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Sociedad e Interés General - 04-03-2018 / 20:03
EFEMÉRIDES POPULARES. EL 05/03/1956 LA DICTADURA MILITAR DE ARAMBURU-ROJAS POR EL DECRETO-LEY 4161 PROHÍBE HASTA LA MENCIÓN DE LAS PALABRAS PERÓN Y EVA PERÓN

El decreto-ley 4161 y el odio gorila al peronismo como origen de la violencia política contemporánea

El decreto-ley 4161 y el odio gorila al peronismo como origen de la violencia política contemporánea
Un 05 de marzo, como hoy, pero del año 1956, la dictadura militar oligárquica, que gobernaba de facto la Argentina, sanciona el Decreto Ley 4161, que prohibía cualquier tipo de afirmación ideológica o propaganda peronista. El Poder Ejecutivo estaba ocupado por el general Pedro Eugenio Aramburu como presidente y el contralmirante Isaac Francisco Rojas como vicepresidente.
Un 05 de marzo, como hoy, pero del año 1956, la dictadura militar oligárquica, que gobernaba de facto la Argentina, sanciona el Decreto Ley 4161, que prohibía cualquier tipo de afirmación ideológica o propaganda peronista.
 
Se castigaba con la reclusión de treinta días a seis años, una multa económica, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y la clausura temporal o permanente del local, si se tratase de un comercio o empresa: la utilización de la fotografía de los funcionarios peronistas o de sus parientes, el escudo y la bandera peronista, las expresiones "peronismo", "peronista", "justicialismo", "justicialista", "tercera posición", la marcha de "Los muchachos peronistas", el libro "La razón de mi vida" y los discursos del presidente depuesto (a quien llamaban el tirano prófugo) y su esposa.
 
Después de 1955 no se podía, ni siquiera, escribir o pronunciar la palabra Perón. Con el decreto 4161 se abrió formalmente un largo período de violencia en la Argentina, que continúa otros episodios sangrientos como el bombardeo de la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955, donde hubo 200 muertos y 2000 heridos anónimos y olvidados.
 
Escribe Blas García para La Opinión Popular

Batalla de Caseros: Triunfo de la Oligarquía y Derrota de la Patria
Blas García
 
En 1955, la Argentina se encontraba gobernada por una dictadura militar autodenominada "Revolución Libertadora", que había alcanzado el poder tras un golpe de estado violento, ejecutado el 16 de septiembre de 1955, contra el gobierno constitucional de Juan Perón.

El gobierno de Aramburu encarceló a millares de trabajadores, reprimió cada huelga, arrasó con el PJ y la organización sindical. La tortura se masificó y extendió a todo el país en una implacable persecución como pocas veces se había visto.

A esta persecución política y sindical Rodolfo Walsh la explica correctamente desde el fundamento económico y social que la torna inevitable: "Su gobierno modela la segunda década infame. Aparecen los Alsogaray, los Krieger, los Verrier, que van a anudar prolijamente los lazos de la dependencia desatados durante el gobierno de Perón". 

La Argentina comienza "a gestionar esos préstamos que sólo benefician al prestamista, a adquirir etiquetas de colores con el nombre de tecnologías, a radicar capitales extranjeros formados con el ahorro nacional y a acumular esa deuda que hoy grava el 25 por ciento de nuestras exportaciones".

Se quemaron en público retratos de Eva y Juan Perón, se rompieron bustos, bienes de la Fundación Eva Perón y de las colonias de vacaciones, las cuales fueron cerradas dejando a miles de chicos humildes sin atención médica ni asistencia social.

Se derogó la constitución de corte social de 1949 y promulgó el decreto 4161 que prohibía la mención de todo lo que tenga que ver con el "tirano prófugo" y un sin fin de humillaciones que sólo sirvió para que el pueblo peronista organizara la Resistencia.


Contenido del decreto

El decreto 4161 establecía las restricciones vigentes y las sanciones que correspondieran a sus infractores. Dice textualmente en su parte central: "Considerando: Que en su existencia política, el Partido Peronista ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino, el Presidente provisional de la Nación Argentina, en ejercicio del Poder Legislativo , decreta con fuerza de ley: (...)

Artículo 1º Prohibía expresamente "La utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas, (...) que sean (...)representativas del peronismo", e incluía una lista de vocablos proscritos, tales como "peronismo", "peronista", " justicialismo", "justicialista", "tercera posición", la Marcha peronista y los discursos del presidente depuesto.

Artículo 2º Declaraba que estas disposiciones eran de orden público, impidiendo la alegación de derechos adquiridos para resistirla.

Artículo 3º Establecía las penas para los infractores, entre las cuales se encontraba la reclusión de treinta días a seis años, una multa económica, la inhabilitación para desempeñar cargos públicos y la clausura temporal o permanente del local, si se tratase de un comercio o empresa.

Artículo 10º Queda prohibido en todo el territorio de la Nación:
a) La utilización de propaganda peronista. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición, la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o de sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones "peronismo", "peronista", "justicialismo", "justicialista", "tercera posición", la abreviatura "PP", las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las marchas de "los muchachos peronistas" y "Evita Capitana", el libro "La razón de mi vida" y los discursos del presidente depuesto y su esposa.
b) La utilización de imágenes, símbolos y signos creados o por crearse, que pudieran ser tenidos por alguien con los fines establecidos en el inciso anterior."


El odio gorila antiperonista

La situación de ilegalidad política que el decreto 4161 crea en la Argentina se basa en el odio gorila que establece todas las condiciones que harán surgir la violencia política. Porque cualquiera sabe que si en un país se excluye de la "vida democrática" al partido mayoritario y a su líder, no hay "vida democrática" posible.

Un gorila es un gorila porque no puede aceptar que el peronismo forme parte de la vida político-democrática del país. No es sólo una actitud política. Es un hondo odio cultural, racial, político y económico.


¿Por que no aceptan la legalización del peronismo?

Para un gorila, el peronismo es la barbarie en lo cultural; la negrada en lo racial; el autoritarismo en lo político; y en lo económico es la concentración de la economía en el Estado, la distribución del ingreso a favor de los pobres, el intervencionismo estatal, el traslado de la renta agraria al sector industrial y el aumento de los salarios de los trabajadores.

Los militares gorilas representan a la oligarquía ganadera y el establishment económico afectado, en sus bolsillos, por la redistribución de la renta agraria a favor de la industria nacional que había realizado el peronismo.

Tampoco le perdonarían jamás la injuria del IAPI, la nacionalización del comercio exterior y las transferencias de recursos del sector agrario hacia la implementación del Primer Plan Quinquenal. Menos la política de colonización y expropiaciones públicas de tierras.

El odio gorila es el responsable del surgimiento de la violencia política en la Argentina. Y todo lo que ocurre entre 1955 y 1973 se debe a la negación del establishment argentino (Fuerzas Armadas, Sociedad Rural, empresariado industrial y financiero, jerarquías de la Iglesia Católica) de aceptar que el peronismo participe en elecciones libres y democráticas llevando a su frente al líder que ese partido ha elegido y seguía eligiendo: Juan Perón.


Historia de rebeliones y lucha popular

La exclusión política del peronismo, produjo un proceso de resistencia que ampliaría el perfil del justicialismo. A partir de 1955 el peronismo aglutinó, representó y canalizó a todas las rebeldías y criticas contra el sistema económico, social y político, crecientemente ineficaz y en el cual era el único actor apartado.

El espectro político peronista se tornó muy amplio y variado. El activismo peronista opositor, con ingenio y combatividad, realizó sus intentos por la vía del levantamiento cívico-militar, acciones de resistencia por métodos encubiertos, "trabajo a tristeza", sabotajes, colocación de explosivos, paros gremiales, atentados, ataques con bombas "Molotov", etc.

La rebeldía a esta opresión asumió, numerosas veces, formas violentas. A muchos les pareció justo responder a la violencia "de arriba", del poder, con la violencia "de abajo", la violencia popular.

La resistencia peronista, las luchas obreras contra el Conintes, el cordobazo, fueron momentos gloriosos en las batallas de las clases populares argentinas, que asumieron las formas que le imponían las circunstancias. Lucharon por la justicia social con los medios y en las condiciones que les permitía el régimen, cuando los caminos de la democracia real estaban cerrados. Por lo menos para la mayoría peronista.


El escarmiento: Operación Masacre

En el marco de la resistencia anti-oligarquica, en junio de 1956, el General Juan José Valle organiza un alzamiento cívico-militar contra el gobierno ilegítimo para defender la soberanía popular y la justicia social, avasalladas por el gobierno militar instalado desde septiembre de 1955.

El movimiento revolucionario es infiltrado, pero no se lo reprime hasta que se manifiesta como tal. Se buscaba desde el poder dar un escarmiento total que sirviera para desalentar posibles intentos posteriores.

 
Tan es así, que los decretos de fusilamiento para el general Valle y sus compañeros fueron firmados antes del 9 de junio, pese a que el tribunal militar que los juzgó, los había absuelto. Así y todo se les aplicó la ley marcial retroactiva a la fecha y hora de disposición. Es de hacer notar que al rendirse el general Valle, se le garantizó salvaguardar su vida.

Entre el 9 y el 12 de junio de 1956, murieron fusilados y asesinados en oscuros basurales 31 patriotas revolucionarios peronistas. Estos hechos son conocidos como la "Operación Masacre".


Aramburu, el fusilador de la "libertadora"

Aramburu había sido compañero de Juan José Valle cuando eran jóvenes estudiantes del Colegio Militar. Compartían el mismo banco. Luego, sus familias habrán de ser amigas. De aquí que la esposa de Valle le pida tan esperanzada por la vida de su marido.

Aramburu actúa con crueldad porque él ansía asumir la figura del vengador. Y que nadie le pida a un vengador piedad para un "culpable". El vengador no la tendrá.

La frase "El Presidente duerme" que recibe la esposa de Valle significa: el Presidente no dialoga sobre el destino de los "culpables", vinieron a limpiar el país de peronistas, vinieron a vengarse por todo lo que les hicieron.

El fusilamiento de Valle busca instalar el miedo en la sociedad: que a nadie se le ocurriera no sólo atentar contra el poder. Que todos se quedaran donde debían estar. Que a nadie se le ocurriera ser peronista ni tratar con peronistas ni ser sospechoso de serlo.


Ajusticiamiento de Aramburu

En 1970, el pueblo peronista soporta la dictadura de las botas y los monopolios imperialistas. Aramburu, un dictador militar que prohibió al justicialismo con el decreto ley 4161 y fusiló a peronistas es aprehendido. Lo llevan prisionero y le preguntan sobre la tragedia de Valle y los compañeros muertos en los basurales de José León Suárez. Sus secuestradores dicen que son peronistas y se llaman Montoneros.

El ajusticiamiento de Aramburu fue el inicio de una escalada de violencia que culminó con la dictadura militar genocida de 1976 donde hubo 30.000 luchadores sociales desaparecidos, barridos por la represión, de todos los sectores políticos revolucionarios.

La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

Las víctimas sobrevivientes, los familiares de los caídos, las valientes "Madres de Plaza de Mayo" y los militantes de derechos humanos han expuesto una tenaz exigencia de verdad y justicia, sin búsquedas de revanchas por mano propia, para terminar definitivamente con el odio y la violencia política en la Argentina.

Escribe Blas García para La Opinión Popular

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18-12-2018 / 19:12
18-12-2018 / 19:12
Héctor José Cámpora nació en Mercedes el 26 de marzo de 1909, y se radicó en San Andrés de Giles. Fue comisionado municipal y diputado nacional, y presidente de la Cámara de Diputados entre 1948 y 1952.
 
Luego del golpe que derrocó a Perón en 1955, Cámpora, acusado falsamente de corrupción y malversación de fondos, fue encarcelado y protagonizó, junto a otros dirigentes peronistas, una espectacular fuga del penal de Río Gallegos.
 
Designado delegado personal de Perón en 1971, dos años más tarde triunfó con el 50% de los votos en una elección presidencial de la que no estaba proscripto el peronismo aunque sí su líder. Lo primero que hizo fue amnistiar a los presos políticos.
 
El Tío fue el mayor reflejo de lealtad hacia su líder, Juan Perón, y en consecuencia, después de 49 días, renunció a la presidencia para que pudieran realizarse las primeras elecciones auténticamente libres después de 18 años, donde Perón gana con el 60% de los votos.
 
Fue designado embajador en México, luego de la muerte de Perón fue cesanteado y perseguido por el lopezreguismo, que había desestabilizado las líneas internas del gobierno para desplazar a las juventudes peronistas que se habían ganado un lugar en el gobierno de Cámpora.
 
Tras el golpe cívico-militar, Cámpora salva milagrosamente la vida al poder asilarse en la embajada de México, donde permaneció tres crueles años encerrado, hasta que la dictadura se avino a entregarle el salvoconducto para salir del país una vez que hubo comprobado que el cáncer que padecía se hallaba en su fase terminal.
 
El 19 de diciembre de 1980, en México, falleció el ex presidente, un peronista honesto y leal.
 
La Opinión Popular

18-12-2018 / 19:12
La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue una crisis económico-financiera generada por la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro denominada "corralito", que empujó a las calles a ciudadanos que padecían en carne propia las consecuencias del neoliberalismo.
 
Tras esas medidas económicas impulsadas por el entonces Ministro de Economía Domingo Cavallo, la reacción popular fue muy negativa, especialmente la de la clase media (teniendo en cuenta que la cifra de la restricción de retiros de 1.000 dólares mensuales era superior a los ingresos de la mayoría de la población), por lo que la crisis económica también desembocó en una crisis política.
 
Y las protestas no tardaron en llegar. Fue así como durante todo diciembre hubo reclamos y también se produjeron saqueos a supermercados. El 19 de diciembre el presidente Fernando de la Rúa decretó el Estado de Sitio, medida que no fue acatada por la población, que siguió ocupando las calles dejando a las claras la pérdida de legitimidad del gobierno.
 
La mayor parte de los participantes que salieron a las calles a protestar, fueron auto convocados y no respondían a partidos políticos o movimientos sociales concretos. El lema de la rebelión popular fue "¡Que se vayan todos!". La respuesta del gobierno nacional fue la represión.
 
Lamentablemente, en esos hechos murieron 39 personas por la represión de las fuerzas policiales y de seguridad, incluyendo 9 menores de 18 años. Y mientras esto sucedía,  De la Rúa renunció a la Presidencia y huyó de la Casa Rosada en un helicóptero. La renuncia del Presidente de la Nación, el 20 de diciembre de 2001, llevaron a una situación de acefalia presidencial. Culminaba así, la experiencia desastrosa de la Alianza y de De la Rúa. El neoliberalismo, una vez más, había mostrado su fracaso.
 
En nuestra provincia la represión del autoritario gobernador radical Sergio Montiel dejó como saldo las muertes de Rosa Eloísa Paniagua, una nena de 13 años; Romina Iturain, una adolescente de 15 años y José Daniel Rodríguez, un militante social de 25 años; a manos de las fuerzas de la represión, comandadas por el radical Montiel, su Ministro de Gobierno Enrique Carbó y el Jefe de Policía Victoriano Ojeda.
 
La Opinión Popular

17-12-2018 / 19:12
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) es una organización no gubernamental de derechos humanos de la Argentina. La organización es fruto de una"autoconvocatoria de personas provenientes de los más diversos sectores sociales, políticos, intelectuales, sindicales y religiosos argentinos, en respuesta a la creciente situación de violencia y de quiebra de la vigencia de los más elementales derechos humanos que se escalaba en el país".
 
La APDH fue fundada el 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio a la dictadura militar, en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la Iglesia de la Santa Cruz, a raíz de una iniciativa de Rosa Pantaleón.
 
Fueron sus fundadores, además de Rosa Pantaleón, el obispo de Neuquén, Jaime de Nevares, Eduardo Alfredo Pimentel, Ariel Gómez, José Miguez Bonino, Guillermo Frugoni Rey, Roque Raúl Aragón, Jaime Scmirgeld, Alicia Moreau de Justo, el obispo Carlos T. Gattinoni de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Alfredo Bravo Susana Pérez Gallart.
 
También han sido miembros de la APDH personalidades como el rabino Marshall Meyer, el luego Presidente de la Nación Raúl Alfonsín, Oscar Alende, Adolfo Pérez Esquivel, Emilio Mignone Graciela Fernández Meijide, entre otras figuras destacadas.
 
La APDH desempeñó un importante papel de defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar, luego apoyó el trabajo de la CONADEP y finalmente luchó y continúa luchando contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que gobernó Argentina entre los años 1976 y 1983.
 
La Opinión Popular

17-12-2018 / 09:12
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