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Nacionales - 29-03-2018 / 09:03
LA IRREALIDAD DE LOS NÚMEROS OFICIALES

Según el Indec, la pobreza bajó en Macrilandia

Según el Indec, la pobreza bajó en Macrilandia
MANIPULARON GROSERAMENTE LOS DATOS DE LA POBREZA. Los números del Indec son números que no tienen ningún asidero en la realidad. Sería el primer caso en la historia en el que, con feroces políticas de ajuste neoliberal, que el propio gobierno reconoce que impactan negativamente en la sociedad, la pobreza se reduce no 1, sino 5 puntos y hasta 7 si se considera la primera medición del gobierno. No hay forma que, teniendo en cuenta los demás indicadores económicos y sociales, la pobreza disminuya tan drásticamente. Hicieron modificaciones metodológicas, profundizaron la manipulación porque lo que viene es tan negativo que no van a poder mostrar resultados positivos y van a intentar sostener estos datos que se acomodaron para que cierren y se ajusten al nuevo “relato” macrista de la disminución de la pobreza y que no gobiernan solamente para los ricos.
En el país de Mauricio Macri baja la pobreza, cae la desocupación y crece la economía. El presidente anunció que, según las cifras del INDEC, en el segundo semestre de año pasado, la pobreza habría caído al 25,7% de los argentinos. Ahora bien, lejos de ser un espejo de la realidad, el INDEC más bien devuelve el reflejo de Guillermo Moreno, recordado por intervenir el organismo en tiempos K, sin medir la pobreza y ocultando todas las cifras reales.
 
Casi al mismo tiempo se conoció oficialmente que el costo de la canasta básica total -que incluye alimentos, tarifas de servicios públicos e indumentaria- aumentó un 3,3% en febrero pasado, con lo que una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, necesitó ingresos por $17.538, o sea muy por encima del salario mínimo.
 
¿Quién en los barrios populares tiene 17.500 pesos de sueldo?, que es lo mínimo que debe entrar en una casa, según el INDEC, para no caer en la pobreza una familia "tipo" (pareja y dos hijos). ¿Cuántas familias hay en una villa que no llegan a los 7000 pesos que, según el INDEC, es lo necesario para no ser indigentes? Muchas, demasiadas.
 
A su vez, con todos los anuncios de los tarifazos - ayer del 40% en el gas - en todos los servicios que consecuentemente se trasladarán a precios subirá la inflación. Entonces, ¿el Presidente tendrá la varita mágica para anunciar estas cifras como tales? Nos encantaría ver otra realidad, pero la realidad es la única verdad.
 
Nadie cree en estos datos del INDEC. Que el INDEC explique cómo puede haber menos pobres con una inflación del 5,2% en la canasta básica solo en los meses de enero y febrero y proyecciones del 2,5% para marzo y aún mayor para abril; una baja en lo que reciben los jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos gracias al último saqueo previsional y un ajuste en los sueldos de, quienes tienen la suerte de tener un empleo formal, con un aumento estimado del 15% frente a un 25% de inflación anual.
 
No sólo la oposición salió a criticar el optimismo del Presidente en cuanto a los números sobre la pobreza, sino la gente, que colmó las redes sociales de diversas opiniones sobre el anuncio presidencial. La palabra #Pobreza se posicionó como la primera más citada en el país, la mayoría, refutando las cifras oficiales. "Sube el gas un 40% promedio. Suben los peajes y suben trenes y colectivos. El macrismo baja salarios y jubilaciones. Y son tan caraduras que nos pretenden hacer creer que disminuyo la pobreza.... A mí no me vengan a decir que un jubilado con 7 mil pesos no es pobre", eran algunos de los reclamos que postearon a través de Twitter.


La lista de medidas que tomó el macrismo en beneficio de los ricos es extensa, mientras para los sectores populares sólo llegaron migajas para poder ganar las elecciones. La opinión es unánime: con la inflación desbordada, aumentará la pobreza, la desigualdad, la informalidad laboral y el cuentapropismo de los que se cayeron del sistema.

La Opinión Popular

 Según el Indec la pobreza bajo en Macrilandia

EN LA SEGUNDA MITAD DE 2017, CAYÓ AL 25,7 POR CIENTO, SEGÚN EL INDEC
 
Cae la pobreza o se hace invisible
 
El Gobierno celebró como un triunfo la información distribuida ayer por el Indec: en el segundo semestre de 2017 la pobreza bajó al 17,9 por ciento medido por la cantidad de hogares, y al 25,7 por ciento por la cantidad de personas con ingresos insuficientes.
 
El dato de indigencia es aún más sorprendente: apenas el 3,5 por ciento de los hogares, que abarca al 4,8 por ciento de las personas, no llega a cubrir una canasta básica de alimentos con sus ingresos (o los del grupo familiar al que pertenece).
 
El análisis más minucioso de los datos lleva a relativizar el supuesto triunfo en la batalla contra la pobreza. La canasta básica total que se toma como referencia para fijar la línea de pobreza (segunda mitad de 2017) suma apenas 5130 pesos, con lo cual una jubilación mínima o una pensión por el 80 por ciento de la mínima, alcanzan largamente para superar ese umbral.
 
Además de la subestimación de la canasta, cuya brecha se abrió aun más con la inflación de 2016 y los tarifazos del año pasado, hay un dato adicional que abre más interrogantes: la pobreza bajó entre semestres, pero subió del tercer al cuarto trimestre, lo cual indica que la baja no es una tendencia definida.   
 
Qué es lo que dice el informe del Indec: las personas en situación de pobreza, que en el segundo semestre de 2016 representaban el 30,3 por ciento de la población urbana (en los 31 aglomerados en los que se realiza la encuesta), bajó al 28,6 por ciento en la primera mitad de 2017, y al 25,7 (el dato conocido ayer) en la segunda mitad del año pasado.
 
Es decir, que en un año el gobierno de Cambiemos "logró" una baja de casi 5 puntos en los índices de pobreza: esto equivale a más de un millón 260 mil personas que habrían dejado ese estado de insuficiencia de ingresos.
 
Los datos anteriores ya no existen en las estadísticas oficiales: los del primer semestre de 2016 porque no se midieron por el "apagón estadístico" decidido por la conducción del Indec, las anteriores a 2015 han sido directamente ignoradas por "poco confiables". 
 
Medido por cantidad de hogares, la evolución fue similar: del 21,5 por ciento de hogares pobres en la segunda parte de 2016, se pasó al 20,4 por ciento en la primera de 2017 y a 17,9 por ciento del último semestre. Eso representa 324 mil hogares "rescatados" de la pobreza en un año.
 
Yendo a las mediciones de la indigencia, de un año a otro (segundos semestres), el Indec refleja una baja del 6,1 al 4,8 por ciento de personas en situación de indigencia, y del 4,5 al 3,5 por ciento en cantidad de hogares.
 
Entre los distintos aglomerados, los que muestran las tasas más bajas de pobreza son CABA, Ushuaia, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca (entre 5 y 10 por ciento de los hogares), en tanto que los índices más altos se verifican en Gran Resistencia, Corrientes, Santiago del Estero y Concordia (del 30 al 26,5 por ciento de los hogares). 
 
Esta información es la que se divulgó y circuló. Pero algunos análisis cuestionaron las conclusiones exitistas de los funcionarios. Hernán Letcher, del CEPA, apuntó que "la decisión, apenas asumido el actual gobierno, de modificar las proyecciones poblacionales, aumentando la proporción de adultos sobre la población total, impacta reduciendo la pobreza". Ello se puede verificar observando los datos del Indec incluidos en el mismo informe.
 
Cuando se mide la pobreza según el rango de edad de la población, se observan los siguientes resultados:
 
-     Hasta 14 años de edad (inclusive), 39,7 por ciento.
-     De 15 a 29 años, 31,3 por ciento.
-     De 30 a 64 años, 21,1 por ciento.
-     De 65 años o más, 6,3 por ciento.
 
El primer dato a subrayar es que casi el 40 por ciento de los menores vive en hogares pobres (o en la calle, aunque la encuesta no lo puntualiza). En la otra punta etaria, en la población de tercera edad la pobreza es ínfima. Si se aumenta la proporción de adultos en la estimación, eso tira para abajo el resultado, como indica CEPA.
 
La otra evidencia es que, para el Indec, una jubilación mínima e incluso una pensión equivalente al 80 por ciento de la mínima, alcanza largamente para cubrir una canasta básica total si el beneficiario no tiene otra persona a cargo.
 
En efecto, la canasta básica total media requerida por un mayor de 65 años entre julio y diciembre de 2017 promediaba menos de 4400 pesos, mientras que la jubilación mínima alcanzó en septiembre de 2017 los 7246 pesos.
 
Una fuerte subestimación del costo de la canasta básica para un jubilado juega también en favor de bajar el cálculo de pobreza. Vale señalar que en procesos inflacionarios, estas distorsiones de estimación tienden a agrandarse.
 
Otro dato que relativiza el supuesto éxito contra la pobreza los aporta Claudio Lozano, ex diputado nacional (Unidad Popular) y coordinador del Instituto de pensamiento y Políticas Públicas.
 
"La tasa de pobreza del 25,7 para el segundo semestre es resultado de una tasa del 25 en el tercer trimestre y 26,4 en el cuarto, es decir que bajó y volvió a subir; no hay ninguna tendencia consolidada a la baja, y los aumentos de precios en el primer trimestre de este año garantizan que hoy la tasa está por encima del 26,4 por ciento".
 
Apuntó, además, que la supuesta mejora surge de comparar los datos contra 2016, "año en que la propia política del gobierno elevó el índice de pobreza", probablemente en más de diez puntos.
 
Por Raúl Dellatorre
 
Fuentes: Página12
 

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18-03-2019 / 12:03
18-03-2019 / 10:03
Mauricio Macri acusó este domingo a su padre, el recientemente fallecido Franco Macri, de participar de actividades ilegales junto al gobierno anterior, hechos de los cuales se desentendió pese a que figuran las empresas familiares que también le pertenecen.
 
"Es un delito lo que hizo mi padre, él era parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo en el que para trabajar había que pagar", afirmó el jefe de Estado, en una doble jugada que apunta a despegar su propia figura de las investigaciones judiciales y salpicar a quienes hoy forman parte de la oposición.
 
Parece que la muerte reciente de su padre, le presentó la oportunidad para intentar separarse de la "herencia" familiar, que recae sobre su figura como sucesor del Clan Macri que se benefició y edificó su fortuna sobre la base de sucios negociados de la patria contratista con el Estado durante la dictadura militar y el menemismo.
 
Entrevistado por el periodista ultra oficialista Luis Majul en el regreso de su programa La Cornisa, el mandatario aseguró además que entre los problemas de Argentina está que "tenemos una fragilidad de nuestro sistema económico que viene de décadas" y se mostró irritado aun ante las tibias observaciones del conductor.
 
En otros fragmentos de la entrevista, que se emitió grabada y editada, Macri señaló que "no tenemos moneda, porque tenemos inflación" y celebró que "no hay más cepos", al tiempo que reiteró la cantinela incomprobable que "íbamos camino a Venezuela".
 
"Me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno", sostuvo sobre la desastrosa situación económica y social, cada vez más difícil para los sectores populares y la clase trabajadora como consecuencia del ajuste que impulsa por las directivas del FMI.
 
"Percibo el enojo de los argentinos", admitió aunque su gobierno no deja de anunciar tarifazos y medidas que empobrecen a las mayorías. Claramente, ensaya un tipo de discurso diferente al que desarrolló en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso: no se sostiene el relato que "vamos bien", que Cambiemos genera empleo y que combate la inflación.
 
"No cometí ningún delito, me hago cargo del agobiante clima social porque lo siento más que ninguno y no tengo miedo de ir preso", manifestó el actual ocupante de la Casa Rosada. Por último, llamaron especialmente la atención sus conceptos sobre Cristina, porque son precisamente las críticas que se le hacen a él: "Es una persona que niega la realidad, les echa la culpa a los demás de lo que ella hace".
 
La Opinión Popular

17-03-2019 / 10:03
En esta etapa, una pinchadura -autorizada o ilegal- no se le niega a nadie, tampoco su divulgación. Charlas particulares entre la presidenta Cristina Fernández y Oscar Parrilli fueron venteadas por el periodismo in the pendiente, Diputadas de la Coalición Cívica se valen de escuchas a teléfonos de la cárcel para empiojar la causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla. "Nadie" se rasgó las vestiduras, el ministro de Justicia Germán Garavano permaneció impertérrito, la Corte Suprema miró para otro lado.
 
En Ciudad Gótica, el Gobierno promueve juicio político contra Ramos Padilla por su intervención en el Congreso. Los cargos son imprecisos y falsos a la vez. El magistrado difundió pruebas incorporadas a un expediente que es público. Todos lo son, en principio. Lo estatal es público, suena a redundancia quizá porque lo sea. Además, el secreto del sumario cesó. Por añadidura, es potestad del juez determinar su comienzo, prórroga y fin. No hay ahí falla alguna.                        
 
La "falta de imparcialidad" es un cargo opinable que tiene reparación durante el proceso. Es causal de recusación, las partes están facultadas a interponerla. El Estado argentino no es parte en el pleito, a menos que se cuele (tácitamente) en nombre de agentes de servicios de inteligencia, "de planta" o informales. Como escribió el colega Martín Rodríguez tiempo ha: en la Argentina es más fácil separar a la Iglesia del Estado que al periodismo de la SIDE. La SIDE se llama ahora AFI, solo eso  cambió.
 
Parece difícil que el juicio político avance. Los jueces que integran el Consejo de la Magistratura deberían oponerse por mínimo respeto a su labor y apego a la ley. También el representante de los abogados Juan Pablo Mas Vélez cuya condición de radical no debería perturbarlo.
 
Los canales de la cadena privada de propaganda macrista produjeron un apagón televisivo durante la sesión, a costa de perder rating. No les alcanza porque sobreviven medios críticos que la hacen conocer.
 
El periodista Edi Zunino publica en Perfil una columna lapidaria sobre su ex compañero en Animales Sueltos, Daniel Santoro. Lo sindica como "coronel" del periodismo de guerra, no es poco.
 
La desesperación oficialista da cuenta de la credibilidad del material incorporado al expediente, obtenido e informado de modo legal. La judicialización de la política por una vez se les hizo búmeran a las huestes del presidente Mauricio Macri. La degradación institucional crece día tras día. El pedido de juicio político guarda plena coherencia con el contexto, mientras lo agrava.
 
Por Mario Wainfeld

16-03-2019 / 08:03
El gobierno de Mauricio Macri decidió avanzar a fondo contra el juez Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal y extorsión en la que estarían involucrados el falso abogado Marcelo D'Alessio, agentes de inteligencia, fiscales como el macrista Carlos Stornelli, periodistas afines y dirigentes políticos de Cambiemos.
 
El Poder Ejecutivo le pidió a su representante en el Consejo de la Magistratura, Juan Pablo Mahíques, que inicie el proceso de juicio político contra el magistrado. La embestida de Cambiemos contra Ramos Padilla lleva ya varias semanas pero se precipitó ayer, justo el día en que el juez federal de Dolores envió un nuevo pedido de citación a indagatoria para el fiscal macrista Carlos Stornelli (para el 20 de marzo) y realizó una ampliación de la indagatoria a D'Alessio, quien se negó a declarar.
 
También cuando el caso comenzaba a ramificarse y profundizarse, entre otras cosas, a partir del pedido de indagatoria del juez Luis Rodríguez a otro fiscal, Juan Ignacio Bidone, quien también reconoció haber colaborado con D'Alessio para realizar tareas de espionaje.
 
En los allanamientos y la investigación sobre D'Alessio, pudieron encontrarse varias pruebas de presuntos vínculos tanto con la Ministra de Justicia, Patricia Bullrich, así como con la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió y su principal espada en la Justicia, la diputada Paula Oliveto.
 
El alcance podría llegar incluso hasta el presidente Mauricio Macri, dado que en un intercambio de chats, D'Alessio le cuenta a Stornelli que "estaba con el amigo MM". También hay evidencia de fluidos contactos con integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia y con periodistas de medios afines al gobierno nacional, como Clarín.
 
La noticia despertó un amplio rechazo entre juristas y académicos, incluso entre quienes han tenido una actitud muy crítica del gobierno K como el abogado Andrés Gil Domínguez. "Solicitar el juicio político del juez Ramos Padilla implica un suicidio institucional del gobierno, que lo asemeja a las peores prácticas K y un avasallamiento de la independencia del Poder Judicial. No luchamos tantos años por la República para terminar así", señaló Domínguez.
 
Para Maximiliano Rusconi "es un tremendo y global acto de auto encubrimiento". "La pregunta es qué quieren cubrir, ¿sólo lo que ya sabemos? ¿O esta decisión pretende encubrir actos que todavía no conocemos y que ellos creen que ya vamos a conocer? Es el típico acto del nivel de inmoralidad previo a dejar el Gobierno", completó.
 
La Opinión Popular

16-03-2019 / 08:03
El sistema montado para la guerra jurídica o lawfare, orquestado por Washington, quedó muy expuesto con la aparición de Marcelo D'Alessio. Este personaje nunca podría haber participado en operaciones de alta seguridad, como la entrega de un jefe narco a la DEA en la Triple Frontera o la extorsión de testigos de la causa de los cuadernos, si no estuviera conectado con los servicios de inteligencia locales y extranjeros.
 
El lawfare empezó con una serie de congresos, seminarios y encuentros que organiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con funcionarios judiciales de la región. Bajo el título de combatir al terrorismo, al narcotráfico o al lavado de dinero, se discute la forma de forzar las leyes para saltearse garantías constitucionales.
 
Pero estos mecanismos no se han aplicado contra terroristas, narcos o lavadores, sino para perseguir a dirigentes opositores o movimientos populares que puedan convertirse en obstáculo para las políticas norteamericanas en la región. No hay terroristas presos, ni narcos presos por estas acciones y mucho menos lavadores. Lo que hay son presos políticos como Lula o como Milagro Sala.
 
La trama es tejida por los servicios de inteligencia, es difundida hasta la saturación por las corporaciones multimediáticas y convertidas en causas judiciales por jueces y fiscales parcializados y cooptados.
 
Este guión, que ha sido denunciado en Estados Unidos y en todos lados, sale a la luz en todo su esplendor en el historial de D'Alessio: su relación con los servicios de inteligencia, con periodistas y políticos denuncistas y con jueces y fiscales.
 
Los mensajes que intercambia D'Alessio son difíciles de explicar fuera de un armado de ese tipo. El fiscal Carlos Stornelli, el periodista Daniel Santoro, las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto y la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo tutean, le piden favores, lo tratan con respeto y hasta con afecto, en ningún momento hay desconfianza. Más bien lo tratan con esa fascinación que inspira el poder que respalda al sujeto en cuestión.
 
Los comentarios todavía aislados que intenta el oficialismo para evitar que la estantería se le caiga encima culpan al juez Ramos Padilla de parcializar la acusación. No discuten la prueba, sino que tratan de demostrar esa parcialidad porque el juez asiste a las marchas del 24 de marzo.
 
El mismo día que el juez declaraba en el Congreso, Patricia Bullrich, funcionarios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y jueces y fiscales argentinos participaban en una reunión en la embajada norteamericana. Para esta gente es natural asistir a las actividades polémicas que realiza la embajada norteamericana sobre temas judiciales, pero es cuestionable asistir a una marcha por los derechos humanos.
 
La mafia que expuso a la luz del día la captura de D'Alessio no es un fenómeno tan aislado.

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