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Nacionales - 01-08-2018 / 10:08
269 MANTIENEN SUS CARGOS EN EMPRESAS PRIVADAS

Gobierno de los Ricos: Una multitud de funcionarios macristas ocupan cargos en los dos lados del mostrador

Gobierno de los Ricos: Una multitud de funcionarios macristas ocupan cargos en los dos lados del mostrador
El propio Macri y muchos de sus funcionarios favorecieron a las empresas del holding familiar del Presidente y de las compañías que dirigieron antes de desembarcar a la función pública. Macri y muchos de ellos ya están imputados en distintas causas judiciales donde se investigan los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas de la Universidad de San Martín revela la participación de una multitud de funcionarios del Ejecutivo en importantes cargos de compañías nacionales y extranjeras. El presidente Mauricio Macri figura como "autoridad de directorio" de una minera. Pablo Clusellas aparece con 33 participaciones y Mario Quintana con 13 puestos de autoridad.
 
Existen 269 funcionarios que ocupan 890 cargos en empresas privadas. Son miembros del gobierno nacional que se desempeñan como autoridades, socios o representantes en los directorios de distintas compañías locales y extranjeras radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El perfil es transversal: atraviesa a los veinte ministerios y las distintas dependencias que conforman el mapa del Estado. Existen cuatro carteras donde se destaca la presencia de funcionarios con participaciones en firmas privadas: Energía, Desarrollo Social, Modernización y Producción.
 
El criterio de reclutamiento de funcionarios, privilegiado por la actual gestión macrista a la hora de conformar gobierno, fue el de incorporar a la gestión personas con antecedentes en la gestión privada. En el gabinete nacional existe una profunda convergencia entre posiciones de elite económica y política, y ese grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo el gobierno de los CEOs.
 
Los conflictos de intereses, como los macristas llaman delicadamente a la corrupción, son la marca registrada en muchos de los negocios que generaron las decisiones presidenciales y de funcionarios de primer nivel del gobierno de Cambiemos, pasando por ministros y secretarios de Estado.
 
El propio Macri y muchos de sus funcionarios favorecieron a las empresas del holding familiar del Presidente y de las compañías que dirigieron antes de desembarcar a la función pública. Macri y muchos de ellos ya están imputados en distintas causas judiciales donde se investigan los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
 
La Oficina Anticorrupción, conducida por la militante ultra macrista Laura Alonso, tiene aún pendiente las resoluciones sobre funcionarios señalados con ese tipo de "incompatibilidades". Hay pocas expectativas de que haga algo.
 
La Opinión Popular

 
Casa matriz
 
Una investigación del Observatorio de las Elites Argentinas perteneciente al Instituto del Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín revela que el 50 por ciento de los ministros convocados por Mauricio Macri ostentan cargos en empresas privadas.
 
"Este criterio de reclutamiento incrementa el grado de exposición a los conflictos de interés y a la captura de la decisión pública", advirtió a PáginaI12 la socióloga Ana Castellani, quien coordinó el relevamiento. El informe identifica que el propio Presidente figura en la actualidad como "autoridad del directorio" de una empresa del grupo Socma: Minera Metales S.A.
 
Entre los funcionarios involucrados con cargos vigentes en directorios de empresas privadas sobresalen diez individuos por la cantidad de participaciones que registran. En ese listado figuran el Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, con 33 participaciones en firmas privadas y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, con 13 puestos de autoridad en directorios empresarios.
 
Otros se desempeñan en puestos poco visibles, como el caso de Mariano Grondona Lynch: vocal en el Directorio de la Administración de Parques Nacionales del Ministerio de Ambiente registraba a junio 219 participaciones en directorios de empresas privadas del país y del exterior.
 
"Con la llegada de Macri a la Casa Rosada la articulación entre elites económicas y políticas adquirió rasgos cuantitativos y cualitativos distintivos. La novedad no reside en la existencia del fenómeno en sí mismo sino en la magnitud, la extensión y la visibilidad que presenta. El grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo el gobierno", explica el documento elaborado por el equipo que coordina Castellani a partir del entrecruzamiento de bases de datos de la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Mapa del Estado.
 
La primera publicación del Observatorio de las Elites Argentinas detectó que tres de cada diez funcionarios jerárquicos reclutados por el gobierno de Macri ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado.
 
"La presencia de personas con trayectorias fluidas de circulación público privada o exclusivamente privada en los altos puestos del Estado es propia de esta gestión: son muchos, están distribuidos prácticamente en todo el entramado estatal (gabinete, empresas públicas, entes reguladores y organismos descentralizados) y a diferencia de otras oportunidades, ocupan puestos de alta visibilidad dentro de la función pública", sostiene Castellani.
 
Los conflictos de intereses no necesariamente constituyen un delito pero la extendida presencia de funcionarios con participaciones vigentes en empresas privadas incrementa el riesgo de captura de la decisión estatal.
 
El relevamiento permite identificar además potenciales conflictos de interés como el caso del subsecretario de Sustentabilidad Minera, Juan Manuel Biset, que figura en los registros de la IGJ como representante de la minera brasilera Vale.
 
En la misma línea, el informe menciona los casos del subsecretario de Pesca y Acuicultura, Juan Manuel Bosch, que aparece como representante de la empresa extranjera Sea and Fish Management BV, y el subprocurador del Tesoro de la Nación, Ernesto Luchelli, que participa como autoridad en el Deutsche Bank Suisse.
 
Las 890 participaciones se distribuyen en dos tipos de empresas: 50 por ciento son cargos en sociedades anónimas locales y 33 por ciento de los cargos son en empresas radicadas en el exterior.
 
La participación de funcionarios en empresas privadas expuesta en el informe del Observatorio de las Elites Argentinas se conjuga con la extendida presencia de los miembros del Poder Ejecutivo en el mundo offshore.
 
Los investigadores trabajaron con los datos actualizados de la IGJ que depende del Ministerio de Justicia, pero aunque constataron que se trata de "cargos vigentes" reconocen que, en algunos casos, es probable que los funcionarios no se estén desempeñando en la actualidad en esos cargos pero continúen ya que las empresas no hicieron los trámites para dar la baja o, si lo hicieron, no quedó registrado.
 
No obstante, Castellani afirma que los datos permiten sostener que: "a) el criterio de reclutamiento privilegiado por la actual gestión presidencial a la hora de conformar gobierno fue el de incorporar a la gestión hombres y mujeres con experiencia en la gestión privada; b) en el gabinete nacional existe una profunda imbricación y convergencia entre posiciones de elite económica y política, y c) el grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo el gobierno nacional".
 
El documento señala además que el desembarco de empresarios en la estructura del Estado alcanza a áreas como el Ministerio de Desarrollo Social, donde los presuntos beneficios asociados a la "expertise" que tendrían para aportar los hombres y mujeres de negocios no constituyen un argumento válido a la hora de diseñar e implementar políticas sociales.
 
"Es muy poco probable justificar que para desempeñarse en la coordinación de políticas de niñez y minoridad, por ejemplo, el perfil del director de empresa sea el más adecuado. En el ministerio conducido desde diciembre de 2015 por Carolina Stanley, desembarcaron 26 altos funcionarios que figuran como autoridades de directorios o socios de empresas privadas. Una especie de 'Ministerio SA'", sostiene el informe que al que accedió este diario.
 
Los autores identifican, por ejemplo, entre los casos "llamativos" al Secretario de Coordinación, Tomás Felix Elizalde que "registra 20 cargos de autoridad en empresas locales y 4 como representante de empresas constituidas en el exterior; también hay 3 funcionarios relacionados con el área de la gestión territorial, que son socios de una misma empresa, LCDTH SRL, dedicada al servicio de expendio de comidas y bebidas".
 
Por Tomás Lukin
 
Fuente: Página12
 

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22-02-2019 / 09:02
La grata sorpresa que les dio Mauricio Macri a los empresarios de la comitiva al aparecer en el cóctel que organizó Gabriel Martino en el último piso del Taj Mahal Palace no alcanzó para aventar la impresión entre la mayoría de los asistentes de que la gira por India y Vietnam fue bastante improvisada.
 
Desde el punto de vista de los negocios, al menos, el viaje del Presidente no estuvo antecedido por una avanzada diplomática ni por la minuciosa labor de inteligencia comercial que suelen desplegar las naciones desarrolladas antes de una gira así.
 
Resultados al canto: lo poco de concreto que hubo en los acuerdos sellados con Narendra Modi fue un compromiso de compra de verduras, frutas y hortalizas. Con los herederos de Ho Chi Minh no fue mucho mejor. Y encima hubo que prometerles acceso al deprimido mercado local de electrodomésticos.
 
Los veteranos de antiguas giras presidenciales sí reconocieron como un acierto la elección del destino: dos países que crecen mucho, no alineados con la nueva ola proteccionista norteamericana, y complementarios productivamente con la Argentina.
 
A India y Vietnam, por ejemplo, Vicentín y Aceitera General Deheza (AGD) les venden aceite de soja procesado en Argentina, mientras China importa el poroto que muele en sus gigantescos puertos costeros meridionales. Un paso de agregación de valor cuyo impacto en el empleo es ínfimo, pero cuyo aporte a la balanza comercial en tiempos de presión cambiaria no puede despreciarse.
 
El problema, diagnosticaron tres de los ejecutivos que volaron a Oriente con Macri, es que nadie del Gobierno piensa la inserción internacional en esa clave de valor agregado. Quedó claro de solo ver la lista de quienes viajaron.
 
Mientras el secretario de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere fue acompañado por siete personas, entre funcionarios y equipo, el viejo Ministerio de la Producción -que ahora engloba a Agroindustria- apenas pudo colar a Juan Pablo Trípodi, el presidente de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional.
 
No solo brillaron por su ausencia Dante Sica y su equipo más cercano. Ni siquiera hubo delegados de la Secretaría de Comercio Exterior, el ámbito natural donde se planifican misiones así.
 
Etchevehere compartió el viaje con Daniel Pelegrina, su sucesor en la presidencia de la Sociedad Rural, donde empiezan a resonar lamentos por las tasas de interés a las que los productores tuvieron que financiar los gastos de la última siembra.
 
Los que se volvieron con caras largas son los que trabajan en rubros más tecnificados, como turbinas y reactores. "Si fuera por Etchevehere solo exportaríamos granos de soja y ganado en pie", comentó uno de ellos.

22-02-2019 / 08:02
Las canastas de alimentos y servicios elaboradas por el Indec para estimar la pobreza e indigencia escalaron 3,7 por ciento en enero y acumulan un aumento de 55,8 por ciento en doce meses, lo que muestra un fuerte incremento de la desigualdad como consecuencia de la aplicación de la política económica neoliberal del gobierno de Mauricio Macri. Los ricos son más ricos y los pobres más pobres.
 
La línea de pobreza se define por la estimación de valor de una canasta básica total (CBT), que incluye alimentos y servicios básicos para un hogar de dos adultos y dos menores. El organismo estadístico estimó que una pareja joven con hijos de 6 y 8 años necesitó 26.442,9 pesos para superar el umbral de pobreza monetaria y 10.577,2 pesos para alimentarse y no ser considerados indigentes para las estadísticas.
 
Por otro lado, el índice de la canasta básica alimentaria (CBA), que incluye solamente alimentos, es el que se utiliza para medir línea de indigencia y en enero se ubicó en $12.721,73, un alza del 52,8% interanual y del 3,9% frente a diciembre. Es decir que la evolución inflacionaria fue más alta en los alimentos, golpeando más fuerte precisamente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
 
El incendio inflacionario volvió a poner foco en los sectores más pobres de la población. Y la profunda recesión inducida por el programa de austeridad del FMI obligó al presidente Macri a anticipar que el año pasado aumentó la pobreza, cuando 2,5 millones de personas en todo el país pasaron a ser pobres en términos de su ingreso monetario.
 
Los datos oficiales serán publicados dentro de un mes pero la combinación de un incremento en la valorización de las canastas para enero con una elevada inflación, destrucción de empleo y deterioro de los ingresos salariales, permite anticipar que los niveles de pobreza monetaria continuaron en ascenso al iniciar 2019.
 
A la espera de un salto en los niveles de pobreza para el segundo semestre de 2018, los voceros oficiales comenzaron a abrir el paraguas: "Ya lo dijo el Presidente, con el impacto de la inflación y de algunas medidas económicas, claramente el próximo puede ser un índice que dé un poco peor que el ultimo que se anunció", afirmó dos semanas atrás la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.
 
La inflación de los más pobres sigue sin techo y se escapa de la ya elevada inflación general. Los niveles de pobreza siguen aumentando, sobre todo cuando los salarios no se recuperan y los sectores más vulnerables sufren las consecuencias de la política de tierra arrasada que aplica contra ellos el Gobierno de los Ricos.
 
La Opinión Popular

21-02-2019 / 10:02
Coca-Cola Femsa es una de las empresas más grandes y de mayor facturación del mundo pero asegura que en Argentina no le cierran los números. Pidió al Gobierno de Mauricio Macri un procedimiento preventivo de crisis (PPC) para afrontar el achicamiento de su planta embotelladora del barrio porteño de Pompeya y que el gobierno nacional los habilite a despedir gente y pagar menos indemnizaciones.
 
"La planta está prácticamente parada porque no hay ventas, no recuerdo haber pasado por una situación similar. Pero no permitiremos despidos. En este contexto no podemos permitir que ni un sólo trabajador se quede sin empleo", dijo Pablo Fernández, secretario general de la seccional porteña del Sindicato de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines. Por su parte, la rama de aguas y gaseosas del sindicato de Camioneros se declaró "en estado de alerta y movilización".
 
En la planta de Pompeya trabajan 600 personas, de un total de 3 mil que están empleadas por Coca-cola Femsa en Argentina. La firma también tiene otra embotelladora en Monte Grande (Esteban Echeverría) y cuatro centros de distribución. Además, trabajan para Coca-cola otras empresas embotelladoras.
 
La venta de bebidas es uno de los segmentos del consumo masivo más afectados por el plan económico neoliberal macrista, aunque la magnitud de Coca-Cola Femsa obliga a pensar el caso con parámetros propios, en línea con lo sucedido con los preventivos de crisis de la filial local del gigante Carrefour y de Fate, una de las empresas de Javier Madanes Quintanilla, quien blanqueo $867 millones gracias a Macri.
 
El PPC permite aplicar modificaciones drásticas en la organización laboral y trasladar los costos de esos cambios sobre las espaldas de los trabajadores. Por eso los gremios advierten sobre el avance de una reforma laboral por empresa.
 
Las últimas comunicaciones de Coca-Cola y de Femsa a sus inversores ya daban indicios de la decisión: "el volumen de ventas cayó un 2% en el trimestre ya que a pesar del crecimiento en Brasil, Colombia y Perú, la operación en Argentina tuvo una baja de dos dígitos".

 
En los tres primeros trimestres de 2018, las ventas de Femsa en Argentina medidas en volumen bajaron un 9,8% interanual y los ingresos medidos en pesos mexicanos se redujeron un 46% por efecto conjunto de caída del consumo y a la fuerte devaluación del peso. Se registró una caída interanual del consumo masivo del 7,3% en enero. La categoría de peor desempeño fue bebidas sin alcohol, con una merma del 14,1%.
 
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21-02-2019 / 09:02
El dólar pegó un nuevo salto y la city vivió otra jornada de fuerte volatilidad cambiaria. La cotización del dólar que compran los ahorristas minoristas se ubica en 40,76 pesos, con un incremento de 44 centavos. La divisa alcanzó a tocar los 41,45 pesos a mitad de la jornada.
 
El Banco Central se asustó y aceleró la suba de la tasa de interés. El organismo llevó el rendimiento de las Leliq a 46,01 por ciento, lo que representa un aumento de 1 punto y medio respecto del martes. Se trata del alza diaria más importante en lo que va del año. El clima financiero fue de tensión no sólo con el tipo de cambio. El riesgo país subió 8 unidades y finalizó en 708 puntos. Los bonos en moneda extranjera bajaron hasta 2 por ciento en la jornada.
 
La demanda de divisas arrancó fuerte en las primeras horas de la rueda cambiaria y fue mostrando cierta moderación en las últimas horas. La pregunta que se hacen en el mercado es si la nueva tasa por arriba del 45 por ciento resulta suficiente para contener el proceso de dolarización de los activos en moneda local. Los inversores menos optimistas aseguran que una vez que los fondos tomaron la decisión de pasar a moneda extranjera no es sencillo hacerlos cambiar de opinión.
 
El Banco Central fue poco cauteloso con la baja de la tasa de interés este año y paga las consecuencias. Los inversores se dieron cuenta que tienen el poder de fuego necesario para generar volatilidad. Y van a exigir más tasa de interés para volver a colocarse en moneda local.
 
La autoridad monetaria presumía diciendo que no había dejado ni un peso dando vueltas y que eso reducía la posibilidad de un nuevo salto en el tipo de cambio. Pero la realidad muestra esto no funciona en la Argentina. El mercado cambiario es chico. Y con muy poca demanda de divisas se puede generar mucha inestabilidad.
 
¿Cuánto más puede seguir subiendo el dólar? Aunque son pocos los que se animan a dar una repuesta con valores precisos, la mayoría de los analistas coincide en una referencia. El techo de la banda cambiaria es casi 50 pesos. Hasta esa cifra el Central se comprometió a no vender divisas para intentar moderar la devaluación.
 
La entidad tiene la tasa de interés como herramienta clave para moderar las presiones cambiarias. Pero algunos observan que empieza a ser cada vez menos efectiva. El Central bajó en los últimos dos meses 15 puntos la tasa de interés y le dijo a los inversores que la situación estaba bajo control. Si ahora tiene que volver a llevar la tasa a niveles de 60 por ciento para parar la suba del dólar, la interpretación de la city va a ser de manual: la situación está a punto de estallar.
 
El modelo económico neoliberal de Mauricio Macri está sostenido con alfileres. El acuerdo con el FMI impone que el Banco Central prácticamente no puede intervenir frente a una corrida contra el dólar. Si se dispara, habrá otra devaluación y situación hiperinflacionaria. El Gobierno de los Ricos hace todo mal.
 
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20-02-2019 / 10:02
Sin margen de casualidad alguna, así como las paritarias 2018 resultaron un placebo ante la inflación/recesión también el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) ilustra el deterioro de los sueldos con una caída del 11% respecto a 2017.
 
Para los términos reales el registro del ingreso base para cualquier trabajador en blanco llegó a los niveles más bajos desde el año 2004. En centrales obreras se considera con mayor o menor discreción que la convocatoria urgente al Consejo Salarial es inevitable, si es que la Casa Rosada mensura su desafío electoral pero sobre todo mucho más por la grave coyuntura.
 
El valor del ingreso mínimo se fijó en los dos últimos años por "laudo", léase decisión directa del Gobierno Nacional prescindiendo de organizaciones sindicales y empresarios, lo cual ofrece un perfil ilustrativo de la crisis. Sobre todo para considerar que el SMVM marca mucho más que tendencias salariales sino que ilustra sobre el escenario laboral de registrados y aún empleados en negro como variable de referencia.
 
El gobierno de Mauricio Macri parece haber hecho votos de silencio justo en momentos en que más se necesita entender las variables económico-sociales que maneja la Casa Rosada para fundar sus pronósticos optimistas en un cercano porvenir, esperando que lo peor de la recesión haya quedado atrás para las elecciones presidenciales.
 
Frente a las dudas de las chances electorales del oficialismo, el único que se animó a hablar sobre economía la última semana fue el presidente de la Nación, aún con el paso en falso de diagnosticar una inflación en baja 24 horas antes de que se conociera un dato que mostró todo lo contrario.
 
El Gobierno de los Ricos patea para adelante los desequilibrios económicos (costos de la bicicleta financiera, los vencimientos de deuda y la fuga de capitales) apostando a un dólar estable a costa de una fuerte recesión. En este camino son los trabajadores y jubilados los que pagan las consecuencias del ajuste.
 
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