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“Macri sigue emitiendo deuda y se olvida de la Salud, la Educación, el Medioambiente y la Cultura. Le recorta los ingresos a los jubilados pero perdona al Grupo Macri su deuda con el Correo Argentino”. Pino Solanas
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Nacionales - 12-07-2018 / 09:07

Correo: esa deuda con el Estado que los Macri se niegan a pagar

Correo: esa deuda con el Estado que los Macri se niegan a pagar
EL MISMO CURREO DOS AÑOS MÁS TARDE. Cuando se destapó el escándalo, el Presidente Macri aseguró que todo volvería atrás. Pero dos años después el Correo repitió prácticamente la misma oferta de pago que la fiscal Boquin consiguió frenar, porque era “una condonación lisa y llana” de la deuda multimillonaria que el Grupo Macri tenía con el Estado. En ell fotomontaje: el presidente Mauricio Macri y su hermano Gianfranco.
Cuando se destapó el escándalo, el presidente Mauricio Macri aseguró que todo volvería atrás. Pero dos años después, en otro intento por dilatar el pago millonario que debe al Estado, la familia Macri propuso saldar su deuda por la concesión del Correo Argentino en cuotas y por la misma cantidad de dinero rechazada hace dos años.
 
Otra vez, la propuesta de la Sociedad Macri (Socma) quiso saldar lo que deben hace 15 años con un monto similar al ofrecido en 2016, cuando fracasó la primera negociación. La cifra contemplaba una quita del 98,82% de la deuda original, que significaría para los Macri un ahorro y para el Estado un perjuicio de $70.000 millones.
 
Es la misma maniobra que la fiscal Gabriela Boquin rechazó, por considerarla "ruinosa" y "abusiva" para el Estado, y que terminó con una imputación para el Presidente y algunos de sus funcionarios.
 
Pero no es todo. Ahora el Grupo Macri aceptó el pago de los intereses concursales desde 2001 a la fecha -con una quita del 30%-, pero condicionó ese pago a que los juicios que el Correo tiene contra el Estado les sean favorables.
 
Es decir que, en caso de que la familia presidencial decida saldar sus $4.000 millones con el Estado, lo haría con los mismos fondos que el Estado (Macri) le pague a la familia Macri.
 
Todavía está pendiente que avance una investigación sobre maniobras de vaciamiento del Correo Argentino en favor de sus controlantes, Socma y Sideco, que podrían revelar una suerte de fraude en el concurso de acreedores. Boquin hizo la denuncia, y desde entonces intentan correrla del caso, decisión que está pendiente en la Corte Suprema.
 
También está pendiente de avances la causa penal por el acuerdo con el que se intentó beneficiar al Correo, que tiene al propio presidente Macri como imputado, en el juzgado de Ariel Lijo, y de la que fue desplazado sorpresivamente a Juan Pedro Zoni, que era el fiscal.
 
En el camino, quedó atrás la intención de saldar la deuda con un edificio que ya pertenece al Estado con un precio inflado que ni aún así cubriría su deuda. Pero solo para dar paso a esta propuesta aún más insólita: la de insistir con un acuerdo que es abusivo y ruinoso para el Estado. Macri no tiene vergüenza.
 
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Los Macri no se rinden
 
Como si no hubiera pasado nada, ni el tiempo, el Correo Argentino le hizo una nueva oferta al Estado por su deuda millonaria que, en rigor, es casi igual a la que ya formuló en junio de 2016 y que fue denunciada por implicar una condonación lisa y llana. La propuesta fue presentada por la empresa del Grupo Macri en una audiencia que se hizo el martes último ante la Cámara Comercial.
 
Tiene sólo dos diferencias poco significativas respecto del ofrecimiento anterior: plantea el pago en 13 cuotas anuales en lugar de 15, lo que no cambiaría demasiado el resultado porque ya pasaron dos años desde la negociación inicial y el último vencimiento, en 2033, no se movería; y además, el Correo dice que está dispuesto a hacer un "reconocimiento adicional" en concepto de intereses con tasa pasiva siempre y cuando gane los juicios que inició contra el Estado.
 
O sea, pretende pagar con dinero estatal que aspira a obtener. Las tasas que sugiere son bajísimas. El gran enigma ahora es si los representantes estatales aceptarán este esquema, como lo hicieron dos años atrás creyendo que pasaría inadvertido.
 
La audiencia que se hizo esta semana debió haberse realizado el 16 de marzo del año pasado. En febrero de ese año, la fiscal Gabriela Boquin había denunciado que el Correo de los Macri y los representantes del Estado (de la administración de Mauricio Macri) en el expediente comercial, habían acordado el 28 de junio de 2016 un esquema de pago de la deuda de la empresa postal que implicaba perdonarle casi el 99 por ciento.
 
Boquin dijo que el pacto era "ruinoso" y "abusivo", y logró frenarlo. Fue entonces que el Estado dio marcha atrás e hizo una puesta en escena para exaltar que propiciaba un nuevo convenio. Cuando debía presentarse a la nueva convocatoria, pidió una prórroga de 120 días, ideal para que el Correo siguiera sin pagar.
 
La prórroga en cuestión se estiró cada vez más con artilugios legales de por medio y recién esta semana se reunieron las partes, y la empresa volvió a llevar una oferta en la que es imposible hallar grandes diferencias respecto de la original. El proceso comercial para el pago deuda del Correo lleva ya 17 años de dilaciones. Hoy la deuda supera los 4 mil millones de pesos.
 
En años previos a 2016, el Estado había rechazado las propuestas de la empresa. Pero con la llegada de Macri a la presidencia la empresa controlada por firmas de su propia familia (Socma y Sideco) encontró el aliado perfecto. El acuerdo que finalmente fue retirado por el escándalo que implicó, preveía el pago de la deuda original, establecida en 296 millones de pesos, que se pagarían en 15 cuotas anuales, con una tasa de interés pasiva del 7 por ciento. A la vez, se iría pagando cada año una proporción diferente de la deuda, que iría en aumento, de modo tal que recién los últimos dos años se pagaría la mitad del total.
 
Según la proyección de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal), la proyección hacia el año 2033, era que la deuda a condonar rondaría los 70 mil millones. En el escrito presentado esta semana, el actual titular del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y su patrocinante, Jaime Kleidermacher, anuncian: "la concursada mantiene su compromiso de pago ofrecido en la audiencia del 28 de junio de 2016 con una mejora en términos de plazo y monto".
 
 
Cuáles son las supuestas mejoras
 
El Correo ofrece abonar las dos primeras cuotas en un único pago de 5,9 millones de pesos dentro los primeros 30 días. Alega que de ese modo, serán menos cuotas, aunque mantendrían el esquema anterior por el cual el último vencimiento es en 2033. Pero es un planteo engañoso, porque ya pasaron dos años desde la propuesta inicial, que valen por dos cuotas menos. Además, empezarían a pagar un año después de firmado el acuerdo, con suerte a fines de 2019.
 
Mantiene la tasa de interés del 7 por ciento, la misma que ya había postulado, y que no tiene relación con el actual contexto inflacionario ni tiene relación con las tasas que hay hoy en el mercardo. Hasta la tasa de un plazo fijo, que suele ser la más baja como referencia, es ostensiblemente superior, ya que ronda el 29 por ciento anual. Insisten en aplicar tasas pasivas, en lugar de activas.   
 
El mayor cambio propuesto viene con trampa. El Correo reconoce un "pago adicional en concepto de interés sobre la deuda verificada", que antes no admitía, de acuerdo a la tasa pasiva del Banco Central, desde la presentación en concurso preventivo el 19 de septiembre de 2001 y hasta la cancelación total y definitiva de los compromisos asumidos por la concursada". Según los cálculos de la empresa, serían 1784 millones de pesos. De todos modos dice que "sobre el cálculo de capital e intereses, se aplicará una quita del 30 por ciento".
 
Pero, además, supedita el pago en cuestión al triunfo en cuatro juicios contra el Estado donde reclama cifras, que superan los 3000 millones de pesos, por supuestos incumplimientos contractuales y por la propia estatización (que resolvió Néstor Kirchner cuando el Correo dejó de pagar el canon anual) y la transferencia de los activos a la empresa estatal Correo Oficial. La última demanda, que implica el mayor volumen de dinero, fue presentada por la empresa del Grupo Macri dos semanas antes del acuerdo objetado por la fiscal Boquin.
 
Como informó este diario, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, ya conocía con esa anticipación la oferta del Correo, que había motivado reuniones previas, dudosas, entre representantes de la firma y funcionarios. El fuero contencioso administrativo, donde tramitan estas causas, le inspira confianza al Gobierno. Si le va bien, el Correo también se compromete a no iniciar más causas contra el Estado.
 
En la audiencia estuvieron Cibils y Robirosa por el Correo; el subprocurador del Tesoro, Juan Pablo Lahitou, y el director de Asuntos Judiciales, Carlos Gustavo Pistarini, y la fiscal Boquin. Las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, le dieron un plazo de 45 días hábiles al Estado para que responda si acepta la "nueva" oferta del Correo.
 
De acuerdo a dos decretos de transparencia que impulsó Mauricio Macri después que estallara el escándalo del Correo que lo dejó tan expuesto, la opinión estatal tendrá que incluir también dictámenes de: la Sindicatura General de la Nación, la Oficina Anticorrupción (una estructura dedicada a resguardar a los funcionarios del actual gobierno y denunciar a los del anterior)  y la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya elaboró un informe donde evita opinar sobre el proceso concursal, pero advierte que el Estado no defendió sus intereses y cuestionó las demandas del Correo contra aquel.
 
Ahora también es obligatoria la intervención de la Procuración del Tesoro, de la que fue desplazado Carlos Balbín, por cuestionar en sus informes la actuación del Estado en favor del Correo. Ahora está a cargo Bernardo Saravia Frías, cuyo estudio representó al Grupo Macri.
 
En el acuerdo de 2016, apenas se presentó un ex funcionario del ex ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, con "instrucciones", de sus superiores. En aquella ocasión, a la fiscal Boquin la dejaron afuera, pero presentó sus objeciones con posterioridad. Parece difícil, con su criterio inicial, que vaya a aceptar la propuesta de esta semana, pero eso está por verse.
 
Por Irina Hauser
 
 FUENTE: Página12
 

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25-09-2018 / 09:09
La CGT, con la adhesión de las CTAs y movimientos sociales, realiza su cuarto paro general contra la gestión neoliberal de Mauricio Macri, en medio de la fuerte recesión económica que atraviesa el país.
 
Así, la central obrera vuelve a manifestar su rechazo a las políticas de ajuste de la Casa Rosada, a la que le exige que avale una reapertura de paritarias, la suspensión de despidos y declarare la emergencia alimentaria, entre otras acciones.
 
Por la medida de fuerza se ven afectados el transporte público de pasajeros; el transporte de mercaderías; la atención en dependencias públicas; la apertura de comercios; la actividad financiera y el dictado de clases en las escuelas.
 
Tampoco hay recolección de basura, recarga de cajeros automáticos, ni provisión de combustibles, mientras que está afectado el funcionamiento de los centros médicos, donde sólo habrá atención en guardias y el SAME.
 
Agrupaciones de izquierda realizan cortes en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires para bloquear el paso de vehículos particulares: en Panamericana y 197, Acceso Oeste a la altura del Hospital Posadas y en el Puente Pueyrredón, en la ciudad de La Plata, además de otros en Neuquén, Córdoba, Rosario, Mendoza, Jujuy y Tucumán.
 
Por su parte, los miembros del triunvirato de la CGT y otros referentes de la conducción seguirán la jornada del paro en la sede de la calle Azopardo, donde cerca de las 14:00 darán a conocer su evaluación de la medida de fuerza.
 
La medida de fuerza cuenta con la adhesión de la CTA de los Trabajadores de Hugo Yasky; la CTA Autónoma de Pablo Micheli y la CTA Autónoma de Ricardo Peidro, además de organizaciones sociales como la CTEP; la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie.
 
Estos sectores que no integran la estructura de la CGT iniciaron el paro este mismo lunes desde el mediodía, con una masiva marcha en el microcentro porteño y que finalizó con un acto en la Plaza de Mayo, donde hubo duros discursos de Yasky y Micheli contra el Gobierno.
 
La huelga fue convocada en medio de divisiones entre los sectores más "dialoguistas" y los más "combativos" de la CGT, quienes coinciden en el rechazo a la gestión del Gobierno pero las diferencias surgen sobre el tono de confrontación a seguir ante el macrismo.
 
De hecho, los moderados de la CGT ya exploran la posibilidad de reunirse con representantes del Gobierno tras el paro del martes, mientras que los duros anunciaron días atrás una nueva protesta para el 20 de octubre, cuando marcharán a la Basílica de Luján.
 
La Opinión Popular

25-09-2018 / 09:09
Los gremios "duros" marcharon a Plaza de Mayo y reclamaron un cambio en la neoliberal política económica del gobierno de Mauricio Macri. La CGT se mantuvo al margen de la multitudinaria convocatoria que impulsada por las CTAs, organizaciones sociales y Camioneros además de La Cámpora y partidos de izquierda.
 
Doce horas antes de que comience el paro nacional al que adhieren casi todas las centrales sindicales, los gremios combativos opositores al macrismo salieron a la calle para ratificar al paro como medida de fuerza y anunciaron que ganará en intensidad.
 
"Vamos a tener que hacer uno y mil paros. Vamos a tener que hacer un esfuerzo de tolerancia porque a uno de la bronca que haya compañeros de otros sindicatos que dicen 'no me gusta tal y no voy'. Están pelotudeando", bramó desde el escenario Pablo Micheli."Estamos ante un gobierno que nos va a cagar a palos. Hay que juntar fuerza. Se cae este modelo económico o estos tipos se van", completó el dirigente.
 
El multitudinario acto que realizaron las dos CTA como inicio de la huelga de 36 horas que mostró la unidad de un amplio arco político sindical le otorgó el marco político no sólo al acto sino sobre todo al paro que realizará este martes la CGT.
 
"Vamos a estar en la calle hasta que este Gobierno cambie el modelo económico", bramó Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores. A su lado se agolparon los principales referentes sindicales, que incluyó la participación del recientemente creado Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN) de la CGT y las organizaciones sociales como Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa, entre otros.
 
"No al FMI ni al presupuesto que impone, y sí a la dignidad, la justicia social y al orgullo de ser trabajadores que estamos de pie contra de este modelo económico de hambre y ajuste", dijo Yasky, quien de modo simbólico inauguró las 36 horas de paro.
 
Los organizadores calcularon una participación cercana al medio millón de personas que se apiñaron tanto en la plaza como en las diagonales sur y norte, que estuvieron colmadas por las diferentes regionales de los gremios participantes.
 
Mientras el pueblo estaba en la Plaza de Mayo, en un acto de soberanía se desarrollaba otro acto de entrega de la soberanía por parte de Macri en Estados Unidos. El pueblo contra la deuda externa y un presidente pasando la gorra a la desesperada en Nueva York. El pueblo contra el hambre y el ajuste y un presidente negociando más hambre y más ajuste con el FMI. Una pantalla compartida, que quedará para la historia.
 
La Opinión Popular

23-09-2018 / 12:09
Las plantas automotrices de Córdoba y Santa Fe ofrendaron al descontento general 5.500 operarios suspendidos por culpa de la recesión, que en el caso de la industria textil ya acumula 13 meses de trabajo destruidos, entre la competencia importada previa a la devaluación y la caída de las ventas por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de la población.
 
En este contexto es que INdEC registra en su último reporte que la desocupación alcanzó al 9,6% de una clase económicamente activa engrosada porque muchas mujeres tuvieron que salir a buscar algún refuerzo a las arcas hogareñas, castigadas por la inflación localizada en su costo de vida (alimentos, combustibles, transporte, servicios públicos, cuotas de salud y educación privadas).
 
En ese marco, las centrales sindicales convocan a un paro la semana próxima que comenzaría el lunes al mediodía con la convocatoria de la CTA y el martes se sumaría la CGT con un paro sin movilización y sin un plan de lucha.
 
El secretario general de Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, confirmó que los sindicatos del sector se sumarán al paro decretado por la CGT. "Cada vez hay más fábricas cerradas y falta trabajo. La situación cada vez se complica más. No hay dialogo y eso nos lleva a una medida de fuerza", justificó el dirigente de los colectiveros.
 
En tanto, el titular de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió sobre "el desastre" que está provocando el Gobierno y destacó que ninguno de los funcionarios macristas "sabe lo que es que te falte un plato de comida".
 
El paro general afectará a la mayoría de las actividades y servicios en todo el país. El transporte público, el de mercaderías, la atención en dependencias públicas, la apertura de comercios, la actividad financiera, el dictado de clases en las escuelas, el funcionamiento de centros médicos, la recolección de basura y la provisión de combustibles serán algunas de las actividades afectadas por la medida de fuerza.
 
Con lo cual se espera un paro contundente y una jornada con muy poco movimiento.
 
La Opinión Popular

23-09-2018 / 10:09
El desempleo en los grandes conglomerados urbanos rasguña el 10 por ciento según guarismos oficiales del segundo trimestre. Superará los dos dígitos, todo lo indica. Agravarán el cuadro la inflación colosal de julio y agosto, la superior que se espera para septiembre, el traslado a precios de aumentos de tarifas y combustibles. Hay que remontarse décadas atrás para encontrar precedentes tan tremendos.
 
El contorno de la caída del empleo se conoce: acentuado en el Conurbano bonaerense, con visos de catástrofe en la industria, particularmente en la textil y la metalúrgica. Los análisis críticos lo anunciaban desde que arrancó la presidencia de Mauricio Macri. Su séquito de economistas y opineitors, a regañadientes, viene reconociendo lo innegable desde hace meses.
 
El empleo informal añade otro dato preocupante. El impacto de la crisis pega más duro en las changas que en los empleos registrados. Cuando se leen con cuidado los indicadores se percibe que buscan trabajo aun los que tienen la suerte de laburar. En criollo, el sueldo no les alcanza para vivir.
 
La coyuntura se debe leer también con datos que llegan de las calles, los sistemas educativos y de salud, los comedores populares. El universo de la gente de carne y hueso, una millonada. Lo que late y trata de sobrevivir más allá de la City financiera.
 
Se incrementa el número de comedores y merenderos, aún en parajes donde no funcionaban o no hubo jamás. Las provisiones escasean entre otros motivos porque el flujo de requirentes se engrosa más rápido que las respuestas gubernamentales. Más chicas y chicos se quedan a comer en las escuelas, a hurtadillas se llevan parte de sus raciones (insuficientes de por sí) para la cena con la familia.
 
Se ralenta o paraliza la entrega de remedios a hospitales, en los que se nota que hay pacientes que discontinúan tratamientos porque el viaje "les duele".
 
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) grafica el sadismo del mercado de medicamentos, una muestra de cómo funciona el capitalismo salvaje. La inflación en el rubro remedios es superior a la media. El gap crece para los medicamentos que necesitan las personas de tercera edad. Todos tenemos que poner el hombro, preconiza Macri, pero los más vulnerables son quienes más se sacrifican.
 
En medio de la caída, la Nación se empeña en Cruzadas hueras de sensibilidad social. Mantener congelado el Fondo de Incentivo Docente, suspender el Fondo Compensador que ayudaba a las provincias más pobres a sostener el salario de los maestros. La Casa Rosada se ilusiona con suprimir el subsidio al transporte intra provincial.
 
La aspiración del macrismo es llegar al déficit cero, cuenta engañosa porque no incluye los servicios del pago de la deuda externa, a esta altura el mayor gasto para 2019.

22-09-2018 / 08:09
La reforma jubilatoria se encontraba durmiendo en los cajones, junto a otra cantidad de cambios neoliberales con los que en su momento se había entusiasmado el macrismo.
 
Pero la crisis financiera hizo que el Gobierno de Mauricio Macri tomara la decisión de adelantar algunas medidas que parecían condenadas al largo plazo: ahora se impulsarán con "bajo perfil" y camufladas dentro de leyes como la del Presupuesto 2019.
 
Entre ellas se encuentran la iniciativa de restringir el acceso al cobro de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se abona a aquellas personas que llegan a los 65 años pero que no tienen la cantidad de años de aportes necesarios para acceder al beneficio.
 
Esta idea se estaba trabajando en el anteproyecto de reforma previsional a cargo de un grupo multidisciplinario, pero la necesidad de recortar fondos fiscales para lograr el denominado "déficit cero" hizo que ahora se plasme en el texto que empezará a debatir el Congreso para definir el Presupuesto.
 
Otro de los temas que se quiere impulsar en el corto plazo es el "principio de sustitutividad" de la jubilación; es decir, el porcentaje que representa el haber si se lo compara con el salario que recibía el beneficiario en su último año como trabajador. La idea del Gobierno es que ese porcentaje tenga un "techo" de aproximadamente el 60 por ciento.
 
El factor que le imprime urgencia al tratamiento de este tema es un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social, que ubicó ese porcentaje en el 70% del salario. La sentencia será cuestionada por la Anses ante la Corte Suprema, pero desde el Gobierno no quieren correr riesgos de que, con ese antecedente, pueda generarse un efecto multiplicador.
 
Es que si se confirma ese fallo, se abre la puerta para que miles de jubilados realicen millonarios juicios al Estado por actualización del haber y cobro de retroactivos. El monto que puede resultar de ello es incalculable.
 
En el macrismo destacan que mantener el sistema vigente es "inviable" y que deben tomarse medidas urgentes para evitar que el déficit siga escalando hasta niveles insostenibles.

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