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“Que el Gobierno no trafique con el cuento de los cambios ni de las renovaciones. Todo está igual. Que les falten el respeto a los radicales, vaya y pase. Pero a la sociedad, no”. Jorge Asís
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Nacionales - 10-04-2018 / 10:04
EN COINCIDENCIA CON LA LLEGADA DEL ESPAÑOL, EL GOBIERNO ENVIÓ AL CONGRESO UN PROYECTO QUE BENEFICIA A TELEFÓNICA

Macri y Rajoy: Dos amantes que se reencuentran

Macri y Rajoy: Dos amantes que se reencuentran
Luego de insistir en la supuesta “angustia” que sentimos los argentinos al independizarnos de España, en 1816, y de afirmar que las relaciones entre ambos países “son como las de dos amantes que se han vuelto a encontrar”, el Presidente Mauricio Macri recibió anoche la visita de su par español, Mariano Rajoy, quien estará dos días en la Argentina.
Tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Habrá que ver a qué costos. Lo cierto es que, luego de insistir en la supuesta "angustia" que sentimos los argentinos al independizarnos de España, en 1816, y de afirmar que las relaciones entre ambos países "son como las de dos amantes que se han vuelto a encontrar", el Presidente Mauricio Macri recibió anoche la visita de su par español, Mariano Rajoy, quien estará dos días en la Argentina.
 
La retórica macrista recuerda a las relaciones carnales con Estados Unidos de las que se jactaba el menemismo y el grado de peligrosa amistad es tal que el derechista Rajoy llega con un regalo por demás simbólico para el jefe de Estado: el otorgamiento de la ciudadanía española para su mamá, Alicia Blanco Villegas.
 
Previo a la visita, el derechista Macri ya apuró algunas concesiones: por ejemplo, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para habilitar a las empresas de telecomunicaciones, entre ellas Telefónica de España, a brindar televisión satelital.
 
Será la compensación al disgusto que le dio el Gobierno argentino al poder económico español un año atrás. Macri estaba volando hacia Madrid cuando el Enacom sacó una resolución que autorizó a Nextel a dar servicio 4G aunque no había participado en licitaciones.
 
Telefónica se quejó porque había pagado 500 millones de dólares en la licitación por el espectro 4G. No está claro si el presidente Macri tuvo angustia, pero decidió apurar el debate para eliminar restricciones a las telefónicas para competir en televisión que agradará ya no al "querido rey" sino a Rajoy.
 
Rajoy llega acompañado de unos 60 empresarios y antes de su arribo le hizo saber a Macri su malestar por la semi estatización de YPF, controlada hasta 2012 por la empresa ibérica Repsol, que recibió una indemnización por 10.000 millones de dólares. Ya en tiempos K, la petrolera nacional firmaba acuerdos secretos y sin control con firmas extranjeras. Mientras que al día de hoy, el 49% de la compañía continúa en manos internacionales. Pero Rajoy pone el grito en el cielo y Macri lo escucha.
 
De España también es el grupo Marsans, al que en diciembre de 2008 se le expropió Aerolíneas Argentinas en una maniobra que tampoco quedó del todo clara y por la que el Estado fue condenado a pagar 320 millones de dólares en concepto de indemnización. La situación se agrava si se advierte que el Gobierno actual abrió el juego para el ingreso de las low cost, que le disputan el cielo y quitan competitividad a Aerolíneas.
 
Es de esperar que Rajoy, junto a su tropa de empresarios, aticen también el fuego de los negocios aeronáuticos. No le costará demasiado convencer al enamorado Macri, quien en estos días reconoció que el nivel de afecto que recibió en su visita a España "fue tanto" que hasta dudó en quedarse "ahí, a vivir para siempre".
 
La Opinión Popular

EN COINCIDENCIA CON LA LLEGADA DE RAJOY, EL GOBIERNO ENVIÓ AL CONGRESO UN PROYECTO QUE BENEFICIA A TELEFÓNICA
 
Un obsequio como para que se sienta en casa
 
Mauricio Macri sostuvo que el presidente español Mariano Rajoy traía a nuestro país "una agenda intensa en todos los campos. Espero que me ayude a convencer a los españoles, definitivamente, de que aquí son muy bienvenidos, que ésta es su casa".
 
Una de las ofrendas con que Macri recibirá a Rajoy será la ley que el Gobierno envió al Congreso para que las telefónicas participen del negocio de la televisión satelital, es decir, para que Telefónica de España compita en iguales condiciones que el poderoso consorcio unificado de Cablevisión-Telecom. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, irá hoy mismo al Senado a defender la iniciativa.
 
El gobierno de Cambiemos quiso saldar las diferencias en el negocio del cuádruple play con un decreto que habilite la competencia a través de la televisión satelital, tras aprobar la fusión de Cablevisión-Telecom, pero terminó por dar marcha atrás con la idea.
 
El Ministerio de Modernización se encargó de elaborar un proyecto en el mismo sentido que envió al Congreso el jueves pasado, en vísperas del arribo de Rajoy junto a la comitiva empresarial que integra la conducción de Telefónica de España.
 
Hoy mismo el ministro Ibarra irá al Senado, por donde ingresó el proyecto de "Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia de Tecnologías de Información y las Comunicaciones", para defenderlo. La oposición aun no ha fijado postura aunque reclama audiencias en la que participen todos los sectores involucrados.
 
La iniciativa apunta a modificar la actual ley "Argentina Digital" -aprobada en 2014- que estable que los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán brindar servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) "con excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital".
 
Un reclamo de Telefónica que, tras la unificación de Cablevisión (una compañía del Grupo Clarín) con Telecom -fusión que todavía no está aprobada aunque se da por descontado- solo podía competir con el nuevo y poderoso conglomerado a través de la apertura de la operatoria de al televisión satelital.  
 
En los fundamentos, el proyecto oficial señala que "la distinción entre la radiodifusión por vínculo físico o radioeléctrico y la que se presta a través de medios satelitales, resulta artificial, por lo que no se justifica otorgar un distinto tratamiento regulatorio a prestaciones que, en esencia y desde el punto de vista del usuario, resultan idénticas".
 
La iniciativa también abarca otros aspectos con la intención de "igualar" la competencia que "favorezca el ingreso de nuevos operadores" al mercado.
 
Entre ellas, la obligación de los actuales "prestadores o concesionarios de facilitar a los licenciatarios de Servicios de TIC, el acceso a la infraestructura pasiva de la que sean titulares, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica. Antenas, equipos, dispositivos" y hasta la "utilización de redes de distribución eléctrica".
 
La iniciativa invoca en sus fundamentos la resolución de la ONU sobre libertad de expresión por Internet y acceso a la misma, pero no establece obligaciones para los licenciatarios de llevar el servicio a zonas que los mismos no consideran rentables.
 
Una discusión que el Gobierno busca saldar al fijar que los nuevos operadores no podrán hacerlo en las ciudades o pueblos con menos de 80 mil habitantes, donde el servicio quedaría en manos de cooperativas y pymes. Una concesión al reclamo de cooperativistas y pequeños empresarios, que exime de obligaciones a los grandes jugadores del mercado.
 
Por Miguel Jorquera
 
Fuentes: Página12, Hoy en la Noticia y BAE Negocios

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18-09-2018 / 16:09
El Gobierno de Mauricio Macri anticipa ahora que la luz al final del túnel llegará en el segundo trimestre del próximo año, gracias a un incremento de las exportaciones agropecuarias.
 
La recesión se extendería entonces hasta marzo de 2019 y luego la actividad iniciaría una recuperación, según explicaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda, pese a que anticipan que el contexto externo continuará siendo negativo y que no esperan el empujón de la obra en infraestructura vía contratos de Participación Público Privada (PPP), modalidad a la que "ya no apostamos ni una ficha", según dijeron.
 
El fondo de garantía de sustentabilidad, stock de respaldo de los aportes para los jubilados, comenzará a usarse a partir de abril próximo para el pago de los haberes previsionales, dado que para ese mes se habrán consumido los ingresos provenientes del blanqueo de capitales.
 
Como el Banco Central tiene prohibido por el acuerdo con el FMI financiar al Tesoro, será el Banco Nación el que aporte el año próximo 15.000 millones de pesos de sus utilidades. También se congelará el fondo de incentivo docente a las provincias en términos nominales, con el objetivo de que la inflación lo vaya licuando con el tiempo.
 
Desde el gobierno de los CEOs reconocen que hubo una enorme diferencia entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que terminó sucediendo. Sin embargo, lo reducen a cuestiones externas e imponderables: sequía, volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de tasas de interés de Estados Unidos y recientemente los problemas en Brasil.
 
Nada de esto está previsto que vaya a cambiar pero esta vez aseguran que una buena cosecha alcanzará para compensar todos esos problemas. "El contexto externo desfavorable se va a mantener, pero la apuesta es a una mejora en la cosecha. El agro va a traccionar", se esperanzan en Hacienda.
 
También esperan que el consumo mejore en términos interanuales recién en el último trimestre del año próximo, cerca de la elecciones presidenciales, en torno a 15 por ciento contra 2018. De todos modos, en el balance anual el consumo privado se proyecta con una contracción del 1,6 por ciento.
 
En resumen, el Gobierno de los Ricos proyecta una reducción nominal de 7 puntos en las partidas para obra pública, da por caído los PPP, echará mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar a jubilados, avanzará con privatizaciones y seguirá aumentando las tarifas.
 
Los intereses de deuda representan ya el 18 % del gasto público. Mientras, la educación y cultura sufrirán un fuerte recorte real, también salud, ciencia y técnica y los salarios de trabajadores del Estado. El gobierno sólo quiere la "bendición" del FMI para conseguir financiamiento de cara a 2019.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 07:09
Como se esperaba, el juez federal de la "servilleta", Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero para enriquecerse.
 
En las 551 páginas del texto conocido ayer, no se aporta ninguna evidencia de dónde están los dólares ni los bienes ni las cuentas ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero del enriquecimiento.
 
Tampoco hay testigos o arrepentidos que digan que arreglaron algo o le entregaron algo a la ex mandataria, salvo el caso de José López, quien se despachó con una nueva versión, la quinta que cambia, de que habló con Cristina sobre recaudación de plata y "supone" que ella le mandó los 9 millones de dólares que le encontraron cuando los tiró en el convento.
 
Los procesamientos de ayer abarcan a un amplio grupo de empresarios que se dividieron entre los que dicen que pusieron plata para campañas electorales -algunos presionados y otros por propia voluntad-; los que armaron el club de la obra pública y pagaron coimas; el club de los peajes, que también pagó coimas y el grupo Techint que dice que aportó para negociar una indemnización en Venezuela.
 
También fueron procesados funcionarios de todos los niveles, la mayoría de ellos negó haber recibido dinero y hasta alguno demostró que vive en la más absoluta modestia, con lo que refutan haberse enriquecido.
 
Bonadío lleva adelante, junto al fiscal Carlos Stornelli, una investigación que ha despertado sospechas y polémicas por las pruebas en que ha basado sus fallos, la arbitraria utilización de la figura del "arrepentido" y la direccionalidad de las acusaciones, que incluye un "blindaje" que hasta ahora rodea al presidente Mauricio Macri y sus responsabilidades empresarias y políticas.
 
El pretendido Lava Jato argentino es una causa enfilada contra el cristinismo. Quieren a Cristina presa durante la campaña electorral. Los empresarios que inculparon ex funcionarios K obtuvieron la libertad inmediata durante el proceso. Los arrepentidos que desplegaron versiones auto exculpatorias bajo intimidación fueron casi todos procesados.
 
Son claves las violaciones del debido proceso: detenciones abruptas, morbosamente transmitidas en directo e injustificadas. Completan el cuadro condiciones desdorosas de encarcelamiento, con amenazas de mantenerlas si no mediaban relatos que enlodaran a los procesados opositores a Macri.
 
Los hechos deben ser investigados, juzgados, sancionados si median evidencias contundentes. Y en esta cuestión abundan elementos probatorios verosímiles, muy en especial las autoinculpaciones. Pero las sospechas, los indicios, las declaraciones, requieren recorrer el debido proceso, en especial el ejercicio del derecho de defensa. La cárcel prematura, pensada para durar años constituye una condena anticipada, he ahí su injusta racionalidad.
 
La Opinión Popular

17-09-2018 / 10:09
En el peor momento de la crisis del plan económico del gobierno de Mauricio Macri, con los mercados financieros cerrados para nuevos préstamos y el FMI (la última carta del gobierno) endureciendo las condiciones para renovar el acuerdo (el primero cayó antes de cumplir tres meses), al PRO se le está haciendo cuesta arriba convencer, a propios y extraños, que su política de endeudamiento es sustentable en el tiempo. Ni siquiera para el tiempo más inmediato, lo que resta de aquí a fin de año.
 
El informe de La Deuda Externa que acaba de elaborar el Observatorio de la UMET, que dirige Arnaldo Bocco, señala que el Programa Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda, según el cual las necesidades de divisas para cumplir con los vencimientos se cubrirían con renovación de títulos, financiamiento externo e interno, "resulta poco realista en un contexto financiero internacional crecientemente hostil" y desconfiado de la capacidad de repago del país.
 
Advierte, además, que tal Programa sólo prevé el cronograma de vencimientos del Tesoro Nacional, pero no la necesidad de divisas "del conjunto de la economía".
 
La administración macrista, por otra parte, se encontrará con un problema estructural adicional, subraya el informe de la UMET. De mantenerse en el tiempo el valor actual del dólar (en términos reales), cabe esperar "que la relación deuda pública/PBI alcance a finales de 2018 un nivel alarmante, superior al 111 por ciento" que, por diversas razones, es insostenible.
 
"Observando el cuadro general, se podría afirmar que nuestra economía se encuentra en un callejón sin salida", concluye el informe, sugiriendo que la crisis insalvable de divisas llevaría, una vez más, a un default (cesación de pagos) o a una reestructuración de la deuda (renegociación de vencimientos o canje), como ocurrió tras el estallido de la convertibilidad.
 
"La deuda como motor de la sustentabilidad económica, se agotó. La gestión de Mauricio Macri nos conduce a un inexorable final con derrumbe económico y con una probable cesación de pagos", definió Nicolás Trotta, director de la UMET y uno de los responsables de la creación del Observatorio de la Deuda Externa.
 
"Como en el pasado, Macri nos llevó por la ruta que tenía que evitarse; para el gobierno que venga le queda el poco aliciente de que  hasta diciembre de 2019, este proceso lo conducirá el FMI".

17-09-2018 / 09:09
A fines del año pasado, el dólar cotizaba en torno a los $18. Hoy abrirá a un promedio de $40,53. ¿Quiénes pierden con esta devaluación? Los asalariados, aquellos que quizá nunca han visto o ahorrado en dólares, pero perciben sueldos en pesos que los ubican por debajo de la línea de la pobreza, mientras pagan sus compras y consumos en dólares.
 
Los salarios de un profesional clave como el médico, que día a día batalla en un sistema público de salud devastado y percibe unos $20.300 de sueldo básico (equivalentes a US$1.128 a fines del año pasado, y a tan solo US$500 ahora); o de los castigados docentes, cuyo sueldo inicial se ubica en $12.500 (antes US$694; ahora US$308).
 
Con los mismos ingresos del año pasado, ahora va a la góndola y tiene que desembolsar más de un 100% que el año pasado para comprar un kilo de harina; más del 54% para adquirir una docena de huevos; quiere llevar a su mesa un kilo de pan y hoy le cuesta un 41% más que en 2017. Sube el precio de los alimentos, pero también el de los combustibles y el de servicios indispensables como el transporte, la luz, el agua y el gas.
 
El resultado es un duro golpe de los grandes empresarios hacia la clase trabajadora, contrayendo los salarios en términos de su poder adquisitivo. Los "mercados" lograron imponer una fuerte devaluación en poco tiempo, que supera el ritmo inflacionario y mucho más los incrementos de salarios.
 
El cóctel es letal para el consumo, el desempleo abunda, los que lo conservan ven cómo su poder adquisitivo se consume, las compras se deprimen y las pymes que quedan en pie, lejos de recibir estímulos por parte del Gobierno de los Ricos, enfrentan tasas de interés del 60%. Las más altas del mundo, letal para la toma de créditos y la producción; atractivo para los especuladores financieros.
 
La recesión está en marcha y el Gobierno de Mauricio Macri solo apuesta a que esta caída que atraviesa el consumo desacelere la inflación. Nada indica que este semestre o el próximo el escenario vaya a cambiar. Nada presupone que, antes del fin del mandato de Macri, aparezca un plan de desarrollo económico, de pleno empleo, de generación genuina de divisas. Más bien, todo lo contrario.
 
A despecho de nuestra Constitución, rige los destinos del Gobierno de los CEOs la carta magna del FMI, que le exige que si quiere los millones frescos que necesita para no entrar en default, deberá seguir obedeciendo, ajustando, devaluando lo más que se pueda, aceitando la fuga de capitales y la bicicleta financiera.
 
La salida planteada como "inevitable" y "única" es: devaluación y recesión, con más endeudamiento y sumisión al FMI. Un modelo colonial hecho a medida del "mercado" y los bancos, que con la disparada del dólar anotaron una ganancia de $14.624 millones, contra los $8.761 millones registrados en julio del año pasado. Un 66,9% más para ellos, por encima de la devaluación, de la inflación y de todo.
 
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16-09-2018 / 09:09
Aumentar el IVA al 22%. Como en Uruguay, pero sin la eficiencia de aquel Estado y con más del triple de pobres que allí. La medida, que ya estaría en manos del presidente neoliberal Mauricio Macri, sería una de las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar el próximo desembolso por US$3.000 millones, que debía llegar el lunes, pero que el Fondo no garantizará hasta tanto el Gobierno no avance en reformas "más profundas".
 
Es un capítulo más en la historia antiperonista del sometimiento neocolonial, pérdida de soberanía y dependencia de la República, desde que en mayo pasado el gobierno de la alianza de conservadores y radicales, denominada Cambiemos, anunció la vuelta al Fondo, a las relaciones carnales con Estados Unidos, cuya administración ya propone la vuelta del 1 a 1, como en las épocas de Menem y Cavallo.
 
Al calor de una crisis como la actual, con devaluación, inflación y recesión, subir el IVA equivaldría a un doble perjuicio. Achicaría todavía más el mercado interno, haría estragos entre las Pymes y ciudadanos de a pie, sobre todo entre aquellos, trabajadores y jubilados, cuyos pocos ingresos tienen un único destino: la compra de alimentos.
 
Junto a la suba del IVA al 22%, las exigencias del Fondo contemplan subir la edad jubilatoria, más despidos y recorte de salarios, facilitar la creación de empresas reduciendo costos; mayor apertura de la economía nacional a las importaciones y regulaciones favorables a la "competencia". Solo así el organismo desembolsaría los dólares requeridos para aliviar las tensiones en el mercado cambiario, producto de las groseras fallas del actual Gobierno.
 
La postergación del desembolso agrega una incertidumbre adicional a la cotización de la moneda yanqui. Pues, a pesar de las erradas y costosas intervenciones del Banco Central, el precio del dólar cerró la semana en un nuevo máximo histórico de $40,53, echando más nafta al fuego de la inflación y con los alimentos y sus consumidores como principales afectados. Así gestiona el Gobierno de los Ricos.
 
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