01:02 | Jueves 25 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 12-06-2018 / 15:06
Por el recorte macrista en la obra pública, peligran 430.000 puestos de trabajo
El gobierno de Macri decidió para el 2019 un recorte de obras públicas por el 0,6% del PBI. La crisis pone a la deriva a albañiles, técnicos, capataces, ingenieros, arquitectos, plomeros, electricistas y a todos aquellos que se mueven al ritmo de una rueda virtuosa capaz de alentar el empleo, el consumo y el crecimiento.
Los efectos se pueden presagiar, pero el desastre se verá después, una vez que la tormenta ceda y el agua haya bajado. ¿Cuándo terminará esto? Nadie sabe, recién comienza. En el Gobierno de Mauricio Macri lo celebran, sonríen por el "gran acuerdo", la vuelta al FMI, festejan los miles de millones de dólares que llegarán como una bocanada de aire fresco para la época electoral, postulan estadísticas futuras, invisibles, casi imposibles.
Mientras, la realidad habla por sus argentinos de carne y hueso: los 430.000 trabajadores cuyos puestos de trabajo están en riesgo por el parate en la obra pública, según ha advertido el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.
"Hay que bajar el gasto", dicen en el Gobierno de los CEOs y en lugar de atacar la bicicleta financiera que fuga divisas, obliga a subir las tasas o a devaluar, se apunta a la madre de la producción, como es la obra pública.
Ya antes del ir a golpear las puertas del FMI, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había anticipado un recorte de $30.000 millones de inversión en obra pública. Ahora, el panorama se presenta doblemente sombrío: el sector contará con $70.000 millones menos en su presupuesto, "lo que paralizará trabajos de extensión de las redes de agua y cloaca, veredas y asfaltado de calles", alertó Weiss.
Millones de compatriotas seguirán sin agua, cloacas, ni veredas y otros tantos se preguntarán hasta cuándo pisarán calles de tierra.
Los efectos sobre la economía real serán devastadores. Porque no solo están en riesgo los obreros de la construcción que trabajan desde el primer al último, los que se levantan a las 6:00 y se acuestan a las 22:00. Son los albañiles, pero también técnicos, capataces, ingenieros, arquitectos, plomeros, electricistas, encargados de corralones y todos aquellos que se mueven al ritmo de esta rueda virtuosa que alienta el empleo, el consumo y el crecimiento.
Calculan especialistas que cuando el país toma un crédito de US$1000 millones para construir, el 40% regresa al Estado por impuestos que pagan contratistas, proveedores, obreros que cobran, consumen y aportan a la AFIP.
En la Cámara de la Construcción dan un número más contundente: los beneficios para el resto de la economía representan 2,14 veces lo invertido. Recortar $70.000 millones en obras es ponerle paraguas a una lluvia de casi $150.000 millones.
Dicen en el sector, que atentar contra la obra pública es un acto criminal para la economía y para todo lo que mueve a un país, una provincia, una ciudad. Tan criminal como la tala de árboles es un bosque.
La Opinión Popular
Mientras, la realidad habla por sus argentinos de carne y hueso: los 430.000 trabajadores cuyos puestos de trabajo están en riesgo por el parate en la obra pública, según ha advertido el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.
"Hay que bajar el gasto", dicen en el Gobierno de los CEOs y en lugar de atacar la bicicleta financiera que fuga divisas, obliga a subir las tasas o a devaluar, se apunta a la madre de la producción, como es la obra pública.
Ya antes del ir a golpear las puertas del FMI, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había anticipado un recorte de $30.000 millones de inversión en obra pública. Ahora, el panorama se presenta doblemente sombrío: el sector contará con $70.000 millones menos en su presupuesto, "lo que paralizará trabajos de extensión de las redes de agua y cloaca, veredas y asfaltado de calles", alertó Weiss.
Millones de compatriotas seguirán sin agua, cloacas, ni veredas y otros tantos se preguntarán hasta cuándo pisarán calles de tierra.
Los efectos sobre la economía real serán devastadores. Porque no solo están en riesgo los obreros de la construcción que trabajan desde el primer al último, los que se levantan a las 6:00 y se acuestan a las 22:00. Son los albañiles, pero también técnicos, capataces, ingenieros, arquitectos, plomeros, electricistas, encargados de corralones y todos aquellos que se mueven al ritmo de esta rueda virtuosa que alienta el empleo, el consumo y el crecimiento.
Calculan especialistas que cuando el país toma un crédito de US$1000 millones para construir, el 40% regresa al Estado por impuestos que pagan contratistas, proveedores, obreros que cobran, consumen y aportan a la AFIP.
En la Cámara de la Construcción dan un número más contundente: los beneficios para el resto de la economía representan 2,14 veces lo invertido. Recortar $70.000 millones en obras es ponerle paraguas a una lluvia de casi $150.000 millones.
Dicen en el sector, que atentar contra la obra pública es un acto criminal para la economía y para todo lo que mueve a un país, una provincia, una ciudad. Tan criminal como la tala de árboles es un bosque.
La Opinión Popular
Prevén para el 2019 un recorte de obras públicas por el 0,6% del PBI
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya letra chica se conocerá el próximo 20 de junio, cuando el directorio del organismo apruebe el stand by de u$s50.000 millones, va a incluir un recorte de gastos en obra pública equivalente al 0,6 puntos del PBI, una cifra que equivale hoy a unos $60.000 millones. Este va a ser el capítulo más importante, porque el grueso del ajuste comprometido pasará por el plan de obras, con lo que todo el plan de inversiones está en revisión.
El recorte en gastos de capital, tal cual se denomina técnicamente, comenzó ya en este año, antes de la firma del compromiso con el Fondo, con un achique de $30.000 millones anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que no afectará a las obras en curso.
El achique de los gastos acordado con el FMI comenzará a regir desde 2019, por lo cual cobrará singular importancia el rol del Ministerio de Finanzas. La cartera que conduce Luis Caputo tiene a su cargo el programa de Participación Público Privada (PPP), un esquema por al cual el Gobierno podrá seguir haciendo obra pública, pero sin afectar al Presupuesto, todo con el visto bueno del organismo que conduce Christine Lagarde, que en general es remiso a aceptar este tipo de ingeniería financiera.
Según consta en el Presupuesto 2018, el Gobierno tiene un programa de 52 obras públicas a realizar entre este año y 2020 a través del sistema PPP, por una inversión del orden de los u$s20.000 millones de dólares.
Arrancó ahora con la construcción de la red de autopistas y rutas seguras. Se trata de seis corredores en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Mendoza y estiman se llevará a cabo en cuatro años, la inversión será de uno u$s6 mil millones para un total de 3.353 kilómetros.
A Caputo le quedan en carpeta el lanzamiento de licitaciones para la Red de Transmisión Electrica Etapa 1; la denominada Red de Expresos Regionales, y Eficiencia Energética en Alumbrado Público. Según consta en la página de la Subsecretaría de Participación Público Privada que organiza el proceso, de estas tres no hay todavía un cronograma licitatorio.
Las obras previstas incluyen también la construcción de cárceles en Mercedes, Mar del Plata, Junín y Ezeiza, la construcción de un nuevo hospital en Almirante Brown y ampliaciones en centros de salud de Lomas de Zamora y Quilmes.
El PPP también contempla la construcción de una planta potabilizadora en Rosario, y sistemas de cloacas para San Miguel de Tucumán y alrededores.
En tanto, el paquete que se firmará dentro de nueve días en Washington incluirá una ayuda adicional de u$s5.750 millones que se destinan a obras. Se trata de u$s2.500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que financia obras de redes de agua en el Gran Buenos Aires y el paso Cristo Redentor; u$s1.750 millones del Banco Mundial, que respalda el saneamiento del Riachuelo y la urbanización de la Villa 31, y u$s1.400 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que colabora en la Autopista Ribereña. Con estos fondos, más que lo provenga del PPP el Gobierno tratará de mantener viva la obra pública, que fue el verdadero motor de la actividad económica en 2017.
Algunas de las obras que seguirán son la elaboración de un sistema integrado de riesgo rural, por u$s150 millones y la ampliación universal de salud, por u$s300 millones, a cargo del BM.
Fuente: Infobae
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