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“Tenemos inflación, recesión, desempleo, endeudamiento y riesgo de default. Todo gracias a Macri, que en vez de resolver los problemas de la década K, los potenció. Y encima debemos bancarnos al FMI”. Alberto Fernández
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Nacionales - 12-06-2018 / 15:06

Por el recorte macrista en la obra pública, peligran 430.000 puestos de trabajo

Por el recorte macrista en la obra pública, peligran 430.000 puestos de trabajo
El gobierno de Macri decidió para el 2019 un recorte de obras públicas por el 0,6% del PBI. La crisis pone a la deriva a albañiles, técnicos, capataces, ingenieros, arquitectos, plomeros, electricistas y a todos aquellos que se mueven al ritmo de una rueda virtuosa capaz de alentar el empleo, el consumo y el crecimiento.
Los efectos se pueden presagiar, pero el desastre se verá después, una vez que la tormenta ceda y el agua haya bajado. ¿Cuándo terminará esto? Nadie sabe, recién comienza. En el Gobierno de Mauricio Macri lo celebran, sonríen por el "gran acuerdo", la vuelta al FMI, festejan los miles de millones de dólares que llegarán como una bocanada de aire fresco para la época electoral, postulan estadísticas futuras, invisibles, casi imposibles.
 
Mientras, la realidad habla por sus argentinos de carne y hueso: los 430.000 trabajadores cuyos puestos de trabajo están en riesgo por el parate en la obra pública, según ha advertido el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.
 
"Hay que bajar el gasto", dicen en el Gobierno de los CEOs y en lugar de atacar la bicicleta financiera que fuga divisas, obliga a subir las tasas o a devaluar, se apunta a la madre de la producción, como es la obra pública.
 
Ya antes del ir a golpear las puertas del FMI, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había anticipado un recorte de $30.000 millones de inversión en obra pública. Ahora, el panorama se presenta doblemente sombrío: el sector contará con $70.000 millones menos en su presupuesto, "lo que paralizará trabajos de extensión de las redes de agua y cloaca, veredas y asfaltado de calles", alertó Weiss.
 
Millones de compatriotas seguirán sin agua, cloacas, ni veredas y otros tantos se preguntarán hasta cuándo pisarán calles de tierra.
 
Los efectos sobre la economía real serán devastadores. Porque no solo están en riesgo los obreros de la construcción que trabajan desde el primer al último, los que se levantan a las 6:00 y se acuestan a las 22:00. Son los albañiles, pero también técnicos, capataces, ingenieros, arquitectos, plomeros, electricistas, encargados de corralones y todos aquellos que se mueven al ritmo de esta rueda virtuosa que alienta el empleo, el consumo y el crecimiento.
 
Calculan especialistas que cuando el país toma un crédito de US$1000 millones para construir, el 40% regresa al Estado por impuestos que pagan contratistas, proveedores, obreros que cobran, consumen y aportan a la AFIP.
 
En la Cámara de la Construcción dan un número más contundente: los beneficios para el resto de la economía representan 2,14 veces lo invertido. Recortar $70.000 millones en obras es ponerle paraguas a una lluvia de casi $150.000 millones.
 
Dicen en el sector, que atentar contra la obra pública es un acto criminal para la economía y para todo lo que mueve a un país, una provincia, una ciudad. Tan criminal como la tala de árboles es un bosque.
 
La Opinión Popular

 
Prevén para el 2019 un recorte de obras públicas por el 0,6% del PBI
 
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya letra chica se conocerá el próximo 20 de junio, cuando el directorio del organismo apruebe el stand by de u$s50.000 millones, va a incluir un recorte de gastos en obra pública equivalente al 0,6 puntos del PBI, una cifra que equivale hoy a unos $60.000 millones. Este va a ser el capítulo más importante, porque el grueso del ajuste comprometido pasará por el plan de obras, con lo que todo el plan de inversiones está en revisión.
 
El recorte en gastos de capital, tal cual se denomina técnicamente, comenzó ya en este año, antes de la firma del compromiso con el Fondo, con un achique de $30.000 millones anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que no afectará a las obras en curso.
 
El achique de los gastos acordado con el FMI comenzará a regir desde 2019, por lo cual cobrará singular importancia el rol del Ministerio de Finanzas. La cartera que conduce Luis Caputo tiene a su cargo el programa de Participación Público Privada (PPP), un esquema por al cual el Gobierno podrá seguir haciendo obra pública, pero sin afectar al Presupuesto, todo con el visto bueno del organismo que conduce Christine Lagarde, que en general es remiso a aceptar este tipo de ingeniería financiera.
 
Según consta en el Presupuesto 2018, el Gobierno tiene un programa de 52 obras públicas a realizar entre este año y 2020 a través del sistema PPP, por una inversión del orden de los u$s20.000 millones de dólares.
 
Arrancó ahora con la construcción de la red de autopistas y rutas seguras. Se trata de seis corredores en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Mendoza y estiman se llevará a cabo en cuatro años, la inversión será de uno u$s6 mil millones para un total de 3.353 kilómetros.
 
A Caputo le quedan en carpeta el lanzamiento de licitaciones para la Red de Transmisión Electrica Etapa 1; la denominada Red de Expresos Regionales, y Eficiencia Energética en Alumbrado Público. Según consta en la página de la Subsecretaría de Participación Público Privada que organiza el proceso, de estas tres no hay todavía un cronograma licitatorio.
 
Las obras previstas incluyen también la construcción de cárceles en Mercedes, Mar del Plata, Junín y Ezeiza, la construcción de un nuevo hospital en Almirante Brown y ampliaciones en centros de salud de Lomas de Zamora y Quilmes.
 
El PPP también contempla la construcción de una planta potabilizadora en Rosario, y sistemas de cloacas para San Miguel de Tucumán y alrededores.
 
En tanto, el paquete que se firmará dentro de nueve días en Washington incluirá una ayuda adicional de u$s5.750 millones que se destinan a obras. Se trata de u$s2.500 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que financia obras de redes de agua en el Gran Buenos Aires y el paso Cristo Redentor; u$s1.750 millones del Banco Mundial, que respalda el saneamiento del Riachuelo y la urbanización de la Villa 31, y u$s1.400 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que colabora en la Autopista Ribereña. Con estos fondos, más que lo provenga del PPP el Gobierno tratará de mantener viva la obra pública, que fue el verdadero motor de la actividad económica en 2017.
 
Algunas de las obras que seguirán son la elaboración de un sistema integrado de riesgo rural, por u$s150 millones y la ampliación universal de salud, por u$s300 millones, a cargo del BM.
 
Fuente: Infobae
 

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15-08-2018 / 10:08
En las provincias causó sorpresa y, en algunos casos, molestia la decisión unilateral del gobierno de Mauricio Macri de eliminar el Fondo Federal Solidario (Fofeso) a partir de este año y no del próximo, como habían acordado en las últimas reuniones.
 
Además, el anuncio de la modificación en las retenciones que hizo ayer el Gobierno volvió a encender alarmas y advertencias sobre los efectos de insistir en el rumbo de primarización de la economía. La harina y el aceite de soja, complicados por el freno a la reducción de retenciones, son dos de los tres productos del agro con mejor desempeño en las exportaciones.
 
El año pasado, la venta al exterior de harina de soja se ubicó en primer lugar con un monto de u$s9.300 millones, en tanto que el aceite se colocó tercero (detrás del maíz) con un total de u$s3.725 millones.
 
Los sectores de la industria afectados por esta medida descreen además del número que estima el Gobierno de u$s400 millones de ingresos extra este año y creen que se ubicará más cerca de los u$s200 millones. El maletar entre los sectores productivos no es nuevo, pero es cada vez más poderoso.
 
La consultora Synopsis midió que dos de las tres principales preocupaciones de la sociedad son el desempleo y la inflación. Como siempre, "es la economía, estúpido".
 
"The economy, stupid", fue una frase muy utilizada en la política yanqui durante la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 contra George H. W. Bush (padre), que lo llevó a convertirse en presidente de los Estados Unidos. Luego la frase se popularizó y la estructura de la misma ha sido utilizada para destacar los aspectos que se consideran esenciales.
 
La Opinión Popular
15-08-2018 / 09:08
Las declaraciones de Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, abrieron una nueva etapa dentro de la causa de los cuadernos. Mal que le pese al Gobierno de Mauricio Macri, y seguramente a dos de sus laderos judiciales el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, se destapó lo que es un secreto a voces: el enorme negociado que hay alrededor de la obra pública y del que se benefician por igual funcionarios corruptos y empresarios.
 
Wagner dejo en orsai al resto de los "colaboradores imputados", conocidos como arrepentidos, al declarar que efectivamente existieron coimas. Y detalló que, desde el 2004 existía un mecanismo por el cual se "arreglaba" qué empresa se quedaba con cada licitación y que su vez, la empresa, una vez obtenida la licitación, debía "retornarle" a los funcionarios entre un 10 y 20% del total de la obra.
 
Y agregó que de este modus operandi formaron parte las siguientes empresas: "Perales Aguiar, Vial Agro, Biancalani, Losi, Fontana Micastro, Marcalba, Iecsa, Chediack, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco, entre otras".
 
En 2004, Iecsa era propiedad de Franco Macri y sus hijos (o sea también de Mauricio) y formaba parte del holding familiar. Fue recién en el 2007 que Franco decide "vender" dicha empresa, por un valor irrisorio a Ángelo Calcaterra, su sobrino y testaferro, quien a su vez la vende en el 2017 a Marcelo Mindlin, un amigo del presidente Macri, luego de quedar implicado por el Caso Odebrecht.
 
"¡Para, para, para! ¿Vos me estás diciendo que Franco y nuestro actual presidente Mauricio Macri, junto a los ex funcionarios K, formaron parte de un mecanismo delictivo para enriquecerse?", podría preguntar Alejandro Fantino en las medianoches de América. "Por supuesto que sí", sería la respuesta. Sin embargo, el juez "de la servilleta"  Bonadio y el fiscal Stornelli, muy cercano a Macri, no parecen haber reparado en este detalle.
 
Este mecanismo tiene un nombre: la "patria contratista" y no es un invento K. Aunque el Gobierno de Macri, con la ayuda de los grandes medios de comunicación y el Poder Judicial quieran transmitir esa idea.
 
Franco Macri y Aldo Roggio son los creadores de la "patria contratista". En 1976 se empezó a utilizar el concepto para definir a un grupo de poderosas empresas proveedoras del Estado que crearon un sistema para hacer negociados a gran escala con la obra pública, convirtiéndose en un sector prebendario del Estado. Macri y Roggio fueron altamente beneficiados por la dictadura militar que además de adjudicarles obras por todos lados, en 1982, les estatizó su deuda.
 
Ayer, el senador nacional Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) denunció penalmente a Ángelo Calcaterra -primo del presidente Mauricio Macri-, Carlos Wagner y Aldo Roggio, entre otros empresarios, por los delitos de evasión fiscal y lavado de activos.
 
La Opinión Popular

14-08-2018 / 19:08
La oposición al Gobierno neoliberal de Mauricio Macri cuestionó la decisión oficial de eliminar el Fondo Federal Solidario (FFS) y advirtió que será un "duro golpe" para las provincias y municipios.
 
El senador nacional Alfredo Luenzo, del partido Chubut Somos Todos, expresó su repudio a las medidas del Poder Ejecutivo que eliminan el FFS, suspenden la baja de retenciones a los derivados de la soja y reducen los reintegros a la exportación.
 
"Esto va a agravar aún más la crítica situación por la que atraviesa la provincia del Chubut", dijo el senador nacional después de que el ministerio de Hacienda anunciara las tres medidas económicas.
 
La diputada provincial bonaerense por Unidad Ciudadana María Laura Ramírez opinó que la eliminación del FFS es una medida más de "ajuste contra el pueblo", afectando la infraestructura sanitaria, educativa, de vivienda y vial.
 
Hernán Ralinqueo, intendente peronista de la ciudad bonaerense de 25 de Mayo, cuestionó que el Gobierno nacional de Cambiemos "le quite" a su localidad "más de 6 millones de pesos anuales" que llegaban por el fondo sojero. "Es una de las medidas del FMI instrumentada por el Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Estas son las recetas del nuevo FMI que buscan desfinanciar a los estados municipales", afirmó el jefe comunal.
 
El Bloque de diputados nacionales FPV-PJ expresó su "rotundo rechazo" a las tres medidas anunciadas por Hacienda.  "Ante este nuevo ajuste por más de 65.000 millones de pesos, el Gobierno de Cambiemos profundiza la inestabilidad económica y social del país. Empezó por los bolsillos de los argentinos y sigue por los presupuestos de las provincias y municipios", expresó el bloque en un comunicado.
 
Y agregó: "Macri está dispuesto a hacerle pagar las tristes consecuencias de su modelo neoliberal y centralista al pueblo trabajador argentino, dejando de lado el fin redistributivo y federal del Fondo Federal Solidario".
 
La Opinión Popular

14-08-2018 / 09:08
La política económica del Gobierno neoliberal de Maurico Macri volvió a exhibir ayer su fracaso, a naufragar en medio de la tormenta. El dólar cerró en un precio récord de $30,72, agravando la espiral inflacionaria y llevando más presión a los precios que se pagan en las góndolas.
 
Culparán en el gobierno de los CEOs al tsunami financiero global. Pero, ¿por qué si el resto del mundo estornuda el país pesca una pulmonía? Si la crisis turca y la guerra comercial de Donald Trump repercuten en el país es por la debilidad de la moneda, cada vez más devaluada, con menos poder de compra; por el enorme déficit fiscal y comercial;  por efecto de una economía que no exporta valor agregado y en cambio importa a granel.
 
Esto empuja a la desaparición de las industrias nacionales, asfixiadas como todos por tarifazos, aumentos en sus insumos a precio dólar, presiones impositivas; por un modelo de país que privilegia la especulación antes que la producción, que permite la entrada y salida descontroladas de capitales golondrinas.
 
En esa incertidumbre, sin garantías de nada ni seguridad jurídica, de repente se abrió la caja de Pandora que significaron los "cuadernos de las coimas". Un escándalo que sumó leña al fuego y que espantó más a los inversores que, despavoridos, huyen a refugiarse en el dólar.
 
Por eso ayer, ni los anuncios desesperados que realizó el "equipazo" económico del Presidente alcanzaron para calmar al mercado: no fue suficiente con la suba de la tasa de interés del 40 al 45% (que redundará en mayor recesión y más asfixia financiera para el sector productivo); ni con la suspensión de la subasta diaria de divisas ni con el nuevo cronograma de cancelación de Lebacs para intentar reducir la millonaria deuda del Banco Central.
 
Estas medidas (a pedir del FMI), que el mercado no "compró", resultan más dañinas que paliativas: además de la desbocada devaluación, las acciones argentinas continuaron desplomándose hasta un 11% en la bolsa de Nueva York; y el riesgo país (que a medida que sube encarece el financiamiento internacional, la deuda de todos, y espanta inversores) trepó a los 748 puntos, su mayor nivel en casi cuatro años.
 
Y una mayor devaluación quita más poder adquisitivo, congela el consumo, se frena la cadena de pagos, profundiza la recesión e incide negativamente sobre la inflación: suben los precios de los combustibles, y con ellos, el transporte, los alimentos y cualquier producto importado de los que se exhiben en las góndolas.
 
La posibilidad de un default, incluso con un acuerdo vigente con el FMI, ya no es considerada descabellada. Asistimos a un modelo de país que ya sufrimos en 2001: el de un Estado a merced de los ricos, una nación que se empobrece y se vuelve colonia. Una película vieja con la que ya sufrimos, que no queremos seguir viendo.  
 
La Opinión Popular

13-08-2018 / 16:08
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