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“Han venido a saquear al país, y lo saquearon: deuda externa eterna, fuga de capitales, condonación de deudas privadas, bicicleta financiera y un plan de Macri con el FMI que es irrealizable”. “Pino” Solanas
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Nacionales - 23-06-2018 / 10:06

Un obispo muy cercano al Papa apoyó el paro de la CGT y criticó duro al gobierno de Macri

Un obispo muy cercano al Papa apoyó el paro de la CGT y criticó duro al gobierno de Macri
Con un guiño al paro que la CGT realizará pasado mañana, la Iglesia trazó ayer una cruda y preocupante descripción de la realidad nacional, y marcó el desempleo y el crecimiento de la pobreza como principales urgencias. El presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cepas), monseñor Jorge Lugones, al abrir en esta ciudad la Semana Social, advirtió sobre miles de despidos y suspensiones, empresas y comercios que cierran, parques industriales inactivos o que no abren y niños no escolarizados que ni siquiera tienen una copa de leche al día.
La desocupación, la pobreza, el trabajo esclavo e infantil, el consumo de drogas, el narcotráfico, el estado de las escuelas, la violencia cotidiana que mata a los ciudadanos decentes y la desigualdad en las paritarias frente a una inflación que ataca los bolsillos de los argentinos. "Todos esos temas se están tapando", advirtió ayer la Iglesia, en la voz del presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones.
 
Puso un ejemplo directo: "No puede ser que a algunos trabajadores se les dé un 25% de aumento y a los docentes un 15% en tres cuotas", en clara alusión al acuerdo alcanzado por Camioneros frente a la flaca oferta que le hacen a los docentes, o a los médicos, o a aquellos sindicatos con los que cierra paritarias en el 12%.
 
Y es que, mientras se imponen otros temas, menos urgentes, o se cubre la agenda con lo que sucede en el Mundial de Rusia hay cuestiones de las que no se habla. La devaluación, en tanto, sigue su curso, y la inflación proyecta para este año una suba del 32%, muy lejos incluso del techo salarial del 20% que el Gobierno, a regañadientes, estaría dispuesto a ofrecer.
 
Basta un dato para comprender que la brecha entre salarios que suben por escalera e inflación que va por ascensor se ensancha mes a mes: la canasta básica medida por el Indec se ubicó en mayo en casi $19.000, sin reparar en el impacto de la devaluación de las últimas jornadas.
 
Ni en puntas de pie llegan a ella los jubilados, con haberes mínimos que recién este mes superan apenas los $8.000; ni un policía, que vela por la seguridad de todos en esta Argentina violenta y puede cobrar $17.000; ni un trabajador estatal que con el ajuste reinante con suerte conserva el trabajo y se resigna a percibir $12.000; ni un empleado de comercio, cuyo salario oscila entre los $15.000 y $20.000.
 
Hay una paradoja en este país de economía hundida y desigualdad creciente: la crisis iguala en su malestar a los sectores medios; castiga a los vulnerables de siempre y equipara en sus ganancias a funcionarios, amigos del poder y sectores especuladores beneficiados con la corrida cambiaria que hizo saltar el dólar por las nubes y nos llevó a tocar las puertas del funesto FMI.
 
Para los trabajadores y el pueblo en general el escenario es crítico: con la depreciación del peso, solo en lo que va del año la pérdida del poder adquisitivo está en el orden del 50%. Tal depresión en la capacidad de compra repercute directamente en el mercado interno, ya asediado por tarifazos, presiones impositivas y tasas de financiamiento imposibles.
 
El gobierno de Mauricio Macri reconoce la inflación y se propuso nuevos objetivos para bajarla. ¿Subiendo salarios? ¿Aplicando un plan económico de crecimiento? De ningún modo. Será a la manera del FMI: frenando más el empleo y los salarios. La ecuación es tan perniciosa como simple: sin dinero ni consumo la economía se enfría y la inflación baja. El neoliberalismo nos dejó sus recetas. El Gobierno de los Ricos, para mal de muchos y ganancia de muy pocos, vuelve a aplicarlas.
 
La Opinión Popular

 
EL PRESIDENTE DE LA PASTORAL SOCIAL DIJO QUE "LA HUELGA ES UNA HERRAMIENTA" QUE PROPONE LA IGLESIA CONTRA LAS "INJUSTICIAS SOCIALES"
 
Monseñor Jorge Lugones, el obispo más cercano al Papa Francisco, cuestionó al Gobierno y avaló el paro general del lunes
 
En la previa de la nueva edición de Semana Social, el presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social (Cepas), monseñor Jorge Lugones, apuntó directamente con el Gobierno y se metió en la discusión por las paritarias y el paro general.
 
"No puede ser que a algunos trabajadores se les dé un 25 % de aumento y a los docentes un 15% en tres cuotas", señaló en una comparación entre el acuerdo que cerró Camioneros y la oferta de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal a los maestros.
 
En esa línea, el religioso le hizo un guiño al paro general convocado por la CGT para el lunes al mencionar que el derecho a "la huelga" es "una herramienta que propone la doctrina social de la iglesia cuando se dan situaciones de injusticias sociales" y afirmó que "también hay injusticias dentro de los aumentos".
 
Lugones es el obispo de confianza del Papa Francisco y además, tío del ex intendente kirchnerista de La Plata, Pablo Bruera, y de Mariano Bruera, actualmente detenido por estar acusado de liderar una banda de ex funcionarios de la Municipalidad, que durante la gestión de su hermano, se dedicaba a coimear a los beneficiaron del plan Procrear.
 
El obispo habló y se mostró cercano al paro de la CGT del próximo lunes al encabezar el lanzamiento de la iniciativa "Democracia: un camino de servicio a los pobres" y que, este año, estará ligada a los 35 años que se cumplen de la última dictadura militar. Por eso, Lugones hizo hincapié en el diálogo.
 
"La Pastoral se da en un momento importante para poder lograr que el dialogo sea efectivo, porque muchas veces el dialogo parece unipersonal, porque hablamos y en el dialogo realmente hay dos partes y no solo tenemos que oír sino también escuchar", expresó en una conferencia de prensa que brindó en el obispado de Mar del Plata, junto al obispo de esta ciudad, Gabriel Mestre.
 
La apertura de este evento será este viernes, a las 16.30 con la participación de la gobernadora de Buenos Aires Maria Eugenia Vidal, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, que recientemente fueron recibidas en una audiencia privada por el papa Francisco, en el Vaticano. También estarán presentes el presidente del Episcopado y obispo de San Isidro Oscar Ojea; uno de los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid, y el intendente de Mar del Plata Carlos Arroyo.
 
Según Lugones, el objetivo es lograr que los temas importantes estén en la "agenda pública", entre los que mencionó "los temas sociales, el trabajo esclavo, el trabajo infantil, los desocupados, las escuelas públicas deterioradas, el promedio deficiente de clases en la provincia de Buenos Aires, el narcotráfico y el consumo de sustancias, además de los problemas alimentarios".
 
"Estamos en una emergencia, queremos que salga una Ley de emergencia alimentaria, porque estamos en una situación de precariedad grave", dijo Lugones en la conferencia de prensa previa al inicio de la Semana Social y antes del paro que lanzó la CGT contra el Gobierno de Mauricio Macri.
 
Fuentes: Clarín y Diario Hoy
 

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12-11-2018 / 10:11
12-11-2018 / 09:11
El bono que acordaron el gobierno conservador de Mauricio Macri, la CGT, la Unión Industrial y las cámaras de Comercio y de la Construcción apenas compensa la pérdida del salario frente a la inflación ocurrida durante el año.
 
Un trabajador del sector privado registrado obtuvo en septiembre un salario promedio de $26.514 en mano. Si el salario promedio hubiera acompañado durante el año la inflación, en septiembre tendría que haber cobrado de $29.007. Es decir que el salario promedio perdió $2.493 en septiembre frente a la inflación. 
 
Esa insuficiencia salarial corresponde sólo al mes de septiembre, pero en todos los meses existe una pérdida del salario frente a la inflación. Ese saqueo mensual al poder de compra de los trabajadores acumularía en el año $ 23.559. Este debería ser el monto del bono para compensar la pérdida del salario frente a la suba de precios.
 
El borrador del bono de fin de año por $5.000 le alcanzó al Gobierno para frenar el paro de la CGT. Los $ 5.000 acordados en dos cuotas, a pagar con los salarios de noviembre y enero, apenas cubren el 21 % de lo que los empresarios se ahorraron por la inflación.
 
Para los privados el carácter del adicional es obligatorio, pero su ampliación a empleados públicos se la adjudican a la gestión política de uno de los titulares cegetistas, Héctor Daer. La misma consta de negociación por los municipales porteños y ante gobernadores e intendentes del Conurbano para que cobren este beneficio.
 
Incluso en las cercanías del líder de Sanidad, ante la consulta, apostaron fuerte al anticipar que: "un sector de los estatales va a sorprender, porque lograrán el bono y la reapertura de paritarias".
 
Entre noviembre de 2015 y septiembre de 2018, el salario real en el sector público perdió 21 %. En el último trimestre del año, el Observatorio de la CTA, señala que la caída alcanzará el 25 %. Toda esa pérdida salarial desde que asumió Cambiemos ni siquiera se pudo meter en la mesa de discusión.
 
En el período que va desde noviembre de 2015 a septiembre de 2018, en el área metropolitana de Buenos Aires, el transporte se incrementó 142 %, el agua 480 %, el gas 498 % y la electricidad 1.317 %.
 
Ahora, se espera la edición final del texto y la firma del presidente Macri que la central obrera daba por descontada para hoy. Se desconoce el ropaje legal del aumento. A qué empresas se dispensará o reducirá la obligación y, en su caso, contra qué recaudos. Según cómo se imputen los pagos pueden funcionar con un plus o como un adelanto a cuenta que se descontará de futuros haberes. Falta precisar la "letra chica", mote piadoso para designar la mala fe oficial.
 
La Opinión Popular

11-11-2018 / 10:11
11-11-2018 / 10:11
El último estudio de opinión del CEOP revela una clarísima mayoría de los que dicen que van a votar a candidatos opositores en 2019 sostienen que la oposición debe ir unida, hacer una gran PASO y que de ahí salga un candidato único. Semejante voluntad surge de la desesperación por la gravísima situación económica, que sigue dominando el alma y la mente de los argentinos.
 
El cuadro completo es que el 45 por ciento de los consultados dice estar resuelto a votar por una opción opositora, mientras que el 31 por ciento afirma que le dará el voto al oficialismo. Como viene sucediendo, el dato clave de la ecuación es que la oposición está dividida. Y allí es dónde se plantea el interrogante, con respuesta nítida.
 
Una amplia mayoría de los que anticipan que van a votar a candidatos opositores sostiene que debe haber unidad y una gran PASO, mientras que una minoría sostiene que cada espacio vaya con sus ideas y por separado.
 
También en el día a día hay una evaluación tamizada con mirada opositora: la sociedad está dividida casi por mitades respecto del presupuesto, pero cuando al encuestado se le pide que asuma el papel de senador, son más los que votarían en contra que los que votarían a favor.
 
Las opiniones sobre la economía son categóricas y vienen inamovibles desde hace meses:
 
-78 por ciento tiene opinión negativa o muy negativa sobre la situación económica.
-70 por ciento dice que tiene poca o ninguna confianza en el Gobierno.
-54 por ciento dice que Mauricio Macri no va a resolver los problemas.
-63 por ciento afirma que las medidas del Gobierno lo afectaron.
 
Como se ve, todo es ampliamente desfavorable para la administración Cambiemos y para el propio presidente.
 
Las conclusiones surgen de una amplia encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que dirige el sociólogo Roberto Bacman. En total fueron entrevistadas 1.200 personas de todo el país, con respeto por las proporciones de edad, sexo y nivel económico-social. Las entrevistas fueron telefónicas y la encuesta se terminó de procesar ayer. 

10-11-2018 / 11:11
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