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Nacionales - 11-07-2018 / 08:07

Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle

Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle
Congelamiento de planta, rescisión de convenios de asistencia técnica con universidades, y recorte de adicionales y bonificaciones a empleados del Estado conforman el brutal ajuste implementado por el decreto 632. La excusa es la de siempre, la reducción del déficit que reclama el FMI. Vaya paradoja: el mismo Gobierno que aumenta el gasto con deuda e incentivando la bicicleta financiera que fuga dólares, pretende bajarlo cortando el hilo por lo más delgado, el de los trabajadores.
El ajuste de Mauricio Macri se siente como una puñalada trapera. Y resulta interminable. Más aún si se lo compara con las profecías de un Gobierno que en campaña prometió cambios a grandes sectores de la ciudadanía. Traicionando el voto, ayer el presidente Macri publicó en el Boletín Oficial el decreto 632/18 que, bajo el eufemismo de "control de gastos" del Estado, desde el primer día de 2019 dejará en la calle a unos 6.000 empleados públicos con contratos "precarios".
 
Congelamiento de planta, rescisión de convenios de asistencia técnica con universidades, y recorte de adicionales y bonificaciones a empleados del Estado conforman el brutal ajuste implementado por el decreto 632. La excusa es la de siempre, la reducción del déficit que reclama el FMI. El mismo Gobierno que aumenta el gasto con deuda e incentivando la bicicleta financiera que fuga dólares, pretende bajarlo cortando el hilo por lo más delgado, el de los trabajadores.
 
Es apenas un capítulo del ajuste. La amenaza de la espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de quienes no estén nombrados en planta permanente. Es el comienzo del "ahorro" que, por vía de la exclusión, pretende el Gobierno de los CEOs: unos $20.000 millones por año y, tras la cifra fría, las realidades de más de 30.000 personas que serán despedidas en el mismo lapso.
 
Es el síntoma de una crisis que avanza como una bola de nieve, desde la Nación hasta las provincias y municipios: bajo la forma de una "invitación", en el artículo 13 del decreto el Ejecutivo encomienda al resto de los poderes y jurisdicciones "a adoptar medidas similares".
 
Para decirlo claro: en esta Argentina que camina hacia la tercera estanflación de la era Macri, donde el Estado no da oportunidades, sino que las cercena; en momentos en que las Pymes viven entre la agonía y la muerte, resoluciones como las de ayer condenan a miles de ciudadanos de a pie a caminar entre la miseria y la incertidumbre.
 
Lo peor es la incertidumbre. Para los echados, por quedar a la intemperie con el temor de no poder volver. Para los que todavía conservan el trabajo, con el miedo latente a convertirse mañana en esos que el 1º de enero de 2019 quedarán fuera del sistema.
 
Con tristeza asistimos otra vez a la farsa de un Gobierno para los Ricos que llegó al poder con el aura de la transparencia y en cuanto pudo convirtió al Estado en botín de empresarios, amigos y familiares. Y la inmoralidad de un Presidente que prometió pobreza 0, inflación de un dígito, mientras la devaluación hunde a los pobres y empuja a sectores medios a la pobreza. 

Un último dato es más perverso: luego de haber anunciado el tendal de despidos, funcionarios conservadores y aliados radicales se reunieron de urgencia en la Casa Rosada. No para discutir el futuro del país, la dignidad del pueblo, el diseño de un plan estratégico para salir de la crisis. Sino para hurgar en algún milagro que les permita continuar en el poder después de 2019.
 
La Opinión Popular

 Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle

POR DECRETO, EL EJECUTIVO ORDENÓ LA RESCISIÓN DE 6 MIL CONTRATOS EN EL ESTADO Y RECORTES SALARIALES
 
La tijera del ajuste corta por lo más delgado
 
El Gobierno congeló la planta de trabajadores del Estado hasta el 31 de diciembre de 2019, salvo para un puñado de organismos, y dejó sin efecto a partir del 1° de enero próximo todos los convenios de asistencia técnica firmados con universidades, lo que implica el despido de unos 6 mil empleados del sector público. También se recortan adicionales y bonificaciones que son parte central de los salarios más bajos del escalafón. Las medidas forman parte del plan acordado con el FMI y permitirían un ahorro de 20 mil millones de pesos por año.
 
Esa mejora de los ingresos fiscales está por debajo de la caída que se registró por la rebaja de retenciones a los grandes cultivos agropecuarios, que se sostuvieron a pesar de la suba del dólar y que benefició directamente a los exportadores. Es decir que el ajuste fiscal no es para todos. Además, el Ejecutivo definió una serie de medidas cosméticas en términos de ahorro fiscal, como la reducción de viajes en primera clase.
 
"Estamos trabajando para que la Argentina se transforme en un país sustentable. Al Estado lo pagamos entre todos. Con estas medidas damos de baja un gasto que es, en buena medida, improductivo", definió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a su dar de Modernización, Andrés Ibarra, en la conferencia de prensa que brindó hace poco más de un mes, con motivo de la presentación de este nuevo paso del ajuste fiscal.
 
El decreto 632, que confirma esas medidas, fue publicado ayer. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y movilización.
 
 El artículo 1 del decreto publicado ayer prohíbe que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional contraten personal ni efectúen designaciones hasta el 31 de diciembre de 2019, con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la AFIP, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
 
El congelamiento abarca a las designaciones a términos en planta transitoria, contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual, prestación de servicios profesionales autónomos según el Decreto 1109/2017 y contrataciones bajo cualquier otra modalidad.
 
 Al mismo tiempo, el Gobierno estableció que "los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica celebrados entre las entidades del Poder Ejecutivo Nacional y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019.
 
Asimismo, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto las partes individualizadas precedentemente no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales". Se estima que hay unos 6 mil contratos de asistencia técnica.
 
 "Una de las cosas que quedan en claro es que el ajuste corta por lo más delgado. Los trabajadores bajo el contrato de asistencia técnica son los más precarizados del Estado, realizan las mismas tareas que sus compañeros que cuentan con modalidades contractuales más estables pero no tienen derechos básicos como una indemnización, aguinaldo o antigüedad. En muchos casos, se trata de trabajadores que tienen muchos años en el Estado", indicó a este diario Luis Padín, abogado laboralista.
 
 Fuentes gremiales esperan que haya alguna reabsorción de contratos, según versiones que dejó circular el Gobierno, aunque también está muy claro que se viene otra ola de despidos. Entre las excepciones al congelamiento en el ingreso de personal se incluye la posibilidad de que "designaciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia de cambios del régimen de prestación de servicios aplicable al personal de una jurisdicción".
 
En la medida en que el contrato de asistencia técnica no se considera como "personal de la jurisdicción" porque el vínculo es a través de la Universidad, esa excepción no serviría como un canal de reabsorción. Sí funcionaría para otros miles de contratos que vencen regularmente.
 
A la vez, el decreto plantea un ajuste en los ingresos de los trabajadores estatales. El artículo 4 establece la revisión de los incentivos salariales vigentes y el 5 prohíbe la instrumentación de nuevos incentivos hasta el 31 de diciembre de 2019.
 
Una mirada alternativa al ajuste fiscal que se viene está dada por la versión que circula en la oficina de Presupuesto acerca de que se prevé que para el año que viene el gasto público sea igual al de 2018 en términos nominales.
 
Como una buena parte del gasto público está indexada o atada a la evolución del dólar (jubilaciones, asignación universal por hijo, intereses de la deuda y en parte subsidios) la porción no indexada debería bajar en términos nominales. En este último grupo aparece la obra pública y el empleo del Estado, además de las transferencias a las provincias.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuente: Página12
 

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22-01-2019 / 10:01
La fuga de capitales volvió a dar malas noticias en diciembre y rebotó tras un noviembre en el que había caído con fuerza. Si bien siguió en niveles relativamente bajos, en comparación con la dinámica que había tomado durante la crisis cambiaria, se duplicó en un mes estacionalmente complicado y fue de u$s862 millones.
 
Con todo, el año pasado fue récord de fuga y llegó a $27.230 millones, casi la misma cantidad que ingresó de la mano de los desembolsos del FMI. El trienio Cambiemos totalizó 59.329 millones de dólares. La expectativa es que en 2019, por ser un año electoral bastante cargado de incertidumbres, continúe la aceleración registrada en diciembre.
 
El gobierno de Mauricio Macri emitió deuda por 60.464 millones de dólares. Eso sin contar Letes por 13.724 millones de dólares y el préstamo del FMI por 56.300 millones de dólares.
 
Los dólares no fueron destinados a infraestructura o industrialización sino para cubrir la fuga de capitales que, durante la gestión Macri, alcanza los 59.329 millones de dólares y un déficit comercial acumulado del orden de los 12.420 millones de dólares, estimulados ambos por las políticas neoliberales de apertura comercial y financiera de Cambiemos.
 
La deuda contraída es uno de los grandes motores de la crisis porque hoy depende exclusivamente de la gerencia del FMI y de Donald Trump. El día en que ese apoyo externo se resquebraje o termine, como en algún momento podría ocurrir, el país estará sometido a dificultades de gran magnitud.
 
La Opinión Popular

22-01-2019 / 09:01
La campaña electoral de la alianza Cambiemos pasó del eje de la seguridad a otro de sus preferidos: la corrupción K. El presidente Mauricio Macri anunció que, mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), habilitará a extinguir la propiedad sobre los bienes de personas que todavía no hayan sido condenadas penalmente. Sostuvo que lo saca por decreto porque el Congreso tardó mucho en discutir los proyectos que enviaron.
 
Es un acto de campaña que deja en claro que las medidas de Gobierno de este año buscarán cualquier línea que aleje la discusión del desastre de la economía. En este caso, volvió a sacar de la galera el proyecto de extinción de dominio, que había enviado al Congreso. El proyecto original había sido escrito por Sergio Massa y había tenido media sanción en Diputados en 2016.
 
En el Senado, luego de un fuerte rechazo en comisión por parte de distintos especialistas, el proyecto fue modificado y volvió a Diputados. El oficialismo quería insistir con la redacción original. Ayer el Presidente justificó la necesidad y la urgencia a partir de no poder esperar los tiempos legislativos.
 
¿Qué significa esta norma? Básicamente que el que Estado puede pedir al Poder Judicial que determinados bienes sean incautados por el solo hecho de estar vinculados a un delito y sin necesidad de condena penal. Este decreto es abiertamente inconstitucional. Los temas penales no pueden ser legislados en un DNU, deben ser aprobados en el Congreso.
 
Las críticas contra la norma apuntan en varias direcciones. La más importante es que termina negando el principio de inocencia que rige el funcionamiento de la Justicia. Al posibilitar que incautación de bienes sean sin condena penal, avala la posibilidad de que el Estado pueda avanzar contra quienes no han sido declarados culpables.
 
Es decir, la normativa la otorga un poder discrecional enorme al Gobierno, al permitirle accionar contra bienes que considera parte de una "actividad ilícita", sobre todo de opositores políticos.
 
Precisamente una segunda crítica recae sobre la definición de "actividades ilícitas", un concepto tan amplio como vago, difícil de determinar. Por esa característica es pasible de ser también usado de manera arbitraria.
 
La norma demagócica que el Gobierno impulsará está lejos de atacar la corrupción estructural que anida en la estrecha relación entre el poder político -más allá del signo político del partido gobernante- y los grandes empresarios. Una corrupción estructural que Cambiemos no quiere y no puede tocar.
 
La Opinión Popular

21-01-2019 / 17:01
21-01-2019 / 09:01
"Voy a ser candidato a presidente y quiero ser el presidente de la Argentina del crecimiento para salir de este fracaso", señaló Sergio Massa, líder del Frente Renovador y ahora precandidato de Alternativa Federal, ante las voces que impulsan la postulación del ex ministro de Economía Roberto Lavagna como candidato de un armado peronista sin el cristinismo.
 
"De ninguna manera voy a ser candidato a gobernador", afirmó el ex intendente de Tigre y así descartó bajar su precandidatura que por ahora disputaría con el senador del PJ Miguel Ángel Pichetto y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
 
Con el año electoral ya corriendo a los candidatos y al propio gobierno, Massa apuntó que "el próximo presidente, y sin dudas yo lo tengo claro e impregnado en la piel, después de recorrer parte del país con el auto y tomar contacto con la gente, va a tener que llamar a un gran acuerdo por la unidad".
 
Alternativa Federal nació una vez que el camino de unidad encarado por el peronismo comenzó a concretarse y los dirigentes de Alternativa Federal tomaron la vía de diferenciarse confrontando con el cristinismo.
 
Integrado por gobernadores justicialistas, descartan a la ex presidenta Cristina Fernández como candidata, se declaman como un agrupamiento "superador" de la disyuntiva macrismo- cristinismo. Los dirigentes promueven que las candidaturas se resuelvan a través de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.
 
"Cuando vos mirás las serie histórica de la Argentina y... ¿viste que se habla mucho de los últimos 50 años? Roberto (Lavagna), Martín Redrado, José Ignacio de Mendiguren, Aldo Pignanelli, y yo mismo en ese momento desde la seguridad social, pusimos una serie histórica, que cruzó dos gobiernos, el de (Eduardo) Duhalde y el de la primera etapa del de (Néstor) Kirchner", señaló Massa sobre algunos de los funcionarios que pasaron o forman parte del Frente Renovador (FR).
 
"Con Lavagna vamos a ser parte de la solución a los problemas de la Argentina", agregó, buscando mostrar cercanía con el economista. El líder del FR insistió en mostrar su buena relación con Lavagna, con quien dijo reunirse cada quince días, y de quien dijo que es "el faro más importante que tienen aquellos que creen en la Argentina del desarrollo y el crecimiento".
 
La Opinión Popular

20-01-2019 / 09:01
Chico conoce chica, la comedia de Hollywood le saca el jugo. Presidente conoce presidente, las Cancillerías y los medios afines abusan del paralelismo: hablan de "química", "empatía", "onda" y otras simplezas. Como en las comedias o en la vida real el primer encuentro puede influir, pero la larga convivencia siempre es crucial.
 
El presidente brasileño, Jair Messias Bolsonaro, recibió a su colega argentino Mauricio Macri en Brasilia. Dos desaires anteriores (ahora dicen) quedaron atrás: Bolsonaro no vino para el G-20, Macri veraneaba cuando asumió su par. Sobreactuaron amistad aunque a Macri (cultor de la doctrina Chocobar) sus asesores le aconsejan no fotografiarse "disparando" con las manos.
 
Objetivamente tienen un destino común, una frontera gigantesca, un intercambio comercial único. Ningún país es soberano del todo, en la aldea global. Pero hay mandatarios o visiones ideológicas que se empeñan en ampliar los márgenes nacionales de decisión. Otros prefieren el alineamiento con los países hegemónicos aunque jamás hablen de dependencia.
 
A los contertulios de Brasilia no los unen el amor ni el espanto, sí intereses  y la subordinación al Departamento de Estado.
 
Como Aníbal Troilo, Estados Unidos nunca se fue de este Sur, pero su política exterior posterior al atentado a las Torres Gemelas permitió un resuello. Coincidió con la llegada de experiencias populares variadas, más o menos radicales pero muchas antagónicas con la herencia neoconservadora de los '90.
 
Prevalecieron la paz y la no intervención en otros Estados, por un lapso prolongado y con una intensidad tal vez sin precedentes. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) medió exitosamente para frenar sangrientos intentos golpistas contra el presidente boliviano, Evo Morales, y contra el ecuatoriano Rafael Correa que incluso fue secuestrado por fuerzas de seguridad.
 
Las coincidencias políticas gravitaban pero todos los gobiernos cooperaban en un organismo flamante, de nimia institucionalidad cuyas resoluciones exigen unanimidad de los presidentes. O, cuanto menos, inexistencia de vetos así fuera de uno solo.
 
Diplomacia presidencial al rojo vivo que eleva el protagonismo de los mandatarios y confina a las Cancillerías. Néstor Kirchner fue electo presidente del organismo con la anuencia de todos sus integrantes: una sola bolilla negra bastaba para dejarlo afuera.
 
Las derechas autóctonas, con la cooperación recurrente de "la Embajada" de EE.UU. le coparon la parada a Unasur. Cambiaron la correlación de fuerzas mediante golpes de Estado atípicos, novedosos: en Paraguay, Honduras, Brasil y ahora van por Venezuela. Macri y Bolsonaro 2019 se contraponen a Lula da Silva-Néstor Kirchner en 2003. Pasaron cosas, caramba. 

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