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Entre Ríos - 09-08-2018 / 12:08
DIJO QUE TRAS EL DEBATE “ESTÁN LLEGADO OBJECIONES DE CONCIENCIA”

Lucy Grimalt: Por el protocolo vigente, el Estado debe garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación o de riesgo de vida

Lucy Grimalt: Por el protocolo vigente, el Estado debe garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación o de riesgo de vida
La responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Lucy Grimalt, resaltó que la posibilidad que dio el debate por la despenalización del aborto “fue que pudiéramos estar todos expresándonos en relación a qué pensamos y a las dudas que existen sobre todo lo referente al tema de la interrupción de un embarazo”. Foto: Blas García para La Opinión Popular
La responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Lucy Grimalt, resaltó que la posibilidad que dio el debate por la despenalización del aborto "fue que pudiéramos estar todos expresándonos en relación a qué pensamos y a las dudas que existen sobre todo lo referente al tema de la interrupción de un embarazo".
 
Explicó que por el protocolo de interrupción legal del embarazo que está vigente en Argentina desde 1921, "existen dos causas legales para realizar esta práctica: en caso de violación o de riesgo de vida de la mujer" y "los Estados provinciales en sus efectores públicos deben garantizarle el derecho a realizarse esta práctica a una mujer que se encuentra encuadrada en cualquiera de estas dos circunstancias".
 
Además, garantiza "información, que no se le puede negar a ninguna mujer, la cual debe ser clara y dada en un ámbito de confidencialidad". Sostuvo además que "hasta ahora, no había profesionales de la salud que dijeran expresamente que por razones religiosas o morales no realizarían la práctica".
 
Ante ello, confirmó que luego del debate legislativo de la despenalización "están llegando objeciones de algunos profesionales de algunos efectores públicos" pero aclaró que "en general en la provincia hasta el momento no hubo problemas porque hay profesionales en el sistema público de Entre Ríos que realizan la práctica y cumplen con la ley, y son muchos menos los profesionales que tienen objeciones de conciencia". 
 
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Grimalt señaló que "la posibilidad que dio este debate fue que pudiéramos estar todos expresándonos en relación a qué pensamos y a las dudas que existen sobre todo lo referente al tema de la interrupción de un embarazo".
 
En relación con el protocolo de interrupción legal del embarazo que está vigente en Argentina desde 1921, explicó que "como no se cumplía y había muchísimos problemas para ponerlo en práctica en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo emblemático da una serie de indicaciones al Poder Ejecutivo y a las provincias diciéndoles que deben protocolizar cómo será esa práctica médica en las dos causas que son legales: en caso de violación o de riesgo de vida de la mujer".
 
"Allí las pautas que se ponen es que los Estados provinciales en sus efectores públicos deben garantizarle el derecho a realizarse esta práctica a una mujer que se encuentra encuadrada en cualquiera de estas dos circunstancias. Lo que dice el protocolo es que se debe dar la información, que no se le puede negar a ninguna mujer porque está en su derecho poder tomar la mejor decisión para sí, y esa información debe ser clara, dada en un ámbito de confidencialidad y con todos los elementos para que de forma asertiva la mujer pueda tomar la mejor decisión en una situación muy angustiante y abrumadora", explicitó.
 
Agregó que "a partir de ahí, dependiendo de la semana en que esté el embarazo, la interrupción puede ser en forma medicamentosa o con el dispositivo intrauterino (AMEU), y el Estado tiene la obligación en sus efectores públicos de garantizar siempre la información y en ese lugar nadie puede ser objetor de conciencia".
 
"La Corte Suprema dice que si hay algun profesional que es objetor de conciencia debe informarlo a las autoridades y al establecimiento para que se tomen los recaudos necesarios para que frente a estas situaciones se ponga en marcha un dispositivo alternativo, con otro profesional que realice la práctica para garantizar a la mujer su derecho", acotó.
 
Reiteró que "ante casos donde la mujer corre riesgo de vida, el Estado tiene la obligación de garantizarle la práctica" y por esto "hasta ahora, no había profesionales de la salud que dijeran expresamente que por razones religiosas o morales no realizarían la práctica". Ante ello, confirmó que luego del debate legislativo de la despenalización "están llegando objeciones de algunos profesionales de algunos efectores públicos".
 
Explicitó que los profesionales para pedir la objeción de conciencia "deben enviar notas individuales al Ministerio de Salud exponiendo sus razones para que se pueda evaluar si se encuadran dentro de la excepción para no realizar un trabajo por razones morales o religiosas".
 
También aclaró que "tras el debate quedó muy claro que dentro de las 14 semanas de embarazo, la interrupción se puede hacer en forma medicamentosa y es una práctica segura" y puntualizó que "en general en la provincia hasta el momento no hubo problemas porque hay profesionales en el sistema público de Entre Ríos que realizan la práctica y cumplen con la ley, y son muchos menos los profesionales que tienen objeciones de conciencia".
 
Fuente: Análisis Digital
 
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23-10-2018 / 19:10
22-10-2018 / 20:10
Cuando cada paso y cada gesto se miden al milímetro, sin decir una palabra, el gobernador Gustavo Bordet envió esta semana una señal potente al seno del PJ, con la que ordenó cuáles son sus prioridades en materia electoral. El objetivo de su doble jugada electoral para 2019 es retener la Provincia y reconquistar para su partido la esquiva Paraná.
 
Un funcionario de peso del gabinete provincial lo comentó en los últimos días: "Me negaba a creer que Gustavo tuviese esperanza de ganar la Capital, pero tengo que admitirlo: me convencieron", lanzó, descreído hasta entonces, un dirigente que recordaba que tal como se hizo el armado de la capital provincial en 2015 fue una forma de entregarle Paraná a la alianza Cambiemos.
 
Adán Bahl sería el candidato de Bordet a intendente de Paraná, en un contexto favorable, por la causa judicial de narcotráfico de Sergio Varisco. Además, la tirria de Mauricio Macri con Varisco lo saca de la posibilidad de gobernar Paraná, e incluso de tener alguna incidencia en la definición de los postulantes en la capital provincial.
 
Esa determinación, adelantada por este medio hace semanas, es el reverso del cachetazo electoral que hace un año recibió el PJ de manos de Cambiemos, en lo que fue la peor derrota del peronismo de los últimos años. Pese a eso, 365 días después, el horizonte ya no es tan sombrío para el PJ.
 
Bordet y el justicialismo tomaron nota de aquel cachetazo. Tras el cimbronazo y la amenaza de un futuro cercano alejado del poder provincial, el músculo militante del PJ se reactivó con una capacidad que envidian sus opositores.
 
Bordet se lanzará de lleno por la reelección, intentará recuperar la Capital y desafiará al que lo catapultó hasta la cima del poder. Habrá alineamiento de la tropa y cautela en la relación con la Nación respecto del trato hacia Entre Ríos. ¿Se atreverá Sergio Urribarri a continuar con su presunta cruzada ante tremenda muestra de poder?
 
Lo primero que hizo Bordet fue asegurarse para sí las herramientas electorales para la puja por venir. Sin perder el tiempo, y pese a las críticas, hizo más discrecional la potestad de fijar la fecha de los comicios, estructurando un posible calendario electoral que le da margen para negociar.
 
Con esta herramienta bajo el poncho, la pretendida construcción de Cambiemos asoma en problemas. Desde aquel triunfo contundente en 2017, la versión provincial de la alianza se la pasó autodestruyéndose, el hobby en el que ocupa la mayor parte del tiempo.
 
No hay registros, al menos en el último año, de un cónclave entre los socios para sentar las bases del proyecto político que tienen como norte jubilar al PJ del poder provincial en el que permanece, después de la experiencia ruinosa del radical Sergio Montiel. Dentro de algunos meses, los socios de Cambiemos deberán renovar el acuerdo ante la Justicia electoral. La clase política da por descontado que eso sucederá. Podría equivocarse.
 
 La Opinión Popular

22-10-2018 / 18:10
22-10-2018 / 12:10
22-10-2018 / 11:10
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