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Nacionales - 10-04-2018 / 10:04
EN COINCIDENCIA CON LA LLEGADA DEL ESPAÑOL, EL GOBIERNO ENVIÓ AL CONGRESO UN PROYECTO QUE BENEFICIA A TELEFÓNICA

Macri y Rajoy: Dos amantes que se reencuentran

Macri y Rajoy: Dos amantes que se reencuentran
Luego de insistir en la supuesta “angustia” que sentimos los argentinos al independizarnos de España, en 1816, y de afirmar que las relaciones entre ambos países “son como las de dos amantes que se han vuelto a encontrar”, el Presidente Mauricio Macri recibió anoche la visita de su par español, Mariano Rajoy, quien estará dos días en la Argentina.
Tarda en llegar, pero al final hay recompensa. Habrá que ver a qué costos. Lo cierto es que, luego de insistir en la supuesta "angustia" que sentimos los argentinos al independizarnos de España, en 1816, y de afirmar que las relaciones entre ambos países "son como las de dos amantes que se han vuelto a encontrar", el Presidente Mauricio Macri recibió anoche la visita de su par español, Mariano Rajoy, quien estará dos días en la Argentina.
 
La retórica macrista recuerda a las relaciones carnales con Estados Unidos de las que se jactaba el menemismo y el grado de peligrosa amistad es tal que el derechista Rajoy llega con un regalo por demás simbólico para el jefe de Estado: el otorgamiento de la ciudadanía española para su mamá, Alicia Blanco Villegas.
 
Previo a la visita, el derechista Macri ya apuró algunas concesiones: por ejemplo, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para habilitar a las empresas de telecomunicaciones, entre ellas Telefónica de España, a brindar televisión satelital.
 
Será la compensación al disgusto que le dio el Gobierno argentino al poder económico español un año atrás. Macri estaba volando hacia Madrid cuando el Enacom sacó una resolución que autorizó a Nextel a dar servicio 4G aunque no había participado en licitaciones.
 
Telefónica se quejó porque había pagado 500 millones de dólares en la licitación por el espectro 4G. No está claro si el presidente Macri tuvo angustia, pero decidió apurar el debate para eliminar restricciones a las telefónicas para competir en televisión que agradará ya no al "querido rey" sino a Rajoy.
 
Rajoy llega acompañado de unos 60 empresarios y antes de su arribo le hizo saber a Macri su malestar por la semi estatización de YPF, controlada hasta 2012 por la empresa ibérica Repsol, que recibió una indemnización por 10.000 millones de dólares. Ya en tiempos K, la petrolera nacional firmaba acuerdos secretos y sin control con firmas extranjeras. Mientras que al día de hoy, el 49% de la compañía continúa en manos internacionales. Pero Rajoy pone el grito en el cielo y Macri lo escucha.
 
De España también es el grupo Marsans, al que en diciembre de 2008 se le expropió Aerolíneas Argentinas en una maniobra que tampoco quedó del todo clara y por la que el Estado fue condenado a pagar 320 millones de dólares en concepto de indemnización. La situación se agrava si se advierte que el Gobierno actual abrió el juego para el ingreso de las low cost, que le disputan el cielo y quitan competitividad a Aerolíneas.
 
Es de esperar que Rajoy, junto a su tropa de empresarios, aticen también el fuego de los negocios aeronáuticos. No le costará demasiado convencer al enamorado Macri, quien en estos días reconoció que el nivel de afecto que recibió en su visita a España "fue tanto" que hasta dudó en quedarse "ahí, a vivir para siempre".
 
La Opinión Popular

EN COINCIDENCIA CON LA LLEGADA DE RAJOY, EL GOBIERNO ENVIÓ AL CONGRESO UN PROYECTO QUE BENEFICIA A TELEFÓNICA
 
Un obsequio como para que se sienta en casa
 
Mauricio Macri sostuvo que el presidente español Mariano Rajoy traía a nuestro país "una agenda intensa en todos los campos. Espero que me ayude a convencer a los españoles, definitivamente, de que aquí son muy bienvenidos, que ésta es su casa".
 
Una de las ofrendas con que Macri recibirá a Rajoy será la ley que el Gobierno envió al Congreso para que las telefónicas participen del negocio de la televisión satelital, es decir, para que Telefónica de España compita en iguales condiciones que el poderoso consorcio unificado de Cablevisión-Telecom. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, irá hoy mismo al Senado a defender la iniciativa.
 
El gobierno de Cambiemos quiso saldar las diferencias en el negocio del cuádruple play con un decreto que habilite la competencia a través de la televisión satelital, tras aprobar la fusión de Cablevisión-Telecom, pero terminó por dar marcha atrás con la idea.
 
El Ministerio de Modernización se encargó de elaborar un proyecto en el mismo sentido que envió al Congreso el jueves pasado, en vísperas del arribo de Rajoy junto a la comitiva empresarial que integra la conducción de Telefónica de España.
 
Hoy mismo el ministro Ibarra irá al Senado, por donde ingresó el proyecto de "Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia de Tecnologías de Información y las Comunicaciones", para defenderlo. La oposición aun no ha fijado postura aunque reclama audiencias en la que participen todos los sectores involucrados.
 
La iniciativa apunta a modificar la actual ley "Argentina Digital" -aprobada en 2014- que estable que los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán brindar servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) "con excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital".
 
Un reclamo de Telefónica que, tras la unificación de Cablevisión (una compañía del Grupo Clarín) con Telecom -fusión que todavía no está aprobada aunque se da por descontado- solo podía competir con el nuevo y poderoso conglomerado a través de la apertura de la operatoria de al televisión satelital.  
 
En los fundamentos, el proyecto oficial señala que "la distinción entre la radiodifusión por vínculo físico o radioeléctrico y la que se presta a través de medios satelitales, resulta artificial, por lo que no se justifica otorgar un distinto tratamiento regulatorio a prestaciones que, en esencia y desde el punto de vista del usuario, resultan idénticas".
 
La iniciativa también abarca otros aspectos con la intención de "igualar" la competencia que "favorezca el ingreso de nuevos operadores" al mercado.
 
Entre ellas, la obligación de los actuales "prestadores o concesionarios de facilitar a los licenciatarios de Servicios de TIC, el acceso a la infraestructura pasiva de la que sean titulares, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica. Antenas, equipos, dispositivos" y hasta la "utilización de redes de distribución eléctrica".
 
La iniciativa invoca en sus fundamentos la resolución de la ONU sobre libertad de expresión por Internet y acceso a la misma, pero no establece obligaciones para los licenciatarios de llevar el servicio a zonas que los mismos no consideran rentables.
 
Una discusión que el Gobierno busca saldar al fijar que los nuevos operadores no podrán hacerlo en las ciudades o pueblos con menos de 80 mil habitantes, donde el servicio quedaría en manos de cooperativas y pymes. Una concesión al reclamo de cooperativistas y pequeños empresarios, que exime de obligaciones a los grandes jugadores del mercado.
 
Por Miguel Jorquera
 
Fuentes: Página12, Hoy en la Noticia y BAE Negocios

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18-03-2019 / 12:03
18-03-2019 / 10:03
Mauricio Macri acusó este domingo a su padre, el recientemente fallecido Franco Macri, de participar de actividades ilegales junto al gobierno anterior, hechos de los cuales se desentendió pese a que figuran las empresas familiares que también le pertenecen.
 
"Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar", afirmó el jefe de Estado, en una doble jugada que apunta a despegar su propia figura de las investigaciones judiciales y salpicar a quienes hoy forman parte de la oposición.
 
Parece que la muerte reciente de su padre, le presentó la oportunidad para intentar separarse de la "herencia" familiar, que recae sobre su figura como sucesor del Clan Macri que se benefició y edificó su fortuna sobre la base de sucios negociados de la patria contratista con el Estado durante la dictadura militar y el menemismo.
 
Entrevistado por el periodista ultra oficialista Luis Majul en el regreso de su programa La Cornisa, el mandatario aseguró además que entre los problemas de Argentina está que "tenemos una fragilidad de nuestro sistema económico que viene de décadas" y se mostró irritado aun ante las tibias observaciones del conductor.
 
En otros fragmentos de la entrevista, que se emitió grabada y editada, Macri señaló que "no tenemos moneda, porque tenemos inflación" y celebró que "no hay más cepos", al tiempo que reiteró la cantinela incomprobable que "íbamos camino a Venezuela".
 
"Me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno", sostuvo sobre la desastrosa situación económica y social, cada vez más difícil para los sectores populares y la clase trabajadora como consecuencia del ajuste que impulsa por las directivas del FMI.
 
"Percibo el enojo de los argentinos", admitió aunque su gobierno no deja de anunciar tarifazos y medidas que empobrecen a las mayorías. Claramente, ensaya un tipo de discurso diferente al que desarrolló en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso: no se sostiene el relato que "vamos bien", que Cambiemos genera empleo y que combate la inflación.
 
"No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno y no tengo miedo de ir preso", manifestó el actual ocupante de la Casa Rosada. Por último, llamaron especialmente la atención sus conceptos sobre Cristina, porque son precisamente las críticas que se le hacen a él: "Es una persona que niega la realidad, les echa la culpa a los demás de lo que ella hace".
 
La Opinión Popular

17-03-2019 / 10:03
En esta etapa, una pinchadura -autorizada o ilegal- no se le niega a nadie, tampoco su divulgación. Charlas particulares entre la presidenta Cristina Fernández y Oscar Parrilli fueron venteadas por el periodismo in the pendiente, Diputadas de la Coalición Cívica se valen de escuchas a teléfonos de la cárcel para empiojar la causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla. "Nadie" se rasgó las vestiduras, el ministro de Justicia Germán Garavano permaneció impertérrito, la Corte Suprema miró para otro lado.
 
En Ciudad Gótica, el Gobierno promueve juicio político contra Ramos Padilla por su intervención en el Congreso. Los cargos son imprecisos y falsos a la vez. El magistrado difundió pruebas incorporadas a un expediente que es público. Todos lo son, en principio. Lo estatal es público, suena a redundancia quizá porque lo sea. Además, el secreto del sumario cesó. Por añadidura, es potestad del juez determinar su comienzo, prórroga y fin. No hay ahí falla alguna.                        
 
La "falta de imparcialidad" es un cargo opinable que tiene reparación durante el proceso. Es causal de recusación, las partes están facultadas a interponerla. El Estado argentino no es parte en el pleito, a menos que se cuele (tácitamente) en nombre de agentes de servicios de inteligencia, "de planta" o informales. Como escribió el colega Martín Rodríguez tiempo ha: en la Argentina es más fácil separar a la Iglesia del Estado que al periodismo de la SIDE. La SIDE se llama ahora AFI, solo eso  cambió.
 
Parece difícil que el juicio político avance. Los jueces que integran el Consejo de la Magistratura deberían oponerse por mínimo respeto a su labor y apego a la ley. También el representante de los abogados Juan Pablo Mas Vélez cuya condición de radical no debería perturbarlo.
 
Los canales de la cadena privada de propaganda macrista produjeron un apagón televisivo durante la sesión, a costa de perder rating. No les alcanza porque sobreviven medios críticos que la hacen conocer.
 
El periodista Edi Zunino publica en Perfil una columna lapidaria sobre su ex compañero en Animales Sueltos, Daniel Santoro. Lo sindica como "coronel" del periodismo de guerra, no es poco.
 
La desesperación oficialista da cuenta de la credibilidad del material incorporado al expediente, obtenido e informado de modo legal. La judicialización de la política por una vez se les hizo búmeran a las huestes del presidente Mauricio Macri. La degradación institucional crece día tras día. El pedido de juicio político guarda plena coherencia con el contexto, mientras lo agrava.
 
Por Mario Wainfeld

16-03-2019 / 08:03
El gobierno de Mauricio Macri decidió avanzar a fondo contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal y extorsión en la que estarían involucrados el falso abogado Marcelo D'Alessio, agentes de inteligencia, fiscales como el macrista Carlos Stornelli, periodistas afines y dirigentes políticos de Cambiemos.
 
El Poder Ejecutivo le pidió a su representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Pablo Mahíques, que inicie el proceso de juicio político contra el magistrado. La embestida de Cambiemos contra Ramos Padilla lleva ya varias semanas pero se precipitó ayer, justo el día en que el juez federal de Dolores envió un nuevo pedido de citación a indagatoria para el fiscal macrista Carlos Stornelli (para el 20 de marzo) y realizó una ampliación de la indagatoria a D'Alessio, quien se negó a declarar.
 
También cuando el caso comenzaba a ramificarse y profundizarse, entre otras cosas, a partir del pedido de indagatoria del juez Luis Rodríguez a otro fiscal, Juan Ignacio Bidone, quien también reconoció haber colaborado con D'Alessio para realizar tareas de espionaje.
 
En los allanamientos y la investigación sobre D'Alessio, pudieron encontrarse varias pruebas de presuntos vínculos tanto con la Ministra de Justicia, Patricia Bullrich, así como con la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió y su principal espada en la Justicia, la diputada Paula Oliveto.
 
El alcance podría llegar incluso hasta el presidente Mauricio Macri, dado que en un intercambio de chats, D'Alessio le cuenta a Stornelli que "estaba con el amigo MM". También hay evidencia de fluidos contactos con integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y con periodistas de medios afines al gobierno nacional, como Clarín.
 
La noticia despertó un amplio rechazo entre juristas y académicos, incluso entre quienes han tenido una actitud muy crítica del gobierno K como el abogado Andrés Gil Domínguez. "Solicitar el juicio político del juez Ramos Padilla implica un suicidio institucional del gobierno, que lo asemeja a las peores prácticas K y un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial. No luchamos tantos años por la República para terminar así", señaló Domínguez.
 
Para Maximiliano Rusconi "es un tremendo y global acto de auto encubrimiento". "La pregunta es qué quieren cubrir, ¿sólo lo que ya sabemos? ¿O esta decisión pretende encubrir actos que todavía no conocemos y que ellos creen que ya vamos a conocer? Es el típico acto del nivel de inmoralidad previo a dejar el Gobierno", completó.
 
La Opinión Popular

16-03-2019 / 08:03
El sistema montado para la guerra jurídica o lawfare, orquestado por Washington, quedó muy expuesto con la aparición de Marcelo D'Alessio. Este personaje nunca podría haber participado en operaciones de alta seguridad, como la entrega de un jefe narco a la DEA en la Triple Frontera o la extorsión de testigos de la causa de los cuadernos, si no estuviera conectado con los servicios de inteligencia locales y extranjeros.
 
El lawfare empezó con una serie de congresos, seminarios y encuentros que organiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con funcionarios judiciales de la región. Bajo el título de combatir al terrorismo, al narcotráfico o al lavado de dinero, se discute la forma de forzar las leyes para saltearse garantías constitucionales.
 
Pero estos mecanismos no se han aplicado contra terroristas, narcos o lavadores, sino para perseguir a dirigentes opositores o movimientos populares que puedan convertirse en obstáculo para las políticas norteamericanas en la región. No hay terroristas presos, ni narcos presos por estas acciones y mucho menos lavadores. Lo que hay son presos políticos como Lula o como Milagro Sala.
 
La trama es tejida por los servicios de inteligencia, es difundida hasta la saturación por las corporaciones multimediáticas y convertidas en causas judiciales por jueces y fiscales parcializados y cooptados.
 
Este guión, que ha sido denunciado en Estados Unidos y en todos lados, sale a la luz en todo su esplendor en el historial de D'Alessio: su relación con los servicios de inteligencia, con periodistas y políticos denuncistas y con jueces y fiscales.
 
Los mensajes que intercambia D'Alessio son difíciles de explicar fuera de un armado de ese tipo. El fiscal Carlos Stornelli, el periodista Daniel Santoro, las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo tutean, le piden favores, lo tratan con respeto y hasta con afecto, en ningún momento hay desconfianza. Más bien lo tratan con esa fascinación que inspira el poder que respalda al sujeto en cuestión.
 
Los comentarios todavía aislados que intenta el oficialismo para evitar que la estantería se le caiga encima culpan al juez Ramos Padilla de parcializar la acusación. No discuten la prueba, sino que tratan de demostrar esa parcialidad porque el juez asiste a las marchas del 24 de marzo.
 
El mismo día que el juez declaraba en el Congreso, Patricia Bullrich, funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y jueces y fiscales argentinos participaban en una reunión en la embajada norteamericana. Para esta gente es natural asistir a las actividades polémicas que realiza la embajada norteamericana sobre temas judiciales, pero es cuestionable asistir a una marcha por los derechos humanos.
 
La mafia que expuso a la luz del día la captura de D'Alessio no es un fenómeno tan aislado.

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