienen ninguna posibilidad de que se verifiquen.
 
Una de las más significativas es la estrategia del comercio exterior. Para devolverle los préstamos al FMI es necesario lograr un excedente de la balanza de pagos, o lo que es lo mismo incrementar el ahorro. El ahorro menos la inversión es igual a las exportaciones menos les importaciones; vale decir que hay que aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones.
 
La teoría dice y el FMI afirma que si "el país devalúa entonces tendrá mayor posibilidad de exportar" porque tiene un "tipo de cambio alto y competitivo", y algún diario financiero afirmará incluso que incrementó la "productividad". Este el origen de la devaluación salvaje del macrismo.
 
Por hipótesis, si hay una devaluación, el precio interno en dólares de los bienes producidos en pesos va a disminuir. Esto permite afirmar a la ortodoxia que el productor va a poder vender más barato en dólares y obtener la misma cantidad de pesos, y además podrá exportar bienes que antes no exportaba porque eran muy caros o una cantidad mayor de bienes porque podrá venderlos más baratos y desplazar a los otros proveedores que compiten con él.
 
Pero esto puede no ser así ya que las hipótesis que deben cumplirse para que eso suceda son numerosas y si no se cumplen no habrá exportación. Sería necesario que la Argentina tuviera excedentes exportables y que estos gozaran de una demanda en el exterior, que sean competitivos en calidad, precio, en financiamiento y última, pero importante, condición que los países a los que supuestamente se los destina acepten no imponerles aranceles o impedimentos no arancelarios como el caso de los limones de Trump.
 
Otro punto muy importante es obtener un excedente de la balanza de pagos, ya que lo que se le pagará al FMI serán los dólares que saldrán del saldo de la diferencia entre los pagos realizados al exterior y los recibidos. La realidad enseña que el país no determina el volumen de sus exportaciones, que dependen de la voluntad de los otros países, sino que sólo puede controlar sus importaciones.
 
Esto implica que la generación de un excedente de la balanza comercial supone una política de importaciones adecuada. Pero el FMI impone el libre mercado y el librecambio y por lo tanto se opone a la restricción de las importaciones y a los aranceles que las limitan.
 
La teoría ortodoxa que sostiene el librecambio afirma asimismo que el comercio exterior no impacta en los precios. Se sugiere que las importaciones serán más baratas que los precios de los productos internos, ya que de otra manera no podrían competir. Por lo tanto producen una disminución de los precios, aunque en la realidad no sea así puesto que los importadores van a tomar como referencia el precio interno y obtener super ganancias.
 
Uno de los ejes de los nuevos programas económicos en Europa y Estados Unidos es el cierre del comercio. Así lo advierten especialistas de la Cepal, quienes relacionan el crecimiento de la ultraderecha con los efectos nocivos de la globalización.

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar