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“Que el Gobierno no trafique con el cuento de los cambios ni de las renovaciones. Todo está igual. Que les falten el respeto a los radicales, vaya y pase. Pero a la sociedad, no”. Jorge Asís
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Nacionales - 06-08-2018 / 10:08
PASAN COSAS

La causa de los cuadernos pone en peligro la construcción de las obras licitadas bajo PPP

La causa de los cuadernos pone en peligro la construcción de las obras licitadas bajo PPP
La investigación surgida de las anotaciones del chofer literato Oscar Centeno provocó otro cimbronazo cerca del Gobierno de Mauricio Macri por el impacto en las empresas constructoras involucradas en el caso, o susceptibles de ser incluidas. Porque, como todo, no “pasa” sino que Macri lo provoca para que suceda. Imagen, fuente: Paz & Rudy en Página 12.
La investigación surgida de las anotaciones del chofer literato Oscar Centeno provocó otro cimbronazo cerca del Gobierno de Mauricio Macri por el impacto en las empresas constructoras involucradas en el caso, o susceptibles de ser incluidas.
 
Es que ocurre en momentos en que se están poniendo en marcha las obras por el sistema de Participación Público-Privada (PPP) al que la alianza Cambiemos le apostó todas las fichas de reactivación, más aún después de que se frenara la construcción de viviendas como consecuencia de la fuerte devaluación de los últimos meses y la retracción de los préstamos en UVA.
 
"Las empresas están dispuestas a perder los u$s10 millones que pusieron como garantía y abandonar las adjudicaciones, si es que la situación se pone más densa. No porque estén involucradas sino porque el clima de negocios tan turbio pone en duda cualquier proyecto que nace en este contexto", confió una fuente del sector consultada por BAE Negocios. De darse este escenario, tendría un alto costo político para el macrismo.
 
Así, a la "buena noticia" del destape de un caso de corrupción K datado durante la administración anterior, le contrapone la reticencia de las empresas. Mientras tanto, aún con el dólar más calmo, la carrera inflacionaria no se desacelera, producto de los aumentos que los ministerios de Energía y de Transporte ponen en marcha estos días. Porque, como todo, no "pasa" sino que Macri lo provoca para que suceda.
 
La Opinión Popular

 
La investigación por presuntas coimas en la obra pública durante el kirchnerismo encendió las alarmas en el sector de la construcción, a donde están puestas todas las miradas por tratarse del rubro directamente involucrado en el escándalo. En particular por el timing de la justicia, que coincide en el momento en que las ganadoras de las licitaciones de PPP deben salir a conseguir el financiamiento para empezar a construir seis corredores viales en la zona núcleo a partir de octubre.
 
Fuentes de la actividad plantean que la modalidad PPP siempre fue "vidriosa" y desde el principio los ejecutivos advertían que las obras terminarían saliendo el triple en comparación con las licitaciones tradicionales.
 
Esto es porque los consorcios se encargan de conseguir los fondos en el mercado local e internacional, y el Estado recién empieza a pagar en cuotas a los cuatro años, cuando el proyecto ya esté concluido.
 
Sin embargo, este escenario ya de por sí complejo se agravó luego de la devaluación, la suba del riesgo país y el apretón monetario que aplicó el Banco Central para contener la corrida cambiaria, todos aspectos que encarecieron el financiamiento y sumaron incertidumbre a la hora de endeudarse tanto en moneda dura como en pesos.
 
En ese marco, las revelaciones de los cuadernos Gloria vinieron a "sumar ruido" a un contexto mucho más complicado del que se preveía cuando se lanzaron con bombos y platillos los PPP, que fueron la apuesta para mantener el ritmo de obras sin incrementar el gasto público ni el endeudamiento.
 
Lo cierto es que hasta ahora de las compañías que se hicieron con los proyectos para la construcción de caminos, sólo una fue allanada en el marco de esta causa: Corporación América, de Eduardo Eurnekian, cuyo brazo "constructor", Helport, se hizo con los corredores E y F. En el sector resaltan el inquino de Cambiemos contra Eurnekian, quien incluso llegó a cruzarse públicamente con la diputada Elisa Carrió y tuvo una confrontación histórica con la familia Macri.
 
En cambio, otras que fueron allanadas como Techint o Roggio, quedaron a mitad de camino y no lograron hacerse con la concesión de las rutas bajo esta modalidad.
 
El Grupo de la T dijo, en un comunicado al que accedió este diario, que "realizó una presentación ante la Justicia entregando información solicitada en el allanamiento a sus oficinas". Y aclaró, a modo de despegue de la causa: "La participación de Techint Ingeniería y Construcción en la obra pública nacional en el período 20042015 fue menos del 1% del total de la obra pública nacional y muy por debajo de la capacidad técnica y el potencial de la empresa".
 
Por lo pronto, el destape del caso no agarró desprevenida a la Cámara de la Construcción (Camarco), que inició hace algunos años una renovación entre sus autoridades, tras la salida de la presidencia de Carlos Wagner, uno de los hombres del sector privado detenido en esta causa, de estrechos vínculos con ex funcionarios kirchneristas.
 
La empresa de Paolo Rocca buscó desligarse de Wagner al señalar que "durante los 12 años del 2004 al 2015, Techint Ingeniería y Construcción fue excluida de ser miembro de la mesa ejecutiva de la Cámara Argentina de la Construcción, donde retomó su participación en 2016".
 
Por Ignacio Ostera
 
Fuente: BAE Negocios
 

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19-09-2018 / 08:09
19-09-2018 / 08:09
19-09-2018 / 08:09
Cinco dirigentes sociales, entre ellos el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Juan Grabois, fueron detenidos cuando reclamaban la liberación de dos de sus compañeros frente a la comisaría 18ª. Grabois consiguió enviar un mensaje denunciando la agresión policial.
 
Las organizaciones sociales convocaron a la militancia a la puerta de la comisaría para exigir la liberación de todos los detenidos. Dos horas más tarde, después que se concentraran en el lugar dirigentes políticos y gremiales, el ministerio de Seguridad porteño permitió su salida y la del resto de los militantes y trabajadores capturados.
 
"Nos vamos con todos los militantes y trabajadores liberados por el pueblo", gritó el dirigente de la CTEP Juan Grabois al nutrido grupo que, pasada la medianoche, festejaba entusiasmado el cese de la detención de Grabois y de otros once militantes y dirigentes apresados por protestar contra la brutalidad policial macrista.
 
"Todo esto es exclusiva responsabilidad del Gobierno, que generó un clima de odio y de persecución contra los trabajadores y los humildes, a los que quieren mostrar como enemigos de la sociedad", reflexionó ante los medios presentes el dirigente cercano al Papa.
 
"Está volviendo la xenofobia, está volviendo el fascismo. Es terrible lo que están haciendo con nuestra patria", concluyó antes de festejar la liberación de todos los detenidos.
 
Grabois es un dirigente social muy cercano al papa Francisco. Días atrás, recibió amenazas de parte de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y críticas de parte de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cuando junto a los líderes de la CCC y Barrios de Pie anunció un plan de lucha para reclamar un aumento de emergencia en la AUH, en planes de empleo y jubilaciones.
 
"Si no está asegurada la comida para los compañeros, no hay posibilidad de contención. No queremos repetir un escenario como el de 2001", avisó entonces.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 16:09
El Gobierno de Mauricio Macri anticipa ahora que la luz al final del túnel llegará en el segundo trimestre del próximo año, gracias a un incremento de las exportaciones agropecuarias.
 
La recesión se extendería entonces hasta marzo de 2019 y luego la actividad iniciaría una recuperación, según explicaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda, pese a que anticipan que el contexto externo continuará siendo negativo y que no esperan el empujón de la obra en infraestructura vía contratos de Participación Público Privada (PPP), modalidad a la que "ya no apostamos ni una ficha", según dijeron.
 
El fondo de garantía de sustentabilidad, stock de respaldo de los aportes para los jubilados, comenzará a usarse a partir de abril próximo para el pago de los haberes previsionales, dado que para ese mes se habrán consumido los ingresos provenientes del blanqueo de capitales.
 
Como el Banco Central tiene prohibido por el acuerdo con el FMI financiar al Tesoro, será el Banco Nación el que aporte el año próximo 15.000 millones de pesos de sus utilidades. También se congelará el fondo de incentivo docente a las provincias en términos nominales, con el objetivo de que la inflación lo vaya licuando con el tiempo.
 
Desde el gobierno de los CEOs reconocen que hubo una enorme diferencia entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que terminó sucediendo. Sin embargo, lo reducen a cuestiones externas e imponderables: sequía, volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de tasas de interés de Estados Unidos y recientemente los problemas en Brasil.
 
Nada de esto está previsto que vaya a cambiar pero esta vez aseguran que una buena cosecha alcanzará para compensar todos esos problemas. "El contexto externo desfavorable se va a mantener, pero la apuesta es a una mejora en la cosecha. El agro va a traccionar", se esperanzan en Hacienda.
 
También esperan que el consumo mejore en términos interanuales recién en el último trimestre del año próximo, cerca de la elecciones presidenciales, en torno a 15 por ciento contra 2018. De todos modos, en el balance anual el consumo privado se proyecta con una contracción del 1,6 por ciento.
 
En resumen, el Gobierno de los Ricos proyecta una reducción nominal de 7 puntos en las partidas para obra pública, da por caído los PPP, echará mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar a jubilados, avanzará con privatizaciones y seguirá aumentando las tarifas.
 
Los intereses de deuda representan ya el 18 % del gasto público. Mientras, la educación y cultura sufrirán un fuerte recorte real, también salud, ciencia y técnica y los salarios de trabajadores del Estado. El gobierno sólo quiere la "bendición" del FMI para conseguir financiamiento de cara a 2019.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 07:09
Como se esperaba, el juez federal de la "servilleta", Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero para enriquecerse.
 
En las 551 páginas del texto conocido ayer, no se aporta ninguna evidencia de dónde están los dólares ni los bienes ni las cuentas ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero del enriquecimiento.
 
Tampoco hay testigos o arrepentidos que digan que arreglaron algo o le entregaron algo a la ex mandataria, salvo el caso de José López, quien se despachó con una nueva versión, la quinta que cambia, de que habló con Cristina sobre recaudación de plata y "supone" que ella le mandó los 9 millones de dólares que le encontraron cuando los tiró en el convento.
 
Los procesamientos de ayer abarcan a un amplio grupo de empresarios que se dividieron entre los que dicen que pusieron plata para campañas electorales -algunos presionados y otros por propia voluntad-; los que armaron el club de la obra pública y pagaron coimas; el club de los peajes, que también pagó coimas y el grupo Techint que dice que aportó para negociar una indemnización en Venezuela.
 
También fueron procesados funcionarios de todos los niveles, la mayoría de ellos negó haber recibido dinero y hasta alguno demostró que vive en la más absoluta modestia, con lo que refutan haberse enriquecido.
 
Bonadío lleva adelante, junto al fiscal Carlos Stornelli, una investigación que ha despertado sospechas y polémicas por las pruebas en que ha basado sus fallos, la arbitraria utilización de la figura del "arrepentido" y la direccionalidad de las acusaciones, que incluye un "blindaje" que hasta ahora rodea al presidente Mauricio Macri y sus responsabilidades empresarias y políticas.
 
El pretendido Lava Jato argentino es una causa enfilada contra el cristinismo. Quieren a Cristina presa durante la campaña electorral. Los empresarios que inculparon ex funcionarios K obtuvieron la libertad inmediata durante el proceso. Los arrepentidos que desplegaron versiones auto exculpatorias bajo intimidación fueron casi todos procesados.
 
Son claves las violaciones del debido proceso: detenciones abruptas, morbosamente transmitidas en directo e injustificadas. Completan el cuadro condiciones desdorosas de encarcelamiento, con amenazas de mantenerlas si no mediaban relatos que enlodaran a los procesados opositores a Macri.
 
Los hechos deben ser investigados, juzgados, sancionados si median evidencias contundentes. Y en esta cuestión abundan elementos probatorios verosímiles, muy en especial las autoinculpaciones. Pero las sospechas, los indicios, las declaraciones, requieren recorrer el debido proceso, en especial el ejercicio del derecho de defensa. La cárcel prematura, pensada para durar años constituye una condena anticipada, he ahí su injusta racionalidad.
 
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