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Paraná - 02-08-2018 / 15:08

Paraná se movilizó para exigir que se conozca la verdad del caso Santiago Maldonado

Paraná se movilizó para exigir que se conozca la verdad del caso Santiago Maldonado
En la plaza Carbó hubo una manifestación a un año de la desaparición y la posterior muerte del joven Santiago Maldonado que participaba en una protesta en Chubut. Se leyó un documento con fuertes críticas al Gobierno nacional y al accionar de la Justicia.
 
A un año de la desaparición y el posterior hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, la ciudad de Paraná, al igual que las principales capitales del país, se movilizó detrás de la consigna "El Estado es responsable" y la exigencia de justicia en el marco de un caso que tuvo en vilo a toda la sociedad.
 
La concentración en la capital entrerriana tuvo lugar en la plaza Carbó, frente a la delegación Paraná de Gendarmería, la fuerza señalada desde un primer momento como la responsable de la desaparición del joven artesano durante el violento desalojo de una protesta mapuche en Chubut.
 
En pancartas, carteles, pasacalles, y en remeras había alusiones a la figura de Santiago Maldonado. La convocatoria lanzada por la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná cuestionó la falta de avance de la investigación judicial y se puso el acento en los métodos empleados para determinar la responsabilidad de la Gendarmería Nacional.
 
Ese fue el espíritu del documento consensuado que se leyó durante el acto, en el que participaron agrupaciones políticas, gremiales y de derechos humanos, entre otros.
 
El subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Matías Germano, apuntó a que se debe mantener viva la memoria de un caso que interpeló a la sociedad, pero también a la clase política. "Hay que rescatar su vida, su compromiso, su militancia y se debe desterrar cualquier tipo de persecución a la movilización social", sostuvo en declaraciones a UNO.
 
 
El Documento
 
A un año sin Santiago, ni su familia ni nosotros sabemos la verdad de lo sucedido el 1° de agosto de 2017. Y si no sabemos lo que pasó mucho menos podemos hablar de justicia. Nos encontramos enfrente de Gendarmería y en un país entero movilizado, para solidarizarnos con la familia Maldonado, acompañar su lucha y exigir justicia para ellos y para nuestro pueblo.
 
Porque lo que sí sabemos es que Santiago estaba luchando junto a la comunidad Mapuche por la libertad de su lonko Jones Huala. Sabemos que en un operativo sin orden judicial gendarmes entraron a los tiros al pu lof de Cushamen, y luego de 6 horas de terror, Santiago desaparece.
 
Sabemos que la Justicia fue lenta y desprolija con los tiempos y métodos y que en el mientras tanto los gendarmes fueron y vinieron, lavaron camionetas y se aprendieron textos de memoria.
 
Sabemos que el Ministerio de Seguridad a través de la figura infame de Pablo Nocetti estuvo presente en el lugar de los hechos antes y después, organizando la represión en sus términos legales para luego justificar la muerte.
 
Sabemos que se hicieron 4 rastrillajes en el lugar donde finalmente se lo encontró a Santiago helado. Y que después de una autopsia no con pocas controversias, se dictaminó su "asfixia por inmersión".
 
Pero no sabemos la verdad. Como dijo su abogada Verónica Heredia, la única verdad es la realidad y la realidad es que a un año sin Santiago este gobierno ha dado sobradas muestras de sus intenciones y lo que tal vez hace un año parecían dudas, hoy son certezas.
 
Certeza de que manipulan y monopolizan la información con sus medios hegemónicos teñidos de sangre durante la dictadura, y que hoy tienen una pluma filosa para hacer contratos millonarios pero borrosa a la hora de la verdad, como lo hicieron cuando decían que a Santiago lo había asesinado un puestero y lo ponían en sus primeras planas. Como lo hicieron cuando Elisa Carrió dijo que se había ido a Chile o cuando lo vieron en Gualeguaychú.
 
Certezas de las bases de un Estado represor, como el que persiguió durante la dictadura, que hoy necesitan en las calles para generar el terror como lo fue no solo la desaparición y muerte de Santiago, sino el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Como habilitan hoy los decretos 683 y 703 a que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interior contradiciendo nuestras propias normas soberanas y lo que es más importante, haciendo oídos sordos a nuestro fuerte "Nunca más".
 
Bajo la bandera del terrorismo, el narcotráfico, y el crimen organizado, íconos del genocidio que cometen año tras año Estados Unidos y sus aliados, pretenden hacernos creer que hay alguna legitimidad en esa justificación cuando sabemos que detrás de esa bandera sucia está la persecución de los mapuches, de los docentes, jubilados, ecologistas y de todo aquel que se configure como enemigo interno del gobierno.
 
El gobierno de nuestro país tiene la certeza de que no hay mejor país que el que alimenta y convive con una justicia sin principios, pero adepta, que suscribe el crimen del Estado con sus sentencias, y usa sus fiscalías para perseguir a los que buscan la verdad.
 
Lo vimos cuando el juez a cargo de la desaparición forzada de Santiago, Guido Otranto, sentenciaba el ahogamiento de Santiago frente a las cámaras en pleno proceso judicial.
 
Lo vemos ante el sufrimiento de la familia Maldonado al ser investigada a pedido de la fiscal Silvina Ávila, que en vez de encontrar los responsables de esta represión y muerte persigue a los familiares que luchan por la verdad.
 
Lo vimos con la liberación de todos los gendarmes que actuaron en la represión contra la comunidad Pu Lof de Cushamen y lo vemos a diario en las persecuciones judiciales políticas en todo el país.
 
Certeza de que mediante la venta de nuestra soberanía, pactos económicos y endeudamientos astronómicos nos sentencian a vivir con hambre para pagar de por vida su corrupción.
 
Se alinean con las políticas del FMI que no tiembla al hablar de ajustar a las familias que necesitan. Asignaciones, jubilaciones, salud, educación, son todas variables ajustables mientras no se toquen las retenciones ni los beneficios extraordinarios de los grupos económicos que ellos mismos dirigen desde los escritorios de la Casa de Gobierno. Para ellos no hay ajuste, hay libertad de mercado.
 
Certeza de que la impunidad es el mejor camino para adoctrinar, al verlos a Nocetti y Bullrich ocupando impunemente altos cargos del Poder Ejecutivo, con sueldos públicos y tomando decisiones mientras Jones Huala hace huelga de hambre y Milagro Sala se enferma en su prisión domiciliaria.
 
Pero a un año sin Santiago, decimos que la certeza que este Estado criminal tiene que tener es que no hay doctrina, no hay injusticia, ni impunidad, ni pactos de sangre que frenen a nuestro pueblo argentino en las calles; que Sergio Maldonado nos mostró con la misma furia que las Madres y las Abuelas, que no hay gendarmería, no hay ministerio, no hay acuerdos ni represión que frenen nuestra voluntad juntos, como lo estamos hoy, como lo estaremos mañana; porque cuando un gobierno no entiende cuál es el rumbo que debe tener un país, somos nosotros, unidos y empoderados los que tenemos que marcar el camino.
 
¡Basta de ajuste y represión!
¡Basta de criminalización de la protesta!
¡No a la acuerdo con el FMI!
¡Anulación de los decretos que sacan a las FFAA a la calle!
¡Derogación de la Ley de Contravenciones de Entre Ríos!
¡Aplicación del protocolo contra la tortura en Entre Ríos!
Verdad y Justicia por Santiago Maldonado
El Estado es Responsable
Santiago es Solidaridad
 
Multisectorial de DDHH
 
Fuente: UNO
 
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La Fiscalía Anticorrupción del Poder Judicial abrirá este lunes una causa por peculado o fraude a la administración pública contra el intendente radical Sergio Varisco, después de recibir oficialmente la resolución de 130 páginas firmada por el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, que contiene el informe que la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina elaboró en base al análisis de copiosa documentación y que revela la presunta existencia de graves irregularidades en el manejo de recursos municipales.
 
Los peritos sospechan que se desviaban fondos para financiar las actividades ilícitas de narcotráfico que son materia de investigación en el expediente que mantiene procesados al intendente Sergio Varisco, a la funcionaria Griselda Bordeira y al concejal Pablo Hernández, todos altos funcionarios de Cambiemos en Paraná, los dos últimos cumpliendo prisión preventiva, en la causa denominada "Narcomunicipio".
 
"Surgen graves, precisas y determinadas inconsistencias que corroboran la disponibilidad de fondos públicos", aseguran los investigadores, antes de definir la existencia de "una caja de dinero de la cual sustraían o desviaban dinero público del circuito de control estatal en favor del organizador de la comercialización de estupefacientes", en referencia a Daniel "Tavi" Celis.
 
En tanto, el fiscal federal Carlos García Escalada, pediría esta semana la elevación a juicio oral de la mencionada causa, porque en estos días se le vence el plazo para solicitar otras instancias de la investigación. Si todo ello ocurre, como se prevé, el Tribunal Oral Federal de Paraná podría llevar a juicio a Varisco y sus compinches, entre abril y mayo del año próximo.

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