La Opinión Popular
                  08:06  |  Miércoles 19 de Septiembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
“Que el Gobierno no trafique con el cuento de los cambios ni de las renovaciones. Todo está igual. Que les falten el respeto a los radicales, vaya y pase. Pero a la sociedad, no”. Jorge Asís
Recomendar Imprimir
Nacionales - 27-03-2018 / 09:03
EL GOBIERNO DE MACRI TIENE UN PROYECTO PARA DISOLVER EL INDEC

Cambiemos para que nada cambie

Cambiemos para que nada cambie
Como intentando barrer los problemas de la coyuntura actual debajo de la alfombra del INDEC, en lugar de solucionarlos, la medida de Macri, aseguran los especialistas, quitará autonomía al organismo. El Gobierno deberá aclarar la decisión. Aunque más no sea por el que quizá lo votó, que tal vez se ilusionó con un verdadero cambio, y al que, cada vez más, lo persigue esa sospecha que crece como una bola de nieve: que entre Mauricio Macri y Cristina Fernández no hay muchas diferencias.
Cambiamos para que nada cambie en los índices de inflación, pobreza y crecimiento económico, supeditados no a la realidad sino al relato que de ella hace el gobierno de Mauricio Macri. Porque, aunque se modificaron las piezas, el escenario actual no dista de aquel en el que se movían impunemente Cristina Fernández o el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
 
Y si no, repasemos: el Gobierno de Macri pone como meta de inflación interanual el 15%, pero en el primer trimestre el acumulado oficial supera el 6,5%, con lo que el promedio para fin de año da una proyección del 26%; se declama un crecimiento "invisible", "tan profundo que nos cuesta verlo" (textual de un encumbrado ministro); se anuncia con bombos y platillos una supuesta baja del desempleo ("hasta el empleo en negro creció", se jactan los funcionarios, sin explicar con qué metodología miden esa evasión); y ya se anticipa un descenso de la pobreza, que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunciaría mañana. 
 
Ojalá ese escenario fuera real, desea el jubilado, el ciudadano de a pie, el pequeño comerciante al que los altos costos y la presión impositiva le esquilman la recaudación. Pero al enfrentarse a la góndola o al echar un vistazo a las facturas de los servicios públicos, nota que todo es una farsa, una ficción, una expresión de deseos sin asidero en la realidad.
 
Más aún cuando trasciende que este Gobierno, que ganó una elección prometiendo transparencia y denostando las prácticas K, está decidido a intervenir el INDEC. Lo harán, como siempre, utilizando eufemismos. Hasta ayer, había al menos dos propuestas: una del propio instituto y otra elaborada por el Ministerio de Hacienda, que apunta a la "reformulación" del sistema estadístico nacional, a través de la disolución del INDEC y la creación de un "Consejo Nacional de Información Estadística" (CNIE).
 
Bajo la excusa de darle al organismo "mayor autonomía", el proyecto de Hacienda es el que se impone. Sin embargo, nada más alejado, porque tiende a centralizar la decisiones bajo la órbita del Gobierno y la metodología quedaría en manos de la cartera que conduce Nicolás Dujovne.
 
Rápido de reflejos, ante las polémicas suscitadas por la eventual intervención, el Gobierno salió a aclarar que trabaja en un proyecto de ley coordinado por Jefatura de Gabinete, Hacienda y el propio INDEC. Ese proyecto ratifica la dependencia del organismo al Ejecutivo. Por ejemplo, porque el presidente del CNIE será el Secretario de Política Económica de Hacienda y estará integrado en su mayoría por miembros del gabinete presidencial.
 
Así, cuesta imaginar la independencia de un organismo que debe tener libertad de acción para poner blanco sobre negro de la realidad, pero que estará subordinado a un Consejo gubernamental.
 
La Opinión Popular

 
EL MINISTERIO DE HACIENDA, A CARGO DE NICOLÁS DUJOVNE, ELABORÓ UN PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE DEROGA LE LEY QUE CREÓ EL INDEC.
 
¿Chau estadísticas? El Gobierno planea la disolución del INDEC
 
Un proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda contempla la reformulación del sistema estadístico nacional, prevé la disolución del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la creación del "Consejo Nacional de Información Estadística", presidido por el Secretario de Política Económica.
 
La iniciativa, a la que tuvo acceso Ámbito Financiero, cuenta con 77 artículos y se contrapone con otra elaborada por la actual conducción del INDEC y que apunta al fortalecimiento de este organismo.
 
En el Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, se elaboró un proyecto de ley por el cual se deroga le ley 17.622 - que creó el INDEC - y se dispone la transferencia del personal de este instituto a la órbita de uno nuevo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) "con la condición que el citado personal cumpla los requisitos del nuevo organismo". Asimismo, contempla la transferencia al INE de la totalidad de los bienes, presupuesto, activos y patrimonio del INDEC.
 
El esquema diseñado por Hacienda, propone, en su primer artículo, la creación del Sistema Estadístico Nacional, integrado por el Consejo Nacional de Información Estadística y el Instituto Nacional de Estadísticas. Asimismo, participarán los organismos del sector público nacional, sector público nacional financiero y sector público provincial y municipal.
 
El proyecto establece que el Consejo Nacional de Información Estadística sea un organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, entidad con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera.
 
Le corresponderá a este Consejo dictar anualmente el Plan Estadístico Nacional, "estableciendo los productos estadísticos a generar, metodologías y formas de diseminación" (artículo 32).
 
En cambio, para el nuevo INE (el reemplazo del INDEC) se establece un rol fundamentalmente ejecutor ya que tendrá como funciones "recolectar datos estadísticos mediante el uso de encuestas, datos de registro y otros", "elaborar indicadores sociales y económicos", "producir las cuentas nacionales, cuentas internacionales, cuentas satélite y análisis laborales", entre otras.
 
Será conducido por un director y un director técnico, ambos elegidos por concurso de antecedentes y oposición. Durarán en sus cargos cinco años, con opción a una única renovación.
 
En lo que surge claramente como una intención de profesionalizar al organismo, el proyecto establece que "el 65% de los agentes del INE, cualquiera sea su modalidad de contratación, deberá poseer título universitario específico a las funciones que desempeñen". De aplicarse este requisito, se indica en medios gremiales, numerosos empleados del INDEC se verían afectados.
 
El encargado de definir el plan estadístico, es decir el Consejo Nacional de Información Estadística, estará conformado por nueve miembros (artículo 61): el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda (actualmente a cargo de Sebastián Galiani) -que oficiará como presidente -, representantes de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Banco Central, Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (a propuesta de los integrantes de las provincias), universidades públicas (nombrado por el Consejo Interuniversitario Nacional), por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y los directores de Metodologías y Planificación de este consejo.
 
En cambio, el director del instituto a crearse en reemplazo del INDEC, participará "con voz pero sin voto".
 
En las condiciones de funcionamiento del Consejo que proyectará el plan estadístico se propone que su directorio sesionará con un quórum de cuatro miembros y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate, el presidente, es decir el secretario de Política Económica, tendrá doble voto.
 
 
La propuesta del INDEC
 
 
Por su parte, la conducción del INDEC elaboró un anteproyecto de ley orgánica del sistema estadístico en respuesta a un pedido a la Presidencia, que fue presentado recientemente a la Jefatura de Ministros.
 
A diferencia de la iniciativa de Hacienda que, como se señaló, determina para el Instituto un rol meramente ejecutor, esta propuesta apunta a concentrar y fortalecer al INDEC como rector del sistema estadístico.
 
En tal sentido, el primer artículo de la iniciativa establece que "las actividades estadísticas oficiales nacionales y la realización de los censos que se efectúen en el territorio de la Nación se regirán por la presente Ley Orgánica y por las disposiciones reglamentarias emanadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que crea la presente, con carácter de ente autárquico, personería jurídica y patrimonio propio, y dependiente del Poder Ejecutivo Nacional".
 
En el artículo cuarto del proyecto se hace referencia a las facultades del INDEC señalando que tendrá a su cargo "dictar las normas reglamentarias de la presente ley que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y de acuerdo con los principios programáticos que la inspiran", como así también "establecer pautas, definiciones y clasificaciones homogéneas que permitan garantizar la comparabilidad de la información estadística oficial y dictar las normas regulatorias que rigen la elaboración y difusión de estadísticas en todo el territorio de la Nación".
 
En esta iniciativa, el gobierno del INDEC está a cargo de un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación por un período de cinco años, pudiendo ser designados nuevamente.
 
Se dispone asimismo, que para la remoción del presidente y el vicepresidente el Poder Ejecutivo deberá tener previo acuerdo del Senado.
 
La última palabra es de suponer que la tendrá Jefatura de Ministros, según se señala en la Casa Rosada.
 
 
Sospechas y discusiones
 
A lo largo de la historia, las estadísticas elaboradas por el INDEC fueron motivo de sospechas y debates. Uno de los antecedentes en este sentido, se remonta hacia el año 1979, cuando el gobierno militar no encontraba la forma de bajar la inflación. Como uno de los rubros que más incidía en la conformación del índice de precios era la carne vacuna, el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, no tuvo mejor idea que elaborar el llamado índice "descarnado", es decir una medición del costo de vida en la que se excluyó a las carnes rojas y sus derivados. De esta forma, en los primeros ocho meses de 1979 la inflación "descarnada" acumuló 85%, diez puntos menos que el índice tradicional. Lo insólito fue que el INDEC siguió publicando ambos índices de medición de precios.
 
Otro antecedente se encuentra en la gestión ministerial de Roberto Lavagna cuando hacia 2004 el entonces comandante del Palacio de Hacienda decidió utilizar cálculos alternativos para demostrar que la cantidad de pobres era inferior a la que resultaba del cálculo del INDEC. Tiempo después, hacia mediados de 2005, consideró datos del Banco Mundial para señalar que se había roto la tendencia al aumento de la brecha entre ricos y pobres, a contramano de los datos elaborados por el INDEC.
 
Pero sin dudas, las mayores polémicas se dieron a partir del año 2007, cuando el entonces Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, comenzó a tener injerencia en el INDEC. Los índices de precios y la medición de pobreza fueron los más cuestionados. En el caso de la inflación, a partir de 2010 y durante años el organismo oficial informó una variación del orden del 10% cuando las consultoras privadas estimaban aumentos que cómodamente duplicaban esta variación. En cuanto a la pobreza, las mediciones fueron tan bajas que llevaron al ex jefe de ministros Aníbal Fernández a afirmar, a mediados de 2015, que "la pobreza en Argentina es menor que en Alemania".
 
Con la asunción del gobierno de Cambiemos, la administración de Mauricio Macri hizo de la transparencia en la información una de sus banderas. No por casualidad puso al frente del organismo a Jorge Todesca - un economista proveniente de las filas del peronismo - cuya consultora, Finsoport S.A., fue sancionada por Moreno en virtud de la forma en que calculaban los precios.
 
En marzo de 2011, junto con otras consultoras, Moreno aplicó a esta consultora una multa de medio millón de pesos por no informar sobre la metodología que utilizaba para las mediciones de inflación. En aquel entonces, Todesca calificó de "autoritaria" a la sanción y llevó el tema a la Justicia. Luego de dos años de trámites judiciales, las multas fueron dejadas sin efecto y Moreno fue procesado por abuso de autoridad.

 
Por Liliana Franco
 
Fuentes: Ámbito Financiero y Hoy en la Noticia
 

Agreganos como amigo a Facebook
18-09-2018 / 16:09
El Gobierno de Mauricio Macri anticipa ahora que la luz al final del túnel llegará en el segundo trimestre del próximo año, gracias a un incremento de las exportaciones agropecuarias.
 
La recesión se extendería entonces hasta marzo de 2019 y luego la actividad iniciaría una recuperación, según explicaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda, pese a que anticipan que el contexto externo continuará siendo negativo y que no esperan el empujón de la obra en infraestructura vía contratos de Participación Público Privada (PPP), modalidad a la que "ya no apostamos ni una ficha", según dijeron.
 
El fondo de garantía de sustentabilidad, stock de respaldo de los aportes para los jubilados, comenzará a usarse a partir de abril próximo para el pago de los haberes previsionales, dado que para ese mes se habrán consumido los ingresos provenientes del blanqueo de capitales.
 
Como el Banco Central tiene prohibido por el acuerdo con el FMI financiar al Tesoro, será el Banco Nación el que aporte el año próximo 15.000 millones de pesos de sus utilidades. También se congelará el fondo de incentivo docente a las provincias en términos nominales, con el objetivo de que la inflación lo vaya licuando con el tiempo.
 
Desde el gobierno de los CEOs reconocen que hubo una enorme diferencia entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que terminó sucediendo. Sin embargo, lo reducen a cuestiones externas e imponderables: sequía, volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de tasas de interés de Estados Unidos y recientemente los problemas en Brasil.
 
Nada de esto está previsto que vaya a cambiar pero esta vez aseguran que una buena cosecha alcanzará para compensar todos esos problemas. "El contexto externo desfavorable se va a mantener, pero la apuesta es a una mejora en la cosecha. El agro va a traccionar", se esperanzan en Hacienda.
 
También esperan que el consumo mejore en términos interanuales recién en el último trimestre del año próximo, cerca de la elecciones presidenciales, en torno a 15 por ciento contra 2018. De todos modos, en el balance anual el consumo privado se proyecta con una contracción del 1,6 por ciento.
 
En resumen, el Gobierno de los Ricos proyecta una reducción nominal de 7 puntos en las partidas para obra pública, da por caído los PPP, echará mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar a jubilados, avanzará con privatizaciones y seguirá aumentando las tarifas.
 
Los intereses de deuda representan ya el 18 % del gasto público. Mientras, la educación y cultura sufrirán un fuerte recorte real, también salud, ciencia y técnica y los salarios de trabajadores del Estado. El gobierno sólo quiere la "bendición" del FMI para conseguir financiamiento de cara a 2019.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 07:09
Como se esperaba, el juez federal de la "servilleta", Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero para enriquecerse.
 
En las 551 páginas del texto conocido ayer, no se aporta ninguna evidencia de dónde están los dólares ni los bienes ni las cuentas ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero del enriquecimiento.
 
Tampoco hay testigos o arrepentidos que digan que arreglaron algo o le entregaron algo a la ex mandataria, salvo el caso de José López, quien se despachó con una nueva versión, la quinta que cambia, de que habló con Cristina sobre recaudación de plata y "supone" que ella le mandó los 9 millones de dólares que le encontraron cuando los tiró en el convento.
 
Los procesamientos de ayer abarcan a un amplio grupo de empresarios que se dividieron entre los que dicen que pusieron plata para campañas electorales -algunos presionados y otros por propia voluntad-; los que armaron el club de la obra pública y pagaron coimas; el club de los peajes, que también pagó coimas y el grupo Techint que dice que aportó para negociar una indemnización en Venezuela.
 
También fueron procesados funcionarios de todos los niveles, la mayoría de ellos negó haber recibido dinero y hasta alguno demostró que vive en la más absoluta modestia, con lo que refutan haberse enriquecido.
 
Bonadío lleva adelante, junto al fiscal Carlos Stornelli, una investigación que ha despertado sospechas y polémicas por las pruebas en que ha basado sus fallos, la arbitraria utilización de la figura del "arrepentido" y la direccionalidad de las acusaciones, que incluye un "blindaje" que hasta ahora rodea al presidente Mauricio Macri y sus responsabilidades empresarias y políticas.
 
El pretendido Lava Jato argentino es una causa enfilada contra el cristinismo. Quieren a Cristina presa durante la campaña electorral. Los empresarios que inculparon ex funcionarios K obtuvieron la libertad inmediata durante el proceso. Los arrepentidos que desplegaron versiones auto exculpatorias bajo intimidación fueron casi todos procesados.
 
Son claves las violaciones del debido proceso: detenciones abruptas, morbosamente transmitidas en directo e injustificadas. Completan el cuadro condiciones desdorosas de encarcelamiento, con amenazas de mantenerlas si no mediaban relatos que enlodaran a los procesados opositores a Macri.
 
Los hechos deben ser investigados, juzgados, sancionados si median evidencias contundentes. Y en esta cuestión abundan elementos probatorios verosímiles, muy en especial las autoinculpaciones. Pero las sospechas, los indicios, las declaraciones, requieren recorrer el debido proceso, en especial el ejercicio del derecho de defensa. La cárcel prematura, pensada para durar años constituye una condena anticipada, he ahí su injusta racionalidad.
 
La Opinión Popular

17-09-2018 / 10:09
En el peor momento de la crisis del plan económico del gobierno de Mauricio Macri, con los mercados financieros cerrados para nuevos préstamos y el FMI (la última carta del gobierno) endureciendo las condiciones para renovar el acuerdo (el primero cayó antes de cumplir tres meses), al PRO se le está haciendo cuesta arriba convencer, a propios y extraños, que su política de endeudamiento es sustentable en el tiempo. Ni siquiera para el tiempo más inmediato, lo que resta de aquí a fin de año.
 
El informe de La Deuda Externa que acaba de elaborar el Observatorio de la UMET, que dirige Arnaldo Bocco, señala que el Programa Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda, según el cual las necesidades de divisas para cumplir con los vencimientos se cubrirían con renovación de títulos, financiamiento externo e interno, "resulta poco realista en un contexto financiero internacional crecientemente hostil" y desconfiado de la capacidad de repago del país.
 
Advierte, además, que tal Programa sólo prevé el cronograma de vencimientos del Tesoro Nacional, pero no la necesidad de divisas "del conjunto de la economía".
 
La administración macrista, por otra parte, se encontrará con un problema estructural adicional, subraya el informe de la UMET. De mantenerse en el tiempo el valor actual del dólar (en términos reales), cabe esperar "que la relación deuda pública/PBI alcance a finales de 2018 un nivel alarmante, superior al 111 por ciento" que, por diversas razones, es insostenible.
 
"Observando el cuadro general, se podría afirmar que nuestra economía se encuentra en un callejón sin salida", concluye el informe, sugiriendo que la crisis insalvable de divisas llevaría, una vez más, a un default (cesación de pagos) o a una reestructuración de la deuda (renegociación de vencimientos o canje), como ocurrió tras el estallido de la convertibilidad.
 
"La deuda como motor de la sustentabilidad económica, se agotó. La gestión de Mauricio Macri nos conduce a un inexorable final con derrumbe económico y con una probable cesación de pagos", definió Nicolás Trotta, director de la UMET y uno de los responsables de la creación del Observatorio de la Deuda Externa.
 
"Como en el pasado, Macri nos llevó por la ruta que tenía que evitarse; para el gobierno que venga le queda el poco aliciente de que  hasta diciembre de 2019, este proceso lo conducirá el FMI".

17-09-2018 / 09:09
A fines del año pasado, el dólar cotizaba en torno a los $18. Hoy abrirá a un promedio de $40,53. ¿Quiénes pierden con esta devaluación? Los asalariados, aquellos que quizá nunca han visto o ahorrado en dólares, pero perciben sueldos en pesos que los ubican por debajo de la línea de la pobreza, mientras pagan sus compras y consumos en dólares.
 
Los salarios de un profesional clave como el médico, que día a día batalla en un sistema público de salud devastado y percibe unos $20.300 de sueldo básico (equivalentes a US$1.128 a fines del año pasado, y a tan solo US$500 ahora); o de los castigados docentes, cuyo sueldo inicial se ubica en $12.500 (antes US$694; ahora US$308).
 
Con los mismos ingresos del año pasado, ahora va a la góndola y tiene que desembolsar más de un 100% que el año pasado para comprar un kilo de harina; más del 54% para adquirir una docena de huevos; quiere llevar a su mesa un kilo de pan y hoy le cuesta un 41% más que en 2017. Sube el precio de los alimentos, pero también el de los combustibles y el de servicios indispensables como el transporte, la luz, el agua y el gas.
 
El resultado es un duro golpe de los grandes empresarios hacia la clase trabajadora, contrayendo los salarios en términos de su poder adquisitivo. Los "mercados" lograron imponer una fuerte devaluación en poco tiempo, que supera el ritmo inflacionario y mucho más los incrementos de salarios.
 
El cóctel es letal para el consumo, el desempleo abunda, los que lo conservan ven cómo su poder adquisitivo se consume, las compras se deprimen y las pymes que quedan en pie, lejos de recibir estímulos por parte del Gobierno de los Ricos, enfrentan tasas de interés del 60%. Las más altas del mundo, letal para la toma de créditos y la producción; atractivo para los especuladores financieros.
 
La recesión está en marcha y el Gobierno de Mauricio Macri solo apuesta a que esta caída que atraviesa el consumo desacelere la inflación. Nada indica que este semestre o el próximo el escenario vaya a cambiar. Nada presupone que, antes del fin del mandato de Macri, aparezca un plan de desarrollo económico, de pleno empleo, de generación genuina de divisas. Más bien, todo lo contrario.
 
A despecho de nuestra Constitución, rige los destinos del Gobierno de los CEOs la carta magna del FMI, que le exige que si quiere los millones frescos que necesita para no entrar en default, deberá seguir obedeciendo, ajustando, devaluando lo más que se pueda, aceitando la fuga de capitales y la bicicleta financiera.
 
La salida planteada como "inevitable" y "única" es: devaluación y recesión, con más endeudamiento y sumisión al FMI. Un modelo colonial hecho a medida del "mercado" y los bancos, que con la disparada del dólar anotaron una ganancia de $14.624 millones, contra los $8.761 millones registrados en julio del año pasado. Un 66,9% más para ellos, por encima de la devaluación, de la inflación y de todo.
 
La Opinión Popular

16-09-2018 / 09:09
Aumentar el IVA al 22%. Como en Uruguay, pero sin la eficiencia de aquel Estado y con más del triple de pobres que allí. La medida, que ya estaría en manos del presidente neoliberal Mauricio Macri, sería una de las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar el próximo desembolso por US$3.000 millones, que debía llegar el lunes, pero que el Fondo no garantizará hasta tanto el Gobierno no avance en reformas "más profundas".
 
Es un capítulo más en la historia antiperonista del sometimiento neocolonial, pérdida de soberanía y dependencia de la República, desde que en mayo pasado el gobierno de la alianza de conservadores y radicales, denominada Cambiemos, anunció la vuelta al Fondo, a las relaciones carnales con Estados Unidos, cuya administración ya propone la vuelta del 1 a 1, como en las épocas de Menem y Cavallo.
 
Al calor de una crisis como la actual, con devaluación, inflación y recesión, subir el IVA equivaldría a un doble perjuicio. Achicaría todavía más el mercado interno, haría estragos entre las Pymes y ciudadanos de a pie, sobre todo entre aquellos, trabajadores y jubilados, cuyos pocos ingresos tienen un único destino: la compra de alimentos.
 
Junto a la suba del IVA al 22%, las exigencias del Fondo contemplan subir la edad jubilatoria, más despidos y recorte de salarios, facilitar la creación de empresas reduciendo costos; mayor apertura de la economía nacional a las importaciones y regulaciones favorables a la "competencia". Solo así el organismo desembolsaría los dólares requeridos para aliviar las tensiones en el mercado cambiario, producto de las groseras fallas del actual Gobierno.
 
La postergación del desembolso agrega una incertidumbre adicional a la cotización de la moneda yanqui. Pues, a pesar de las erradas y costosas intervenciones del Banco Central, el precio del dólar cerró la semana en un nuevo máximo histórico de $40,53, echando más nafta al fuego de la inflación y con los alimentos y sus consumidores como principales afectados. Así gestiona el Gobierno de los Ricos.
 
La Opinión Popular

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar