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Sociedad e Interés General - 02-08-2018 / 18:08
EFEMÉRIDES POPULARES. 03 DE AGOSTO DE 1984

La CGT convoca a la primera huelga en contra de las medidas económicas de Alfonsín

La CGT convoca a la primera huelga en contra de las medidas económicas de Alfonsín
El 03 de agosto de 1984, la CGT convoca a la primera huelga en contra de las medidas económicas del presidente Raúl Alfonsín. Estas huelgas fueron calificadas como políticas, ya que al estar la CGT controlada por el peronismo, la huelga general era un instrumento que utilizaba el Partido Justicialista para entorpecer la acción del gobierno radical.
Uno de los pilares del discurso de Raúl Alfonsín que lo llevó a la victoria en 1983 fue la denuncia de un supuesto "pacto sindical-militar". La denuncia estaba orientada a identificar al peronismo con el autoritarismo y a subsumir al sindicalismo en el peronismo.
 
Siete días después de asumir el gobierno, Alfonsín abrió la confrontación frontal con los sindicatos, enviando al Congreso, sin consulta ni diálogo alguno, un proyecto de reforma sindical conocido como "ley Mucci", con el objetivo de incluir a las minorías en los organismos de dirección de los sindicatos. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados pero rechazado por la Cámara de Senadores, dominada por la oposición peronista.
 
Pero el proyecto tuvo el efecto de unir rápidamente a todos los sectores sindicales, y establecer una lógica de confrontación entre el gobierno radical y los sindicatos, que se expresará en 13 huelgas generales organizadas por la CGT(Confederación General del Trabajo).
 
El 03 de agosto de 1984, la CGT convoca a la primera huelga en contra de las medidas económicas del presidente Alfonsín. Estas huelgas fueron calificadas como políticas, ya que al estar la CGT controlada por el peronismo, la huelga general era un instrumento que utilizaba el Partido Justicialista para entorpecer la acción del gobierno radical.
 
Por su parte el gobierno radical se opuso frontalmente a restablecer los mecanismos de negociación colectiva, con el fin de preservar en manos del Estado el poder de fijar los salarios. En los seis años del gobierno radical se realizaron casi 4.000 huelgas sectoriales y de empresa (67% en el sector público) y 13 huelgas generales.
 
En 1987 Alfonsín cambia su táctica de confrontación con el movimiento obrero y ofrece el Ministerio de Trabajo a uno de los principales dirigentes sindicales del país, Carlos Alderete, secretario general de Luz y Fuerza.
 
Como resultado de este acuerdo, el gobierno de Alfonsín elaboró una nueva Ley Sindical que fue aprobada en 1988 (ley 23.551), con el apoyo unánime de todos los sindicatos y parlamentarios de todos los partidos políticos. En cambio fue cuestionada ante la OIT por la Unión Industrial Argentina (UIA), la principal organización empresarial de Argentina. Esta queja sería continuada en los años 1990 por la CTA.
 
La Opinión Popular

Fuente: Wikipedia
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21-02-2019 / 17:02
21-02-2019 / 16:02

Las Fuerzas Armadas, a la salida de la dictadura, humilladas por la derrota en la guerra de Malvinas y odiadas por el pueblo por genocidas, quedan deslegitimadas y su poder en crisis. Distintos gobiernos constitucionales intentaron "reconciliarlas" con la sociedad.
 
La Ley 23.492 de Punto Final argentina, entra en vigor el 22 de Febrero de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, y estableció la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de haber cometido el delito complejo de desaparición forzada de personas (que involucró detenciones ilegales, torturas y homicidios agravados o asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar genocida del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional de 1976-1983.
 
La ley, conocida como de impunidad, decía literalmente "se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983".
 
La ley, que sancionaba la impunidad de los militares por la desaparición de miles de opositores y guerrilleros peronistas y de izquierda (casi 9.000 según el informe del Nunca Más de 1984 y hasta unos 30.000 de acuerdo a los organismos de Derechos Humanos), fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.
 
Sólo quedaban fuera del ámbito de aplicación de la ley los casos de secuestro de recién nacidos, hijos de prisioneras políticas destinadas a desaparecer, que eran por lo general adoptados por militares, quienes les ocultaban su verdadera identidad biológica.
 
La Opinión Popular

21-02-2019 / 16:02
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