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Nacionales - 27-03-2018 / 09:03
EL GOBIERNO DE MACRI TIENE UN PROYECTO PARA DISOLVER EL INDEC

Cambiemos para que nada cambie

Cambiemos para que nada cambie
Como intentando barrer los problemas de la coyuntura actual debajo de la alfombra del INDEC, en lugar de solucionarlos, la medida de Macri, aseguran los especialistas, quitará autonomía al organismo. El Gobierno deberá aclarar la decisión. Aunque más no sea por el que quizá lo votó, que tal vez se ilusionó con un verdadero cambio, y al que, cada vez más, lo persigue esa sospecha que crece como una bola de nieve: que entre Mauricio Macri y Cristina Fernández no hay muchas diferencias.
Cambiamos para que nada cambie en los índices de inflación, pobreza y crecimiento económico, supeditados no a la realidad sino al relato que de ella hace el gobierno de Mauricio Macri. Porque, aunque se modificaron las piezas, el escenario actual no dista de aquel en el que se movían impunemente Cristina Fernández o el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
 
Y si no, repasemos: el Gobierno de Macri pone como meta de inflación interanual el 15%, pero en el primer trimestre el acumulado oficial supera el 6,5%, con lo que el promedio para fin de año da una proyección del 26%; se declama un crecimiento "invisible", "tan profundo que nos cuesta verlo" (textual de un encumbrado ministro); se anuncia con bombos y platillos una supuesta baja del desempleo ("hasta el empleo en negro creció", se jactan los funcionarios, sin explicar con qué metodología miden esa evasión); y ya se anticipa un descenso de la pobreza, que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunciaría mañana. 
 
Ojalá ese escenario fuera real, desea el jubilado, el ciudadano de a pie, el pequeño comerciante al que los altos costos y la presión impositiva le esquilman la recaudación. Pero al enfrentarse a la góndola o al echar un vistazo a las facturas de los servicios públicos, nota que todo es una farsa, una ficción, una expresión de deseos sin asidero en la realidad.
 
Más aún cuando trasciende que este Gobierno, que ganó una elección prometiendo transparencia y denostando las prácticas K, está decidido a intervenir el INDEC. Lo harán, como siempre, utilizando eufemismos. Hasta ayer, había al menos dos propuestas: una del propio instituto y otra elaborada por el Ministerio de Hacienda, que apunta a la "reformulación" del sistema estadístico nacional, a través de la disolución del INDEC y la creación de un "Consejo Nacional de Información Estadística" (CNIE).
 
Bajo la excusa de darle al organismo "mayor autonomía", el proyecto de Hacienda es el que se impone. Sin embargo, nada más alejado, porque tiende a centralizar la decisiones bajo la órbita del Gobierno y la metodología quedaría en manos de la cartera que conduce Nicolás Dujovne.
 
Rápido de reflejos, ante las polémicas suscitadas por la eventual intervención, el Gobierno salió a aclarar que trabaja en un proyecto de ley coordinado por Jefatura de Gabinete, Hacienda y el propio INDEC. Ese proyecto ratifica la dependencia del organismo al Ejecutivo. Por ejemplo, porque el presidente del CNIE será el Secretario de Política Económica de Hacienda y estará integrado en su mayoría por miembros del gabinete presidencial.
 
Así, cuesta imaginar la independencia de un organismo que debe tener libertad de acción para poner blanco sobre negro de la realidad, pero que estará subordinado a un Consejo gubernamental.
 
La Opinión Popular

 
EL MINISTERIO DE HACIENDA, A CARGO DE NICOLÁS DUJOVNE, ELABORÓ UN PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE DEROGA LE LEY QUE CREÓ EL INDEC.
 
¿Chau estadísticas? El Gobierno planea la disolución del INDEC
 
Un proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda contempla la reformulación del sistema estadístico nacional, prevé la disolución del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la creación del "Consejo Nacional de Información Estadística", presidido por el Secretario de Política Económica.
 
La iniciativa, a la que tuvo acceso Ámbito Financiero, cuenta con 77 artículos y se contrapone con otra elaborada por la actual conducción del INDEC y que apunta al fortalecimiento de este organismo.
 
En el Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, se elaboró un proyecto de ley por el cual se deroga le ley 17.622 - que creó el INDEC - y se dispone la transferencia del personal de este instituto a la órbita de uno nuevo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) "con la condición que el citado personal cumpla los requisitos del nuevo organismo". Asimismo, contempla la transferencia al INE de la totalidad de los bienes, presupuesto, activos y patrimonio del INDEC.
 
El esquema diseñado por Hacienda, propone, en su primer artículo, la creación del Sistema Estadístico Nacional, integrado por el Consejo Nacional de Información Estadística y el Instituto Nacional de Estadísticas. Asimismo, participarán los organismos del sector público nacional, sector público nacional financiero y sector público provincial y municipal.
 
El proyecto establece que el Consejo Nacional de Información Estadística sea un organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, entidad con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera.
 
Le corresponderá a este Consejo dictar anualmente el Plan Estadístico Nacional, "estableciendo los productos estadísticos a generar, metodologías y formas de diseminación" (artículo 32).
 
En cambio, para el nuevo INE (el reemplazo del INDEC) se establece un rol fundamentalmente ejecutor ya que tendrá como funciones "recolectar datos estadísticos mediante el uso de encuestas, datos de registro y otros", "elaborar indicadores sociales y económicos", "producir las cuentas nacionales, cuentas internacionales, cuentas satélite y análisis laborales", entre otras.
 
Será conducido por un director y un director técnico, ambos elegidos por concurso de antecedentes y oposición. Durarán en sus cargos cinco años, con opción a una única renovación.
 
En lo que surge claramente como una intención de profesionalizar al organismo, el proyecto establece que "el 65% de los agentes del INE, cualquiera sea su modalidad de contratación, deberá poseer título universitario específico a las funciones que desempeñen". De aplicarse este requisito, se indica en medios gremiales, numerosos empleados del INDEC se verían afectados.
 
El encargado de definir el plan estadístico, es decir el Consejo Nacional de Información Estadística, estará conformado por nueve miembros (artículo 61): el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda (actualmente a cargo de Sebastián Galiani) -que oficiará como presidente -, representantes de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Banco Central, Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (a propuesta de los integrantes de las provincias), universidades públicas (nombrado por el Consejo Interuniversitario Nacional), por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y los directores de Metodologías y Planificación de este consejo.
 
En cambio, el director del instituto a crearse en reemplazo del INDEC, participará "con voz pero sin voto".
 
En las condiciones de funcionamiento del Consejo que proyectará el plan estadístico se propone que su directorio sesionará con un quórum de cuatro miembros y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate, el presidente, es decir el secretario de Política Económica, tendrá doble voto.
 
 
La propuesta del INDEC
 
 
Por su parte, la conducción del INDEC elaboró un anteproyecto de ley orgánica del sistema estadístico en respuesta a un pedido a la Presidencia, que fue presentado recientemente a la Jefatura de Ministros.
 
A diferencia de la iniciativa de Hacienda que, como se señaló, determina para el Instituto un rol meramente ejecutor, esta propuesta apunta a concentrar y fortalecer al INDEC como rector del sistema estadístico.
 
En tal sentido, el primer artículo de la iniciativa establece que "las actividades estadísticas oficiales nacionales y la realización de los censos que se efectúen en el territorio de la Nación se regirán por la presente Ley Orgánica y por las disposiciones reglamentarias emanadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que crea la presente, con carácter de ente autárquico, personería jurídica y patrimonio propio, y dependiente del Poder Ejecutivo Nacional".
 
En el artículo cuarto del proyecto se hace referencia a las facultades del INDEC señalando que tendrá a su cargo "dictar las normas reglamentarias de la presente ley que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y de acuerdo con los principios programáticos que la inspiran", como así también "establecer pautas, definiciones y clasificaciones homogéneas que permitan garantizar la comparabilidad de la información estadística oficial y dictar las normas regulatorias que rigen la elaboración y difusión de estadísticas en todo el territorio de la Nación".
 
En esta iniciativa, el gobierno del INDEC está a cargo de un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación por un período de cinco años, pudiendo ser designados nuevamente.
 
Se dispone asimismo, que para la remoción del presidente y el vicepresidente el Poder Ejecutivo deberá tener previo acuerdo del Senado.
 
La última palabra es de suponer que la tendrá Jefatura de Ministros, según se señala en la Casa Rosada.
 
 
Sospechas y discusiones
 
A lo largo de la historia, las estadísticas elaboradas por el INDEC fueron motivo de sospechas y debates. Uno de los antecedentes en este sentido, se remonta hacia el año 1979, cuando el gobierno militar no encontraba la forma de bajar la inflación. Como uno de los rubros que más incidía en la conformación del índice de precios era la carne vacuna, el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, no tuvo mejor idea que elaborar el llamado índice "descarnado", es decir una medición del costo de vida en la que se excluyó a las carnes rojas y sus derivados. De esta forma, en los primeros ocho meses de 1979 la inflación "descarnada" acumuló 85%, diez puntos menos que el índice tradicional. Lo insólito fue que el INDEC siguió publicando ambos índices de medición de precios.
 
Otro antecedente se encuentra en la gestión ministerial de Roberto Lavagna cuando hacia 2004 el entonces comandante del Palacio de Hacienda decidió utilizar cálculos alternativos para demostrar que la cantidad de pobres era inferior a la que resultaba del cálculo del INDEC. Tiempo después, hacia mediados de 2005, consideró datos del Banco Mundial para señalar que se había roto la tendencia al aumento de la brecha entre ricos y pobres, a contramano de los datos elaborados por el INDEC.
 
Pero sin dudas, las mayores polémicas se dieron a partir del año 2007, cuando el entonces Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, comenzó a tener injerencia en el INDEC. Los índices de precios y la medición de pobreza fueron los más cuestionados. En el caso de la inflación, a partir de 2010 y durante años el organismo oficial informó una variación del orden del 10% cuando las consultoras privadas estimaban aumentos que cómodamente duplicaban esta variación. En cuanto a la pobreza, las mediciones fueron tan bajas que llevaron al ex jefe de ministros Aníbal Fernández a afirmar, a mediados de 2015, que "la pobreza en Argentina es menor que en Alemania".
 
Con la asunción del gobierno de Cambiemos, la administración de Mauricio Macri hizo de la transparencia en la información una de sus banderas. No por casualidad puso al frente del organismo a Jorge Todesca - un economista proveniente de las filas del peronismo - cuya consultora, Finsoport S.A., fue sancionada por Moreno en virtud de la forma en que calculaban los precios.
 
En marzo de 2011, junto con otras consultoras, Moreno aplicó a esta consultora una multa de medio millón de pesos por no informar sobre la metodología que utilizaba para las mediciones de inflación. En aquel entonces, Todesca calificó de "autoritaria" a la sanción y llevó el tema a la Justicia. Luego de dos años de trámites judiciales, las multas fueron dejadas sin efecto y Moreno fue procesado por abuso de autoridad.

 
Por Liliana Franco
 
Fuentes: Ámbito Financiero y Hoy en la Noticia
 

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20-03-2019 / 09:03
Antes de llegar a la Casa Rosada, Mauricio Macri usaba la inflación como caballito de batalla para denostar al gobierno. Según el líder del PRO, había impericia en esos tiempos y el asunto era más sencillo de lo que parecía.
 
"Me cuesta creer que ustedes piensen que la inflación puede ser un tema de agenda en mi futuro gobierno. Cuando yo veo que el 99 por ciento de los países del mundo tienen inflaciones de un dígito, de un dígito pequeño... si nosotros no entramos en ese grupo de países, vayámonos a la casa", afirmaba.
 
No obstante, los números de febrero siguen siendo muy malos para la desastrosa política económica del gobierno de Macri. Y en la inflación observada para marzo no se esperan mejoras.
 
El instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), informó este martes que la inflación mayorista de febrero fue del 3,4 por ciento, alcanzando un incremento interanual del 64 por ciento.
 
Desde enero de 2018, las subas en los costos mayoristas de los productos fueron del 80,4 por ciento. Por otro lado, el organismo informó que el costo de la construcción se incrementó 1,4 por ciento en febrero, lo que hace un total del 43,9 por ciento, en relación al mismo mes del año pasado.
 
En lo que va del 2019, durante el primer bimestre los precios mayoristas tuvieron un alza del 4 por ciento, mientras que la construcción tuvo un aumento del índice del 2,5 por ciento.
 
En febrero volvieron a dominar los precios minoristas pero en la interanual los mayoristas siguen muy por encima y las empresas buscan recomponer. A eso hay que sumarle las tandas de tarifazos que faltan. Y lo que ocurra con el dólar.
 
La dinámica alcista esperada por los economistas y por la población en general muestra las dificultades del Gobierno para dominar en ese campo. "La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema", fruteaba  en otros tiempos el Presidente.
 
La Opinión Popular

20-03-2019 / 09:03
En una insólita intromisión en la función de la Justicia, que atenta contra la republicana división de poderes, Mauricio Macri pidió que destituyan al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que investiga una red de espionaje ilegal que salpica a sectores de la política, la justicia y la AFI.
 
En medio de la avanzada para destituirlo, la Corte Suprema de Justicia envió este martes una fuerte señal de apoyo al juez Ramos Padilla, quien sigue una pista de espionaje ilegal, extorsiones y coacciones que involucra al fiscal ultra macrista Carlos Stornelli e incluye a figuras de la alianza Cambiemos como Elisa Carrió y Gustavo Arribas.
 
Si se continúa con la investigación, que tiene como principal imputado al falso abogado Marcelo D'Alessio, es probable que salga a la luz la podredumbre que hay en los servicios de informaciones del Estado. Entre ellos surgiría que espían hasta los propios integrantes de Cambiemos. Entre los que estaría María Eugenia Vidal.
 
En un fuerte mensaje político destinado principalmente al Gobierno de Macri, los integrantes del máximo tribunal aprobaron por unanimidad otorgarle a Ramos Padilla los recursos que había solicitado para llevar adelante la investigación que sacude al mundo político y judicial.
 
El gesto a favor de Ramos Padilla fue impulsado por los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, que vienen actuando en bloque y provocando dolores de cabeza a Macri y al titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz, ex abogado de Clarín. Sin chances de bloquear la jugada, a Rosenkrantz y Elena Higton de Nolasco no les quedó alternativa que sumar su voto a la acordada.
 
Durante su explosiva exposición en el Congreso, Ramos Padilla había denunciado la falta de recursos para profundizar la investigación y también las trabas que le pone el Gobierno de Macri, como negarle a través del Servicio Penitenciario el traslado de los detenidos para que declaren.
 
El otorgamiento de recursos (algo que es muy importante para cualquier magistrado) por parte de la Corte a Ramos Padilla se da en un momento de feroz presión por parte de la Casa Rosada, que este lunes presentó en el Consejo de la Magistratura el pedido de juicio político en su contra. Se trata de un espaldarazo muy fuerte a una investigación que salpica a parte de la justicia federal.
 
Es, además, un fuerte revés para el Gobierno nacional que casi en soledad empuja para correr a Ramos Padilla de la causa y evitar que se destape la existencia de la red de espionaje ilegal que salpica a la conducción de la Agencia Federal de Inteligencia. La jugada revela también que Macri perdió absolutamente la influencia sobre la Corte y demuestra nuevamente el fracaso de la jugada para controlarla, promoviendo a Rosenkrantz y desplazando a Lorenzetti.
 
La Opinión Popular

19-03-2019 / 09:03
La única esperanza para las elecciones que le quedó al Gobierno de Mauricio Macri es el FMI. Ante la profundidad de la crisis desatada por sus políticas de ajuste, el Fondo le autorizó a subir la ayuda social un 0,1 del PBI, unos 20.000 millones de pesos. A cambio, exigió más ajuste al gasto gubernamental para que no se escape el déficit.
 
El FMI volvió a celebrar el ajuste que está haciendo el gobierno de Macri. Como regalo a ese cumplido, pidió más. Ambas cosas lo hizo a través del informe final que presentaron sus técnicos después de la visita al país. El encargado de la misión fue Roberto Cardarelli.
 
Además ratificaron que son parte relevante como financistas de la campaña electoral de la alianza antiperonista Cambiemos, al ratificar que en pocas semanas enviará 10.900 millones de dólares como parte del paquete global de casi 57 millones de dólares.
 
Además, para estos meses de castigo a los bolsillos de los trabajadores y jubilados, por una inflación por encima del 50 por ciento anual, el FMI autorizó ampliar en 20 mil millones de pesos la asistencia social. El FMI no confía en la tesis del gobierno sobre que "la crisis ya tocó fondo".
 
Cardarelli transmitió un fuerte entusiasmo por las políticas de recorte fiscal y monetario que vienen implementando el Gobierno. Estas no son más que felicitaciones formales por seguir a rajatabla las indicaciones del organismo, continuación de más exigencias y condicionalidades. En particular, la advertencia de que deberá acelerar el ajuste del gasto público para cumplir con las expectativas del Fondo.
 
El FMI se mantiene firme con la lógica del déficit cero para este año. En el comunicado oficial afirmaron que: "Las autoridades han cumplido con su objetivo de déficit primario de 2018. Lograr un déficit primario cero en 2019 requerirá una mayor restricción en el gasto gubernamental".
 
El Fondo no se cansa de recomendar ajuste y asegura que la única solución para la Argentina es mantener los recortes fiscales y monetarios. Y recuerda que las riendas de la política económica en el país están en manos del organismo.
 
"La continua implementación del plan de estabilización del Gobierno sigue siendo esencial para consolidar el retorno de la Argentina a la estabilidad macroeconómica, a la reducción de la inflación y para sentar las bases de un crecimiento sólido, equitativo y sostenible", planteó.
 
Agregó además que será necesario un nuevo impulso de reformas del lado de la oferta para consolidar los "logros" ya alcanzados por el gobierno y garantizar las nefastas reformas laborales y provisionales. El FMI asegura que permiten subir la productividad de la economía. Los antecedentes reales muestran lo contrario. En tanto, los sectores populares son convidados de piedra.
 
La Opinión Popular

19-03-2019 / 08:03
En un grave hecho de intromisión en la Justicia, el gobierno de Mauricio Macri concretó el pedido de juicio político al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, sobre la base que habló en el Congreso nacional. Cometió el pecado de investigar a quienes ahora están en el poder. Curiosamente, mientras el oficialismo lo acusa, también lo está citando a la comisión bicameral de Inteligencia.
 
Ramos Padilla denunció en el Congreso la existencia de una red de inteligencia paralela, que quedó al descubierto con la detención del falso abogado Marcelo D´Alessio. Por esa acción, el Gobierno de Macri lo puso en la mira y lo denunció por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura.
 
En su paso por el Congreso, Ramos Padilla mencionó a la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; y a la legisladora porteña Paula Oliveto -una de sus principales denunciadoras-, como parte de los contactos de D´Alessio con la política. Ambas recibieron información de escuchas sobre los presos K en Ezeiza que anticipaban una maniobra contra el fiscal Carlos Stornelli.
 
Esa jugada se concretó, pero todavía no quedó claro si las escuchas fueron legales. La interceptación de los llamados no fue requerida a la oficina de escuchas que ahora funciona bajo la jurisdicción directa de la Corte Suprema de Justicia. Las miradas se dirigen a los organismos de inteligencia oficiales.
 
El caso de Padilla es el último de una lista en los que se observa con nitidez la manipulación de Macri en la Justicia. Acusan al magistrado de haberse prestado a los intereses K -que busca desacreditar la causa de los cuadernos y en especial a Stornelli-, que se manifiesta la reacción destemplada del Presidente al ordenar la remoción de un juez que llevó malas noticias para el Gobierno y sus aliados.
 
Posiblemente, el Consejo de la Magistratura no reunirá la mayoría especial necesaria para destituirlo por mal desempeño. Aunque para que avance un jury por mal desempeño, hacen falta causales más concretas que la supuesta motivación política.
 
En ese organismo encargado de seleccionar, controlar y remover a los jueces se registra actualmente un juego de oficialistas (7 integrantes) y opositores (6), que no le permite a los primeros formar las mayorías especiales (9) necesarias para destituir a un juez, salvo que cuenten con el apoyo de al menos dos opositores.
 
"No hay ninguna chance de que eso pase", anticipó en reserva un integrante del Consejo de la Magistratura. En ese cuerpo, como así también en la Corte Suprema, existe un clima poco favorable al Gobierno, en el sentido de que tanto los supremos como los consejeros no están dispuestos a seguir a pies juntillas lo que se decida en la Casa Rosada. Poro, es un drama que voces muy destacadas de la Justicia mantengan un silencio que aturde ante la desmesura del Presidente.
 
La Opinión Popular

18-03-2019 / 12:03
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