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“Macri sigue emitiendo deuda y se olvida de la Salud, la Educación, el Medioambiente y la Cultura. Le recorta los ingresos a los jubilados pero perdona al Grupo Macri su deuda con el Correo Argentino”. Pino Solanas
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Nacionales - 06-09-2018 / 08:09
EL FISCAL DI LELLO PIDIÓ QUE SE INVESTIGUE AL PRESIDENTE Y A SUS MINISTROS POR ABUSO DE AUTORIDAD

Macri imputado por el acuerdo espurio con el FMI

Macri imputado por el acuerdo espurio con el FMI
El fiscal federal Jorge Felipe Di Lello imputó al presidente y a varios de sus ministros por el acuerdo firmado con el Fondo Monetario internacional (FMI) tras la denuncia formulada por los dirigentes Claudio Lozano y Jonatan Baldivieso por los delitos de abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público porque el millonario acuerdo con el organismo no pasó por el Congreso. La decisión de iniciar la causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tantas penurias carga sobre las espaldas de los sectores populares, le costó, al menos, una imputación al presidente Mauricio Macri, al ministro de Economía y representante del FMI en el Gobierno, Nicolás Dujovne, al jefe de Gabinete, el cascoteado Marcos Peña; y al presidente del Banco Central, el mesadinerista Luis Caputo.
 
La decisión la tomó el fiscal federal Jorge Di Lello, quien consideró necesario investigar la comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, debido a que las negociaciones no contaron con el aval del Congreso. Por eso, el fiscal le solicitó al juez federal Julián Ercolini una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa y también que dicte una medida cautelar en la que se suspenda la ejecución del acuerdo con el FMI.
 
Di Lello intervino a partir de dos presentaciones judiciales realizadas por Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes señalaron que el acuerdo con el FMI se hizo pese a que no estaba contemplado en el presupuesto y sin pasar por el Parlamento."Todo arreglo sobre  la deuda externa tiene que pasar por el Congreso, porque así lo manda la Constitución. Más aún, cuando se trata de un préstamo como este, por US$50.000 millones, que ni siquiera tuvo el consenso de todos los sectores", precisó Lozano.
 
Además de la denuncia penal por violación de los deberes de funcionario público y abuso de poder, los dirigentes presentaron un amparo para que se suspenda el acuerdo que, tal como consideran, es "violatorio de derechos humanos fundamentales como el trabajo, la salud, la educación y de todas aquellas condiciones que se deterioran por la caída del empleo, el salario y el aumento de la pobreza".
 
Mientras que el Gobierno trató de justificar el acuerdo en una ley heredada del menemismo, Lozano aclaró que a partir de la reforma constitucional de 1994 cualquier tipo de relación con los organismos multilaterales de crédito debe ser discutida previamente en el Congreso. "Cada decisión es más leonina que la anterior, en la medida en que acelera el ajuste, aumenta la desigualdad y violenta más derechos", sentenció el ex diputado nacional.
 
Pero, ¿por qué el apuro del Presidente y sus funcionarios? ¿Por qué el manotazo de ahogado desesperado de ir al Fondo, sin el aval del Congreso y desdeñando los costos dolorosos de tal decisión? Porque Argentina está al borde del default y la intervención del FMI enmascara ese escenario, al que se llegó producto de medidas del Gobierno de los Ricos como la bicicleta financiera y la salida de capitales sin proponer un plan de desarrollo que genere crecimiento, empleo y recursos.
 
Para intentar salir de ese intríngulis, la espiral generada es poco menos que demencial: La estrategia de salir del default yendo al FMI, empuja al país a la recesión, haciendo caer el salario y el empleo. Por eso hay que ponerle un freno. En esa grieta que separa al Presidente y el FMI de la gente deberá arbitrar ahora la Justicia. Y decidir de qué lado está.
 
La Opinión Popular

 
Un dictamen del fiscal Jorge Di Lello alteró la inercia de Comodoro Py, donde la mayor parte de la actividad apunta hacia el gobierno anterior, e imputó esta vez a Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y al titular del Banco Central, Luis Caputo.
 
Dice que pudieron haber cometido abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que el tema pasara por el Congreso, donde se debió impulsar por una ley específica o mediante su inclusión en la ley de presupuesto.
 
Di Lello se basa en la denuncia que hicieron Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo, quienes alegan que lo que está en juego es una operación de crédito o "empréstito" que, según la Constitución Nacional es indelegable en el Poder Ejecutivo.
 
Los denunciantes pidieron también una medida cautelar para que sea dejado en suspenso el acuerdo firmado en junio por 50.000 millones de dólares por tres años, suma de la cual ya fueron desembolsados 15.000 millones. La decisión ahora está en manos del juez federal Julián Ercolini.
 
En el plano político y en función de los planteos judiciales, algunas especulaciones indicaban que el Gobierno podía llegar a enviar el acuerdo con el FMI al Congreso para el debate del presupuesto. Pero en la Casa Rosada lo niegan.
 
El argumento -en el que coinciden con el senador Miguel Angel Pichetto- es que la ley de Administración Financiera dice que los empréstitos deben pasar por el Congreso, con una excepción: "las operaciones de crédito público que formalice el Poder Ejecutivo con los organismos financieros internacionales de los que la nación forma parte".
 
En la oposición argumentan que en ese punto la ley se refiere a acuerdos con el Banco Mundial o instituciones semejantes, por montos reducidos, y no a un gigantesco plan que compromete las finanzas del país por muchos años.
 
El otro argumento que utilizará el Gobierno para volver a eludir el Congreso, es que lo pactado "no fija condicionalidades  salvo en material fiscal; es nuestro plan el que se aplica y todo lo que acordamos es que en lugar de 1,3 de déficit primario será cero o 0,4 por ciento del PBI, no son ellos los que imponen esto".
 
En este punto, nuevamente, en la oposición afirman que semejante volumen de deuda y de compromiso de pago de intereses y capital, no puede firmarse sin el voto de las dos cámaras.
 
Contra el planteo de que para acordar con el FMI cabe la excepción de la Ley de Administración que aparece en el artículo 60, Lozano y Baldivieso advirtieron en un su denuncia que esa norma no está vigente. Fue promulgada con anterioridad a la reforma constitucional de 1994 que, con disposiciones contrarias, tuvo el efecto de derogarla.
 
El artículo 76 tras la reforma estableció que se prohíbe la delegación de facultades al Poder Ejecutivo salvo en materias determinadas de administración o emergencia pública.  Si bien hubo prórrogas que demoraron la aplicación de la nueva normativa, la última caducó en agosto de 2010.
 
La Constitución reformada, además, en el artículo 75 establece que corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior.
 
Por eso la presentación judicial inicial decía: "el Poder Ejecutivo no cuenta con autorización legal para acordar y ejecutar un acuerdo stand by de 50.000 millones de dólares firmado entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018. Este acuerdo por ser aprobado y firmado por una autoridad incompetente es nulo de nulidad absoluta..."
 
También recuerdan que la ley de presupuesto votada para este año no contempló el acuerdo con el Fondo.
 
"Hemos hecho esta presentación porque creemos que los acuerdos con el Fondo son absolutamente dañinos y porque la Constitución así lo manda; hay que sumar que el FMI está violando su propio estatuto, que dice que no puede prestarle a países en situación de fuga de capitales", señaló Lozano, que presidente le partido Unidad Popular.
 
"La corrida cambiaria y el acuerdo con el Fondo han producido un shock recesivo, un derrumbe de la actividad económica. Nosotros no estamos de acuerdo con la estrategia que entiende que el ante la falta de dólares el camino es la recesión y la caída de la actividad", subrayó. Contó que además de la denuncia penal, presentó un amparo en el fuero contencioso administrativo.
 
Di Lello le dio crédito a la denuncia, consideró que hay elementos para sospechar que se cometieron delitos pero le pidió a Ercolini que sea él quien decida si admite o no la cautelar para dejar el acuerdo en suspenso, lo que suena bastante improbable.
 
El fiscal, de todos modos, pidió informes al ministerio de Economía con la resoluciones por las que se contrajo deuda y el acuerdo específico stand by por 50.000 millones; el testimonio del jefe de gabinete del ministerio de Economía, para comprender la ejecución del acuerdo; otro informe de la comisión bicameral del Congreso que revisa la legislación y el testimonio de su titular; la ley de presupuesto y una declaración ampliada de los denunciantes. Ahora se verá qué margen tiene Di Lello para llevar adelante una investigación judicial. 
 
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
 
Fuentes: Página 12 y Diario Hoy
 

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22-09-2018 / 08:09
La reforma jubilatoria se encontraba durmiendo en los cajones, junto a otra cantidad de cambios neoliberales con los que en su momento se había entusiasmado el macrismo.
 
Pero la crisis financiera hizo que el Gobierno de Mauricio Macri tomara la decisión de adelantar algunas medidas que parecían condenadas al largo plazo: ahora se impulsarán con "bajo perfil" y camufladas dentro de leyes como la del Presupuesto 2019.
 
Entre ellas se encuentran la iniciativa de restringir el acceso al cobro de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se abona a aquellas personas que llegan a los 65 años pero que no tienen la cantidad de años de aportes necesarios para acceder al beneficio.
 
Esta idea se estaba trabajando en el anteproyecto de reforma previsional a cargo de un grupo multidisciplinario, pero la necesidad de recortar fondos fiscales para lograr el denominado "déficit cero" hizo que ahora se plasme en el texto que empezará a debatir el Congreso para definir el Presupuesto.
 
Otro de los temas que se quiere impulsar en el corto plazo es el "principio de sustitutividad" de la jubilación; es decir, el porcentaje que representa el haber si se lo compara con el salario que recibía el beneficiario en su último año como trabajador. La idea del Gobierno es que ese porcentaje tenga un "techo" de aproximadamente el 60 por ciento.
 
El factor que le imprime urgencia al tratamiento de este tema es un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, que ubicó ese porcentaje en el 70% del salario. La sentencia será cuestionada por la Anses ante la Corte Suprema, pero desde el Gobierno no quieren correr riesgos de que, con ese antecedente, pueda generarse un efecto multiplicador.
 
Es que si se confirma ese fallo, se abre la puerta para que miles de jubilados realicen millonarios juicios al Estado por actualización del haber y cobro de retroactivos. El monto que puede resultar de ello es incalculable.
 
En el macrismo destacan que mantener el sistema vigente es "inviable" y que deben tomarse medidas urgentes para evitar que el déficit siga escalando hasta niveles insostenibles.

22-09-2018 / 08:09
El gobierno de Mauricio Macri mandó un Presupuesto de hambre al Congreso pero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó al kirchnerismo de preparar una especie de "guerrilla de saqueos".
 
El gobierno sabe que el ajuste brutal que está enunciado en el proyecto de ley gatillará la conflictividad social, porque ése es el verdadero saqueo, pero acusa de esa conflictividad a la única fuerza que, junto con la izquierda, se ha manifestado abiertamente en contra del presupuesto que encenderá y hará explotar la protesta.
 
O sea, el kirchnerismo, acusado de conflictivo, sería la fuerza que está tratando de pacificar y el gobierno, que dice que quiere pacificar, está echando kerosene al fuego. Lo mismo pasa con los movimientos sociales.
 
El macrismo adiestró a sus seguidores en el odio a cualquier mecanismo solidario que surja del Estado o la sociedad. Las personas que desfilan con los movimientos sociales son tratadas como vagos que no quieren trabajar  pero si no fuera por esos movimientos, el país ya se hubiera convertido en un gran incendio.
 
La acusación de Bullrich buscó colocar al kirchnerismo como el principal interlocutor de la oposición. Piensa que de esa forma le resulta más fácil controlar la posible fuga de simpatías hacia su vereda de enfrente.
 
Pero eso fue durante los dos primeros años del macrismo. La crisis trastocó ese cálculo: ahora el que aparezca como oposición más clara, sea el que sea, ganará las simpatías de la mayoría. Con la caída de su imagen, el gobierno cambió de lugar y produjo un reacomodo en el tablero.
 
La mayoría de los analistas sigue pensando con la lógica de los dos primeros años, pero basta con hacer la cola del colectivo o tomar el Sarmiento en hora pico para darse cuenta de que ya nadie puede defender a este gobierno en voz alta porque inmediatamente le tapan la boca.
 
El imaginario hegemónico invencible, construido con cuadernos de corrupción e imágenes de pobres dándose la gran vida a costa del trabajo de los otros, ya no resiste la catástrofe de los precios altos y los salarios en caída, más la devaluación, más inflación, más desempleo, más caída del consumo, más destrucción de la salud y la educación pública y hasta el fetiche derechista de la inseguridad se les ha dado vuelta.
 
Es un escenario nuevo del que probablemente todavía no den cuenta las encuestas, pero que habla de un cambio de tendencia en la conciencia de las mayorías. La persistencia de las corporaciones mediáticas del oficialismo en dar por descontado el impacto de las fotocopias profundiza esa confusión. Titulares y más titulares darían la impresión falsa de que la sociedad está pendiente de lo que sucede con esa causa.
 
Es probable que una porción de la sociedad siga aferrada a ese relato, pero es un tema que ya suena como algo viejo porque ni siquiera genera la ilusión de resolver ninguno de los problemas actuales.

21-09-2018 / 10:09
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, volvió ayer al Congreso para defender el proyecto de Presupuesto 2019, ya arreglado con la directora del FMI, Christine Lagarde. De hecho ayer, como salido de un manual, el organismo respaldó la iniciativa que prevé un ajuste mayor al actual.
 
El objetivo es el déficit cero a como dé lugar, por ejemplo, subiendo el impuesto a las Ganancias, para que sean los trabajadores los que más paguen.
 
Dujovne negó algunos rumores de las últimas jornadas: como un megacanje para reestructurar la deuda o un plan de convertibilidad para volver al 1 a 1, que implicaría más miseria, más destrucción de empleos y salarios más bajos.
 
Desde la oposición, las críticas se centraron en las modificaciones en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y en las futuras jubilaciones que se pagarán en zonas desfavorables; el costo del dólar y la inflación presupuestados; los fondos para las universidades; el financiamiento de la PPP y el peso de la deuda pública, entre otras cuestiones.
 
El ministro confirmó que la "salida" de la crisis que emprenderá el Gobierno de los Ricos irá por la vía más recortes, y que gobernadores y legisladores acompañarían un Presupuesto que contiene un ajuste durísimo contra el pueblo trabajador.
 
Sin reconocer errores propios, Dujovne justificó la compleja coyuntura en la "serie de shocks" que sufrió el país como explicación del derrumbe actual. Lejos de la autocrítica, aseguró que uno de esos "shocks" fue la causa de los "cuadernos de las coimas", a la que definió como una "orgía de corrupción" que atenta contra la confianza de los inversores.
 
No dijo Dujovne que de esa "corrupción" de la Patria contratista, a la que se deben muchos de los dramas actuales, hubo una familia que en tiempos del kirchnerismo y desde mucho antes, desde la última dictadura militar, se llevó la mayor tajada: los Macri.
 
La Opinión Popular

21-09-2018 / 08:09
Un nuevo récord negativo para el gobierno de Mauricio Macri. La caída del consumo y de la actividad económica, los más de 13 millones de pobres que viven despojados de todo, se explican por otro dato negativo: el aumento del desempleo, que en el segundo trimestre del año afectaba a casi dos millones de argentinos.
 
La crisis económica generada por la incapacidad de Macri hizo estragos en el mercado laboral: En porcentajes, la suba de la desocupación asciende al 9,6% de la población económicamente activa, un salto que no se vio en doce años, desde 2006. El empleo registrado viene en caída y se deriva en parte al empleo no registrado (es decir la relación de dependencia en condiciones de informalidad), y el cuentapropismo.
 
El panorama se agrava al contemplar la cantidad de desocupados, subocupados, ocupantes demandantes (quienes tienen que salir a buscar otro empleo porque no sobreviven con el que tienen) y entonces, los argentinos con problemas de empleo trepan a más de 7,5 millones.
 
Es el las mujeres donde se registra un mayor aumento del desempleo, aunque también del empleo, ya que son sobre todo mujeres jóvenes las que salen a buscar trabajo y no lo encuentran. La tasa de desempleo para las mujeres pasó de 9,5 % a 10,8 %, mientras que para los varones pasó de 8,2 % a 8,7 %.
 
La debacle de la economía neoliberal macrista y el presupuesto de ajuste del FMI para enviar señales a los acreedores, empuja de forma acelerada a la desocupación hacia los dos dígitos. Ya el panorama no es sólo pérdida de poder adquisitivo por la inflación y los tarifazos, sino del empleo.
 
El deterioro del empleo que refleja el Indec, es apenas una foto de los primeros impactos de los comienzos de la crisis. Lo peor, de todas formas, es que la mayoría de los especialistas prevé un alza mayor en los próximos trimestres donde anticipan que superará holgadamente los dos dígitos.
 
Es que durante el período entre abril y junio, la mayor parte de la caída económica se dio en el sector agropecuario, el cual no se caracteriza por ser mano de obra intensivo. En cambio, el freno en la actividad del comercio y la construcción -los más demandantes en términos de empleo- comenzará a reflejarse a partir de la próxima medición.
 
La Opinión Popular

20-09-2018 / 09:09
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