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Nacionales - 15-04-2018 / 11:04
LA INFLACIÓN SIGUE ELEVADA Y EL PODER ADQUISITIVO DE LOS TRABAJADORES DESCIENDE

El objetivo de la economía macrista es reducir el salario real para incrementar las ganancias de los empresarios

El objetivo de la economía macrista es reducir el salario real para incrementar las ganancias de los empresarios
La clave de la política económica del gobierno de Macri: reducir el costo laboral unitario (por unidad producida) del empleo registrado del sector privado. Con una disminución de esa variable aumentará el rendimiento del capital y, de este modo, incrementará los incentivos económicos para promover las inversiones e impulsará así el crecimiento de la economía y del empleo, en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores.
La tasa de inflación de marzo fue de 2,3 por ciento, acumulando un alza de 6,7 por ciento en el trimestre con un proyección del 22 al 25 por ciento en el año. Quedó totalmente fuera de registro la meta del 15 por ciento impuesta por la Jefatura de Gabinete al Banco Central.
 
Ese último porcentaje es el aumento salarial pactado por varios grandes gremios y cámaras empresarias, bajo la atenta presión del Ministerio de Trabajo. La cartera laboral informa que el 75 por ciento de las paritarias ya negociadas fueron cerradas con esa cifra, quedando pendiente acuerdos con la UOM, Bancarios y Camioneros.
 
Si no hay alteración en la tendencia alcista de los precios y/o una revisión de esa pauta salarial, los trabajadores formales culminarán el 2018 con una pérdida real de sus ingresos. Con ese saldo, más que la Meta de Inflación, la atención debería concentrarse en la Meta del Salario del gobierno de Mauricio Macri.
 
A diferencia del objetivo oficial con los precios, con el de los salarios va consiguiendo los avances pretendidos. Logró que disminuya la carga de los salarios en la estructura de costos de las empresas.
 
Esto se evidencia en la sucesión de conflictos laborales derivados de despidos, suspensiones, pago en cuotas o reducción de salarios. El ajuste de trabajadores en el sector privado, sin discriminar grandes o pequeñas empresas, locales o extranjeras, se extiende a la administración pública.
 
La caída del salario real de los trabajadores formales es mayor del 10 por ciento, para los trabajadores del transporte de corta distancia, en dos años de economía macrista. Porcentaje similar de pérdida padecieron los trabajadores de la actividad textil, mientras que los del calzado retrocedieron 6,0 por ciento. El retroceso será más pronunciado si no hay revisión de los acuerdos paritarios que ya se pactaron al 15 por ciento en este año.
 
A lo que se suma la reducción de personal provocado por la inviabilidad de empresas sometidas a tarifazos, apertura de importaciones, baja de consumo y poco crédito a la industria. Además,  retrocede el empleo privado asalariado registrado (formal) y avanzan el precario (monotributo en sus diversas formas, personal por agencia, contratos a plazo fijo) y la informalidad.
 
La clave de la política económica del gobierno de Macri: reducir el costo laboral unitario (por unidad producida) del empleo registrado del sector privado. Con una disminución de esa variable aumentará el rendimiento del capital y, de este modo, incrementará los incentivos económicos para promover las inversiones e impulsará así el crecimiento de la economía y del empleo, en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores. 

 
La Meta del Salario
 
La inflación es una manifestación de esa política laboral regresiva, con la pasividad portentosa de conocidos capos sindicales, algunos viajando a Europa con el ministro Jorge Triaca (h) y otros con un silencio estruendoso, cuando hace poco habían liderado varios paros generales por el alcance del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores en relación de dependencia, que hoy involucra a un universo más amplio.
 
No todos los jefes de gremios actúan con lógica empresaria, colonizados con ideas económicas neoliberales; existen también muchos otros que resisten el ajuste en un contexto de persecución política judicial para quienes no se someten al gobierno de Macri.
 
 
Despidos
 
El portal Infogremiales es una fuente relevante para el seguimiento de la sucesión de conflictos laborales derivados de despidos, suspensiones, pago en cuotas o reducción de salarios.
 
Una de las principales cadenas de comercialización de bienes de consumo masivo, la francesa Carrefour, presentó un procedimiento preventivo de crisis para reducir la planta entre 1000 y 2500 trabajadores; la multinacional farmacéutica Abott inició un plan de retiros voluntarios en su planta de Florencio Varela, que ya implicó una baja de alrededor del 20 por ciento de su plantilla; La Campagnola, del grupo Arcor, desplazó a unos 300 trabajadores en sus dos plantas localizadas en Mendoza, entre 2017 y lo que va de este año, y no paga una suma compensatoria por inflación de 7000 pesos.
 
Estancia El Rosario, fábrica de los ineludible alfajores cordobeses, no paga los salarios de sus trabajadores hace dos meses y está a punto de cerrar; la mayorista Autoservicio Primo Hermanos dejó de operar despidiendo a 48 trabajadores, agremiados en la rama logística de Camioneros; la multinacional Cargill dispuso un lockout (cese de la producción y suspensiones sin goce de sueldo), como respuesta al reclamo por el despido de 33 trabajadores de la planta de Villa Gobernador Gálvez.
 
La Unión de Jerárquicos Petroquímicos de Bahía Blanca alertó de una posible reestructuración de Unipar Indupa, controlada por capitales brasileños, que significaría pérdida de puestos.
 
El ajuste de trabajadores en el sector privado, sin discriminar grandes o pequeñas empresas, locales o extranjeras, se extiende a la administración pública. Hubo reducción de personal en áreas vinculadas a la producción, como en la fábrica militar Fanazul, y organismo como el INTI, los ministerios de Hacienda y de Energía, la red de medios públicos, Senasa, entre otras dependencias. Además se ha presentado un régimen de retiros voluntarios.
 
El dato llamativo es que en el registro del Ministerio de Trabajo, en base a información proporcionada por el registro de la Seguridad Social (AFIP), la cantidad de empleados públicos aumentó en 53 mil en enero pasado respecto al mismo mes del año anterior.
 
En el caso de la administración central, los despidos son parte de la estrategia de renovación de personal para incorporar personal con sello PRO, con salarios por encima de los cesanteados. Es una nueva etapa de la colonización del Estado por parte de fuerzas políticas conservadoras.
 
 
Salarios
 
El reciente informe de Economía Política para la Argentina (EPPA), publicado en el suplemento Cash, el domingo pasado, detalla la evolución del salario real sectorial en los dos primeros años del gobierno de Macri.
 
En base a datos del Ministerio de Trabajo, destaca la caída del poder adquisitivo en los empleados del Transporte, con una merma de 8,5 por ciento, sector que tuvo a sus principales dirigentes sindicales como los más combativos en el último gobierno de CFK, y hoy son dóciles acompañantes de la administración macrista que castiga el salario real y amplia la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias.
 
Los docentes también sufrieron una pérdida de 8,2 por ciento del salario real, seguido por petroleros, con 7,8 por ciento; estatales, 7,1 por ciento, y trabajadores de comercio, con 4,9 por ciento. 
 
El Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo-Universidad Nacional de San Martín también realizó un estudio de la evolución del salario real de los trabajadores formales. Calculó una caída mayor, del 10 por ciento, para los trabajadores del transporte de corta distancia, en base a registros de los convenios y de información del Indec, en dos años de economía macrista. Porcentaje similar de pérdida padecieron los trabajadores de la actividad textil, mientras que los del calzado retrocedieron 6,0 por ciento.
 
A partir de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), procesados por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del Ministerio de Trabajo, el informe precisó los salarios efectivamente pagados por los empleadores privados a los trabajadores registrados.
 
En términos globales, hubo un alza del 3,0 por ciento de los salarios reales abonados por las empresas en 2017, pero esa mejora no fue suficiente para compensar la pérdida de poder de compra de 2016. Concluye entonces que el salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado en los dos primeros años del gobierno de Macri retrocedió 3 por ciento. En el primer trimestre de este año, con una tasa de inflación de 6,7 por ciento y salarios sin actualización, se produjo una caída adicional del ingreso real de los trabajadores.
 
El retroceso será más pronunciado si no hay revisión de los acuerdos paritarios que ya se pactaron al 15 por ciento en este año. Sin un ajuste al alza se repetirá otro año con la mayoría de los sindicatos fijando aumentos de convenios por debajo de la inflación.
 
El Cetyd-Unsam detalló que de 16 convenios analizados, que representan más del 60 por ciento del total del empleo privado, en 13 se acordaron aumentos inferiores al índice de precios al consumidor de enero de 2016 a diciembre de 2017.
 
 
Objetivo
 
El director del Cetyd-Unsam y ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, explica en el reporte que la pérdida de ingresos se suma a un nuevo ciclo de despidos colectivos en el sector privado.
 
Reducción de personal provocado por la inviabilidad de empresas sometidas a tarifazos, apertura de importaciones, baja de consumo y poco crédito a la industria.
 
Menciona que los datos evidencian un claro deterioro en la estructura ocupacional: retrocede el empleo privado asalariado registrado (formal) y avanzan el precario (monotributo en sus diversas formas, personal por agencia, contratos a plazo fijo) y la informalidad.
 
"Producto de estas 'nuevas' formas de contratación, la desocupación se mantiene 'estable' y se anuncia un crecimiento del empleo que enmascara cambios cualitativos relevantes", señala.
 
Destaca cuál es la clave de la política económica del gobierno de Macri: reducir el costo laboral unitario (por unidad producida) del empleo registrado del sector privado. Esta meta es uno de los principales ejes del modelo actual de política económica, que asegura que con una disminución de esa variable aumentará el rendimiento del capital y, de este modo, incrementará los incentivos económicos para promover las inversiones e impulsará así el crecimiento de la economía y del empleo.
 
La reducción del costo laboral unitario en la economía macrista podría haber sido el resultado de una mejora de la productividad laboral: si una misma dotación de trabajadores consigue aumentar la capacidad de producción, el costo laboral unitario se reduce porque al empresario le resulta más económico fabricar cada uno de esos bienes. Pero no hubo cambios en la productividad en relación a 2015, indica el informe Cetyd-Unsam.
 
Otra forma de disminuir el costo laboral unitario es que aumenten los precios de bienes o servicios que producen las empresas o por la caída del salario real. Esto último fue el factor principal que impulsó su baja, estimado en 3 por ciento. Esto implica que, en términos globales, las ganancias empresarias por unidad de producto se incrementaron en detrimento del poder adquisitivo de los trabajadores.
 
El oficialismo puede mostrar al mundo empresario que se está esmerando para cumplir la tarea, pero la exigencia es más alta porque el objetivo de reducción del salario es más ambicioso. Por eso la insistencia con la Meta del Salario en el 15 por ciento en línea con la fantasiosa Meta de Inflación.
 
Como no cumplirá con ese trayecto en los precios, con paritarias pactadas en ese nivel, conseguirá otra vuelta de ajuste en el costo laboral unitario. Este es la principal finalidad de la desconcertante, para quienes quedan atrapados de la estrategia de distracción oficial, batalla pérdida con los precios en la que insisten los funcionarios.
 
Mientras la mayoría se entretiene con un Banco Central devaluado con las imaginarias Meta de Inflación, el gobierno avanza con firmeza apuntando al blanco con la Meta del Salario.
 
Por Alfredo Zaiat
 
Fuente: Página12
 

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22-04-2018 / 19:04
22-04-2018 / 17:04
De visita en Estados Unidos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó ante periodistas argentinos que hay un "optimismo total" sobre lo que aquí sucede. Pocos días antes, El País publicó un sencillo y claro reportaje, a Guillermo Ambrogi, presidente de la Cámara de Comercio Española en Argentina. Ambrogi no teme decir que Macri fue ingenuo cuando creyó que lo iban a tapar con inversiones.
 
Y que esas inversiones (que se esperan hace más de dos años) no llegarán hasta que una inflación controlada garantice a los empresarios su tasa de ganancia. No se refirió en primer lugar a los costos laborales (que mencionó después), sino de la inflación.
 
De eso deberíamos hablar: de que Macri se equivocó en sus predicciones y diagnósticos y que llegó al gobierno haciendo promesas que eran mentiras o torpes ingenuidades. Elíjase lo que mejor parezca.
 
El mismo jueves en que se difundió el optimismo de Caputo, también nos enteramos de que los aliados de la UCR y la Coalición Cívica habían logrado que los férreos Marcos Peña y Aranguren accedieran a dos modificaciones en el cronograma de los aumentos de tarifas.
 
La noche anterior, en barrios que no pueden ser denominados K, cientos de ciudadanos cortaron bocacalles entonando la consigna "Mauricio Macri la puta que te parió". Más que sensibilidad social o negociación con sus aliados, el macrismo se dio cuenta de que esas manifestaciones no eran buenos preliminares para su pretensión de 2019.
 
No queda claro si los radicales están en condiciones de capitalizar el triunfo de dos puntos de su pliego de modificaciones sobre tarifas. El problema, para los radicales, es que no tienen figuras que puedan hacer balance con lo que logran.
 
Es injusto que no se reconozca a Mario Negri haber encabezado la negociación para morigerar el sablazo planificado por Aranguren. Pero así es la política. La inquietud toca a los radicales, que suponen (con razón) que no están incorporados a una alianza.
 
Una alianza de gobierno requiere experiencia y un grado de confianza considerable. Sobre todo, requiere que los aliados no pierdan más de lo que ganan, ni que los desvele la certeza de que el "otro" ha ganado infinitamente más que uno mismo.
 
Una alianza implica distribución equilibrada del poder, de la discusión de las decisiones. Implica prever las posiciones del otro. Implica tacto, conocimiento y deliberación.
 
En países de régimen parlamentario, las condiciones de la alianza se pactan antes de firmar los papeles; la distribución de los cargos, también. Después, sin duda, habrá desinteligencias y discusiones, pero antes se hizo todo lo posible para evitarlas, aunque se sepa que son ineludibles.

21-04-2018 / 17:04
21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

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