Nacionales - 08-08-2018 / 10:08
UNA SENTENCIA QUE NO NECESITA CONFIRMACIÓN
Amado Boudou quedó preso a pesar de no tener condena firme
El juicio a Boudou ha mostrado distintas arbitrariedades judiciales a tono con las necesidades del gobierno macrista. Un proceso así hace complicado saber seriamente si hubo cohecho y cómo se realizó. Pero además, el autoritarismo judicial, que viola los más mínimos derechos constitucionales de defensa, abre la puerta para que esas mismas arbitrariedades sean cometidas contra las organizaciones populares.
"Cambiamos. Este caso será una bisagra", era la explicación que manejaban en el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) para justificar por qué Amado Boudou, José María Núñez Carmona y Nicolás Ciccone quedaron detenidos apenas se les leyó el veredicto, sin aguardar una sentencia firme. Es algo que ese mismo tribunal nunca antes había hecho. Después están los argumentos formales: posible peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
El ex vicepresidente fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso Ciccone, acusado de cohecho y de negociaciones incompatibles con la función pública. Su amigo José María Núñez Carmona recibió una pena de 5 años y 6 meses, mientras que el dueño de la empresa fue condenado a 4 años y 6 meses y tendrá prisión domiciliaria. Los dos primeros quedarán presos en Ezeiza.
Alejandro Vandenbroele, de la firma The Old Fund que aparece en escena para el levantamiento de la quiebra de la imprenta, funcionó como una especie de colaborador (aunque no era arrepentido en este juicio) y logró una pena baja: 2 años de prisión en suspenso.
Lo más paradójico quizá es que en su declaración, que sostuvo buena parte del proceso, descartó que Boudou fuera su testaferro. Siempre se mantuvo en que los que pusieron dinero para reflotar Ciccone fueron los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito.
La detención de Boudou había sido pedida especialmente por la Unidad de Información Financiera (UIF), el órgano antilavado del Poder Ejecutivo a través del cual el Gobierno de Cambiemos pone un pie en numerosas causas contra ex funcionarios K, como también lo hace la Oficina Anticorrupción (que, en cambio, no querella contra los propios).
Ni siquiera el fiscal Marcelo Colombo había solicitado esa medida extrema a pesar de que requirió penas elevadas, pero que el tribunal oral también superó en el caso de los detenidos. Lo habitual es que "quien transita el debate en libertad y a derecho no sea detenido hasta que tenga sentencia definitiva de la Corte Suprema", explican en la Cámara de Casación, tribunal que revisa las decisiones de los tribunales orales.
Los jerarcas de la Alianza gobernante salieron en fila a pegarle al ex vice. La diputada nacional por Cambiemos, Graciela Ocaña, investigada por la polémica campaña electoral de 2017, no habló sobre el caso que la involucra directamente, los aportantes truchos, pero se atrevió a decir que -tras el caso Ciccone- "cae uno de los principales ladrones del kirchnerismo".
El juicio ha mostrado distintas arbitrariedades judiciales a tono con las necesidades del gobierno macrista. Un proceso así hace complicado saber seriamente si hubo cohecho y cómo se realizó. Pero además, el autoritarismo judicial, que viola los más mínimos derechos constitucionales de defensa, abre la puerta para que esas mismas arbitrariedades sean cometidas contra las organizaciones populares.
La Opinión Popular
La extraña doble vara de Ocaña: calló sobre los aportantes truchos pero habló de Boudou
La diputada nacional por Cambiemos Graciela Ocaña dijo que con la condena al ex vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone "cae uno de los principales ladrones del kirchnerismo".
La diputada, quien se encuentra bajo el régimen investigativo de la Justicia en el escandaloso caso de los aportantes truchos a las campañas de Cambiemos, se animó a decir que "es el primer paso para que todos aquellos que se robaron la Argentina comiencen a pagar por sus actos de corrupción".
La polémica legisladora -también acusada de enriquecimiento ilícito en una causa y presunta defraudación al Estado en otra- agregó que "ahora hay que avanzar en que los argentinos puedan recuperar lo robado para que esos recursos no se pierdan en el olvido".
"Está claro que ha tenido un enriquecimiento indebido", indicó Ocaña y sostuvo también que "cuando se analiza cada área del Gobierno anterior se encuentran hechos de corrupción (sic)".
Si bien no manifestó nada sobre el caso en el que se encuentra involucrada por los aportantes irregulares de campaña, sí supo manifestar que "con el fallo de la Justicia se decretó el fin de la impunidad para todos aquellos que pensaron que podían hacer lo querían con el dinero del Estado".
Fuente: Infonews