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Entre Ríos - 27-03-2018 / 18:03
CORRUPCIÓN PROVINCIAL

Revés judicial dejó a Sergio Urribarri a un paso del juicio

Revés judicial dejó a Sergio Urribarri a un paso del juicio
Revés para Sergio Urribarri en la causa de la vaca: rechazaron la excepción por falta de acción. El juez de Garantías N°2 de Paraná, Eduardo Ruhl, rechazó el planteo de excepción por falta de acción que realizaron las defensas del ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez. Deberá realizarse la audiencia de remisión a juicio.
 
El juez rechazó el planteo de excepción por falta de acción y ahora se deberá fijar fecha para realizar la audiencia de remisión a juicio de la causa donde el ex gobernador Sergio Urribarri y el ex ministro Pedro Báez están imputados por el desvío de 24 millones de pesos a empresas de Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador.
 
La defensa había planteado que las cuentas habían sido auditadas por los organismos de control y que los fiscales no tenían facultades para llevar adelante una investigación penal.
 
La decisión implica que el juez José Eduardo Ruhl deberá convocar a una audiencia para tratar el pedido de remisión de la causa a juicio efectuado por los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa, donde los abogados Raúl Barrandeguy, José Candelario Pérez y Marcos Rodríguez Allende, defensores del ex gobernador Urribarri, podrán reeditar el pedido de sobreseimiento.

 
El juez José Eduardo Ruhl rechazó la excepción de falta de acción que había planteado la defensa de Sergio Urribarri, en la causa donde se investiga al ex gobernador por haber beneficiado a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, en contrataciones de campañas publicitarias que implicaron el desvío de más de 24 millones de pesos.
 
El ex ministro Pedro Báez y el cuñado del ex gobernador, Juan Pablo Aguilera, también habían realizado un planteo similar, que fue rechazado. Los tres están acusados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y fraude a la administración pública, por el desvío de 24.204.918,69 pesos, y los fiscales adelantaron que pedirán que sean condenados a ocho años de prisión a cada uno.
 
La acusación también alcanza a Emiliano Oscar Giacopuzzi, Luciana Belén Almada -esposa de Aguilera-, Luis José Alejandro Almada -cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena; la contadora Corina Elizabeth Cargnel; los empresarios Jesús José María Bustamante y Hugo Fernando Montañana; y el ex funcionario Gustavo Tamay.
 
 
Lo que viene
  
Barrandeguy planteó la excepción de falta de acción bajo el argumento de que el Ministerio Público Fiscal no tiene facultades para investigar al ex gobernador porque las rendiciones de las contrataciones fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Provincia y la Tesorería General de la Provincia.
 
El juez Ruhl rechazó el planteo. Por un lado, sostuvo que "no existe la falta de acción que aquí se intentó" por atipicidad, es decir, porque no existe el delito o porque no se hubiera cometido; y, por otro lado, agregó que "el planteo es incompatible en esta etapa del proceso", en una etapa intermedia del proceso, cuando se hizo ya el requerimiento de remisión a juicio.
 
En cuanto al pedido de sobreseimiento de los imputados, el magistrado dijo que lo analizará cuando haga el control de la acusación, es decir, en la instancia de revisión del requerimiento de remisión de la causa a juicio.
 
En ese marco, el juez explicó que el Código Procesal Penal de Entre Ríos establece que en la audiencia de remisión de la causa a juicio deberá "controlar el cumplimiento de los requisitos de la acusación y la regularidad de la investigación penal preparatoria, pudiendo corregir meros errores materiales", también podría "decretar las nulidades que correspondan devolviéndola, a sus efectos" o "remitir (la causa) al tribunal de juicio".
 
El magistrado también deberá resolver si corresponde solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero de Urribarri y Báez, para que sean enjuiciados.
 
Fuente: Página Judicial
 

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18-09-2018 / 17:09
18-09-2018 / 09:09
En la Casa Gris no paran de sacar números. A los funcionarios entrerrianos los desvela encontrar la fórmula para amortiguar el brutal ajuste que pretende implementar Mauricio Macri en las provincias como corolario de la drástica reducción del déficit fiscal acordada por la alianza PRO-UCR con el FMI. El principal reclamo: que el Ejecutivo nacional deje de beneficiar a las provincias gobernadas por Cambiemos.
 
La cuenta principal que tiene Gustavo Bordet para sostener sus argumentos es que Entre Ríos, con las medidas de ajuste que impulsa el macrismo, perdería unos 10.000 millones de pesos entre lo que resta de este 2018 y el año próximo. La mitad del tijeretazo afectaría al sector público: la eliminación del Fondo Soja, de los subsidios al transporte y de las tarifas sociales representará una caída de más de 5.000 millones de pesos.
 
El resto ajustará en el sector privado, con el impuesto a las exportaciones, que plantea recaudar $ 4 pesos por dólar. Esto representa (con un dólar a $ 40) el 10% de las ventas al exterior. Sobre los 1.000 millones de dólares que exportará Entre Ríos, más de $ 4.000 millones de pesos. Es plata que no ingresará al territorio provincial.
 
A cambio del recorte, aseveran en la Casa Gris, la Nación ofrece como única moneda de cambio -hasta hoy- dejarles las manos libres a los gobernadores con el impuesto a los ingresos brutos. Pero si las cuentas ya hablan de que hay 10.000 millones de pesos menos para volcar al consumo en la provincia, el primer daño colateral será el de la recaudación.
 
Además, ese impuesto recesivo -grava cada instancia de la producción- ya está al 3,5% en buena parte de las actividades. Subirlo parece un disparate. Se encarecerá la producción, que se trasladará a los precios, que elevará la inflación, que resentirá el consumo, que afectará la recaudación...
 
El segundo daño colateral refiere específicamente a los recursos de la gestión local. No dejan de ser dineros de los entrerrianos, pero que afectan particularmente al Gobierno: la inflación desbocada activó, como si fuera una pistola sobre la sien del erario provincial, el reclamo de ajuste de los salarios de docentes y estatales.
 
La paritaria fue del 17% y la inflación ya se calcula en 42%. A la diferencia del 25% deberá afrontarla la Provincia con recursos propios. Ya a partir del mes que viene se empezará a pagar parte del desfase. El cálculo final aún se está ajustando, pero el impacto se mide en cifras de 10 dígitos. Este es el intríngulis de Bordet.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 08:09
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