Nacionales - 15-08-2018 / 09:08
Los cuadernos de las coimas también complican a la familia Macri
SI VAN A FONDO CON EL HONESTISMO, SE LLEVAN PUESTO AL PRESIDENTE. La causa de los cuadernos también apunta contra la responsabilidad de la familia del presidente Mauricio Macri en toda la cuestión que se investiga sobre coimas en la adjudicación de obras por parte del Estado. Macri no se puede hacer el inocente porque su empresa recibió las mayores obras públicas de la Argentina en estos tiempos. La familia Macri no puede seguir haciendo el cuento infantil de que ‘nosotros le vendimos a Ángelo Calcaterra’, cuando éste es el hijo de la hermana de Franco Macri.
Las declaraciones de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, abrieron una nueva etapa dentro de la causa de los cuadernos. Mal que le pese al Gobierno de Mauricio Macri, y seguramente a dos de sus laderos judiciales el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, se destapó lo que es un secreto a voces: el enorme negociado que hay alrededor de la obra pública y del que se benefician por igual funcionarios corruptos y empresarios.
Wagner dejo en orsai al resto de los "colaboradores imputados", conocidos como arrepentidos, al declarar que efectivamente existieron coimas. Y detalló que, desde el 2004 existía un mecanismo por el cual se "arreglaba" qué empresa se quedaba con cada licitación y que su vez, la empresa, una vez obtenida la licitación, debía "retornarle" a los funcionarios entre un 10 y 20% del total de la obra.
Y agregó que de este modus operandi formaron parte las siguientes empresas: "Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco, entre otras".
En 2004, Iecsa era propiedad de Franco Macri y sus hijos (o sea también de Mauricio) y formaba parte del holding familiar. Fue recién en el 2007 que Franco decide "vender" dicha empresa, por un valor irrisorio a Ángelo Calcaterra, su sobrino y testaferro, quien a su vez la vende en el 2017 a Marcelo Mindlin, un amigo del presidente Macri, luego de quedar implicado por el Caso Odebrecht.
"¡Para, para, para! ¿Vos me estás diciendo que Franco y nuestro actual presidente Mauricio Macri, junto a los ex funcionarios K, formaron parte de un mecanismo delictivo para enriquecerse?", podría preguntar Alejandro Fantino en las medianoches de América. "Por supuesto que sí", sería la respuesta. Sin embargo, el juez "de la servilleta" Bonadio y el fiscal Stornelli, muy cercano a Macri, no parecen haber reparado en este detalle.
Este mecanismo tiene un nombre: la "patria contratista" y no es un invento K. Aunque el Gobierno de Macri, con la ayuda de los grandes medios de comunicación y el Poder Judicial quieran transmitir esa idea.
Franco Macri y Aldo Roggio son los creadores de la "patria contratista". En 1976 se empezó a utilizar el concepto para definir a un grupo de poderosas empresas proveedoras del Estado que crearon un sistema para hacer negociados a gran escala con la obra pública, convirtiéndose en un sector prebendario del Estado. Macri y Roggio fueron altamente beneficiados por la dictadura militar que además de adjudicarles obras por todos lados, en 1982, les estatizó su deuda.
Ayer, el senador nacional Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) denunció penalmente a Ángelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri-, Carlos Wagner y Aldo Roggio, entre otros empresarios, por los delitos de evasión fiscal y lavado de activos.
La Opinión Popular
Pino Solanas denunció a los empresarios "arrepentidos" del juez Claudio Bonadio
"La posible existencia de sobreprecios en la obra pública no se circunscribe al kirchnerismo, sino a décadas de cartelización de la obra pública", aseguró ayer el senador Pino Solanas, luego de presentar una denuncia penal ante el juez Julián Ercolini contra el empresario Angelo Calcaterra (Ver foto), primo del presidente Mauricio Macri; Carlos Wagner (Esuco), Héctor Zavaleta (Techint), Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Juan de Goycoechea (Isolux), además de Aldo Roggio, Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Armando Loson (Grupo Albanesi).
Es que para Solanas, tras el escándalo de los "cuadernos de las coimas", esto "recién se abre".
"No podemos creer que los empresarios denunciados (por presunto pago de sobornos para obtener contratos) hayan sido objeto de extorsión alguna", aseguró, al tiempo que aseveró que la familia presidencial, con su firma Socma, "está metida en el caso".
"Se debe investigar a Calcaterra y la venta de su empresa Iecsa. Son bien conocidos los mecanismos societarios que usan habitualmente ciertos empresarios, para ocultar ganancias, fugar capitales, y obtener beneficios indebidos a través de la cartelización de obras contratadas con el Estado", postuló Solanas.
Los empresarios denunciados, recordó el senador, "se acogieron a la figura del arrepentido, en razón de supuestamente haber entregado diversas sumas de dinero por varios millones de dólares a funcionarios del Estado Nacional, durante los gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández".
Y remarcó en su acusación que "las sumas entregadas corresponden a posibles sobreprecios en la realización de distintas obras públicas realizadas desde los años 2003 hasta el 2015, y con el objeto de ser beneficiarios de las mismas en las correspondientes licitaciones, o eventualmente contrataciones directas que se habrían realizado".
En otras palabras, el arrepentimiento no puede ser garantía de impunidad, ni para kirchneristas ni macristas. Por eso, Solanas advirtió que todavía se debe investigar a los empresarios por el origen de los fondos que admitieron haber entregado a funcionarios públicos.
"Existe una cuestión obvia, que surge del arrepentimiento de los denunciados, y es, que el dinero que entregaron a los distintos funcionarios no podía ser declarado por las empresas que dirigían, por tratarse de dinero que iba a ser utilizado en fines ilícitos".
Fuentes: Hoy en la Noticia y La Izquierda Diario