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Nacionales - 11-07-2018 / 08:07

Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle

Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle
Congelamiento de planta, rescisión de convenios de asistencia técnica con universidades, y recorte de adicionales y bonificaciones a empleados del Estado conforman el brutal ajuste implementado por el decreto 632. La excusa es la de siempre, la reducción del déficit que reclama el FMI. Vaya paradoja: el mismo Gobierno que aumenta el gasto con deuda e incentivando la bicicleta financiera que fuga dólares, pretende bajarlo cortando el hilo por lo más delgado, el de los trabajadores.
El ajuste de Mauricio Macri se siente como una puñalada trapera. Y resulta interminable. Más aún si se lo compara con las profecías de un Gobierno que en campaña prometió cambios a grandes sectores de la ciudadanía. Traicionando el voto, ayer el presidente Macri publicó en el Boletín Oficial el decreto 632/18 que, bajo el eufemismo de "control de gastos" del Estado, desde el primer día de 2019 dejará en la calle a unos 6.000 empleados públicos con contratos "precarios".
 
Congelamiento de planta, rescisión de convenios de asistencia técnica con universidades, y recorte de adicionales y bonificaciones a empleados del Estado conforman el brutal ajuste implementado por el decreto 632. La excusa es la de siempre, la reducción del déficit que reclama el FMI. El mismo Gobierno que aumenta el gasto con deuda e incentivando la bicicleta financiera que fuga dólares, pretende bajarlo cortando el hilo por lo más delgado, el de los trabajadores.
 
Es apenas un capítulo del ajuste. La amenaza de la espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de quienes no estén nombrados en planta permanente. Es el comienzo del "ahorro" que, por vía de la exclusión, pretende el Gobierno de los CEOs: unos $20.000 millones por año y, tras la cifra fría, las realidades de más de 30.000 personas que serán despedidas en el mismo lapso.
 
Es el síntoma de una crisis que avanza como una bola de nieve, desde la Nación hasta las provincias y municipios: bajo la forma de una "invitación", en el artículo 13 del decreto el Ejecutivo encomienda al resto de los poderes y jurisdicciones "a adoptar medidas similares".
 
Para decirlo claro: en esta Argentina que camina hacia la tercera estanflación de la era Macri, donde el Estado no da oportunidades, sino que las cercena; en momentos en que las Pymes viven entre la agonía y la muerte, resoluciones como las de ayer condenan a miles de ciudadanos de a pie a caminar entre la miseria y la incertidumbre.
 
Lo peor es la incertidumbre. Para los echados, por quedar a la intemperie con el temor de no poder volver. Para los que todavía conservan el trabajo, con el miedo latente a convertirse mañana en esos que el 1º de enero de 2019 quedarán fuera del sistema.
 
Con tristeza asistimos otra vez a la farsa de un Gobierno para los Ricos que llegó al poder con el aura de la transparencia y en cuanto pudo convirtió al Estado en botín de empresarios, amigos y familiares. Y la inmoralidad de un Presidente que prometió pobreza 0, inflación de un dígito, mientras la devaluación hunde a los pobres y empuja a sectores medios a la pobreza. 

Un último dato es más perverso: luego de haber anunciado el tendal de despidos, funcionarios conservadores y aliados radicales se reunieron de urgencia en la Casa Rosada. No para discutir el futuro del país, la dignidad del pueblo, el diseño de un plan estratégico para salir de la crisis. Sino para hurgar en algún milagro que les permita continuar en el poder después de 2019.
 
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 Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle

POR DECRETO, EL EJECUTIVO ORDENÓ LA RESCISIÓN DE 6 MIL CONTRATOS EN EL ESTADO Y RECORTES SALARIALES
 
La tijera del ajuste corta por lo más delgado
 
El Gobierno congeló la planta de trabajadores del Estado hasta el 31 de diciembre de 2019, salvo para un puñado de organismos, y dejó sin efecto a partir del 1° de enero próximo todos los convenios de asistencia técnica firmados con universidades, lo que implica el despido de unos 6 mil empleados del sector público. También se recortan adicionales y bonificaciones que son parte central de los salarios más bajos del escalafón. Las medidas forman parte del plan acordado con el FMI y permitirían un ahorro de 20 mil millones de pesos por año.
 
Esa mejora de los ingresos fiscales está por debajo de la caída que se registró por la rebaja de retenciones a los grandes cultivos agropecuarios, que se sostuvieron a pesar de la suba del dólar y que benefició directamente a los exportadores. Es decir que el ajuste fiscal no es para todos. Además, el Ejecutivo definió una serie de medidas cosméticas en términos de ahorro fiscal, como la reducción de viajes en primera clase.
 
"Estamos trabajando para que la Argentina se transforme en un país sustentable. Al Estado lo pagamos entre todos. Con estas medidas damos de baja un gasto que es, en buena medida, improductivo", definió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a su dar de Modernización, Andrés Ibarra, en la conferencia de prensa que brindó hace poco más de un mes, con motivo de la presentación de este nuevo paso del ajuste fiscal.
 
El decreto 632, que confirma esas medidas, fue publicado ayer. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y movilización.
 
 El artículo 1 del decreto publicado ayer prohíbe que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional contraten personal ni efectúen designaciones hasta el 31 de diciembre de 2019, con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la AFIP, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
 
El congelamiento abarca a las designaciones a términos en planta transitoria, contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual, prestación de servicios profesionales autónomos según el Decreto 1109/2017 y contrataciones bajo cualquier otra modalidad.
 
 Al mismo tiempo, el Gobierno estableció que "los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica celebrados entre las entidades del Poder Ejecutivo Nacional y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019.
 
Asimismo, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto las partes individualizadas precedentemente no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales". Se estima que hay unos 6 mil contratos de asistencia técnica.
 
 "Una de las cosas que quedan en claro es que el ajuste corta por lo más delgado. Los trabajadores bajo el contrato de asistencia técnica son los más precarizados del Estado, realizan las mismas tareas que sus compañeros que cuentan con modalidades contractuales más estables pero no tienen derechos básicos como una indemnización, aguinaldo o antigüedad. En muchos casos, se trata de trabajadores que tienen muchos años en el Estado", indicó a este diario Luis Padín, abogado laboralista.
 
 Fuentes gremiales esperan que haya alguna reabsorción de contratos, según versiones que dejó circular el Gobierno, aunque también está muy claro que se viene otra ola de despidos. Entre las excepciones al congelamiento en el ingreso de personal se incluye la posibilidad de que "designaciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia de cambios del régimen de prestación de servicios aplicable al personal de una jurisdicción".
 
En la medida en que el contrato de asistencia técnica no se considera como "personal de la jurisdicción" porque el vínculo es a través de la Universidad, esa excepción no serviría como un canal de reabsorción. Sí funcionaría para otros miles de contratos que vencen regularmente.
 
A la vez, el decreto plantea un ajuste en los ingresos de los trabajadores estatales. El artículo 4 establece la revisión de los incentivos salariales vigentes y el 5 prohíbe la instrumentación de nuevos incentivos hasta el 31 de diciembre de 2019.
 
Una mirada alternativa al ajuste fiscal que se viene está dada por la versión que circula en la oficina de Presupuesto acerca de que se prevé que para el año que viene el gasto público sea igual al de 2018 en términos nominales.
 
Como una buena parte del gasto público está indexada o atada a la evolución del dólar (jubilaciones, asignación universal por hijo, intereses de la deuda y en parte subsidios) la porción no indexada debería bajar en términos nominales. En este último grupo aparece la obra pública y el empleo del Estado, además de las transferencias a las provincias.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuente: Página12
 

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20-03-2019 / 09:03
Antes de llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri usaba la inflación como caballito de batalla para denostar al gobierno. Según el líder del PRO, había impericia en esos tiempos y el asunto era más sencillo de lo que parecía.
 
"Me cuesta creer que ustedes piensen que la inflación puede ser un tema de agenda en mi futuro gobierno. Cuando yo veo que el 99 por ciento de los países del mundo tienen inflaciones de un dígito, de un dígito pequeño... si nosotros no entramos en ese grupo de países, vayámonos a la casa", afirmaba.
 
No obstante, los números de febrero siguen siendo muy malos para la desastrosa política económica del gobierno de Macri. Y en la inflación observada para marzo no se esperan mejoras.
 
El instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), informó este martes que la inflación mayorista de febrero fue del 3,4 por ciento, alcanzando un incremento interanual del 64 por ciento.
 
Desde enero de 2018, las subas en los costos mayoristas de los productos fueron del 80,4 por ciento. Por otro lado, el organismo informó que el costo de la construcción se incrementó 1,4 por ciento en febrero, lo que hace un total del 43,9 por ciento, en relación al mismo mes del año pasado.
 
En lo que va del 2019, durante el primer bimestre los precios mayoristas tuvieron un alza del 4 por ciento, mientras que la construcción tuvo un aumento del índice del 2,5 por ciento.
 
En febrero volvieron a dominar los precios minoristas pero en la interanual los mayoristas siguen muy por encima y las empresas buscan recomponer. A eso hay que sumarle las tandas de tarifazos que faltan. Y lo que ocurra con el dólar.
 
La dinámica alcista esperada por los economistas y por la población en general muestra las dificultades del Gobierno para dominar en ese campo. "La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema", fruteaba  en otros tiempos el Presidente.
 
La Opinión Popular

20-03-2019 / 09:03
En una insólita intromisión en la función de la Justicia, que atenta contra la republicana división de poderes, Mauricio Macri pidió que destituyan al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje ilegal que salpica a sectores de la política, la justicia y la AFI.
 
En medio de la avanzada para destituirlo, la Corte Suprema de Justicia envió este martes una fuerte señal de apoyo al juez Ramos Padilla, quien sigue una pista de espionaje ilegal, extorsiones y coacciones que involucra al fiscal ultra macrista Carlos Stornelli e incluye a figuras de la alianza Cambiemos como Elisa Carrió y Gustavo Arribas.
 
Si se continúa con la investigación, que tiene como principal imputado al falso abogado Marcelo D'Alessio, es probable que salga a la luz la podredumbre que hay en los servicios de informaciones del Estado. Entre ellos surgiría que espían hasta los propios integrantes de Cambiemos. Entre los que estaría María Eugenia Vidal.
 
En un fuerte mensaje político destinado principalmente al Gobierno de Macri, los integrantes del máximo tribunal aprobaron por unanimidad otorgarle a Ramos Padilla los recursos que había solicitado para llevar adelante la investigación que sacude al mundo político y judicial.
 
El gesto a favor de Ramos Padilla fue impulsado por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, que vienen actuando en bloque y provocando dolores de cabeza a Macri y al titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, ex abogado de Clarín. Sin chances de bloquear la jugada, a Rosenkrantz y Elena Higton de Nolasco no les quedó alternativa que sumar su voto a la acordada.
 
Durante su explosiva exposición en el Congreso, Ramos Padilla había denunciado la falta de recursos para profundizar la investigación y también las trabas que le pone el Gobierno de Macri, como negarle a través del Servicio Penitenciario el traslado de los detenidos para que declaren.
 
El otorgamiento de recursos (algo que es muy importante para cualquier magistrado) por parte de la Corte a Ramos Padilla se da en un momento de feroz presión por parte de la Casa Rosada, que este lunes presentó en el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político en su contra. Se trata de un espaldarazo muy fuerte a una investigación que salpica a parte de la justicia federal.
 
Es, además, un fuerte revés para el Gobierno nacional que casi en soledad empuja para correr a Ramos Padilla de la causa y evitar que se destape la existencia de la red de espionaje ilegal que salpica a la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia. La jugada revela también que Macri perdió absolutamente la influencia sobre la Corte y demuestra nuevamente el fracaso de la jugada para controlarla, promoviendo a Rosenkrantz y desplazando a Lorenzetti.
 
La Opinión Popular

19-03-2019 / 09:03
La única esperanza para las elecciones que le quedó al Gobierno de Mauricio Macri es el FMI. Ante la profundidad de la crisis desatada por sus políticas de ajuste, el Fondo le autorizó a subir la ayuda social un 0,1 del PBI, unos 20.000 millones de pesos. A cambio, exigió más ajuste al gasto gubernamental para que no se escape el déficit.
 
El FMI volvió a celebrar el ajuste que está haciendo el gobierno de Macri. Como regalo a ese cumplido, pidió más. Ambas cosas lo hizo a través del informe final que presentaron sus técnicos después de la visita al país. El encargado de la misión fue Roberto Cardarelli.
 
Además ratificaron que son parte relevante como financistas de la campaña electoral de la alianza antiperonista Cambiemos, al ratificar que en pocas semanas enviará 10.900 millones de dólares como parte del paquete global de casi 57 millones de dólares.
 
Además, para estos meses de castigo a los bolsillos de los trabajadores y jubilados, por una inflación por encima del 50 por ciento anual, el FMI autorizó ampliar en 20 mil millones de pesos la asistencia social. El FMI no confía en la tesis del gobierno sobre que "la crisis ya tocó fondo".
 
Cardarelli transmitió un fuerte entusiasmo por las políticas de recorte fiscal y monetario que vienen implementando el Gobierno. Estas no son más que felicitaciones formales por seguir a rajatabla las indicaciones del organismo, continuación de más exigencias y condicionalidades. En particular, la advertencia de que deberá acelerar el ajuste del gasto público para cumplir con las expectativas del Fondo.
 
El FMI se mantiene firme con la lógica del déficit cero para este año. En el comunicado oficial afirmaron que: "Las autoridades han cumplido con su objetivo de déficit primario de 2018. Lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá una mayor restricción en el gasto gubernamental".
 
El Fondo no se cansa de recomendar ajuste y asegura que la única solución para la Argentina es mantener los recortes fiscales y monetarios. Y recuerda que las riendas de la política económica en el país están en manos del organismo.
 
"La continua implementación del plan de estabilización del Gobierno sigue siendo esencial para consolidar el retorno de la Argentina a la estabilidad macroeconómica, a la reducción de la inflación y para sentar las bases de un crecimiento sólido, equitativo y sostenible", planteó.
 
Agregó además que será necesario un nuevo impulso de reformas del lado de la oferta para consolidar los "logros" ya alcanzados por el gobierno y garantizar las nefastas reformas laborales y provisionales. El FMI asegura que permiten subir la productividad de la economía. Los antecedentes reales muestran lo contrario. En tanto, los sectores populares son convidados de piedra.
 
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19-03-2019 / 08:03
En un grave hecho de intromisión en la Justicia, el gobierno de Mauricio Macri concretó el pedido de juicio político al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre la base que habló en el Congreso nacional. Cometió el pecado de investigar a quienes ahora están en el poder. Curiosamente, mientras el oficialismo lo acusa, también lo está citando a la comisión bicameral de Inteligencia.
 
Ramos Padilla denunció en el Congreso la existencia de una red de inteligencia paralela, que quedó al descubierto con la detención del falso abogado Marcelo D´Alessio. Por esa acción, el Gobierno de Macri lo puso en la mira y lo denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.
 
En su paso por el Congreso, Ramos Padilla mencionó a la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y a la legisladora porteña Paula Oliveto -una de sus principales denunciadoras-, como parte de los contactos de D´Alessio con la política. Ambas recibieron información de escuchas sobre los presos K en Ezeiza que anticipaban una maniobra contra el fiscal Carlos Stornelli.
 
Esa jugada se concretó, pero todavía no quedó claro si las escuchas fueron legales. La interceptación de los llamados no fue requerida a la oficina de escuchas que ahora funciona bajo la jurisdicción directa de la Corte Suprema de Justicia. Las miradas se dirigen a los organismos de inteligencia oficiales.
 
El caso de Padilla es el último de una lista en los que se observa con nitidez la manipulación de Macri en la Justicia. Acusan al magistrado de haberse prestado a los intereses K -que busca desacreditar la causa de los cuadernos y en especial a Stornelli-, que se manifiesta la reacción destemplada del Presidente al ordenar la remoción de un juez que llevó malas noticias para el Gobierno y sus aliados.
 
Posiblemente, el Consejo de la Magistratura no reunirá la mayoría especial necesaria para destituirlo por mal desempeño. Aunque para que avance un jury por mal desempeño, hacen falta causales más concretas que la supuesta motivación política.
 
En ese organismo encargado de seleccionar, controlar y remover a los jueces se registra actualmente un juego de oficialistas (7 integrantes) y opositores (6), que no le permite a los primeros formar las mayorías especiales (9) necesarias para destituir a un juez, salvo que cuenten con el apoyo de al menos dos opositores.
 
"No hay ninguna chance de que eso pase", anticipó en reserva un integrante del Consejo de la Magistratura. En ese cuerpo, como así también en la Corte Suprema, existe un clima poco favorable al Gobierno, en el sentido de que tanto los supremos como los consejeros no están dispuestos a seguir a pies juntillas lo que se decida en la Casa Rosada. Poro, es un drama que voces muy destacadas de la Justicia mantengan un silencio que aturde ante la desmesura del Presidente.
 
La Opinión Popular

18-03-2019 / 12:03
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