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Entre Ríos - 09-08-2018 / 12:08
DIJO QUE TRAS EL DEBATE “ESTÁN LLEGADO OBJECIONES DE CONCIENCIA”

Lucy Grimalt: Por el protocolo vigente, el Estado debe garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación o de riesgo de vida

Lucy Grimalt: Por el protocolo vigente, el Estado debe garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación o de riesgo de vida
La responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Lucy Grimalt, resaltó que la posibilidad que dio el debate por la despenalización del aborto “fue que pudiéramos estar todos expresándonos en relación a qué pensamos y a las dudas que existen sobre todo lo referente al tema de la interrupción de un embarazo”. Foto: Blas García para La Opinión Popular
La responsable del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Lucy Grimalt, resaltó que la posibilidad que dio el debate por la despenalización del aborto "fue que pudiéramos estar todos expresándonos en relación a qué pensamos y a las dudas que existen sobre todo lo referente al tema de la interrupción de un embarazo".
 
Explicó que por el protocolo de interrupción legal del embarazo que está vigente en Argentina desde 1921, "existen dos causas legales para realizar esta práctica: en caso de violación o de riesgo de vida de la mujer" y "los Estados provinciales en sus efectores públicos deben garantizarle el derecho a realizarse esta práctica a una mujer que se encuentra encuadrada en cualquiera de estas dos circunstancias".
 
Además, garantiza "información, que no se le puede negar a ninguna mujer, la cual debe ser clara y dada en un ámbito de confidencialidad". Sostuvo además que "hasta ahora, no había profesionales de la salud que dijeran expresamente que por razones religiosas o morales no realizarían la práctica".
 
Ante ello, confirmó que luego del debate legislativo de la despenalización "están llegando objeciones de algunos profesionales de algunos efectores públicos" pero aclaró que "en general en la provincia hasta el momento no hubo problemas porque hay profesionales en el sistema público de Entre Ríos que realizan la práctica y cumplen con la ley, y son muchos menos los profesionales que tienen objeciones de conciencia". 
 
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Grimalt señaló que "la posibilidad que dio este debate fue que pudiéramos estar todos expresándonos en relación a qué pensamos y a las dudas que existen sobre todo lo referente al tema de la interrupción de un embarazo".
 
En relación con el protocolo de interrupción legal del embarazo que está vigente en Argentina desde 1921, explicó que "como no se cumplía y había muchísimos problemas para ponerlo en práctica en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo emblemático da una serie de indicaciones al Poder Ejecutivo y a las provincias diciéndoles que deben protocolizar cómo será esa práctica médica en las dos causas que son legales: en caso de violación o de riesgo de vida de la mujer".
 
"Allí las pautas que se ponen es que los Estados provinciales en sus efectores públicos deben garantizarle el derecho a realizarse esta práctica a una mujer que se encuentra encuadrada en cualquiera de estas dos circunstancias. Lo que dice el protocolo es que se debe dar la información, que no se le puede negar a ninguna mujer porque está en su derecho poder tomar la mejor decisión para sí, y esa información debe ser clara, dada en un ámbito de confidencialidad y con todos los elementos para que de forma asertiva la mujer pueda tomar la mejor decisión en una situación muy angustiante y abrumadora", explicitó.
 
Agregó que "a partir de ahí, dependiendo de la semana en que esté el embarazo, la interrupción puede ser en forma medicamentosa o con el dispositivo intrauterino (AMEU), y el Estado tiene la obligación en sus efectores públicos de garantizar siempre la información y en ese lugar nadie puede ser objetor de conciencia".
 
"La Corte Suprema dice que si hay algun profesional que es objetor de conciencia debe informarlo a las autoridades y al establecimiento para que se tomen los recaudos necesarios para que frente a estas situaciones se ponga en marcha un dispositivo alternativo, con otro profesional que realice la práctica para garantizar a la mujer su derecho", acotó.
 
Reiteró que "ante casos donde la mujer corre riesgo de vida, el Estado tiene la obligación de garantizarle la práctica" y por esto "hasta ahora, no había profesionales de la salud que dijeran expresamente que por razones religiosas o morales no realizarían la práctica". Ante ello, confirmó que luego del debate legislativo de la despenalización "están llegando objeciones de algunos profesionales de algunos efectores públicos".
 
Explicitó que los profesionales para pedir la objeción de conciencia "deben enviar notas individuales al Ministerio de Salud exponiendo sus razones para que se pueda evaluar si se encuadran dentro de la excepción para no realizar un trabajo por razones morales o religiosas".
 
También aclaró que "tras el debate quedó muy claro que dentro de las 14 semanas de embarazo, la interrupción se puede hacer en forma medicamentosa y es una práctica segura" y puntualizó que "en general en la provincia hasta el momento no hubo problemas porque hay profesionales en el sistema público de Entre Ríos que realizan la práctica y cumplen con la ley, y son muchos menos los profesionales que tienen objeciones de conciencia".
 
Fuente: Análisis Digital
 
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19-09-2018 / 15:09
18-09-2018 / 17:09
18-09-2018 / 09:09
En la Casa Gris no paran de sacar números. A los funcionarios entrerrianos los desvela encontrar la fórmula para amortiguar el brutal ajuste que pretende implementar Mauricio Macri en las provincias como corolario de la drástica reducción del déficit fiscal acordada por la alianza PRO-UCR con el FMI. El principal reclamo: que el Ejecutivo nacional deje de beneficiar a las provincias gobernadas por Cambiemos.
 
La cuenta principal que tiene Gustavo Bordet para sostener sus argumentos es que Entre Ríos, con las medidas de ajuste que impulsa el macrismo, perdería unos 10.000 millones de pesos entre lo que resta de este 2018 y el año próximo. La mitad del tijeretazo afectaría al sector público: la eliminación del Fondo Soja, de los subsidios al transporte y de las tarifas sociales representará una caída de más de 5.000 millones de pesos.
 
El resto ajustará en el sector privado, con el impuesto a las exportaciones, que plantea recaudar $ 4 pesos por dólar. Esto representa (con un dólar a $ 40) el 10% de las ventas al exterior. Sobre los 1.000 millones de dólares que exportará Entre Ríos, más de $ 4.000 millones de pesos. Es plata que no ingresará al territorio provincial.
 
A cambio del recorte, aseveran en la Casa Gris, la Nación ofrece como única moneda de cambio -hasta hoy- dejarles las manos libres a los gobernadores con el impuesto a los ingresos brutos. Pero si las cuentas ya hablan de que hay 10.000 millones de pesos menos para volcar al consumo en la provincia, el primer daño colateral será el de la recaudación.
 
Además, ese impuesto recesivo -grava cada instancia de la producción- ya está al 3,5% en buena parte de las actividades. Subirlo parece un disparate. Se encarecerá la producción, que se trasladará a los precios, que elevará la inflación, que resentirá el consumo, que afectará la recaudación...
 
El segundo daño colateral refiere específicamente a los recursos de la gestión local. No dejan de ser dineros de los entrerrianos, pero que afectan particularmente al Gobierno: la inflación desbocada activó, como si fuera una pistola sobre la sien del erario provincial, el reclamo de ajuste de los salarios de docentes y estatales.
 
La paritaria fue del 17% y la inflación ya se calcula en 42%. A la diferencia del 25% deberá afrontarla la Provincia con recursos propios. Ya a partir del mes que viene se empezará a pagar parte del desfase. El cálculo final aún se está ajustando, pero el impacto se mide en cifras de 10 dígitos. Este es el intríngulis de Bordet.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 08:09
17-09-2018 / 12:09
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