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“Agraviados en nuestra dignidad, heridos en nuestros derechos, despojados de nuestras conquistas, venimos a alzar en el punto donde otros las dejaron, viejas banderas de la lucha”. CGT de los Argentinos, 1 de mayo de 1968
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Paraná - 16-05-2018 / 16:05
ENTRÓ EL OFICIO A LA CÁMARA BAJA ESTE MARTES

Piden el desafuero de los diputados Urribarri y Báez en la causa por presuntas negociaciones incompatibles

Piden el desafuero de los diputados Urribarri y Báez en la causa por presuntas negociaciones incompatibles
El juez de Transición Nº 2 pidió el desafuero de los diputados provinciales Sergio Urribarri -presidente de la Cámara Baja- y Pedro Báez, en el marco de la causa en que se investigan irregularidades en el manejo de la publicidad oficial.
 
El juez de Transición Nº 2, Gustavo Maldonado, pidió el desafuero de los diputados provinciales Sergio Urribarri -presidente de la Cámara Baja- y Pedro Báez, en el marco de la causa en que se investigan irregularidades en el manejo de la publicidad oficial durante la administración urribarrista. El oficio ingresó este martes en la Cámara respectiva, donde deberá seguir el trámite legislativo en que se analizará si se da curso o no.
 
A fin de abril el Tribunal de Apelaciones compuesto por Gervasio Labriola, Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo, había rechazado los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas de ambos imputados, y confirmó el auto de procesamiento dictado por el juez que ahora pidió los desafueros.
 
La causa se inició a raíz de una denuncia del dirigente radical Jorge D´Agostino, en 2013, y busca determinar las responsabilidades en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el presunto direccionamiento de un contrato de publicidad a favor del empresario Germán Buffa.
 
Casi cinco años después de la denuncia, el juez Gustavo Maldonado decidió procesar a principios de marzo a Sergio Urribarri, Pedro Báez y Germán Buffa, y los dejó camino a un nuevo juicio por un delito de corrupción, que se les suma -en especial a Urribarri y Báez, ambos con fueros legislativos hasta el 11 de diciembre de 2019- a una larga lista de hechos por corrupción en el Estado entrerriano.
 
El año pasado, cuatro años después de la denuncia de D'Agostino, la fiscal Viviana Ferreyra había imputado a los tres en cuestión y solicitó al juez de Transición que les tome declaración indagatoria. Primero la indagatoria se fijó en diciembre, pero los defensores lograron reprogramarla para febrero.
 
La denuncia de D' Agostino advertía que el gobierno de Urribarri adjudicó 1 millón de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.
 
Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo ex dueño fue el empresario Cristóbal López), con 200.000 pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos. La imputación precisaba que siendo Urribarri gobernador, y Báez director de Información Pública, el 1° de julio de 2011 habrían direccionado hacia Global Meanas SA dos avisos para publicar en el diario Agroempresario, en las ediciones de agosto y septiembre de 2011, según una síntesis publicada por el sitio Entre Ríos Ahora.
 
El primero era bajo la consigna de "Entre Ríos Exporta"; y el segundo se dirigía al turismo, con el speech "Entre Ríos Invita". Uno y otro aviso se publicaron en las ediciones 91 y 92 de Agroempresario, por un monto de 118.000 pesos. Esa cifra, se supo además, fue aprobada por el decreto N°1057 del 18 de abril de 2012, que lleva la firma de Urribarri y Báez. La tesis de la fiscalía es que hubo un "direccionamiento arbitrario" que se habría realizado en connivencia con el empresario Buffa.
 
Según la Fiscalía, para la presunta contratación amañada también se sortearon los mecanismos legales de contratación, como la competencia de oferentes, es decir la licitación pública. Otro detalle que surgió, es que el pago de los 118.000 pesos se dio cuando la empresa beneficiada ni siquiera se encontraba inscripta en el Registro de Medios.
 
 
Audiencia y confirmación
 
El 20 de abril último, tras la apelación presentada por las defensas de Urribarri y Báez, se realizó la audiencia donde las partes expusieron sus argumentos. Allí, según registró este medio, las fiscales Matilde Federik y Patricia Yedro solicitaron al Tribunal de Apelaciones que rechace la apelación. "Claramente esta empresa -Global Means- pertenece, al menos, al señor Báez", fustigó Federik en sus alegatos en relación a cuál habría sido el interés de los ex funcionarios para direccionar el contrato de publicidad de un monto de 118 mil pesos.
 
La novedad fue la acusación de la fiscal Federik en relación al interés que habría tenido Pedro Báez en direccionar la publicidad a la empresa Global Means. "Está claro que orientaron la maniobra hacia un fin determinado que era contratar con esta empresa. Pero, ¿por qué con esta empresa? Porque entendemos que existe prueba que nos permite sostener la relación directa entre Global Means y Báez", expresó la fiscal mientras le respondía los argumentos a los abogados defensores.
 
Luego, a fin de abril el Tribunal de Apelaciones rechazó los recursos de apelación interpuestos por las defensas técnicas del ambos imputados, y confirmó el auto de procesamiento.
 
Fuente: Análisis Digital
 
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19-05-2018 / 10:05
Cincuenta y dos telegramas de despido fueron enviados desde la empresa editora de El Diario en las últimas horas. El número representa la mitad de la planta de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) que hoy tiene a su cargo la impresión del centenario matutino.
 
La firma adeuda los salarios desde diciembre, además de no pagar a obras sociales, ART ni hacer los aportes jubilatorios y de adeudar anticipos de incrementos salariales de casi dos años. Los telegrama, que se recibieron entre la tarde-noche del jueves y viernes por la mañana, llevan la firma del "apoderado" de la empresa, Andrés Arias.
 
La medida, se indica, es "en virtud de la notoria falta de trabajo y el cierre de la planta impresora". El Diario de Paraná no se imprime desde el día lunes de esta semana y no por acción de los trabajadores sino por decisión de la empresa.
 
Los empleados de El Diario se encontraban realizando medidas de fuerza desde hacía meses a raíz de la falta de pago de haberes (seis meses impagos), la retención de aportes y el lamentable estado del espacio de trabajo.
 
En medio de negociaciones con referentes de otras empresas de medios (primero se dijo que había avances con José Luis Manzano, luego con El Litoral de Santa Fe personificado en la figura de Nahuel Caputo) SAER, a través de Arias, resolvió el despido de 50 empleados.
 
De este modo, tras períodos de look out patronal, vaciamiento de los activos y desprestigio de una marca histórica, la firma a cargo del empresario urribarrista Ramiro Nieto y la familia del Ministro de Producción de la Nación, el macrista Luis Miguel Etchevehere, avanzó en una medida más drástica de todas, dejando en la calle a 50 trabajadores y sin sustento a 50 familias.
 
La Opinión Popular

19-05-2018 / 10:05
18-05-2018 / 12:05
La concejal de Paraná Cristina Sosa (FpV) anunció que presentarán "un pedido de informe con interpelación" al intendente Sergio Varisco, luego de conocida la imputación en su contra en una causa relacionada al narcotráfico.
 
"A este tema hay que manejarlo en dos niveles: por un lado, tanto el intendente como la funcionaria y el edil darán cuentas en la Justicia a partir de la imputación, pero en lo personal voy a centrar mi preocupación en la institución municipio; qué pasa en el municipio y cómo seguirá funcionando independientemente de la decisión del intendente de seguir en su cargo o no, que será una determinación personal y política", analizó.
 
Asimismo, definió "como una estrategia política" el anunció que realizó Varisco la semana pasada, al día siguiente de los allanamientos en la Municipalidad y su casa familiar, para comenzar la obra del colector sureste de la ciudad.
 
"Es una estrategia política que se utiliza para tapar la triste, lamentable y grave realidad que está ocurriendo en la conducción del municipio de Paraná. Todo es un bleff, es una estrategia y una dinámica política que viene siendo utilizada para desviar de la atención los problemas inherentes a la institucionalidad", criticó.
 
Sobre la posibilidad de solicitarle licencia a los involucrados, aclaró que "de acuerdo a la legalidad, la imputación no es causal para destitución, pedido de licencia ni exoneración, pero eso dependerá de la actitud y la responsabilidad que tenga cada uno".
18-05-2018 / 12:05
Escuchas telefónicas, cocaína, anotaciones, cuadernos, dinero, documentación, testigos, vigilancias, videos, fotos, celulares. ¿Qué tiene en sus manos el juez federal Leandro Ríos?
 
Alguna evidencia o muchas en concierto hicieron cambiar sus sospechas respecto del año pasado: en el procesamiento a la banda narco liderada por Daniel Tavi Celis, había sostenido que el intendente de Paraná, Sergio Varisco, fue imprudente al realizar un acuerdo político con quien se presentaba como vecinalista de la zona oeste de la ciudad.
 
Es decir, que no se pudo comprobar que sabía que un narcotraficante financiaba su campaña electoral de 2015. Ahora el cambio es radical: Ríos no solo sospecha que sabía, sino que sostiene que Varisco participó en la venta de droga. Un bombazo judicial sin precedentes, cuyas consecuencias políticas e institucionales son impredecibles.
 
Ayer en horas de la siesta comenzaron a llegar las citaciones a los domicilios de los imputados: Varisco, el concejal de Cambiemos Pablo Hernández y la funcionaria del área de Seguridad del municipio (también oficial de la Policía de Entre Ríos) Griselda Bordeira.
 
Los tres serán indagados el martes por comercialización de cocaína, junto a otros dos acusados, Ernesto Ramón González y Alan Nicolás Viola, empleados municipales. El miércoles serán indagados también Daniel Celis, su exesposa Luciana Lemos, sus familiares Eduardo Humberto Celis, Nahuel Jonatan Eduardo Celis, el peruano Wilber Figueroa Lagos, Juan Manuel Gómez y Jonathan Jesús Heintz por los roles particulares que cada uno habría cumplido en la organización.
 
Por lo pronto, el martes a la mañana Varisco se presentará en el Juzgado Federal. Como cualquier ciudadano citado a indagatoria, le pintarán los dedos y le informarán el hecho delictivo imputado. Es una instancia de defensa: podrá declarar o abstenerse de hacerlo, sin que esto signifique que oculta algo. Habrá que ver qué le aconseja su abogado Rubén Pagliotto. Lo mismo respecto de Bordeira, asistida por el defensor Boris Cohen, y de Hernández, quien aún busca un letrado.
 
Los funcionarios públicos y sus abogados sostienen su inocencia a muerte. Varisco había dicho estar tranquilo con el accionar judicial. De aquí al martes, se espera alguna otra declaración ante la prensa.

18-05-2018 / 11:05
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