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Entre Ríos - 19-03-2018 / 11:03
LEY DE NARCOMENUDEO

Rosario Romero: El problema del narcotráfico no es solamente penal, es también social

Rosario Romero: El problema del narcotráfico no es solamente penal, es también social
La ministra Rosario Romero resaltó que la ley provincial de narcomenudeo "es una herramienta para la sociedad" y explicó que la nueva norma "posibilita llegar más prontamente, porque lo que sucede generalmente es que el narcotráfico va en jet y nosotros vamos en automóvil, y la velocidad de llegada puede beneficiar en un mayor logro de seguridad". Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
La aprobación de la ley provincial de narcomenudeo fue bien recibida por el Gobierno e intentó bajar los decibeles al malestar que se generó por la decisión de la Legislatura de no atender el pedido de creación de cargos para atender las necesidades que supone el nuevo esquema de combate contra el narcotráfico.
 
La ministra Rosario Romero aseguró que "la ley de narcomenudeo es una herramienta para la sociedad". Además, la funcionaria bajó el tono a la polémica surgida por la decisión de no crear nuevos cargos para el Poder Judicial y dijo que el asunto se analizará cuando los tres poderes realicen el pedido de presupuesto, en agosto, "sobre la base estadística de cuál es el volumen y dónde está la necesidad".

 
"El narcotráfico va en jet y nosotros vamos en auto"
 
En diálogo con el programa 5 Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná, la ministra Rosario Romero resaltó que "la ley es una herramienta para la sociedad" y explicó que la nueva norma "posibilita llegar más prontamente, porque lo que sucede generalmente es que el narcotráfico va en jet y nosotros vamos en automóvil, y la velocidad de llegada puede beneficiar en un mayor logro de seguridad".
 
En la misma línea, resaltó que el narcotráfico "es un delito que evoluciona más rápidamente que la capacidad de respuesta que tiene el Estado" y agregó que "en Entre Ríos tenemos una situación particular que es que tenemos solamente dos jueces con competencia penal que entienden en los delitos de narcotráfico, y se ven desbordados. Además, con un criterio de combatir al mayor, y a veces por posibilidades concretas, no llegan al más pequeño, porque deciden marcarlo o seguirlo para llegar al mayor. El problema es que el pequeño, en el barrio, hace estragos; es el que captura al niño, a veces niños de 8 años, capturados por el consumo de drogas, mamás que gestan chicos siendo consumidoras, chicos que nacen con sintomatologías propias de las adicciones. Hay segmentos de la población que están severamente afectados".
 
No obstante, la ministra sostuvo que "el problema no es solamente penal, es social y tenemos que abordarlo gradualmente y con todas las herramientas que tengamos a mano. Pero si esperamos a que se den todas esas condiciones, es decir, que estén los recursos para crear fiscalías, defensorías o que las cárceles estén en condiciones, no llegamos nunca. Entonces, la decisión es ir aplicándola gradualmente e insistir ante la Nación para el envío de los aportes y empezar a desarrollar políticas desde el sistema de salud y desde el Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia)".
 
La aplicación gradual implicaría, según dijo la funcionaria, "que no se dispongan cien allanamientos en una ciudad, sino que se irá programando el ataque a los puntos de venta de acuerdo a su importancia y volumen, en forma progresiva, para darle tiempo al sistema judicial y al sistema carcelario a que vaya haciendo las adaptaciones pertinentes".
 
 
Nuevos cargos, cárceles y equipamiento
 
En cuanto a la creación de cargos para el Poder Judicial, que motivó algunas quejas, la ministra explicó que el criterio que adoptó la Legislatura es "mirar la estadística mes a mes, desde el día cero, y comparar los datos a fin de año. En agosto, cuando se eleve el pedido de presupuesto, se analizará la creación de cargos, pero sobre la base de cuál es el volumen y dónde está la necesidad de los cargos".
 
Otra preocupación que surge a partir de la aprobación de la ley es el colapso del sistema carcelario. Al respecto, Romero dijo que hay obras en las cárceles de Paraná y Federal y que el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, ofreció diez estructuras prefabricadas que albergarían a ocho internos cada una, a las solo habría que construirle una base y servicios. "De todas maneras, no se pierde de vista la necesidad de una nueva cárcel", acotó la funcionaria.
 
La ley nacional de desfederalización de la competencia penal en materia de estupefacientes para los delitos de menor cuantía establece además que la Nación debe garantizar los fondos para su instrumentación. Sin embargo eso no está garantizado. "La posición que hemos adoptado es requerir equipamiento, hemos pedido cromatógrafos, el año pasado el Ministerio de Seguridad aportó vehículos para la Policía y ahora hay un compromiso. Tal vez la inversión vire más hacia la tecnología, que nos permita dotar a los fiscales de más elementos, equipamiento, automóviles. Pero es trámite y gestión", enfatizó la ministra Romero.
 
Fuente: Página Judicial
 

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18-09-2018 / 17:09
18-09-2018 / 09:09
En la Casa Gris no paran de sacar números. A los funcionarios entrerrianos los desvela encontrar la fórmula para amortiguar el brutal ajuste que pretende implementar Mauricio Macri en las provincias como corolario de la drástica reducción del déficit fiscal acordada por la alianza PRO-UCR con el FMI. El principal reclamo: que el Ejecutivo nacional deje de beneficiar a las provincias gobernadas por Cambiemos.
 
La cuenta principal que tiene Gustavo Bordet para sostener sus argumentos es que Entre Ríos, con las medidas de ajuste que impulsa el macrismo, perdería unos 10.000 millones de pesos entre lo que resta de este 2018 y el año próximo. La mitad del tijeretazo afectaría al sector público: la eliminación del Fondo Soja, de los subsidios al transporte y de las tarifas sociales representará una caída de más de 5.000 millones de pesos.
 
El resto ajustará en el sector privado, con el impuesto a las exportaciones, que plantea recaudar $ 4 pesos por dólar. Esto representa (con un dólar a $ 40) el 10% de las ventas al exterior. Sobre los 1.000 millones de dólares que exportará Entre Ríos, más de $ 4.000 millones de pesos. Es plata que no ingresará al territorio provincial.
 
A cambio del recorte, aseveran en la Casa Gris, la Nación ofrece como única moneda de cambio -hasta hoy- dejarles las manos libres a los gobernadores con el impuesto a los ingresos brutos. Pero si las cuentas ya hablan de que hay 10.000 millones de pesos menos para volcar al consumo en la provincia, el primer daño colateral será el de la recaudación.
 
Además, ese impuesto recesivo -grava cada instancia de la producción- ya está al 3,5% en buena parte de las actividades. Subirlo parece un disparate. Se encarecerá la producción, que se trasladará a los precios, que elevará la inflación, que resentirá el consumo, que afectará la recaudación...
 
El segundo daño colateral refiere específicamente a los recursos de la gestión local. No dejan de ser dineros de los entrerrianos, pero que afectan particularmente al Gobierno: la inflación desbocada activó, como si fuera una pistola sobre la sien del erario provincial, el reclamo de ajuste de los salarios de docentes y estatales.
 
La paritaria fue del 17% y la inflación ya se calcula en 42%. A la diferencia del 25% deberá afrontarla la Provincia con recursos propios. Ya a partir del mes que viene se empezará a pagar parte del desfase. El cálculo final aún se está ajustando, pero el impacto se mide en cifras de 10 dígitos. Este es el intríngulis de Bordet.
 
La Opinión Popular

18-09-2018 / 08:09
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17-09-2018 / 11:09
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