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Nacionales - 23-02-2018 / 08:02
EL INTENTO DE IGUALAR A UN GREMIO CON EL ESTADO SÓLO TIENE COMO ANTECEDENTE EL TOTALITARISMO DE MUSSOLINI

Macri y su ofensiva fascista contra el Movimiento Obrero

Macri y su ofensiva fascista contra el Movimiento Obrero
Macri promueve una ley para juzgar a Moyano por corrupción. Busca equiparar a sindicalistas con funcionarios públicos en cuanto a obligaciones legales y figuras penales pero no incluyen a los empresarios. El intento de igualar a un gremio con el Estado sólo tiene como antecedente el fascismo italiano de Mussolini. La discusión parlamentaria incomodará a los socios principales del Gobierno en el Congreso, que son los interbloques referenciados en gobernadores e integrados también por sindicalistas.
La masiva movilización de este miércoles estuvo lejos de implicar un freno para la política anti obrera que despliega el gobierno derechista de Mauricio Macri. Después de asegurar que la marcha no tenía importancia y no les modificaba la agenda, decidió escalar en la contienda con Hugo Moyano y el resto del sindicalismo no alineado.
 
El Gobierno de los Ricos contragolpeó con un proyecto de ley para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". El mismo es impulsado por el diputado Luis Petri (UCR- Mendoza). Lo acompañan las firmas de más de 20 legisladores macristas. Petri afirmó que se trata de terminar con una situación en la que la "corrupción sindical quedaba impune". Parece que para el legislador macrista la única impunidad que vale es la que tienen los millonarios funcionarios de su gobierno.
 
El proyecto plantea la obligación, para los sindicalistas, de presentar declaraciones juradas y los suma a los delitos penales de cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al mismo nivel que los funcionarios públicos. Se pone el acento en las asociaciones sindicales sin incluir controles similares sobre las asociaciones de los empresarios.
 
De esta manera, se plantea que los sindicatos son parte del Estado, tomando antecedentes del fascismo. En el fascismo, el dictador Benito Mussolini hizo que las organizaciones gremiales pasaran a ser administradas por el Estado totalitario. Esto va en contra de la Constitución como los convenios de la OIT sobre la libertad sindical.
 
El gobierno de los CEOs, al poner el eje en cuestiones judiciales, busca profundizar el camino que inició antes de la movilización. Decir que la misma fue llamada por Moyano solo para defenderse de la persecución judicial. Sin embargo, si algo quedó claro es que más allá de los límites de los convocantes hubo una masiva y genuina expresión de los trabajadores en las calles.
 
No es casualidad que, luego del revés que le significó al Gobierno la movilización del 21F, aparezca esta tipificación como delito de posibles actitudes de dirigentes sindicales, que se enmarca en el contexto actual de intentar domesticar al movimiento obrero, para sacar la reforma laboral y ponerle un techo a las paritarias, y no en una voluntad genuina de transparencia.
 
Así legisladores de la alianza Cambiemos avanzaron en la presentación de normativas que pretenden presionar sobre la conducción de los sindicatos, aprovechado el rechazo que existe entre los votantes de la Alianza a los dirigentes gremiales.
 
Lo llamativo es que la iniciativa macrista está destinada exclusivamente a quienes dirigen o administran asociaciones sindicales, al tiempo que Cambiemos consiguió aprobar leyes que reducen delitos cometidos por los empresarios, como la evasión de los aportes de sus trabajadores. Así gobiernan solo para los ricos.
 
La Opinión Popular

 
EL PROYECTO DE LOS DIPUTADOS DE CAMBIEMOS APUNTA A LOS GREMIALISTAS PARA QUE SEAN JUZGADOS POR CORRUPCIÓN
 
Ahora son feos, sucios, malos y corruptos
 
El Gobierno contragolpeó después de la marcha con un proyecto de ley para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". Ese fue el título del comunicado en el cual informaron la presentación de la iniciativa, que redactó el radical Luis Petri, pero que tiene el apoyo del interbloque de Cambiemos.
 
El proyecto plantea la obligación para los sindicalistas de presentar declaraciones juradas y los suma a los delitos penales de cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al mismo nivel que los funcionarios públicos. Los juristas señalaron que se pone el acento en las asociaciones sindicales sin incluir controles similares sobre los empresarios y que, en la concepción que plantea de que los sindicatos son parte del Estado, el principal antecedente es el fascismo.
 
El diputado Luis Petri anunció ayer la presentación de un proyecto para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". Lo respaldaron 23 de los diputados de Cambiemos, lo que indica que la iniciativa no fue una decisión personal ni casual. 
 
El proyecto indica que los sindicatos "cumple funciones para-estatales" y que se deben prevenir "prácticas poco transparentes y garantizar el interés social en la probidad en el manejo de fondos de terceros". Señala también que "numerosas denuncias de enriquecimiento ilícito por parte de dirigentes sindicales han menoscabado la credibilidad, la institucionalidad y representatividad de esas asociaciones". "'Corruptos' es la palabra con la que la mayoría de los encuestados asociaron a los dirigentes gremiales", sostiene el proyecto, que cita una encuesta de Giacobbe y asociados.
 
En el proyecto, se establece la obligatoriedad de que -al igual que los funcionarios públicos- los dirigentes sindicales presenten declaraciones juradas de sus bienes todos los años. Deberán presentarlas ante el Ministerio de Trabajo. Si incumplen, serán intimados a entregarlas en 15 días o serán sujetos a sanciones penales.
 
También coloca a los sindicalistas a la par de un funcionario público en los delitos de cohecho y tráfico de influencias (tres a diez años de prisión) y en el de enriquecimiento ilícito (cuatro a diez años de reclusión). Hasta ahora, quienes podían incurrir en esos delitos eran los funcionarios. Si se aprueba la ley, estarán incluidos dirigentes sindicales y titulares de obras sociales sindicales. Al igual que los funcionarios públicos, tendrán la obligación de justificar sus bienes hasta dos años después de haber cesado en el cargo.
 
El proyecto también pone un cupo de un mínimo del 30 por ciento de mujeres en las listas sindicales, pero advierte que si la composición de mujeres en el gremio es menor a esa cifra, el cupo será del porcentaje que representen. "Se debe sancionar a aquellos sindicalistas que hacen abuso del poder de representación que le conceden los trabajadores para enriquecerse indebidamente. El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley", sostuvo Petri, cuyo proyecto dice que con esta ley se cumplirán compromisos del país ante la OCDE.
 
Consultado por este diario, el camarista laboral Enrique Arias Gibert señaló sobre la concepción que plantea el proyecto que "si hay un antecedente en el derecho comparado es el fascismo. En el fascismo los sindicatos formaban parte del Estado. Lo que hace Mussolini es justamente eso: la organización corporativa en la que las organizaciones gremiales pasan a ser parte del bien común que administra el Estado totalitario".
 
"Desde el punto de vista penal, hay algo que está muy claro: los sindicatos son órganos de derecho privado. Esto lo plantea tanto la Constitución nacional como los convenios de la OIT sobre la libertad sindical. Esto va en contra de esas normas y de una organización libre y democrática de los sindicatos. Una ley así daría vuelta de cabeza el derecho", advirtió.
 
El jurista también se mostró sorprendido porque el proyecto plantea un control del Ministerio de Trabajo sobre los estatutos de los sindicatos. "La validez de los estatutos sindicales, como cualquier acto jurídico, la determina el Poder Judicial en base a un planteo concreto y en base a la ley vigente. Es el único que puede determinar si es nulo o válido un acto jurídico. Y se basa en las normas legales. Ese control no lo puede haber la autoridad administrativa. El control que señala el proyecto plantea serios problemas con respecto a una asociación sindical libre y democrática".
 
Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matias Cremonte, señaló que "uno siempre está a favor de las políticas de transparencia, pero la tipificación como delito de posibles actitudes de dirigentes sindicales se enmarca en el contexto actual del enfrentamiento del Gobierno con el movimiento obrero y no en una voluntad de transparencia".
 
El laboralista advirtió que "ya existen tanto en el Código Penal como en la Ley de Asociaciones Sindicales los mecanismos para garantizar que no haya corrupción y para perseguir otros tipos de delitos. Hoy es delito la corrupción para los sindicalistas, como también lo son las dádivas cuando las paga un empresario. Pero se sigue persiguiendo solo a un sector". Para Cremonte llama la atención que la obligación de declaraciones juradas y figuras penales "no incluya a los empresarios o, al menos, a los dirigentes de las cámaras empresariales, que son la representación de un sector social. Se insiste en el intervencionismo estatal en el movimiento obrero y en el abstencionismo en el mundo empresarial".
 
Por Werner Pertot
 
Fuente: Página12
 

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21-06-2018 / 19:06
21-06-2018 / 11:06
Así lo señaló en una entrevista por Radio Mitre. "Esto nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario", agregó el nuevo titular del Banco Central. Para Luis Caputo "no hay mal que por bien no venga". El actual titular del Banco Central y ex ministro de Finanzas está hablando de la corrida bancaria que generó una importante devaluación. Lo que el ex ministro festeja implica, para la clase trabajadora, una persistente caída en su nivel de vida.
 
En una entrevista defendió las medidas que se vienen tomando y "festejó" haber terminado atando la suerte del país a un acuerdo con el FMI. "En el corto plazo estas cosas tienen costo, pero yo creo que de mediano y largo plazo no hay mal que por bien no venga, es lo mejor que nos pudo haber pasado, esto nos obligó a ir a pedir el crédito al Fondo Monetario y esto da mucho mayor certidumbre particularmente con el financiamiento, porque dependemos del financiamiento externo", señaló Caputo.
 
El funcionario también ensayó una suerte de "autocrítica" light. "Hubo algunos errores propios, también hubo problemas políticos", indicó. Renglón seguido agregó que su prioridad "es desarmar la gran pelota de Lebac". Precisamente, esa "gran pelota" fue construyéndose desde el mismo gobierno de Macri y la administración del Banco Central que impulsó la bicicleta financiera a través de ese mecanismo.
 
El titular del Central señaló además que "siempre tuvimos claro que, de alguna manera, había que acelerar más el ritmo fiscal. Lo que pasa es que, como dicen, la política es el arte de lo posible. Entonces, cuando vos tenés minoría en ambas cámaras y no tenés todo el poder necesario, hacés lo que podés".
 
La definición del funcionario confirma que el llamado "gradualismo" fue un resultado de la debilidad política del gobierno para impulsar abiertamente sus brutales planes de ajuste. Lo que el ministro considera un motivo para "alegrarse" implica una creciente caída en el nivel de vida de amplias capas de la población.
 
La devaluación del peso -que ya superó el 50 % en lo que va de 2018- se traslada crecientemente a los precios, golpeando sobre el bolsillo de la clase trabajadora. El titular del Central vuelve a demostrar la "sensibilidad" de banquero y gran empresario. Lo que es una "buena noticia" para él y los millonarios funcionarios del Pro, significa el empobrecimiento creciente para trabajadores y jubilados.
 
La Opinión Popular

21-06-2018 / 10:06
El Día de la Bandera nos dejó un sabor muy, pero muy, triste. El día fatal llegó. Ayer, el directorio del organismo internacional dio el visto bueno final para el acuerdo Macri-FMI y envió los primeros USD 15.000 millones a las arcas del Gobierno de los CEOs. Esto es lo que nos va a llevar a una situación de dependencia total hacia el Fondo Monetario Internacional, que de ahora en más dictará la política económica para la Argentina. Resignamos nuestra soberanía.
 
Pero, de los USD 32.000 millones, que se supone que el FMI nos va a dar desde acá hasta que el mandato de Mauricio Macri finalice, casi la mitad de ellos, los USD 15.000 millones otorgados ayer, están puestos exclusivamente para empezar a saldar las cuentas. Porque es claro: las deudas que tiene la Argentina superan holgadamente los USD 32.000 millones.
 
Este dinero va a ir exclusivamente al mercado cambiario, a la especulación,como si esto fuera lo más importante, y será direccionado para pagar las deudas que éste Gobierno generó, llamadas Lebacs, llamadas compromisos externos, como lo son los bonos que no eran ni son buenos para el país. Aquí también brilló por su ausencia, lamentablemente, el crecimiento, el trabajo y la producción.
 
Por otra parte, Morgan Stanley Capital International (MSCI), la empresa dedicada a calificar los mercados financieros del mundo, le otorgó la etiqueta de "Economía emergente" a la Argentina y, de este modo, nuestro país dejó de ser un mercado "de frontera", una categoría a la cual se había caído en 2009, cuando el gobierno de Cristina dispuso restricciones al movimiento de capitales externos.
 
Sin embargo, aunque la mona se vista de seda, mona queda. Esto, por su sólo sello, no significa que los "brotes verdes" y la tan esperada "lluvia de inversiones" vayan a llegar a nuestro país. Si la Argentina pretende que el dinero entre a las arcas nacionales las variables tienen que ser claras: mercado robusto e impuestos y tarifas racionales.
 
Por ello, y a la luz de los eventos más recientes que afectan la situación cambiaria del país, el MSCI aclaró que revisará su decisión de reclasificación si las autoridades argentinas introdujeran cualquier tipo de restricciones de acceso al mercado, como el control de capitales o de divisas.
 
Por último, aunque Macri no es muy patriota que digamos, el hecho que no fue ayer a un acto tan importante, como el Día de la Bandera, muestra que este acuerdo neocolonial con el FMI es absolutamente impopular. Macri le tiene miedo a su pueblo. Teme sentir la bronca popular, aunque sería bueno que lo percibiera para entender que tiene que cambiar el rumbo neoliberal en vez de haber tratado de solucionar, con la dependencia del FMI, la crisis de la Argentina.
 
Tal vez, el clamor de tantas marchas, de los paros y de los reclamos, despierte al arco político opositor. Esperemos que no sea tarde, porque 18 meses para elegir un nuevo Presidente no es mucho tiempo, pero sí es mucho para quienes padecen necesidades.
 
La Opinión Popular

21-06-2018 / 10:06
20-06-2018 / 10:06
La agenda oficial del presidente conservador Mauricio Macri marcaba que hoy a las 9 participaría en el Monumento a la Bandera del tradicional acto en conmemoración a Manuel Belgrano. Sin embargo, a último momento, el titular del PRO de Santa Fe, Federico Angelini, anunció que el mandatario no asistirá para evitar las protestas en su contra.
 
Angelini eligió decir que "se priorizó cuidar la paz". El discurso de Macri hubiera sido el primero tras los cambios en el equipo económico, que no frenaron la corrida ni la devaluación del peso frente al dólar. "Querían empañar el Día de la Bandera. No queremos darle margen a los violentos", fruteó el dirigente del PRO santafecino, al confirmar el faltazo del presidente, que debería haber compartido el acto con la intendenta Mónica Fein y el gobernador Miguel Lifschitz.
 
Luego la noticia fue confirmada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio: "Con motivo de haber recibido notificaciones de los responsables de la seguridad presidencial y del Gobierno de Santa Fe donde se indicaba que se debían reforzar las medidas de seguridad para evitar la posibilidad de que se generen disturbios en las calles de Rosario de organizaciones políticas, se suspenderá mañana la asistencia del Presidente".
 
Las protestas estaban organizadas por sectores que se movilizan y reclaman contra las medidas antipopulares que lleva adelante el gobierno de Macri. Además se preveía la movilización de organizaciones sociales y políticas. Solo dos muestras, entre muchas otras posibles, de rechazo al ajuste en curso que implementa el actual Poder Ejecutivo a favor del gran empresariado y en contra de los trabajadores.
 
El Gobierno de los Ricos viene atravesando tensos episodios, el último que se viralizó, fue la entrega de una banana al jefe de Gabinete, Marcos Peña, tras ser bautizado como "El Gorila del año", lo mismo pasó en el mundial de Rusia, en donde la hinchada argentina realizó cánticos con referencia al precio del dólar.
 
Por supuesto, para evitar este tipo de protestas o "escraches", en un ambiente "poco feliz" que se respira en las últimas semanas por los efectos de la política neoliberal: inflación, tarifazos, acuerdo neocolonial con el FMI, pérdida del poder adquisitivo, etc., el Gobierno de los CEOs decidió "por razones de seguridad", que Macri no viaje a Rosario.
 
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