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Nacionales - 27-03-2018 / 09:03
EL GOBIERNO DE MACRI TIENE UN PROYECTO PARA DISOLVER EL INDEC

Cambiemos para que nada cambie

Cambiemos para que nada cambie
Como intentando barrer los problemas de la coyuntura actual debajo de la alfombra del INDEC, en lugar de solucionarlos, la medida de Macri, aseguran los especialistas, quitará autonomía al organismo. El Gobierno deberá aclarar la decisión. Aunque más no sea por el que quizá lo votó, que tal vez se ilusionó con un verdadero cambio, y al que, cada vez más, lo persigue esa sospecha que crece como una bola de nieve: que entre Mauricio Macri y Cristina Fernández no hay muchas diferencias.
Cambiamos para que nada cambie en los índices de inflación, pobreza y crecimiento económico, supeditados no a la realidad sino al relato que de ella hace el gobierno de Mauricio Macri. Porque, aunque se modificaron las piezas, el escenario actual no dista de aquel en el que se movían impunemente Cristina Fernández o el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno.
 
Y si no, repasemos: el Gobierno de Macri pone como meta de inflación interanual el 15%, pero en el primer trimestre el acumulado oficial supera el 6,5%, con lo que el promedio para fin de año da una proyección del 26%; se declama un crecimiento "invisible", "tan profundo que nos cuesta verlo" (textual de un encumbrado ministro); se anuncia con bombos y platillos una supuesta baja del desempleo ("hasta el empleo en negro creció", se jactan los funcionarios, sin explicar con qué metodología miden esa evasión); y ya se anticipa un descenso de la pobreza, que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunciaría mañana. 
 
Ojalá ese escenario fuera real, desea el jubilado, el ciudadano de a pie, el pequeño comerciante al que los altos costos y la presión impositiva le esquilman la recaudación. Pero al enfrentarse a la góndola o al echar un vistazo a las facturas de los servicios públicos, nota que todo es una farsa, una ficción, una expresión de deseos sin asidero en la realidad.
 
Más aún cuando trasciende que este Gobierno, que ganó una elección prometiendo transparencia y denostando las prácticas K, está decidido a intervenir el INDEC. Lo harán, como siempre, utilizando eufemismos. Hasta ayer, había al menos dos propuestas: una del propio instituto y otra elaborada por el Ministerio de Hacienda, que apunta a la "reformulación" del sistema estadístico nacional, a través de la disolución del INDEC y la creación de un "Consejo Nacional de Información Estadística" (CNIE).
 
Bajo la excusa de darle al organismo "mayor autonomía", el proyecto de Hacienda es el que se impone. Sin embargo, nada más alejado, porque tiende a centralizar la decisiones bajo la órbita del Gobierno y la metodología quedaría en manos de la cartera que conduce Nicolás Dujovne.
 
Rápido de reflejos, ante las polémicas suscitadas por la eventual intervención, el Gobierno salió a aclarar que trabaja en un proyecto de ley coordinado por Jefatura de Gabinete, Hacienda y el propio INDEC. Ese proyecto ratifica la dependencia del organismo al Ejecutivo. Por ejemplo, porque el presidente del CNIE será el Secretario de Política Económica de Hacienda y estará integrado en su mayoría por miembros del gabinete presidencial.
 
Así, cuesta imaginar la independencia de un organismo que debe tener libertad de acción para poner blanco sobre negro de la realidad, pero que estará subordinado a un Consejo gubernamental.
 
La Opinión Popular

 
EL MINISTERIO DE HACIENDA, A CARGO DE NICOLÁS DUJOVNE, ELABORÓ UN PROYECTO DE LEY POR EL CUAL SE DEROGA LE LEY QUE CREÓ EL INDEC.
 
¿Chau estadísticas? El Gobierno planea la disolución del INDEC
 
Un proyecto elaborado por el Ministerio de Hacienda contempla la reformulación del sistema estadístico nacional, prevé la disolución del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la creación del "Consejo Nacional de Información Estadística", presidido por el Secretario de Política Económica.
 
La iniciativa, a la que tuvo acceso Ámbito Financiero, cuenta con 77 artículos y se contrapone con otra elaborada por la actual conducción del INDEC y que apunta al fortalecimiento de este organismo.
 
En el Ministerio de Hacienda, a cargo de Nicolás Dujovne, se elaboró un proyecto de ley por el cual se deroga le ley 17.622 - que creó el INDEC - y se dispone la transferencia del personal de este instituto a la órbita de uno nuevo, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) "con la condición que el citado personal cumpla los requisitos del nuevo organismo". Asimismo, contempla la transferencia al INE de la totalidad de los bienes, presupuesto, activos y patrimonio del INDEC.
 
El esquema diseñado por Hacienda, propone, en su primer artículo, la creación del Sistema Estadístico Nacional, integrado por el Consejo Nacional de Información Estadística y el Instituto Nacional de Estadísticas. Asimismo, participarán los organismos del sector público nacional, sector público nacional financiero y sector público provincial y municipal.
 
El proyecto establece que el Consejo Nacional de Información Estadística sea un organismo descentralizado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, entidad con personería jurídica propia, independencia funcional y autonomía financiera.
 
Le corresponderá a este Consejo dictar anualmente el Plan Estadístico Nacional, "estableciendo los productos estadísticos a generar, metodologías y formas de diseminación" (artículo 32).
 
En cambio, para el nuevo INE (el reemplazo del INDEC) se establece un rol fundamentalmente ejecutor ya que tendrá como funciones "recolectar datos estadísticos mediante el uso de encuestas, datos de registro y otros", "elaborar indicadores sociales y económicos", "producir las cuentas nacionales, cuentas internacionales, cuentas satélite y análisis laborales", entre otras.
 
Será conducido por un director y un director técnico, ambos elegidos por concurso de antecedentes y oposición. Durarán en sus cargos cinco años, con opción a una única renovación.
 
En lo que surge claramente como una intención de profesionalizar al organismo, el proyecto establece que "el 65% de los agentes del INE, cualquiera sea su modalidad de contratación, deberá poseer título universitario específico a las funciones que desempeñen". De aplicarse este requisito, se indica en medios gremiales, numerosos empleados del INDEC se verían afectados.
 
El encargado de definir el plan estadístico, es decir el Consejo Nacional de Información Estadística, estará conformado por nueve miembros (artículo 61): el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda (actualmente a cargo de Sebastián Galiani) -que oficiará como presidente -, representantes de los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Banco Central, Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (a propuesta de los integrantes de las provincias), universidades públicas (nombrado por el Consejo Interuniversitario Nacional), por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y los directores de Metodologías y Planificación de este consejo.
 
En cambio, el director del instituto a crearse en reemplazo del INDEC, participará "con voz pero sin voto".
 
En las condiciones de funcionamiento del Consejo que proyectará el plan estadístico se propone que su directorio sesionará con un quórum de cuatro miembros y adoptará sus decisiones por mayoría absoluta de los presentes. En caso de empate, el presidente, es decir el secretario de Política Económica, tendrá doble voto.
 
 
La propuesta del INDEC
 
 
Por su parte, la conducción del INDEC elaboró un anteproyecto de ley orgánica del sistema estadístico en respuesta a un pedido a la Presidencia, que fue presentado recientemente a la Jefatura de Ministros.
 
A diferencia de la iniciativa de Hacienda que, como se señaló, determina para el Instituto un rol meramente ejecutor, esta propuesta apunta a concentrar y fortalecer al INDEC como rector del sistema estadístico.
 
En tal sentido, el primer artículo de la iniciativa establece que "las actividades estadísticas oficiales nacionales y la realización de los censos que se efectúen en el territorio de la Nación se regirán por la presente Ley Orgánica y por las disposiciones reglamentarias emanadas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que crea la presente, con carácter de ente autárquico, personería jurídica y patrimonio propio, y dependiente del Poder Ejecutivo Nacional".
 
En el artículo cuarto del proyecto se hace referencia a las facultades del INDEC señalando que tendrá a su cargo "dictar las normas reglamentarias de la presente ley que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y de acuerdo con los principios programáticos que la inspiran", como así también "establecer pautas, definiciones y clasificaciones homogéneas que permitan garantizar la comparabilidad de la información estadística oficial y dictar las normas regulatorias que rigen la elaboración y difusión de estadísticas en todo el territorio de la Nación".
 
En esta iniciativa, el gobierno del INDEC está a cargo de un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado de la Nación por un período de cinco años, pudiendo ser designados nuevamente.
 
Se dispone asimismo, que para la remoción del presidente y el vicepresidente el Poder Ejecutivo deberá tener previo acuerdo del Senado.
 
La última palabra es de suponer que la tendrá Jefatura de Ministros, según se señala en la Casa Rosada.
 
 
Sospechas y discusiones
 
A lo largo de la historia, las estadísticas elaboradas por el INDEC fueron motivo de sospechas y debates. Uno de los antecedentes en este sentido, se remonta hacia el año 1979, cuando el gobierno militar no encontraba la forma de bajar la inflación. Como uno de los rubros que más incidía en la conformación del índice de precios era la carne vacuna, el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, no tuvo mejor idea que elaborar el llamado índice "descarnado", es decir una medición del costo de vida en la que se excluyó a las carnes rojas y sus derivados. De esta forma, en los primeros ocho meses de 1979 la inflación "descarnada" acumuló 85%, diez puntos menos que el índice tradicional. Lo insólito fue que el INDEC siguió publicando ambos índices de medición de precios.
 
Otro antecedente se encuentra en la gestión ministerial de Roberto Lavagna cuando hacia 2004 el entonces comandante del Palacio de Hacienda decidió utilizar cálculos alternativos para demostrar que la cantidad de pobres era inferior a la que resultaba del cálculo del INDEC. Tiempo después, hacia mediados de 2005, consideró datos del Banco Mundial para señalar que se había roto la tendencia al aumento de la brecha entre ricos y pobres, a contramano de los datos elaborados por el INDEC.
 
Pero sin dudas, las mayores polémicas se dieron a partir del año 2007, cuando el entonces Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, comenzó a tener injerencia en el INDEC. Los índices de precios y la medición de pobreza fueron los más cuestionados. En el caso de la inflación, a partir de 2010 y durante años el organismo oficial informó una variación del orden del 10% cuando las consultoras privadas estimaban aumentos que cómodamente duplicaban esta variación. En cuanto a la pobreza, las mediciones fueron tan bajas que llevaron al ex jefe de ministros Aníbal Fernández a afirmar, a mediados de 2015, que "la pobreza en Argentina es menor que en Alemania".
 
Con la asunción del gobierno de Cambiemos, la administración de Mauricio Macri hizo de la transparencia en la información una de sus banderas. No por casualidad puso al frente del organismo a Jorge Todesca - un economista proveniente de las filas del peronismo - cuya consultora, Finsoport S.A., fue sancionada por Moreno en virtud de la forma en que calculaban los precios.
 
En marzo de 2011, junto con otras consultoras, Moreno aplicó a esta consultora una multa de medio millón de pesos por no informar sobre la metodología que utilizaba para las mediciones de inflación. En aquel entonces, Todesca calificó de "autoritaria" a la sanción y llevó el tema a la Justicia. Luego de dos años de trámites judiciales, las multas fueron dejadas sin efecto y Moreno fue procesado por abuso de autoridad.

 
Por Liliana Franco
 
Fuentes: Ámbito Financiero y Hoy en la Noticia
 

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22-04-2018 / 19:04
22-04-2018 / 17:04
De visita en Estados Unidos, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, afirmó ante periodistas argentinos que hay un "optimismo total" sobre lo que aquí sucede. Pocos días antes, El País publicó un sencillo y claro reportaje, a Guillermo Ambrogi, presidente de la Cámara de Comercio Española en Argentina. Ambrogi no teme decir que Macri fue ingenuo cuando creyó que lo iban a tapar con inversiones.
 
Y que esas inversiones (que se esperan hace más de dos años) no llegarán hasta que una inflación controlada garantice a los empresarios su tasa de ganancia. No se refirió en primer lugar a los costos laborales (que mencionó después), sino de la inflación.
 
De eso deberíamos hablar: de que Macri se equivocó en sus predicciones y diagnósticos y que llegó al gobierno haciendo promesas que eran mentiras o torpes ingenuidades. Elíjase lo que mejor parezca.
 
El mismo jueves en que se difundió el optimismo de Caputo, también nos enteramos de que los aliados de la UCR y la Coalición Cívica habían logrado que los férreos Marcos Peña y Aranguren accedieran a dos modificaciones en el cronograma de los aumentos de tarifas.
 
La noche anterior, en barrios que no pueden ser denominados K, cientos de ciudadanos cortaron bocacalles entonando la consigna "Mauricio Macri la puta que te parió". Más que sensibilidad social o negociación con sus aliados, el macrismo se dio cuenta de que esas manifestaciones no eran buenos preliminares para su pretensión de 2019.
 
No queda claro si los radicales están en condiciones de capitalizar el triunfo de dos puntos de su pliego de modificaciones sobre tarifas. El problema, para los radicales, es que no tienen figuras que puedan hacer balance con lo que logran.
 
Es injusto que no se reconozca a Mario Negri haber encabezado la negociación para morigerar el sablazo planificado por Aranguren. Pero así es la política. La inquietud toca a los radicales, que suponen (con razón) que no están incorporados a una alianza.
 
Una alianza de gobierno requiere experiencia y un grado de confianza considerable. Sobre todo, requiere que los aliados no pierdan más de lo que ganan, ni que los desvele la certeza de que el "otro" ha ganado infinitamente más que uno mismo.
 
Una alianza implica distribución equilibrada del poder, de la discusión de las decisiones. Implica prever las posiciones del otro. Implica tacto, conocimiento y deliberación.
 
En países de régimen parlamentario, las condiciones de la alianza se pactan antes de firmar los papeles; la distribución de los cargos, también. Después, sin duda, habrá desinteligencias y discusiones, pero antes se hizo todo lo posible para evitarlas, aunque se sepa que son ineludibles.

21-04-2018 / 17:04
21-04-2018 / 10:04
Un nuevo recorte de personal en el Estado, llevado a cabo esta vez por el Ministerio de Agroindustria, se cobró ayer 330 puestos de áreas sensibles, como agricultura familiar, comercio exterior y estatus fitosanitario. Se dispuso el jueves, mientras se completaba la tanda de telegramas, asueto general en la sede de Paseo Colón y Azopardo y encargó un operativo policial para custodiar el edificio central.
 
Desde el organismo que conduce el ex titular de la Sociedad Rural, el oligarca Luis Miguel Etchevehere, confirmaron que esa cifra corresponde apenas a las áreas dependientes de la administración nacional. "Los despidos involucran un 50 por ciento de trabajadores de Capital Federal y otro 50 por ciento del Interior del país", señaló un vocero de Agroindustria.
 
El Ministerio ya había reducido en los últimos dos años en 700 puestos su plantilla de personal y ahora se sumó una poda sobre casi el 10 por ciento de la nómina actual (3500 empleados).
 
Los gremios advierten que la misma suerte correrían trabajadores de organismos descentralizados (INTA, Senasa, Inase-Inidep y el Instituto Nacional de Vitivinicultura), pudiendo elevarse la cifra de despedidos a 958, y se declararon "en estado de alerta y movilización".
 
La decisión de Etchevehere de decretar asueto hasta el lunes, cercar con policías el acceso a la sede del Ministerio y rechazar los pedidos de reunión con los delegados sumó tensión a la situación. "Lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñados en echarle más nafta al fuego", criticó ATE a través de un comunicado.

21-04-2018 / 09:04
Frente al descenso inevitable de su imagen, producido por la crisis de la economía que generaron las medidas del gobierno de Mauricio Macri, la Casa Rosada renueva su arsenal con algunas apuestas que se empiezan a vislumbrar.
 
Hay una expectativa exagerada en el macrismo por el funcionamiento de la obra pública bajo el mecanismo de Participaciones Público-privadas (PPP) por las que las corporaciones constructoras ya comprometieron seis mil millones de dólares de inversión para los primeros cuatro años.
 
En estas licitaciones, las empresas se comprometen a conseguir el financiamiento internacional, pero es el Estado el que sale como garante. Constituye una forma de endeudamiento encubierto, porque las que toman el dinero son las empresas y el riesgo lo toma el Estado.
 
Los contratos garantizan a los financistas la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros. Esta modalidad ha levantado polémica en Europa porque los PPP son muy restrictivos para los Estados y porque el riesgo que recae en los gobiernos resulta excesivo.
 
Entre la espada y la pared por su enorme deuda, en Grecia los PPP se convirtieron en una vía desesperada de financiamiento. Se calcula que con ese mecanismo cada kilómetro de ruta nueva costó 70 por ciento más de lo presupuestado.
 
Las PPP, que involucran a las principales corporaciones locales, encabezadas por la flamante SACDE, que es la ex IECSA del grupo Macri, iban a ser anunciadas esta semana y se postergaron para el próximo martes con la esperanza de utilizar también su lanzamiento para neutralizar el mal clima creado por los tarifazos.
 
Las PPP serán el corazón de la estrategia del macrismo para reactivar una economía que está en plena crisis, con indicadores macro muy negativos y con el augurio nefasto de una magra cosecha de granos por las inundaciones.
 
Así como las PPP se lanzan en estos días para tratar de reavivar la economía y sostener la imagen alicaída del gobierno, también en estos días se conoció el dictamen de la jueza María Servini para intervenir el Partido Justicialista y designar como interventor a Luis Barrionuevo.
 
La práctica oficial de judicializar la política a través de la manipulación de los jueces ha sido una marca del macrismo. La intervención a un PJ que no había trasgredido ninguna norma es una maniobra que busca demonizar al adversario y frustrar la posibilidad de que el peronismo construya una sola candidatura para el 2019.
 
La intervención está destinada al fracaso. Pero con el sello del PJ y la complicidad de las corporaciones mediáticas se convertirán en propaladores de un  mensaje destinado a entorpecer el proceso de unidad que buscarán por otro lado las corrientes peronistas más representativas. 

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