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“Tenemos inflación, recesión, desempleo, endeudamiento y riesgo de default. Todo gracias a Macri, que en vez de resolver los problemas de la década K, los potenció. Y encima debemos bancarnos al FMI”. Alberto Fernández
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Nacionales - 11-07-2018 / 08:07

Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle

Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle
Congelamiento de planta, rescisión de convenios de asistencia técnica con universidades, y recorte de adicionales y bonificaciones a empleados del Estado conforman el brutal ajuste implementado por el decreto 632. La excusa es la de siempre, la reducción del déficit que reclama el FMI. Vaya paradoja: el mismo Gobierno que aumenta el gasto con deuda e incentivando la bicicleta financiera que fuga dólares, pretende bajarlo cortando el hilo por lo más delgado, el de los trabajadores.
El ajuste de Mauricio Macri se siente como una puñalada trapera. Y resulta interminable. Más aún si se lo compara con las profecías de un Gobierno que en campaña prometió cambios a grandes sectores de la ciudadanía. Traicionando el voto, ayer el presidente Macri publicó en el Boletín Oficial el decreto 632/18 que, bajo el eufemismo de "control de gastos" del Estado, desde el primer día de 2019 dejará en la calle a unos 6.000 empleados públicos con contratos "precarios".
 
Congelamiento de planta, rescisión de convenios de asistencia técnica con universidades, y recorte de adicionales y bonificaciones a empleados del Estado conforman el brutal ajuste implementado por el decreto 632. La excusa es la de siempre, la reducción del déficit que reclama el FMI. El mismo Gobierno que aumenta el gasto con deuda e incentivando la bicicleta financiera que fuga dólares, pretende bajarlo cortando el hilo por lo más delgado, el de los trabajadores.
 
Es apenas un capítulo del ajuste. La amenaza de la espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de quienes no estén nombrados en planta permanente. Es el comienzo del "ahorro" que, por vía de la exclusión, pretende el Gobierno de los CEOs: unos $20.000 millones por año y, tras la cifra fría, las realidades de más de 30.000 personas que serán despedidas en el mismo lapso.
 
Es el síntoma de una crisis que avanza como una bola de nieve, desde la Nación hasta las provincias y municipios: bajo la forma de una "invitación", en el artículo 13 del decreto el Ejecutivo encomienda al resto de los poderes y jurisdicciones "a adoptar medidas similares".
 
Para decirlo claro: en esta Argentina que camina hacia la tercera estanflación de la era Macri, donde el Estado no da oportunidades, sino que las cercena; en momentos en que las Pymes viven entre la agonía y la muerte, resoluciones como las de ayer condenan a miles de ciudadanos de a pie a caminar entre la miseria y la incertidumbre.
 
Lo peor es la incertidumbre. Para los echados, por quedar a la intemperie con el temor de no poder volver. Para los que todavía conservan el trabajo, con el miedo latente a convertirse mañana en esos que el 1º de enero de 2019 quedarán fuera del sistema.
 
Con tristeza asistimos otra vez a la farsa de un Gobierno para los Ricos que llegó al poder con el aura de la transparencia y en cuanto pudo convirtió al Estado en botín de empresarios, amigos y familiares. Y la inmoralidad de un Presidente que prometió pobreza 0, inflación de un dígito, mientras la devaluación hunde a los pobres y empuja a sectores medios a la pobreza. 

Un último dato es más perverso: luego de haber anunciado el tendal de despidos, funcionarios conservadores y aliados radicales se reunieron de urgencia en la Casa Rosada. No para discutir el futuro del país, la dignidad del pueblo, el diseño de un plan estratégico para salir de la crisis. Sino para hurgar en algún milagro que les permita continuar en el poder después de 2019.
 
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 Profundización del ajuste macrista: 6.000 empleados públicos a la calle

POR DECRETO, EL EJECUTIVO ORDENÓ LA RESCISIÓN DE 6 MIL CONTRATOS EN EL ESTADO Y RECORTES SALARIALES
 
La tijera del ajuste corta por lo más delgado
 
El Gobierno congeló la planta de trabajadores del Estado hasta el 31 de diciembre de 2019, salvo para un puñado de organismos, y dejó sin efecto a partir del 1° de enero próximo todos los convenios de asistencia técnica firmados con universidades, lo que implica el despido de unos 6 mil empleados del sector público. También se recortan adicionales y bonificaciones que son parte central de los salarios más bajos del escalafón. Las medidas forman parte del plan acordado con el FMI y permitirían un ahorro de 20 mil millones de pesos por año.
 
Esa mejora de los ingresos fiscales está por debajo de la caída que se registró por la rebaja de retenciones a los grandes cultivos agropecuarios, que se sostuvieron a pesar de la suba del dólar y que benefició directamente a los exportadores. Es decir que el ajuste fiscal no es para todos. Además, el Ejecutivo definió una serie de medidas cosméticas en términos de ahorro fiscal, como la reducción de viajes en primera clase.
 
"Estamos trabajando para que la Argentina se transforme en un país sustentable. Al Estado lo pagamos entre todos. Con estas medidas damos de baja un gasto que es, en buena medida, improductivo", definió el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto a su dar de Modernización, Andrés Ibarra, en la conferencia de prensa que brindó hace poco más de un mes, con motivo de la presentación de este nuevo paso del ajuste fiscal.
 
El decreto 632, que confirma esas medidas, fue publicado ayer. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y movilización.
 
 El artículo 1 del decreto publicado ayer prohíbe que las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional contraten personal ni efectúen designaciones hasta el 31 de diciembre de 2019, con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la AFIP, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
 
El congelamiento abarca a las designaciones a términos en planta transitoria, contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual, prestación de servicios profesionales autónomos según el Decreto 1109/2017 y contrataciones bajo cualquier otra modalidad.
 
 Al mismo tiempo, el Gobierno estableció que "los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica celebrados entre las entidades del Poder Ejecutivo Nacional y las Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019.
 
Asimismo, a partir de la entrada en vigencia del presente decreto las partes individualizadas precedentemente no podrán celebrar nuevos convenios de servicios de asistencia técnica mediante servicios personales". Se estima que hay unos 6 mil contratos de asistencia técnica.
 
 "Una de las cosas que quedan en claro es que el ajuste corta por lo más delgado. Los trabajadores bajo el contrato de asistencia técnica son los más precarizados del Estado, realizan las mismas tareas que sus compañeros que cuentan con modalidades contractuales más estables pero no tienen derechos básicos como una indemnización, aguinaldo o antigüedad. En muchos casos, se trata de trabajadores que tienen muchos años en el Estado", indicó a este diario Luis Padín, abogado laboralista.
 
 Fuentes gremiales esperan que haya alguna reabsorción de contratos, según versiones que dejó circular el Gobierno, aunque también está muy claro que se viene otra ola de despidos. Entre las excepciones al congelamiento en el ingreso de personal se incluye la posibilidad de que "designaciones y contrataciones que se efectúen como consecuencia de cambios del régimen de prestación de servicios aplicable al personal de una jurisdicción".
 
En la medida en que el contrato de asistencia técnica no se considera como "personal de la jurisdicción" porque el vínculo es a través de la Universidad, esa excepción no serviría como un canal de reabsorción. Sí funcionaría para otros miles de contratos que vencen regularmente.
 
A la vez, el decreto plantea un ajuste en los ingresos de los trabajadores estatales. El artículo 4 establece la revisión de los incentivos salariales vigentes y el 5 prohíbe la instrumentación de nuevos incentivos hasta el 31 de diciembre de 2019.
 
Una mirada alternativa al ajuste fiscal que se viene está dada por la versión que circula en la oficina de Presupuesto acerca de que se prevé que para el año que viene el gasto público sea igual al de 2018 en términos nominales.
 
Como una buena parte del gasto público está indexada o atada a la evolución del dólar (jubilaciones, asignación universal por hijo, intereses de la deuda y en parte subsidios) la porción no indexada debería bajar en términos nominales. En este último grupo aparece la obra pública y el empleo del Estado, además de las transferencias a las provincias.
 
Por Javier Lewkowicz
 
Fuente: Página12
 

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16-08-2018 / 09:08
16-08-2018 / 09:08
En una semana negra para la economía neoliberal macrista, el Indec informó que el índice de precios de julio registró una suba promedio de 3,1% y en lo que va del año llega al 19,6%. Mientras que en los últimos 12 meses la suba de precios trepó al 31,2%. La aceleración de la devaluación torna incumplibles las metas que el gobierno de Mauricio Macri asumió ante el FMI, empezando por las de acumulación de reservas y las de inflación.
 
La inflación no da respiro y la asfixia para los bolsillos populares será mayor tras el salto devaluatorio de las últimas jornadas, que encaminan el dólar hacia los $31. Es el reflejo de la falta de credibilidad en el Gobierno de los Ricos, que alimenta la corrida cambiaria y la depreciación del peso.
 
Así, a solo dos meses de haber negociado con el FMI, se acerca al 32% que el Fondo le puso como límite a la alianza Cambiemos para que los desembolsos de dólares trimestrales sean automáticos y no requieran de una intervención más feroz de su Junta Directiva. De hecho, los especialistas recomendaban ayer renegociar el acuerdo, y defender el valor del peso para evitar un estallido económico y social.
 
Mientras, lo preocupante es que el alza promedio de la inflación estuvo traccionada por el fuerte incremento en rubros sensibles como el transporte (5,2%), que ayer volvió a subir, con incrementos superiores a los anunciados y que continuarán, al menos, hasta octubre. En la misma línea, la canasta de alimentos y bebidas trepó un 4%.
 
También, en lo que va del año, el rubro transporte lidera las subas con un 28,4%, seguido por educación con un 22,3% y alimentos y bebidas con un 22%. La tendencia alcista es explicada por el incesante tarifazo en trenes y colectivos, la cuota de los colegios privados y el impacto que generó la devaluación del peso en las góndolas que, frente a la debilidad del peso argentino, se mueven a ritmo dólar.
 
Siempre según los números del Indec, en los últimos doce meses las mayores subas se registran en los rubros "vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles" (47%), transporte (40,9%), alimentos y bebidas (31%) y educación (30,8%). Este mes, en tanto, la inflación se recalentará por las subas constantes en las naftas, las prepagas, electricidad y transporte.
 
Sin embargo, meta de inflación cumplible o incumplible no es la cuestión, sino que el poder adquisitivo de los salarios continúa en descenso. Menor consumo y salarios anémicos mientras los precios siguen sin frenos, hace cada día más complicado llegar a fin de mes. Las paritarias a la baja de este año agravaron esta situación.
 
El menor poder adquisitivo se expresó en la baja del consumo. La inflación no da tregua y las nuevas exigencias del FMI empeorarán las condiciones de vida de los sectores populares. La crisis la tienen que pagar los ricos y no el pueblo trabajador.
 
La Opinión Popular

15-08-2018 / 10:08
En las provincias causó sorpresa y, en algunos casos, molestia la decisión unilateral del gobierno de Mauricio Macri de eliminar el Fondo Federal Solidario (Fofeso) a partir de este año y no del próximo, como habían acordado en las últimas reuniones.
 
Además, el anuncio de la modificación en las retenciones que hizo ayer el Gobierno volvió a encender alarmas y advertencias sobre los efectos de insistir en el rumbo de primarización de la economía. La harina y el aceite de soja, complicados por el freno a la reducción de retenciones, son dos de los tres productos del agro con mejor desempeño en las exportaciones.
 
El año pasado, la venta al exterior de harina de soja se ubicó en primer lugar con un monto de u$s9.300 millones, en tanto que el aceite se colocó tercero (detrás del maíz) con un total de u$s3.725 millones.
 
Los sectores de la industria afectados por esta medida descreen además del número que estima el Gobierno de u$s400 millones de ingresos extra este año y creen que se ubicará más cerca de los u$s200 millones. El maletar entre los sectores productivos no es nuevo, pero es cada vez más poderoso.
 
La consultora Synopsis midió que dos de las tres principales preocupaciones de la sociedad son el desempleo y la inflación. Como siempre, "es la economía, estúpido".
 
"The economy, stupid", fue una frase muy utilizada en la política yanqui durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George H. W. Bush (padre), que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos. Luego la frase se popularizó y la estructura de la misma ha sido utilizada para destacar los aspectos que se consideran esenciales.
 
La Opinión Popular
15-08-2018 / 09:08
Las declaraciones de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, abrieron una nueva etapa dentro de la causa de los cuadernos. Mal que le pese al Gobierno de Mauricio Macri, y seguramente a dos de sus laderos judiciales el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, se destapó lo que es un secreto a voces: el enorme negociado que hay alrededor de la obra pública y del que se benefician por igual funcionarios corruptos y empresarios.
 
Wagner dejo en orsai al resto de los "colaboradores imputados", conocidos como arrepentidos, al declarar que efectivamente existieron coimas. Y detalló que, desde el 2004 existía un mecanismo por el cual se "arreglaba" qué empresa se quedaba con cada licitación y que su vez, la empresa, una vez obtenida la licitación, debía "retornarle" a los funcionarios entre un 10 y 20% del total de la obra.
 
Y agregó que de este modus operandi formaron parte las siguientes empresas: "Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco, entre otras".
 
En 2004, Iecsa era propiedad de Franco Macri y sus hijos (o sea también de Mauricio) y formaba parte del holding familiar. Fue recién en el 2007 que Franco decide "vender" dicha empresa, por un valor irrisorio a Ángelo Calcaterra, su sobrino y testaferro, quien a su vez la vende en el 2017 a Marcelo Mindlin, un amigo del presidente Macri, luego de quedar implicado por el Caso Odebrecht.
 
"¡Para, para, para! ¿Vos me estás diciendo que Franco y nuestro actual presidente Mauricio Macri, junto a los ex funcionarios K, formaron parte de un mecanismo delictivo para enriquecerse?", podría preguntar Alejandro Fantino en las medianoches de América. "Por supuesto que sí", sería la respuesta. Sin embargo, el juez "de la servilleta"  Bonadio y el fiscal Stornelli, muy cercano a Macri, no parecen haber reparado en este detalle.
 
Este mecanismo tiene un nombre: la "patria contratista" y no es un invento K. Aunque el Gobierno de Macri, con la ayuda de los grandes medios de comunicación y el Poder Judicial quieran transmitir esa idea.
 
Franco Macri y Aldo Roggio son los creadores de la "patria contratista". En 1976 se empezó a utilizar el concepto para definir a un grupo de poderosas empresas proveedoras del Estado que crearon un sistema para hacer negociados a gran escala con la obra pública, convirtiéndose en un sector prebendario del Estado. Macri y Roggio fueron altamente beneficiados por la dictadura militar que además de adjudicarles obras por todos lados, en 1982, les estatizó su deuda.
 
Ayer, el senador nacional Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) denunció penalmente a Ángelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri-, Carlos Wagner y Aldo Roggio, entre otros empresarios, por los delitos de evasión fiscal y lavado de activos.
 
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14-08-2018 / 19:08
La oposición al Gobierno neoliberal de Mauricio Macri cuestionó la decisión oficial de eliminar el Fondo Federal Solidario (FFS) y advirtió que será un "duro golpe" para las provincias y municipios.
 
El senador nacional Alfredo Luenzo, del partido Chubut Somos Todos, expresó su repudio a las medidas del Poder Ejecutivo que eliminan el FFS, suspenden la baja de retenciones a los derivados de la soja y reducen los reintegros a la exportación.
 
"Esto va a agravar aún más la crítica situación por la que atraviesa la provincia del Chubut", dijo el senador nacional después de que el ministerio de Hacienda anunciara las tres medidas económicas.
 
La diputada provincial bonaerense por Unidad Ciudadana María Laura Ramírez opinó que la eliminación del FFS es una medida más de "ajuste contra el pueblo", afectando la infraestructura sanitaria, educativa, de vivienda y vial.
 
Hernán Ralinqueo, intendente peronista de la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, cuestionó que el Gobierno nacional de Cambiemos "le quite" a su localidad "más de 6 millones de pesos anuales" que llegaban por el fondo sojero. "Es una de las medidas del FMI instrumentada por el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Estas son las recetas del nuevo FMI que buscan desfinanciar a los estados municipales", afirmó el jefe comunal.
 
El Bloque de diputados nacionales FPV-PJ expresó su "rotundo rechazo" a las tres medidas anunciadas por Hacienda.  "Ante este nuevo ajuste por más de 65.000 millones de pesos, el Gobierno de Cambiemos profundiza la inestabilidad económica y social del país. Empezó por los bolsillos de los argentinos y sigue por los presupuestos de las provincias y municipios", expresó el bloque en un comunicado.
 
Y agregó: "Macri está dispuesto a hacerle pagar las tristes consecuencias de su modelo neoliberal y centralista al pueblo trabajador argentino, dejando de lado el fin redistributivo y federal del Fondo Federal Solidario".
 
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