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“Que el Gobierno no trafique con el cuento de los cambios ni de las renovaciones. Todo está igual. Que les falten el respeto a los radicales, vaya y pase. Pero a la sociedad, no”. Jorge Asís
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Nacionales - 29-03-2018 / 09:03
LA IRREALIDAD DE LOS NÚMEROS OFICIALES

Según el Indec, la pobreza bajó en Macrilandia

Según el Indec, la pobreza bajó en Macrilandia
MANIPULARON GROSERAMENTE LOS DATOS DE LA POBREZA. Los números del Indec son números que no tienen ningún asidero en la realidad. Sería el primer caso en la historia en el que, con feroces políticas de ajuste neoliberal, que el propio gobierno reconoce que impactan negativamente en la sociedad, la pobreza se reduce no 1, sino 5 puntos y hasta 7 si se considera la primera medición del gobierno. No hay forma que, teniendo en cuenta los demás indicadores económicos y sociales, la pobreza disminuya tan drásticamente. Hicieron modificaciones metodológicas, profundizaron la manipulación porque lo que viene es tan negativo que no van a poder mostrar resultados positivos y van a intentar sostener estos datos que se acomodaron para que cierren y se ajusten al nuevo “relato” macrista de la disminución de la pobreza y que no gobiernan solamente para los ricos.
En el país de Mauricio Macri baja la pobreza, cae la desocupación y crece la economía. El presidente anunció que, según las cifras del INDEC, en el segundo semestre de año pasado, la pobreza habría caído al 25,7% de los argentinos. Ahora bien, lejos de ser un espejo de la realidad, el INDEC más bien devuelve el reflejo de Guillermo Moreno, recordado por intervenir el organismo en tiempos K, sin medir la pobreza y ocultando todas las cifras reales.
 
Casi al mismo tiempo se conoció oficialmente que el costo de la canasta básica total -que incluye alimentos, tarifas de servicios públicos e indumentaria- aumentó un 3,3% en febrero pasado, con lo que una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó ingresos por $17.538, o sea muy por encima del salario mínimo.
 
¿Quién en los barrios populares tiene 17.500 pesos de sueldo?, que es lo mínimo que debe entrar en una casa, según el INDEC, para no caer en la pobreza una familia "tipo" (pareja y dos hijos). ¿Cuántas familias hay en una villa que no llegan a los 7000 pesos que, según el INDEC, es lo necesario para no ser indigentes? Muchas, demasiadas.
 
A su vez, con todos los anuncios de los tarifazos - ayer del 40% en el gas - en todos los servicios que consecuentemente se trasladarán a precios subirá la inflación. Entonces, ¿el Presidente tendrá la varita mágica para anunciar estas cifras como tales? Nos encantaría ver otra realidad, pero la realidad es la única verdad.
 
Nadie cree en estos datos del INDEC. Que el INDEC explique cómo puede haber menos pobres con una inflación del 5,2% en la canasta básica solo en los meses de enero y febrero y proyecciones del 2,5% para marzo y aún mayor para abril; una baja en lo que reciben los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos gracias al último saqueo previsional y un ajuste en los sueldos de, quienes tienen la suerte de tener un empleo formal, con un aumento estimado del 15% frente a un 25% de inflación anual.
 
No sólo la oposición salió a criticar el optimismo del Presidente en cuanto a los números sobre la pobreza, sino la gente, que colmó las redes sociales de diversas opiniones sobre el anuncio presidencial. La palabra #Pobreza se posicionó como la primera más citada en el país, la mayoría, refutando las cifras oficiales. "Sube el gas un 40% promedio. Suben los peajes y suben trenes y colectivos. El macrismo baja salarios y jubilaciones. Y son tan caraduras que nos pretenden hacer creer que disminuyo la pobreza.... A mí no me vengan a decir que un jubilado con 7 mil pesos no es pobre", eran algunos de los reclamos que postearon a través de Twitter.


La lista de medidas que tomó el macrismo en beneficio de los ricos es extensa, mientras para los sectores populares sólo llegaron migajas para poder ganar las elecciones. La opinión es unánime: con la inflación desbordada, aumentará la pobreza, la desigualdad, la informalidad laboral y el cuentapropismo de los que se cayeron del sistema.

La Opinión Popular

 Según el Indec la pobreza bajo en Macrilandia

EN LA SEGUNDA MITAD DE 2017, CAYÓ AL 25,7 POR CIENTO, SEGÚN EL INDEC
 
Cae la pobreza o se hace invisible
 
El Gobierno celebró como un triunfo la información distribuida ayer por el Indec: en el segundo semestre de 2017 la pobreza bajó al 17,9 por ciento medido por la cantidad de hogares, y al 25,7 por ciento por la cantidad de personas con ingresos insuficientes.
 
El dato de indigencia es aún más sorprendente: apenas el 3,5 por ciento de los hogares, que abarca al 4,8 por ciento de las personas, no llega a cubrir una canasta básica de alimentos con sus ingresos (o los del grupo familiar al que pertenece).
 
El análisis más minucioso de los datos lleva a relativizar el supuesto triunfo en la batalla contra la pobreza. La canasta básica total que se toma como referencia para fijar la línea de pobreza (segunda mitad de 2017) suma apenas 5130 pesos, con lo cual una jubilación mínima o una pensión por el 80 por ciento de la mínima, alcanzan largamente para superar ese umbral.
 
Además de la subestimación de la canasta, cuya brecha se abrió aun más con la inflación de 2016 y los tarifazos del año pasado, hay un dato adicional que abre más interrogantes: la pobreza bajó entre semestres, pero subió del tercer al cuarto trimestre, lo cual indica que la baja no es una tendencia definida.   
 
Qué es lo que dice el informe del Indec: las personas en situación de pobreza, que en el segundo semestre de 2016 representaban el 30,3 por ciento de la población urbana (en los 31 aglomerados en los que se realiza la encuesta), bajó al 28,6 por ciento en la primera mitad de 2017, y al 25,7 (el dato conocido ayer) en la segunda mitad del año pasado.
 
Es decir, que en un año el gobierno de Cambiemos "logró" una baja de casi 5 puntos en los índices de pobreza: esto equivale a más de un millón 260 mil personas que habrían dejado ese estado de insuficiencia de ingresos.
 
Los datos anteriores ya no existen en las estadísticas oficiales: los del primer semestre de 2016 porque no se midieron por el "apagón estadístico" decidido por la conducción del Indec, las anteriores a 2015 han sido directamente ignoradas por "poco confiables". 
 
Medido por cantidad de hogares, la evolución fue similar: del 21,5 por ciento de hogares pobres en la segunda parte de 2016, se pasó al 20,4 por ciento en la primera de 2017 y a 17,9 por ciento del último semestre. Eso representa 324 mil hogares "rescatados" de la pobreza en un año.
 
Yendo a las mediciones de la indigencia, de un año a otro (segundos semestres), el Indec refleja una baja del 6,1 al 4,8 por ciento de personas en situación de indigencia, y del 4,5 al 3,5 por ciento en cantidad de hogares.
 
Entre los distintos aglomerados, los que muestran las tasas más bajas de pobreza son CABA, Ushuaia, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca (entre 5 y 10 por ciento de los hogares), en tanto que los índices más altos se verifican en Gran Resistencia, Corrientes, Santiago del Estero y Concordia (del 30 al 26,5 por ciento de los hogares). 
 
Esta información es la que se divulgó y circuló. Pero algunos análisis cuestionaron las conclusiones exitistas de los funcionarios. Hernán Letcher, del CEPA, apuntó que "la decisión, apenas asumido el actual gobierno, de modificar las proyecciones poblacionales, aumentando la proporción de adultos sobre la población total, impacta reduciendo la pobreza". Ello se puede verificar observando los datos del Indec incluidos en el mismo informe.
 
Cuando se mide la pobreza según el rango de edad de la población, se observan los siguientes resultados:
 
-     Hasta 14 años de edad (inclusive), 39,7 por ciento.
-     De 15 a 29 años, 31,3 por ciento.
-     De 30 a 64 años, 21,1 por ciento.
-     De 65 años o más, 6,3 por ciento.
 
El primer dato a subrayar es que casi el 40 por ciento de los menores vive en hogares pobres (o en la calle, aunque la encuesta no lo puntualiza). En la otra punta etaria, en la población de tercera edad la pobreza es ínfima. Si se aumenta la proporción de adultos en la estimación, eso tira para abajo el resultado, como indica CEPA.
 
La otra evidencia es que, para el Indec, una jubilación mínima e incluso una pensión equivalente al 80 por ciento de la mínima, alcanza largamente para cubrir una canasta básica total si el beneficiario no tiene otra persona a cargo.
 
En efecto, la canasta básica total media requerida por un mayor de 65 años entre julio y diciembre de 2017 promediaba menos de 4400 pesos, mientras que la jubilación mínima alcanzó en septiembre de 2017 los 7246 pesos.
 
Una fuerte subestimación del costo de la canasta básica para un jubilado juega también en favor de bajar el cálculo de pobreza. Vale señalar que en procesos inflacionarios, estas distorsiones de estimación tienden a agrandarse.
 
Otro dato que relativiza el supuesto éxito contra la pobreza los aporta Claudio Lozano, ex diputado nacional (Unidad Popular) y coordinador del Instituto de pensamiento y Políticas Públicas.
 
"La tasa de pobreza del 25,7 para el segundo semestre es resultado de una tasa del 25 en el tercer trimestre y 26,4 en el cuarto, es decir que bajó y volvió a subir; no hay ninguna tendencia consolidada a la baja, y los aumentos de precios en el primer trimestre de este año garantizan que hoy la tasa está por encima del 26,4 por ciento".
 
Apuntó, además, que la supuesta mejora surge de comparar los datos contra 2016, "año en que la propia política del gobierno elevó el índice de pobreza", probablemente en más de diez puntos.
 
Por Raúl Dellatorre
 
Fuentes: Página12
 

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18-09-2018 / 16:09
El Gobierno de Mauricio Macri anticipa ahora que la luz al final del túnel llegará en el segundo trimestre del próximo año, gracias a un incremento de las exportaciones agropecuarias.
 
La recesión se extendería entonces hasta marzo de 2019 y luego la actividad iniciaría una recuperación, según explicaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda, pese a que anticipan que el contexto externo continuará siendo negativo y que no esperan el empujón de la obra en infraestructura vía contratos de Participación Público Privada (PPP), modalidad a la que "ya no apostamos ni una ficha", según dijeron.
 
El fondo de garantía de sustentabilidad, stock de respaldo de los aportes para los jubilados, comenzará a usarse a partir de abril próximo para el pago de los haberes previsionales, dado que para ese mes se habrán consumido los ingresos provenientes del blanqueo de capitales.
 
Como el Banco Central tiene prohibido por el acuerdo con el FMI financiar al Tesoro, será el Banco Nación el que aporte el año próximo 15.000 millones de pesos de sus utilidades. También se congelará el fondo de incentivo docente a las provincias en términos nominales, con el objetivo de que la inflación lo vaya licuando con el tiempo.
 
Desde el gobierno de los CEOs reconocen que hubo una enorme diferencia entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que terminó sucediendo. Sin embargo, lo reducen a cuestiones externas e imponderables: sequía, volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de tasas de interés de Estados Unidos y recientemente los problemas en Brasil.
 
Nada de esto está previsto que vaya a cambiar pero esta vez aseguran que una buena cosecha alcanzará para compensar todos esos problemas. "El contexto externo desfavorable se va a mantener, pero la apuesta es a una mejora en la cosecha. El agro va a traccionar", se esperanzan en Hacienda.
 
También esperan que el consumo mejore en términos interanuales recién en el último trimestre del año próximo, cerca de la elecciones presidenciales, en torno a 15 por ciento contra 2018. De todos modos, en el balance anual el consumo privado se proyecta con una contracción del 1,6 por ciento.
 
En resumen, el Gobierno de los Ricos proyecta una reducción nominal de 7 puntos en las partidas para obra pública, da por caído los PPP, echará mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar a jubilados, avanzará con privatizaciones y seguirá aumentando las tarifas.
 
Los intereses de deuda representan ya el 18 % del gasto público. Mientras, la educación y cultura sufrirán un fuerte recorte real, también salud, ciencia y técnica y los salarios de trabajadores del Estado. El gobierno sólo quiere la "bendición" del FMI para conseguir financiamiento de cara a 2019.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 07:09
Como se esperaba, el juez federal de la "servilleta", Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero para enriquecerse.
 
En las 551 páginas del texto conocido ayer, no se aporta ninguna evidencia de dónde están los dólares ni los bienes ni las cuentas ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero del enriquecimiento.
 
Tampoco hay testigos o arrepentidos que digan que arreglaron algo o le entregaron algo a la ex mandataria, salvo el caso de José López, quien se despachó con una nueva versión, la quinta que cambia, de que habló con Cristina sobre recaudación de plata y "supone" que ella le mandó los 9 millones de dólares que le encontraron cuando los tiró en el convento.
 
Los procesamientos de ayer abarcan a un amplio grupo de empresarios que se dividieron entre los que dicen que pusieron plata para campañas electorales -algunos presionados y otros por propia voluntad-; los que armaron el club de la obra pública y pagaron coimas; el club de los peajes, que también pagó coimas y el grupo Techint que dice que aportó para negociar una indemnización en Venezuela.
 
También fueron procesados funcionarios de todos los niveles, la mayoría de ellos negó haber recibido dinero y hasta alguno demostró que vive en la más absoluta modestia, con lo que refutan haberse enriquecido.
 
Bonadío lleva adelante, junto al fiscal Carlos Stornelli, una investigación que ha despertado sospechas y polémicas por las pruebas en que ha basado sus fallos, la arbitraria utilización de la figura del "arrepentido" y la direccionalidad de las acusaciones, que incluye un "blindaje" que hasta ahora rodea al presidente Mauricio Macri y sus responsabilidades empresarias y políticas.
 
El pretendido Lava Jato argentino es una causa enfilada contra el cristinismo. Quieren a Cristina presa durante la campaña electorral. Los empresarios que inculparon ex funcionarios K obtuvieron la libertad inmediata durante el proceso. Los arrepentidos que desplegaron versiones auto exculpatorias bajo intimidación fueron casi todos procesados.
 
Son claves las violaciones del debido proceso: detenciones abruptas, morbosamente transmitidas en directo e injustificadas. Completan el cuadro condiciones desdorosas de encarcelamiento, con amenazas de mantenerlas si no mediaban relatos que enlodaran a los procesados opositores a Macri.
 
Los hechos deben ser investigados, juzgados, sancionados si median evidencias contundentes. Y en esta cuestión abundan elementos probatorios verosímiles, muy en especial las autoinculpaciones. Pero las sospechas, los indicios, las declaraciones, requieren recorrer el debido proceso, en especial el ejercicio del derecho de defensa. La cárcel prematura, pensada para durar años constituye una condena anticipada, he ahí su injusta racionalidad.
 
La Opinión Popular

17-09-2018 / 10:09
En el peor momento de la crisis del plan económico del gobierno de Mauricio Macri, con los mercados financieros cerrados para nuevos préstamos y el FMI (la última carta del gobierno) endureciendo las condiciones para renovar el acuerdo (el primero cayó antes de cumplir tres meses), al PRO se le está haciendo cuesta arriba convencer, a propios y extraños, que su política de endeudamiento es sustentable en el tiempo. Ni siquiera para el tiempo más inmediato, lo que resta de aquí a fin de año.
 
El informe de La Deuda Externa que acaba de elaborar el Observatorio de la UMET, que dirige Arnaldo Bocco, señala que el Programa Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda, según el cual las necesidades de divisas para cumplir con los vencimientos se cubrirían con renovación de títulos, financiamiento externo e interno, "resulta poco realista en un contexto financiero internacional crecientemente hostil" y desconfiado de la capacidad de repago del país.
 
Advierte, además, que tal Programa sólo prevé el cronograma de vencimientos del Tesoro Nacional, pero no la necesidad de divisas "del conjunto de la economía".
 
La administración macrista, por otra parte, se encontrará con un problema estructural adicional, subraya el informe de la UMET. De mantenerse en el tiempo el valor actual del dólar (en términos reales), cabe esperar "que la relación deuda pública/PBI alcance a finales de 2018 un nivel alarmante, superior al 111 por ciento" que, por diversas razones, es insostenible.
 
"Observando el cuadro general, se podría afirmar que nuestra economía se encuentra en un callejón sin salida", concluye el informe, sugiriendo que la crisis insalvable de divisas llevaría, una vez más, a un default (cesación de pagos) o a una reestructuración de la deuda (renegociación de vencimientos o canje), como ocurrió tras el estallido de la convertibilidad.
 
"La deuda como motor de la sustentabilidad económica, se agotó. La gestión de Mauricio Macri nos conduce a un inexorable final con derrumbe económico y con una probable cesación de pagos", definió Nicolás Trotta, director de la UMET y uno de los responsables de la creación del Observatorio de la Deuda Externa.
 
"Como en el pasado, Macri nos llevó por la ruta que tenía que evitarse; para el gobierno que venga le queda el poco aliciente de que  hasta diciembre de 2019, este proceso lo conducirá el FMI".

17-09-2018 / 09:09
A fines del año pasado, el dólar cotizaba en torno a los $18. Hoy abrirá a un promedio de $40,53. ¿Quiénes pierden con esta devaluación? Los asalariados, aquellos que quizá nunca han visto o ahorrado en dólares, pero perciben sueldos en pesos que los ubican por debajo de la línea de la pobreza, mientras pagan sus compras y consumos en dólares.
 
Los salarios de un profesional clave como el médico, que día a día batalla en un sistema público de salud devastado y percibe unos $20.300 de sueldo básico (equivalentes a US$1.128 a fines del año pasado, y a tan solo US$500 ahora); o de los castigados docentes, cuyo sueldo inicial se ubica en $12.500 (antes US$694; ahora US$308).
 
Con los mismos ingresos del año pasado, ahora va a la góndola y tiene que desembolsar más de un 100% que el año pasado para comprar un kilo de harina; más del 54% para adquirir una docena de huevos; quiere llevar a su mesa un kilo de pan y hoy le cuesta un 41% más que en 2017. Sube el precio de los alimentos, pero también el de los combustibles y el de servicios indispensables como el transporte, la luz, el agua y el gas.
 
El resultado es un duro golpe de los grandes empresarios hacia la clase trabajadora, contrayendo los salarios en términos de su poder adquisitivo. Los "mercados" lograron imponer una fuerte devaluación en poco tiempo, que supera el ritmo inflacionario y mucho más los incrementos de salarios.
 
El cóctel es letal para el consumo, el desempleo abunda, los que lo conservan ven cómo su poder adquisitivo se consume, las compras se deprimen y las pymes que quedan en pie, lejos de recibir estímulos por parte del Gobierno de los Ricos, enfrentan tasas de interés del 60%. Las más altas del mundo, letal para la toma de créditos y la producción; atractivo para los especuladores financieros.
 
La recesión está en marcha y el Gobierno de Mauricio Macri solo apuesta a que esta caída que atraviesa el consumo desacelere la inflación. Nada indica que este semestre o el próximo el escenario vaya a cambiar. Nada presupone que, antes del fin del mandato de Macri, aparezca un plan de desarrollo económico, de pleno empleo, de generación genuina de divisas. Más bien, todo lo contrario.
 
A despecho de nuestra Constitución, rige los destinos del Gobierno de los CEOs la carta magna del FMI, que le exige que si quiere los millones frescos que necesita para no entrar en default, deberá seguir obedeciendo, ajustando, devaluando lo más que se pueda, aceitando la fuga de capitales y la bicicleta financiera.
 
La salida planteada como "inevitable" y "única" es: devaluación y recesión, con más endeudamiento y sumisión al FMI. Un modelo colonial hecho a medida del "mercado" y los bancos, que con la disparada del dólar anotaron una ganancia de $14.624 millones, contra los $8.761 millones registrados en julio del año pasado. Un 66,9% más para ellos, por encima de la devaluación, de la inflación y de todo.
 
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16-09-2018 / 09:09
Aumentar el IVA al 22%. Como en Uruguay, pero sin la eficiencia de aquel Estado y con más del triple de pobres que allí. La medida, que ya estaría en manos del presidente neoliberal Mauricio Macri, sería una de las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar el próximo desembolso por US$3.000 millones, que debía llegar el lunes, pero que el Fondo no garantizará hasta tanto el Gobierno no avance en reformas "más profundas".
 
Es un capítulo más en la historia antiperonista del sometimiento neocolonial, pérdida de soberanía y dependencia de la República, desde que en mayo pasado el gobierno de la alianza de conservadores y radicales, denominada Cambiemos, anunció la vuelta al Fondo, a las relaciones carnales con Estados Unidos, cuya administración ya propone la vuelta del 1 a 1, como en las épocas de Menem y Cavallo.
 
Al calor de una crisis como la actual, con devaluación, inflación y recesión, subir el IVA equivaldría a un doble perjuicio. Achicaría todavía más el mercado interno, haría estragos entre las Pymes y ciudadanos de a pie, sobre todo entre aquellos, trabajadores y jubilados, cuyos pocos ingresos tienen un único destino: la compra de alimentos.
 
Junto a la suba del IVA al 22%, las exigencias del Fondo contemplan subir la edad jubilatoria, más despidos y recorte de salarios, facilitar la creación de empresas reduciendo costos; mayor apertura de la economía nacional a las importaciones y regulaciones favorables a la "competencia". Solo así el organismo desembolsaría los dólares requeridos para aliviar las tensiones en el mercado cambiario, producto de las groseras fallas del actual Gobierno.
 
La postergación del desembolso agrega una incertidumbre adicional a la cotización de la moneda yanqui. Pues, a pesar de las erradas y costosas intervenciones del Banco Central, el precio del dólar cerró la semana en un nuevo máximo histórico de $40,53, echando más nafta al fuego de la inflación y con los alimentos y sus consumidores como principales afectados. Así gestiona el Gobierno de los Ricos.
 
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