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“Que el Gobierno no trafique con el cuento de los cambios ni de las renovaciones. Todo está igual. Que les falten el respeto a los radicales, vaya y pase. Pero a la sociedad, no”. Jorge Asís
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Nacionales - 22-03-2018 / 10:03
EL MACRISMO SE HABÍA COMPROMETIDO A VOTAR LA DEROGACIÓN DEL DECRETO QUE HABILITA A EMBARGAR LAS CUENTAS SUELDOS, PERO SE PARÓ Y SE FUE

Por una triquiñuela de Cambiemos, terminó en escándalo la sesión por el mega DNU

Por una triquiñuela de Cambiemos, terminó en escándalo la sesión por el mega DNU
CAMBIEMOS ‘DURMIÓ’ A LA OPOSICIÓN. El Congreso presenció otro escándalo entre la oposición y Cambiemos, que contó nuevamente con el apoyo del peronismo cuasi oficialista de los gobernadores. La sesión terminó abruptamente a pesar del acuerdo parlamentario para tratar la derogación del mega DNU de reforma del Estado que el presidente Mauricio Macri firmó en enero. Por un acuerdo entre Cambiemos y el peronismo, se dio media sanción a los tres proyectos de ley que mantenían la vigencia de la mayor parte del texto del DNU, pero con tres cambios: se daba marcha atrás a la reforma del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, a la embargabilidad de las cuentas sueldo y a la venta de bienes del Estado. La ley puede ser vetada parcialmente por el Gobierno.
Con una manibra sucia, el gobierno de Mauricio Macri celebró este miércoles un triunfo en la Cámara de Diputados al aprobar los tres proyectos sustitutos del megadecreto de necesidad y urgencia, para lo que consiguió la complicidad de Argentina Federal, el interbloque ligado a los gobernadores del PJ, que de todos modos impuso varias modificaciones.
 
Además, esa bancada aportó otra ayuda: sobre el final de la sesión abandonó el recinto junto a Cambiemos e impidió tratar la continuidad o no del polémico DNU, que de esta manera seguirá vigente hasta tanto las leyes parche sean sancionadas y promulgadas. Pueden pasar muchos meses.
 
La maniobra fue enmarañada y enfureció a Agustín Rossi, que definió al macrismo como "una porquería" y le advirtió que "tarde o temprano" iban a "pagar". "Le dije en el transcurso de la sesión que estábamos frente a un mamarracho parlamentario; está claro que esto es un papelón absoluto. ¡Es imposible construir un trabajo ordinario con este tipo de cuestiones!", afirmó.
 
Tras el santafesino, habló Graciela Camaño y calificó de "bochorno" lo hecho por Cambiemos. "Me extraña del presidente del interbloque; de quien integra el bloque de la Coalición Cívica y pregona republicanismo. Me extraña de algunos diputados del Pro que en el pasado solían quejarse del kirchnerismo..."
 
"¿Sabe una cosa presidente? El kirchnerismo siempre nos ganó y nosotros siempre pataleábamos, pero ellos tenían el número. La prepotencia del kirchnerismo era la prepotencia del número que habían sacado en las elecciones -agregó Camaño-. Yo no me quiero imaginar este Congreso con una mayoría de Cambiemos... Si esto logran hacer siendo nada más que la primera minoría, no me quiero imaginar de qué manera van a atropellar y llevarse por delante las instituciones".
 
"Es mentira que hoy podemos eliminar el decreto, porque hacen falta las dos Cámaras. Como también hacen falta para sancionar la ley", se justificó Pablo Kosiner, poco antes de terminar el debate, justificando así que no se votara el rechazo, manteniendo su vigencia los puntos más polémicos, como la posibilidad de embargar cuentas sueldo y la de utilizar los fondos de los jubilados para cualquier timba financiera.
 
"Eso es falso, porque la ley puede ser vetada parcialmente por el Gobierno", lo corrigió Camaño. La jefa del massismo tiene razón: Macri podría vetar alguno de los artículos de las leyes y estirar el tiempo de vigencia del DNU, mientras que si se derogaba por obra de las dos cámaras dejaba de existir sin que el Presidente pueda hacer nada para ganar tiempo.
 
La Opinión Popular

 
El megadecreto es aplicable por Macri porque sólo puede ser anulado si las dos cámaras lo deciden y ni siquiera fue rechazado por una.
 
Pero su contenido se esfumará si los tres proyectos de ley son sancionados en el Senado y promulgados por Mauricio Macri, porque cada uno de ellos borra los fragmentos del DNU que incorpora, aunque con retoques y omisiones impuestas por los dirigidos por el salteño Pablo Kosiner.
 
El megadecreto seguirá vigente pero si el Senado sanciona las leyes sustitutas quedará en el olvido, porque su contenido es reemplazado y eliminado en algunos casos, como los embargos a las cuentas sueldas o los fideicomisos de Anses. El kirchnerismo además quería votar en contra del DNU para dejarlo a tiro de su eliminación, pero sólo lo apoyó el massismo.
 
Fue idea de Monzó para evitar otra unidad opositora, como la que alteró el Congreso durante el primer debate fallido de la reforma previsional. 
 
Resultó un triunfo parcial de Cambiemos y Argentina Federal. El primero cedió a futuro herramientas del DNU pero logró que no sea derogado, un antecedente que no registra ningún Gobierno.
 
Y los leales a los gobernadores le alteran un decreto a Macri en el recinto, al menos para que no vuelva a ignorarlos creyendo que puede salir ileso. Y logran su cometido sin aliarse al kirchnerismo.
 
Como anticipó LPO, Argentina Federal extirpó de una de las leyes la posibilidad de crear fideicomisos con Anses, materializada recién esta mañana en un fugaz debate de Comisión.
 
Ya había logrado eliminar la habilitación para embargar las cuentas sueldo y la flexibilización de la venta de bienes del Estado.
 
En el recinto, barrieron el artículo que permitía a las empresas de servicios públicos a no emitir facturas en papel, rechazado por los organismos de consumidores.
 
Y obligaron a la Aduana a intervenir en la exportación de las obras de arte, cuyo trámite también fue simplificado.
 
 
"La verdad que ya nos estamos cansando un poco de arremangarnos acá para arreglar las cosas que están mal hechas", se victimizó el salteño Javier David, cercano a Juan Urtubey.
 
"Este decreto no es tan bueno como dicen muchos, ni es tan malo como dicen otros. Lo único que pretenden es agilizar las inversiones. Y después se enojan cuando dicen que gobiernan para los ricos", le siguió Diego Bossio.
 
Es que el magadecreto y lo que quedó en las tres leyes aprobadas es inmenso: borra 20 leyes y modifica 140, con medidas bien disímiles como la incorporación de aeropuertos al sistema aéreo, actualización de protocolos del Senasa o incorporación de camiones de doble acoplados (bitrenes).
 
Permite no publicar licitaciones en boletines oficiales del interior y suaviza los requisitos para salir del registro de empleadores en infracción, un preludio del blanqueo laboral que promueve el Gobierno.
 
"Se simplifican y reducen las trabas burocráticas, vienen a cumplir con el proceso de modernización del Estado que es clave para dar respuesta a los requisitos de los ciudadanos", describió Daniel Lipovetzky, el macrista a cargo de negociar las leyes.
 
"Este proyecto está impuesto y escrito por el sector privado, es un engendro legislativo, este decreto no es de necesidad ni de urgencia. Esto es sacar regulaciones, no es menos papeleo, es más facultades discrecionales al Ejecutivo, la idea es que el Estado siempre molesta al privado y no quieren que regule", respondió Kicillof.
 
El ex ministro volvió a hablar al final de la sesión, cuando ya sin quórum su bloque y el massismo ensayó una hora de furia al aire contra el Gobierno.
 
Más bronca tenía el kirchnerismmo porque para ganar tiempo, Mario Negri, el jefe de Cambiemos, pidió una moción de orden para incorporar un pedido de informes a la Corte Suprema sobre las escuchas privadas de Cristina Kirchner difundidas en los medios. 
 
Rossi no aceptó sumarlo  al temario, se quedó sin su aprobación y el recinto vacío ante sus ojos. De ahí su bronca.
 
Fuente: La Política Online
 

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18-09-2018 / 16:09
El Gobierno de Mauricio Macri anticipa ahora que la luz al final del túnel llegará en el segundo trimestre del próximo año, gracias a un incremento de las exportaciones agropecuarias.
 
La recesión se extendería entonces hasta marzo de 2019 y luego la actividad iniciaría una recuperación, según explicaron ayer fuentes del Palacio de Hacienda, pese a que anticipan que el contexto externo continuará siendo negativo y que no esperan el empujón de la obra en infraestructura vía contratos de Participación Público Privada (PPP), modalidad a la que "ya no apostamos ni una ficha", según dijeron.
 
El fondo de garantía de sustentabilidad, stock de respaldo de los aportes para los jubilados, comenzará a usarse a partir de abril próximo para el pago de los haberes previsionales, dado que para ese mes se habrán consumido los ingresos provenientes del blanqueo de capitales.
 
Como el Banco Central tiene prohibido por el acuerdo con el FMI financiar al Tesoro, será el Banco Nación el que aporte el año próximo 15.000 millones de pesos de sus utilidades. También se congelará el fondo de incentivo docente a las provincias en términos nominales, con el objetivo de que la inflación lo vaya licuando con el tiempo.
 
Desde el gobierno de los CEOs reconocen que hubo una enorme diferencia entre la previsión de variables del presupuesto de este año y lo que terminó sucediendo. Sin embargo, lo reducen a cuestiones externas e imponderables: sequía, volatilidad financiera externa, la crisis turca, la suba de tasas de interés de Estados Unidos y recientemente los problemas en Brasil.
 
Nada de esto está previsto que vaya a cambiar pero esta vez aseguran que una buena cosecha alcanzará para compensar todos esos problemas. "El contexto externo desfavorable se va a mantener, pero la apuesta es a una mejora en la cosecha. El agro va a traccionar", se esperanzan en Hacienda.
 
También esperan que el consumo mejore en términos interanuales recién en el último trimestre del año próximo, cerca de la elecciones presidenciales, en torno a 15 por ciento contra 2018. De todos modos, en el balance anual el consumo privado se proyecta con una contracción del 1,6 por ciento.
 
En resumen, el Gobierno de los Ricos proyecta una reducción nominal de 7 puntos en las partidas para obra pública, da por caído los PPP, echará mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar a jubilados, avanzará con privatizaciones y seguirá aumentando las tarifas.
 
Los intereses de deuda representan ya el 18 % del gasto público. Mientras, la educación y cultura sufrirán un fuerte recorte real, también salud, ciencia y técnica y los salarios de trabajadores del Estado. El gobierno sólo quiere la "bendición" del FMI para conseguir financiamiento de cara a 2019.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 07:09
Como se esperaba, el juez federal de la "servilleta", Claudio Bonadio, procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero para enriquecerse.
 
En las 551 páginas del texto conocido ayer, no se aporta ninguna evidencia de dónde están los dólares ni los bienes ni las cuentas ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero del enriquecimiento.
 
Tampoco hay testigos o arrepentidos que digan que arreglaron algo o le entregaron algo a la ex mandataria, salvo el caso de José López, quien se despachó con una nueva versión, la quinta que cambia, de que habló con Cristina sobre recaudación de plata y "supone" que ella le mandó los 9 millones de dólares que le encontraron cuando los tiró en el convento.
 
Los procesamientos de ayer abarcan a un amplio grupo de empresarios que se dividieron entre los que dicen que pusieron plata para campañas electorales -algunos presionados y otros por propia voluntad-; los que armaron el club de la obra pública y pagaron coimas; el club de los peajes, que también pagó coimas y el grupo Techint que dice que aportó para negociar una indemnización en Venezuela.
 
También fueron procesados funcionarios de todos los niveles, la mayoría de ellos negó haber recibido dinero y hasta alguno demostró que vive en la más absoluta modestia, con lo que refutan haberse enriquecido.
 
Bonadío lleva adelante, junto al fiscal Carlos Stornelli, una investigación que ha despertado sospechas y polémicas por las pruebas en que ha basado sus fallos, la arbitraria utilización de la figura del "arrepentido" y la direccionalidad de las acusaciones, que incluye un "blindaje" que hasta ahora rodea al presidente Mauricio Macri y sus responsabilidades empresarias y políticas.
 
El pretendido Lava Jato argentino es una causa enfilada contra el cristinismo. Quieren a Cristina presa durante la campaña electorral. Los empresarios que inculparon ex funcionarios K obtuvieron la libertad inmediata durante el proceso. Los arrepentidos que desplegaron versiones auto exculpatorias bajo intimidación fueron casi todos procesados.
 
Son claves las violaciones del debido proceso: detenciones abruptas, morbosamente transmitidas en directo e injustificadas. Completan el cuadro condiciones desdorosas de encarcelamiento, con amenazas de mantenerlas si no mediaban relatos que enlodaran a los procesados opositores a Macri.
 
Los hechos deben ser investigados, juzgados, sancionados si median evidencias contundentes. Y en esta cuestión abundan elementos probatorios verosímiles, muy en especial las autoinculpaciones. Pero las sospechas, los indicios, las declaraciones, requieren recorrer el debido proceso, en especial el ejercicio del derecho de defensa. La cárcel prematura, pensada para durar años constituye una condena anticipada, he ahí su injusta racionalidad.
 
La Opinión Popular

17-09-2018 / 10:09
En el peor momento de la crisis del plan económico del gobierno de Mauricio Macri, con los mercados financieros cerrados para nuevos préstamos y el FMI (la última carta del gobierno) endureciendo las condiciones para renovar el acuerdo (el primero cayó antes de cumplir tres meses), al PRO se le está haciendo cuesta arriba convencer, a propios y extraños, que su política de endeudamiento es sustentable en el tiempo. Ni siquiera para el tiempo más inmediato, lo que resta de aquí a fin de año.
 
El informe de La Deuda Externa que acaba de elaborar el Observatorio de la UMET, que dirige Arnaldo Bocco, señala que el Programa Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda, según el cual las necesidades de divisas para cumplir con los vencimientos se cubrirían con renovación de títulos, financiamiento externo e interno, "resulta poco realista en un contexto financiero internacional crecientemente hostil" y desconfiado de la capacidad de repago del país.
 
Advierte, además, que tal Programa sólo prevé el cronograma de vencimientos del Tesoro Nacional, pero no la necesidad de divisas "del conjunto de la economía".
 
La administración macrista, por otra parte, se encontrará con un problema estructural adicional, subraya el informe de la UMET. De mantenerse en el tiempo el valor actual del dólar (en términos reales), cabe esperar "que la relación deuda pública/PBI alcance a finales de 2018 un nivel alarmante, superior al 111 por ciento" que, por diversas razones, es insostenible.
 
"Observando el cuadro general, se podría afirmar que nuestra economía se encuentra en un callejón sin salida", concluye el informe, sugiriendo que la crisis insalvable de divisas llevaría, una vez más, a un default (cesación de pagos) o a una reestructuración de la deuda (renegociación de vencimientos o canje), como ocurrió tras el estallido de la convertibilidad.
 
"La deuda como motor de la sustentabilidad económica, se agotó. La gestión de Mauricio Macri nos conduce a un inexorable final con derrumbe económico y con una probable cesación de pagos", definió Nicolás Trotta, director de la UMET y uno de los responsables de la creación del Observatorio de la Deuda Externa.
 
"Como en el pasado, Macri nos llevó por la ruta que tenía que evitarse; para el gobierno que venga le queda el poco aliciente de que  hasta diciembre de 2019, este proceso lo conducirá el FMI".

17-09-2018 / 09:09
A fines del año pasado, el dólar cotizaba en torno a los $18. Hoy abrirá a un promedio de $40,53. ¿Quiénes pierden con esta devaluación? Los asalariados, aquellos que quizá nunca han visto o ahorrado en dólares, pero perciben sueldos en pesos que los ubican por debajo de la línea de la pobreza, mientras pagan sus compras y consumos en dólares.
 
Los salarios de un profesional clave como el médico, que día a día batalla en un sistema público de salud devastado y percibe unos $20.300 de sueldo básico (equivalentes a US$1.128 a fines del año pasado, y a tan solo US$500 ahora); o de los castigados docentes, cuyo sueldo inicial se ubica en $12.500 (antes US$694; ahora US$308).
 
Con los mismos ingresos del año pasado, ahora va a la góndola y tiene que desembolsar más de un 100% que el año pasado para comprar un kilo de harina; más del 54% para adquirir una docena de huevos; quiere llevar a su mesa un kilo de pan y hoy le cuesta un 41% más que en 2017. Sube el precio de los alimentos, pero también el de los combustibles y el de servicios indispensables como el transporte, la luz, el agua y el gas.
 
El resultado es un duro golpe de los grandes empresarios hacia la clase trabajadora, contrayendo los salarios en términos de su poder adquisitivo. Los "mercados" lograron imponer una fuerte devaluación en poco tiempo, que supera el ritmo inflacionario y mucho más los incrementos de salarios.
 
El cóctel es letal para el consumo, el desempleo abunda, los que lo conservan ven cómo su poder adquisitivo se consume, las compras se deprimen y las pymes que quedan en pie, lejos de recibir estímulos por parte del Gobierno de los Ricos, enfrentan tasas de interés del 60%. Las más altas del mundo, letal para la toma de créditos y la producción; atractivo para los especuladores financieros.
 
La recesión está en marcha y el Gobierno de Mauricio Macri solo apuesta a que esta caída que atraviesa el consumo desacelere la inflación. Nada indica que este semestre o el próximo el escenario vaya a cambiar. Nada presupone que, antes del fin del mandato de Macri, aparezca un plan de desarrollo económico, de pleno empleo, de generación genuina de divisas. Más bien, todo lo contrario.
 
A despecho de nuestra Constitución, rige los destinos del Gobierno de los CEOs la carta magna del FMI, que le exige que si quiere los millones frescos que necesita para no entrar en default, deberá seguir obedeciendo, ajustando, devaluando lo más que se pueda, aceitando la fuga de capitales y la bicicleta financiera.
 
La salida planteada como "inevitable" y "única" es: devaluación y recesión, con más endeudamiento y sumisión al FMI. Un modelo colonial hecho a medida del "mercado" y los bancos, que con la disparada del dólar anotaron una ganancia de $14.624 millones, contra los $8.761 millones registrados en julio del año pasado. Un 66,9% más para ellos, por encima de la devaluación, de la inflación y de todo.
 
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16-09-2018 / 09:09
Aumentar el IVA al 22%. Como en Uruguay, pero sin la eficiencia de aquel Estado y con más del triple de pobres que allí. La medida, que ya estaría en manos del presidente neoliberal Mauricio Macri, sería una de las nuevas exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para adelantar el próximo desembolso por US$3.000 millones, que debía llegar el lunes, pero que el Fondo no garantizará hasta tanto el Gobierno no avance en reformas "más profundas".
 
Es un capítulo más en la historia antiperonista del sometimiento neocolonial, pérdida de soberanía y dependencia de la República, desde que en mayo pasado el gobierno de la alianza de conservadores y radicales, denominada Cambiemos, anunció la vuelta al Fondo, a las relaciones carnales con Estados Unidos, cuya administración ya propone la vuelta del 1 a 1, como en las épocas de Menem y Cavallo.
 
Al calor de una crisis como la actual, con devaluación, inflación y recesión, subir el IVA equivaldría a un doble perjuicio. Achicaría todavía más el mercado interno, haría estragos entre las Pymes y ciudadanos de a pie, sobre todo entre aquellos, trabajadores y jubilados, cuyos pocos ingresos tienen un único destino: la compra de alimentos.
 
Junto a la suba del IVA al 22%, las exigencias del Fondo contemplan subir la edad jubilatoria, más despidos y recorte de salarios, facilitar la creación de empresas reduciendo costos; mayor apertura de la economía nacional a las importaciones y regulaciones favorables a la "competencia". Solo así el organismo desembolsaría los dólares requeridos para aliviar las tensiones en el mercado cambiario, producto de las groseras fallas del actual Gobierno.
 
La postergación del desembolso agrega una incertidumbre adicional a la cotización de la moneda yanqui. Pues, a pesar de las erradas y costosas intervenciones del Banco Central, el precio del dólar cerró la semana en un nuevo máximo histórico de $40,53, echando más nafta al fuego de la inflación y con los alimentos y sus consumidores como principales afectados. Así gestiona el Gobierno de los Ricos.
 
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