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Nacionales - 11-07-2018 / 08:07

Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle

Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle
Congelamiento de planta, rescisión de convenios de asistencia técnica con universidades, y recorte de adicionales y bonificaciones a empleados del Estado conforman el brutal ajuste implementado por el decreto 632. La excusa es la de siempre, la reducción del déficit que reclama el FMI. Vaya paradoja: el mismo Gobierno que aumenta el gasto con deuda e incentivando la bicicleta financiera que fuga dólares, pretende bajarlo cortando el hilo por lo más delgado, el de los trabajadores.
El ajuste de Mauricio Macri se siente como una puñalada trapera. Y resulta interminable. Más aún si se lo compara con las profecías de un Gobierno que en campaña prometió cambios a grandes sectores de la ciudadanía. Traicionando el voto, ayer el presidente Macri publicó en el Boletín Oficial el decreto 632/18 que, bajo el eufemismo de "control de gastos" del Estado, desde el primer día de 2019 dejará en la calle a unos 6.000 empleados públicos con contratos "precarios".
 
Congelamiento de planta, rescisión de convenios de asistencia técnica con universidades, y recorte de adicionales y bonificaciones a empleados del Estado conforman el brutal ajuste implementado por el decreto 632. La excusa es la de siempre, la reducción del déficit que reclama el FMI. El mismo Gobierno que aumenta el gasto con deuda e incentivando la bicicleta financiera que fuga dólares, pretende bajarlo cortando el hilo por lo más delgado, el de los trabajadores.
 
Es apenas un capítulo del ajuste. La amenaza de la espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de quienes no estén nombrados en planta permanente. Es el comienzo del "ahorro" que, por vía de la exclusión, pretende el Gobierno de los CEOs: unos $20.000 millones por año y, tras la cifra fría, las realidades de más de 30.000 personas que serán despedidas en el mismo lapso.
 
Es el síntoma de una crisis que avanza como una bola de nieve, desde la Nación hasta las provincias y municipios: bajo la forma de una "invitación", en el artículo 13 del decreto el Ejecutivo encomienda al resto de los poderes y jurisdicciones "a adoptar medidas similares".
 
Para decirlo claro: en esta Argentina que camina hacia la tercera estanflación de la era Macri, donde el Estado no da oportunidades, sino que las cercena; en momentos en que las Pymes viven entre la agonía y la muerte, resoluciones como las de ayer condenan a miles de ciudadanos de a pie a caminar entre la miseria y la incertidumbre.
 
Lo peor es la incertidumbre. Para los echados, por quedar a la intemperie con el temor de no poder volver. Para los que todavía conservan el trabajo, con el miedo latente a convertirse mañana en esos que el 1º de enero de 2019 quedarán fuera del sistema.
 
Con tristeza asistimos otra vez a la farsa de un Gobierno para los Ricos que llegó al poder con el aura de la transparencia y en cuanto pudo convirtió al Estado en botín de empresarios, amigos y familiares. Y la inmoralidad de un Presidente que prometió pobreza 0, inflación de un dígito, mientras la devaluación hunde a los pobres y empuja a sectores medios a la pobreza. 

Un último dato es más perverso: luego de haber anunciado el tendal de despidos, funcionarios conservadores y aliados radicales se reunieron de urgencia en la Casa Rosada. No para discutir el futuro del país, la dignidad del pueblo, el diseño de un plan estratégico para salir de la crisis. Sino para hurgar en algún milagro que les permita continuar en el poder después de 2019.
 
La Opinión Popular

 Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle

POR DECRETO, EL EJECUTIVO ORDENÓ LA RESCISIÓN DE 6 MIL CONTRATOS EN EL ESTADO Y RECORTES SALARIALES
 
La tijera del ajuste corta por lo más delgado
 
El Gobierno congeló la planta de trabajadores del Estado hasta el 31 de diciembre de 2019, salvo para un puñado de organismos, y dejó sin efecto a partir del 1° de enero próximo todos los convenios de asistencia técnica firmados con universidades, lo que implica el despido de unos 6 mil empleados del sector público. También se recortan adicionales y bonificaciones que son parte central de los salarios más bajos del escalafón. Las medidas forman parte del plan acordado con el FMI y permitirían un ahorro de 20 mil millones de pesos por año.
 
Esa mejora de los ingresos fiscales está por debajo de la caída que se registró por la rebaja de retenciones a los grandes cultivos agropecuarios, que se sostuvieron a pesar de la suba del dólar y que benefició directamente a los exportadores. Es decir que el ajuste fiscal no es para todos. Además, el Ejecutivo definió una serie de medidas cosméticas en términos de ahorro fiscal, como la reducción de viajes en primera clase.
 
"Estamos trabajando para que la Argentina se transforme en un país sustentable. Al Estado lo pagamos entre todos. Con estas medidas damos de baja un gasto que es, en buena medida, improductivo", definió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a su dar de Modernización, Andrés Ibarra, en la conferencia de prensa que brindó hace poco más de un mes, con motivo de la presentación de este nuevo paso del ajuste fiscal.
 
El decreto 632, que confirma esas medidas, fue publicado ayer. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y movilización.
 
 El artículo 1 del decreto publicado ayer prohíbe que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional contraten personal ni efectúen designaciones hasta el 31 de diciembre de 2019, con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la AFIP, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
 
El congelamiento abarca a las designaciones a términos en planta transitoria, contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual, prestación de servicios profesionales autónomos según el Decreto 1109/2017 y contrataciones bajo cualquier otra modalidad.
 
 Al mismo tiempo, el Gobierno estableció que "los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica celebrados entre las entidades del Poder Ejecutivo Nacional y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019.
 
Asimismo, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto las partes individualizadas precedentemente no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales". Se estima que hay unos 6 mil contratos de asistencia técnica.
 
 "Una de las cosas que quedan en claro es que el ajuste corta por lo más delgado. Los trabajadores bajo el contrato de asistencia técnica son los más precarizados del Estado, realizan las mismas tareas que sus compañeros que cuentan con modalidades contractuales más estables pero no tienen derechos básicos como una indemnización, aguinaldo o antigüedad. En muchos casos, se trata de trabajadores que tienen muchos años en el Estado", indicó a este diario Luis Padín, abogado laboralista.
 
 Fuentes gremiales esperan que haya alguna reabsorción de contratos, según versiones que dejó circular el Gobierno, aunque también está muy claro que se viene otra ola de despidos. Entre las excepciones al congelamiento en el ingreso de personal se incluye la posibilidad de que "designaciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia de cambios del régimen de prestación de servicios aplicable al personal de una jurisdicción".
 
En la medida en que el contrato de asistencia técnica no se considera como "personal de la jurisdicción" porque el vínculo es a través de la Universidad, esa excepción no serviría como un canal de reabsorción. Sí funcionaría para otros miles de contratos que vencen regularmente.
 
A la vez, el decreto plantea un ajuste en los ingresos de los trabajadores estatales. El artículo 4 establece la revisión de los incentivos salariales vigentes y el 5 prohíbe la instrumentación de nuevos incentivos hasta el 31 de diciembre de 2019.
 
Una mirada alternativa al ajuste fiscal que se viene está dada por la versión que circula en la oficina de Presupuesto acerca de que se prevé que para el año que viene el gasto público sea igual al de 2018 en términos nominales.
 
Como una buena parte del gasto público está indexada o atada a la evolución del dólar (jubilaciones, asignación universal por hijo, intereses de la deuda y en parte subsidios) la porción no indexada debería bajar en términos nominales. En este último grupo aparece la obra pública y el empleo del Estado, además de las transferencias a las provincias.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuente: Página12
 

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20-07-2019 / 11:07
Mike Pompeo, representante de Donald Trump, está en la Argentina para consolidar el encolumnamiento incondicional de Macri y avalar la política del macrismo. El secretario de Estado tuvo un día agradable, porque según su cuenta de Twitter, estuvo "encantado de reunirme con el presidente Mauricio Macri". La satisfacción viene por el estrecho alineamiento de Argentina con la parte más agresiva de la política exterior yanqui.
 
La conferencia ministerial de Lucha Contra el Terrorismo le permitió saludar el regalito argentino de salirse del marco de las Naciones Unidas en cuánto a quién es un terrorista y quién no. Macri, por decreto y sin consultar al Congreso, creó un registro propio y lo estrenó poniendo a Hezbollah, el tipo de cosas que en Washington saludan como políticas de Estado.
 
La llegada del funcionario americano, que en términos reales es el segundo más poderoso en cualquier gobierno norteamericano, sella las nuevas relaciones carnales. Esto se venía preparando desde hace rato y tuvo un evento previo el mes pasado, cuando llegó el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de las fuerzas armadas de EE.UU.
 
La parte macrista, para variar, se pasó de olfa: los americanos anunciaron que la visita era para hablar de "nuestros intereses comunes y la cooperación mutua", mientras que la argentina explicó que era para hablar de "ciberdefensa, narcotráfico y crimen organizado". Faller, hablando ante cadetes de aquí, les explicó la nueva guerra fría al decirles que Rusia, China, Irán, Venezuela, Cuba y Nicaragua "no comparten los valores democráticos que tienen Washington y Buenos Aires".
 
No extraña este trumpismo explícito del macrismo, porque Pompeo está entre un puñado de funcionarios que le viene durando al pintoresco presidente, que te echa a la primera contradicción. Primero lo nombró en la CIA, momento en el que Pompeo tuvo que dar marcha atrás en una declaración que lo había hecho famoso cuando era diputado, que torturar prisioneros era correcto y necesario. Como juró que no iba a autorizar que se volviera a usar el submarino en los interrogatorios, logró algunos votos demócratas y fue confirmado.
 
En abril del año pasado reemplazó a Rex Tillerson como secretario de Estado. Tillerson, evidentemente, no se había mostrado como un completo alfil de Trump, y hacía cosas como no putear debidamente a la ONU. En el extraño universo de la derecha dura en Estados Unidos, las Naciones Unidas rankean con la masonería y los Sabios de Sión como una conspiración oscura.
 
Macri y su gobierno bailan al son de la música que toca la administración Trump. Estos actos del Gobierno tienen un inmediato efecto práctico: mayor sumisión a la política exterior del principal país imperialista y cumplir con todas la ocurrencias de su presidente.
 
La Opinión Popular

19-07-2019 / 10:07
El fifty-fifty (cincuenta y cincuenta), que impulsó el primer peronismo, significaba que la mitad del Producto Bruto Interno debe distribuirse para los trabajadores y la otra mitad para los empresarios, en un sistema de igualdad.
 
Desde la asunción de Mauricio Macri, se desplomó la participación de los trabajadores en el reparto del producto, una torta que de por sí se hizo más chica por la caída en la actividad económica. La remuneración al trabajo asalariado pasó de representar el 54,2% en el primer trimestre de 2016 al 48,3% en el mismo período de este año, casi seis puntos menos.
 
La fuerte pérdida de poder adquisitivo y la precarización del empleo fueron los principales factores. En simultáneo, se amplió cerca de cuatro puntos la porción que mordieron los empresarios desde el 35,3% hasta el 38,9%.
 
La "Cuenta de generación del ingreso" que publicó ayer el Indec mostró el fuerte deterioro en la distribución durante los últimos tres años. Un problema aún más preocupante si se considera que, en paralelo, la economía se contrajo alrededor de 2%.
 
De acuerdo al informe oficial, si se excluye al sector público, las participaciones relativas fueron del 39,7% para los asalariados y del 45,3% para los empresarios. El ingreso mixto bruto, donde se inscriben las actividades por cuenta propia, significó el 16%. Mientras que la categoría Otros impuestos netos de subsidios a la producción dieron un saldo negativo del 1,1%.
 
El grueso del empeoramiento del reparto de la torta se explicó por el impacto de la crisis de 2018, en la que el poder adquisitivo se hundió 12,1%. Así, entre los primeros trimestres de 2018 y 2019, la participación asalariada cayó tres puntos. Esta caída se explicó 0,81 punto por el sector público y 2,21 puntos por el sector privado.
 
Este cuadro echa por tierra el habitual reclamo empresario de reducción de costos laborales. Con salarios en picada, el empleo de calidad no deja de caer mes a mes desde el comienzo de la crisis y es solo compensado por la creación de puestos precarios.
 
Es que, desde un sector, principalmente el más concentrado de la economía y del capital, y desde el neoliberalismo ideológico macrista piensan que es posible tener un modelo económico injusto y desigual en el que el capital reciba casi toda la renta y los trabajadores una exigua parte.
 
La Opinión Popular

19-07-2019 / 10:07
En el Informe Final de la Comisión Bicameral que investigó el hundimiento del submarino ARA San Juan, se señaló que es "indudable la responsabilidad política del gobierno nacional, a través de su Ministerio de Defensa por esta tragedia que se cobró las vidas de 44 argentinos".
 
Además de centrar la responsabilidad en la cartera a cargo de Oscar Aguad, el titular del cuerpo legislativo, el senador José Antonio Ojeda, dijo que "también es indudable" que el presidente Mauricio Macri "tiene un grado de responsabilidad" por su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
 
En el documento se señalaron, además, las "responsabilidades palmarias" de los altos mandos de la Armada. El dictamen fue firmado por los 12 integrantes de la comisión, pero los legisladores macristas lo hicieron en disidencia, en todo lo relacionado con las responsabilidades políticas de las autoridades nacionales.
 
"El presidente de la Nación, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, exhibió un bajo nivel de involucramiento con todo lo relacionado a la tragedia. Sostuvo en el cargo al Ministro luego de los hechos y de su cuestionable desempeño. Las escasas oportunidades en las que apareció vinculado con la temática lo hizo en forma superficial, sin ejercer nunca su mando ni comando sobre la fuerza y muchas veces demostrando falta de empatía con los familiares de los tripulantes", sostiene el informe.
 
En el caso del ministro Aguad, se puso énfasis en "la falta de las diligencias adecuadas" porque el submarino "se encontraba realizando, según el Poder Ejecutivo Nacional, el mayor ejercicio naval de los últimos 30 años". Ante semejante acontecimiento, no se tuvo en cuenta que la nave tenía "más de 30 averías o fallas técnicas previas a la autorización de la misión encomendada".

El Gobierno mantuvo silencio ante el informe de la Bicameral. Distintos legisladores de Cambiemos salieron a responder a las acusaciones y negaron cualquier responsabilidad de los funcionarios macristas. La estrategia, como cuando ocurrió la desaparición, fue culpar a la cúpula de la Armada y los mandos medios, a quienes separaron ya de sus cargos.


Así, se determinó que Macri y Aguad son los responsables políticos del hundimiento del Ara San Juan. Se los acusó de no actuar a tiempo para evitar el naufragio. Aguad ignoró las inspecciones navales sobre el mal estado de la flota, que podrían haber hecho repensar la decisión de zarpar. Y Macri debió haber actuado ocurrida la tragedia. Prevén consecuencias penales para los mandos militares y juicios al Estado.

La Opinión Popular

18-07-2019 / 10:07
Mientras Mauricio Macri es uno de los protagonistas de la cumbre del Mercosur, que se realiza en Santa Fe, los representantes de los sectores industriales siguen desfilando por los despachos del Ministerio de Producción. Este jueves, por ejemplo, es el turno del rubro juguetero.
 
El objetivo de todos estos encuentros individuales entre funcionarios del área de Comercio Exterior, técnicos y algunos pocos integrantes de las cámaras sectoriales tienen un único fin: pasar en limpio los detalles de la letra chica del acuerdo firmado entre el Mercosur y la Unión Europea para cada rubro en particular y, sobre todo, llevarles tranquilidad.
 
En general, los representantes de todas las ramas de actividad ya conocían de antemano los lineamientos del tratado de libre comercio entre ambos bloques. Sin embargo, aunque parezca llamativo, aspectos puntuales pero decisivos para cada industria -como los niveles y los plazos de desgravación arancelaria exactos para cada producto- no se hicieron públicos tan al detalle.
 
En cada mano a mano, los empresarios también aprovecharon para conocer más a fondo otra letra chica que los inquieta: las reglas de origen. Esto es, qué porcentaje de los componentes de un producto final fabricado en el bloque europeo pueden provenir de terceros mercados, sin perder el beneficio del arancel 0% para entrar al Mercosur.
 
Es que uno de los mayores temores de los industriales es que Europa termine reexportando artículos con un alto contenido de insumos chinos pero con el sello de la UE.
 
"Fue exactamente como consultar al médico. Uno va con alguna expectativa pero también con algo de miedo, esperando en cualquier momento una mala noticia", se sinceró el gerente de una cámara que tuvo la oportunidad de dialogar con los responsables de la Secretaría de Comercio Exterior hace unos días.
 
El acuerdo no es bueno para las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque la Argentina acumula un serio problema de competitividad sistémica. No pueden pelear con una de las cargas impositivas más altas del mundo o una de las mayores tasas de financiamiento. Salir a firmar acuerdos de este nivel y teniendo tantas falencias en lo macro es poner en riesgo la industria nacional y el empleo.

18-07-2019 / 09:07
Si hay un grupo etario estigmatizado por el gobierno de Mauricio Macri, es el de los jóvenes de los barrios marginados. Un grupo social que es constantemente marcado negativamente, perseguido y encerrado por las fuerzas de seguridad, ente ellas, la propia Gendarmería Nacional.
 
La definición descalificadora es contundente: "Ni estudian, ni trabajan". Entonces, se vuelven "peligrosos". En ese marco, el Ministerio de Seguridad anunció la creación del Servicio Cívico Voluntario a cargo, nada más ni nada menos, que de la Gendarmería Nacional.
 
Patricia 'Chocobar' Bullrich anunció, mediante el Boletín Oficial, la creación del Servicio Cívico que pretende incorporar a los miles de jóvenes que no consiguen laburo ni logran sostener los estudios, para que junto a los gendarmes se disciplinen y obtengan 'valores ciudadanos'.
 
Bullrich subió la apuesta y dijo que la Gendarmería es la institución mejor considerada de la Argentina, "más que la educación pública, que la Iglesia y ni que hablar de la política". Fue su modo de vender marketineramente el proyecto.
 
El Gobierno de Macri lanzó el engendro en medio de una saga que podría titularse "Grandes pequeñas mentiras", como la serie que va por su segunda temporada. "En campaña hablemos de cualquier cosa menos de la desastrosa economía nacional", sería el lema.
 
La jugada fue percibida como tal por franjas del peronismo. Consultado el sindicalista Héctor Daer, uno de los dos secretarios generales de la Confederación General del Trabajo, dijo que "no hay que dejarse entretener por las discusiones que confunden, porque son provocaciones que tienen que ver con una estrategia proselitista".
 
Agregó Daer que la elección del 27 de octubre "no es sobre modales o simpatías" sino que "puede transformar a nuestra sociedad" y terminar de liquidar "un estándar de derechos" mientras "destruye a las organizaciones sindicales".
 
Parece que plata hay, pero no para educación, trabajo, vivienda, que resuelva la situación de pobreza del 50% de los niños y niñas, la desocupación del 25% en la juventud, el 60% que lo hace de manera precaria o el 75% de estudiantes universitarios que terminan abandonando la carrera. A ellos, Bullrich les responde con más guita para fortalecer a la Gendarmería y no para la educación.
 
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