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Sociedad e Interés General - 04-03-2018 / 20:03
EFEMÉRIDES POPULARES. EL 05/03/1956 LA DICTADURA MILITAR DE ARAMBURU-ROJAS POR EL DECRETO-LEY 4161 PROHÍBE HASTA LA MENCIÓN DE LAS PALABRAS PERÓN Y EVA PERÓN

El decreto-ley 4161 y el odio gorila al peronismo como origen de la violencia política contemporánea

El decreto-ley 4161 y el odio gorila al peronismo como origen de la violencia política contemporánea
Un 05 de marzo, como hoy, pero del año 1956, la dictadura militar oligárquica, que gobernaba de facto la Argentina, sanciona el Decreto Ley 4161, que prohibía cualquier tipo de afirmación ideológica o propaganda peronista. El Poder Ejecutivo estaba ocupado por el general Pedro Eugenio Aramburu como presidente y el contralmirante Isaac Francisco Rojas como vicepresidente.
Un 05 de marzo, como hoy, pero del año 1956, la dictadura militar oligárquica, que gobernaba de facto la Argentina, sanciona el Decreto Ley 4161, que prohibía cualquier tipo de afirmación ideológica o propaganda peronista.
 
Se castigaba con la reclusión de treinta días a seis años, una multa económica, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y la clausura temporal o permanente del local, si se tratase de un comercio o empresa: la utilización de la fotografía de los funcionarios peronistas o de sus parientes, el escudo y la bandera peronista, las expresiones "peronismo", "peronista", "justicialismo", "justicialista", "tercera posición", la marcha de "Los muchachos peronistas", el libro "La razón de mi vida" y los discursos del presidente depuesto (a quien llamaban el tirano prófugo) y su esposa.
 
Después de 1955 no se podía, ni siquiera, escribir o pronunciar la palabra Perón. Con el decreto 4161 se abrió formalmente un largo período de violencia en la Argentina, que continúa otros episodios sangrientos como el bombardeo de la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, donde hubo 200 muertos y 2000 heridos anónimos y olvidados.
 
Escribe Blas García para La Opinión Popular

Batalla de Caseros: Triunfo de la Oligarquía y Derrota de la Patria
Blas García
 
En 1955, la Argentina se encontraba gobernada por una dictadura militar autodenominada "Revolución Libertadora", que había alcanzado el poder tras un golpe de estado violento, ejecutado el 16 de septiembre de 1955, contra el gobierno constitucional de Juan Perón.

El gobierno de Aramburu encarceló a millares de trabajadores, reprimió cada huelga, arrasó con el PJ y la organización sindical. La tortura se masificó y extendió a todo el país en una implacable persecución como pocas veces se había visto.

A esta persecución política y sindical Rodolfo Walsh la explica correctamente desde el fundamento económico y social que la torna inevitable: "Su gobierno modela la segunda década infame. Aparecen los Alsogaray, los Krieger, los Verrier, que van a anudar prolijamente los lazos de la dependencia desatados durante el gobierno de Perón". 

La Argentina comienza "a gestionar esos préstamos que sólo benefician al prestamista, a adquirir etiquetas de colores con el nombre de tecnologías, a radicar capitales extranjeros formados con el ahorro nacional y a acumular esa deuda que hoy grava el 25 por ciento de nuestras exportaciones".

Se quemaron en público retratos de Eva y Juan Perón, se rompieron bustos, bienes de la Fundación Eva Perón y de las colonias de vacaciones, las cuales fueron cerradas dejando a miles de chicos humildes sin atención médica ni asistencia social.

Se derogó la constitución de corte social de 1949 y promulgó el decreto 4161 que prohibía la mención de todo lo que tenga que ver con el "tirano prófugo" y un sin fin de humillaciones que sólo sirvió para que el pueblo peronista organizara la Resistencia.


Contenido del decreto

El decreto 4161 establecía las restricciones vigentes y las sanciones que correspondieran a sus infractores. Dice textualmente en su parte central: "Considerando: Que en su existencia política, el Partido Peronista ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino, el Presidente provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo , decreta con fuerza de ley: (...)

Artículo 1º Prohibía expresamente "La utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, (...) que sean (...)representativas del peronismo", e incluía una lista de vocablos proscritos, tales como "peronismo", "peronista", " justicialismo", "justicialista", "tercera posición", la Marcha peronista y los discursos del presidente depuesto.

Artículo 2º Declaraba que estas disposiciones eran de orden público, impidiendo la alegación de derechos adquiridos para resistirla.

Artículo 3º Establecía las penas para los infractores, entre las cuales se encontraba la reclusión de treinta días a seis años, una multa económica, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y la clausura temporal o permanente del local, si se tratase de un comercio o empresa.

Artículo 10º Queda prohibido en todo el territorio de la Nación:
a) La utilización de propaganda peronista. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o de sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones "peronismo", "peronista", "justicialismo", "justicialista", "tercera posición", la abreviatura "PP", las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las marchas de "los muchachos peronistas" y "Evita Capitana", el libro "La razón de mi vida" y los discursos del presidente depuesto y su esposa.
b) La utilización de imágenes, símbolos y signos creados o por crearse, que pudieran ser tenidos por alguien con los fines establecidos en el inciso anterior."


El odio gorila antiperonista

La situación de ilegalidad política que el decreto 4161 crea en la Argentina se basa en el odio gorila que establece todas las condiciones que harán surgir la violencia política. Porque cualquiera sabe que si en un país se excluye de la "vida democrática" al partido mayoritario y a su líder, no hay "vida democrática" posible.

Un gorila es un gorila porque no puede aceptar que el peronismo forme parte de la vida político-democrática del país. No es sólo una actitud política. Es un hondo odio cultural, racial, político y económico.


¿Por que no aceptan la legalización del peronismo?

Para un gorila, el peronismo es la barbarie en lo cultural; la negrada en lo racial; el autoritarismo en lo político; y en lo económico es la concentración de la economía en el Estado, la distribución del ingreso a favor de los pobres, el intervencionismo estatal, el traslado de la renta agraria al sector industrial y el aumento de los salarios de los trabajadores.

Los militares gorilas representan a la oligarquía ganadera y el establishment económico afectado, en sus bolsillos, por la redistribución de la renta agraria a favor de la industria nacional que había realizado el peronismo.

Tampoco le perdonarían jamás la injuria del IAPI, la nacionalización del comercio exterior y las transferencias de recursos del sector agrario hacia la implementación del Primer Plan Quinquenal. Menos la política de colonización y expropiaciones públicas de tierras.

El odio gorila es el responsable del surgimiento de la violencia política en la Argentina. Y todo lo que ocurre entre 1955 y 1973 se debe a la negación del establishment argentino (Fuerzas Armadas, Sociedad Rural, empresariado industrial y financiero, jerarquías de la Iglesia Católica) de aceptar que el peronismo participe en elecciones libres y democráticas llevando a su frente al líder que ese partido ha elegido y seguía eligiendo: Juan Perón.


Historia de rebeliones y lucha popular

La exclusión política del peronismo, produjo un proceso de resistencia que ampliaría el perfil del justicialismo. A partir de 1955 el peronismo aglutinó, representó y canalizó a todas las rebeldías y criticas contra el sistema económico, social y político, crecientemente ineficaz y en el cual era el único actor apartado.

El espectro político peronista se tornó muy amplio y variado. El activismo peronista opositor, con ingenio y combatividad, realizó sus intentos por la vía del levantamiento cívico-militar, acciones de resistencia por métodos encubiertos, "trabajo a tristeza", sabotajes, colocación de explosivos, paros gremiales, atentados, ataques con bombas "Molotov", etc.

La rebeldía a esta opresión asumió, numerosas veces, formas violentas. A muchos les pareció justo responder a la violencia "de arriba", del poder, con la violencia "de abajo", la violencia popular.

La resistencia peronista, las luchas obreras contra el Conintes, el cordobazo, fueron momentos gloriosos en las batallas de las clases populares argentinas, que asumieron las formas que le imponían las circunstancias. Lucharon por la justicia social con los medios y en las condiciones que les permitía el régimen, cuando los caminos de la democracia real estaban cerrados. Por lo menos para la mayoría peronista.


El escarmiento: Operación Masacre

En el marco de la resistencia anti-oligarquica, en junio de 1956, el General Juan José Valle organiza un alzamiento cívico-militar contra el gobierno ilegítimo para defender la soberanía popular y la justicia social, avasalladas por el gobierno militar instalado desde septiembre de 1955.

El movimiento revolucionario es infiltrado, pero no se lo reprime hasta que se manifiesta como tal. Se buscaba desde el poder dar un escarmiento total que sirviera para desalentar posibles intentos posteriores.

 
Tan es así, que los decretos de fusilamiento para el general Valle y sus compañeros fueron firmados antes del 9 de junio, pese a que el tribunal militar que los juzgó, los había absuelto. Así y todo se les aplicó la ley marcial retroactiva a la fecha y hora de disposición. Es de hacer notar que al rendirse el general Valle, se le garantizó salvaguardar su vida.

Entre el 9 y el 12 de junio de 1956, murieron fusilados y asesinados en oscuros basurales 31 patriotas revolucionarios peronistas. Estos hechos son conocidos como la "Operación Masacre".


Aramburu, el fusilador de la "libertadora"

Aramburu había sido compañero de Juan José Valle cuando eran jóvenes estudiantes del Colegio Militar. Compartían el mismo banco. Luego, sus familias habrán de ser amigas. De aquí que la esposa de Valle le pida tan esperanzada por la vida de su marido.

Aramburu actúa con crueldad porque él ansía asumir la figura del vengador. Y que nadie le pida a un vengador piedad para un "culpable". El vengador no la tendrá.

La frase "El Presidente duerme" que recibe la esposa de Valle significa: el Presidente no dialoga sobre el destino de los "culpables", vinieron a limpiar el país de peronistas, vinieron a vengarse por todo lo que les hicieron.

El fusilamiento de Valle busca instalar el miedo en la sociedad: que a nadie se le ocurriera no sólo atentar contra el poder. Que todos se quedaran donde debían estar. Que a nadie se le ocurriera ser peronista ni tratar con peronistas ni ser sospechoso de serlo.


Ajusticiamiento de Aramburu

En 1970, el pueblo peronista soporta la dictadura de las botas y los monopolios imperialistas. Aramburu, un dictador militar que prohibió al justicialismo con el decreto ley 4161 y fusiló a peronistas es aprehendido. Lo llevan prisionero y le preguntan sobre la tragedia de Valle y los compañeros muertos en los basurales de José León Suárez. Sus secuestradores dicen que son peronistas y se llaman Montoneros.

El ajusticiamiento de Aramburu fue el inicio de una escalada de violencia que culminó con la dictadura militar genocida de 1976 donde hubo 30.000 luchadores sociales desaparecidos, barridos por la represión, de todos los sectores políticos revolucionarios.

La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

Las víctimas sobrevivientes, los familiares de los caídos, las valientes "Madres de Plaza de Mayo" y los militantes de derechos humanos han expuesto una tenaz exigencia de verdad y justicia, sin búsquedas de revanchas por mano propia, para terminar definitivamente con el odio y la violencia política en la Argentina.

Escribe Blas García para La Opinión Popular

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20-09-2018 / 19:09
Los azules y colorados fueron dos facciones que se enfrentaron en el seno de las Fuerzas Armadas argentinas, luego del derrocamiento en 1962 del presidente Arturo Frondizi, respecto a la participación del peronismo en la vida social y política de la sociedad argentina. Las denominaciones reconocen su origen en la terminología empleada históricamente en el estudio de la ciencia militar, para denominar a los dos bandos hipotéticos que se enfrentan en una contienda determinada.
 
Los azules estaban de acuerdo con permitir un acceso limitado a algunos dirigentes peronistas, con el fin de lograr la normalización institucional y al mismo tiempo combatir a los grupos de extrema izquierda; los colorados, por su parte, asimilaban el movimiento peronista al comunismo, y abogaban por erradicarlo completamente.
 
El 21 de septiembre de 1962, la Fuerza Aérea bombardeó una concentración colorada en San Antonio de Padua. La Armada propuso una reunión formal con jefes de las tres armas a fin de detener el enfrentamiento, con el propósito de: Evitar el caos general y entregar el país a cualquier tipo de comunismo y extremismo, a cuya consecución se llegaría mediante la disociación de las instituciones.
 
Campo de Mayo se negó y no aceptó más conferencias fuera de su comando. Acto seguido, la Compañía X fue enviada a Buenos Aires. Por su parte, la Armada movilizó al 1.º Regimiento de Infantería y a la Escuela de Mecánica de la Armada. En la madrugada, las acciones más importantes se desarrollaron en la zona de Florencio Varela.
 
Al comenzar el día 22, las acciones se concentraron en la capital de la república: Plaza Constitución y en los parques Chacabuco y Avellaneda fueron los epicentros donde se sucedieron las escaramuzas. La Secretaría de Prensa de la Presidencia desmintió rumores sobre la renuncia del presidente José María Guido.
 
A las 21:45, se dio fin al enfrentamiento entre azules y colorados con la rendición de éstos últimos. El comunicado 149, propalado a esa hora, anunció la designación de Juan Carlos Onganía como comandante en jefe del Ejército. Al mediodía del día siguiente se difundiría el comunicado 150.
 
El comunicado 150 -atribuido a Mariano Grondona-, emitido el 23 de septiembre de 1962, constituiría la propuesta política del movimiento: los sublevados de Campo de Mayo exigían -la realización de elecciones mediante un régimen que asegure a todos los sectores la participación en la vida nacional; que impida que algunos de ellos obtengan por medio de métodos electorales que no responden a la realidad del país el monopolio artificial de la vida política [se refería claramente al peronismo, que seguiría -por supuesto- proscripto por antidemocrático]. Creemos -continuaba- que las Fuerzas Armadas no deben gobernar. Deben, por el contrario, estar sometidas al poder civil. 
 
Cuatro años después los azules darían un golpe militar derrocando al gobierno radical de Arturo Umberto Illia. En términos de John William Cooke, los colorados eran gorilas y cipayos las 24 horas del día, a diferencia de los azules que sólo eran gorilas y cipayos cuando hacía falta.
 
La Opinión Popular

20-09-2018 / 19:09
19-09-2018 / 16:09
Desde 1810 y hasta la federalización definitiva de Buenos Aires, la "cuestión capital" atravesó por diversas circunstancias. La primera iniciativa en este sentido fue del presidente Bernardino Rivadavia en 1826, momento en que se sancionaría una Ley de Capitalización por la cual Buenos Aires era declarada Capital del Estado y, con límites muy amplios, quedaba bajo la exclusiva e inmediata dirección del Presidente y el Congreso.
 
Los porteños, reacios a nacionalizar su ciudad y, sobre todo, las rentas aduaneras; y el interior provincial que se oponía a la coronación del centralismo, se enfrentaron al intento rivadaviano y en suma, al año siguiente el entonces presidente debió renunciar a la primera magistratura.
 
Luego de la caída de Rosas, en 1852, y la posterior entronación política de Justo José de Urquiza se sancionó la Constitución de 1853 que consagraba a la ciudad de Buenos Aires como sede de las autoridades nacionales y capital de la República lo que originó la separación de la provincia de Buenos Aires de la Confederación.
 
Una vez reunida Buenos Aires con el resto del país, luego de la Batalla de Cepeda, se eligió a Bartolomé Mitre como presidente de la República en 1862, se llegó a una solución llamada "Ley de compromiso entre Buenos Aires y la Nación" por la cual la ciudad sería de modo provisorio la sede de las autoridades nacionales y hasta 1880, se barajaron distintas posibilidades para la ubicación definitiva de la ciudad capital, desde la Isla Martín garcía, Villa María o Rosario.
 
Durante la gestión presidencial de Nicolás Avellaneda se resolvió la federalización de Buenos Aires sancionada el 20 de septiembre de 1880 por el Congreso Nacional luego de los terribles enfrentamientos armados, que costaron la vida de más de 3000 personas, en Barracas, Puente Alsina y Los Corrales entre las tropas nacionales y porteñas, a partir de la oposición del gobernador Carlos Tejedor a que se declare sede definitiva de las autoridades nacionales y territorio federal a la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. A los pocos días, el 12 de octubre de 1880, Julio Argentino Roca asumiría la presidencia de la Nación ya definitivamente establecido en Buenos Aires.
 
La Opinión Popular

19-09-2018 / 16:09
19-09-2018 / 16:09
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