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“Macri es hoy un amontonamiento de promesas fracasadas, de frustraciones sin rumbo ni sentido, de soberbia mezclada con impericia, un nuevo gestor impostado en el imperio de la desesperanza”. Julio Bárbaro
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Nacionales - 23-02-2018 / 08:02
EL INTENTO DE IGUALAR A UN GREMIO CON EL ESTADO SÓLO TIENE COMO ANTECEDENTE EL TOTALITARISMO DE MUSSOLINI

Macri y su ofensiva fascista contra el Movimiento Obrero

Macri y su ofensiva fascista contra el Movimiento Obrero
Macri promueve una ley para juzgar a Moyano por corrupción. Busca equiparar a sindicalistas con funcionarios públicos en cuanto a obligaciones legales y figuras penales pero no incluyen a los empresarios. El intento de igualar a un gremio con el Estado sólo tiene como antecedente el fascismo italiano de Mussolini. La discusión parlamentaria incomodará a los socios principales del Gobierno en el Congreso, que son los interbloques referenciados en gobernadores e integrados también por sindicalistas.
La masiva movilización de este miércoles estuvo lejos de implicar un freno para la política anti obrera que despliega el gobierno derechista de Mauricio Macri. Después de asegurar que la marcha no tenía importancia y no les modificaba la agenda, decidió escalar en la contienda con Hugo Moyano y el resto del sindicalismo no alineado.
 
El Gobierno de los Ricos contragolpeó con un proyecto de ley para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". El mismo es impulsado por el diputado Luis Petri (UCR- Mendoza). Lo acompañan las firmas de más de 20 legisladores macristas. Petri afirmó que se trata de terminar con una situación en la que la "corrupción sindical quedaba impune". Parece que para el legislador macrista la única impunidad que vale es la que tienen los millonarios funcionarios de su gobierno.
 
El proyecto plantea la obligación, para los sindicalistas, de presentar declaraciones juradas y los suma a los delitos penales de cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al mismo nivel que los funcionarios públicos. Se pone el acento en las asociaciones sindicales sin incluir controles similares sobre las asociaciones de los empresarios.
 
De esta manera, se plantea que los sindicatos son parte del Estado, tomando antecedentes del fascismo. En el fascismo, el dictador Benito Mussolini hizo que las organizaciones gremiales pasaran a ser administradas por el Estado totalitario. Esto va en contra de la Constitución como los convenios de la OIT sobre la libertad sindical.
 
El gobierno de los CEOs, al poner el eje en cuestiones judiciales, busca profundizar el camino que inició antes de la movilización. Decir que la misma fue llamada por Moyano solo para defenderse de la persecución judicial. Sin embargo, si algo quedó claro es que más allá de los límites de los convocantes hubo una masiva y genuina expresión de los trabajadores en las calles.
 
No es casualidad que, luego del revés que le significó al Gobierno la movilización del 21F, aparezca esta tipificación como delito de posibles actitudes de dirigentes sindicales, que se enmarca en el contexto actual de intentar domesticar al movimiento obrero, para sacar la reforma laboral y ponerle un techo a las paritarias, y no en una voluntad genuina de transparencia.
 
Así legisladores de la alianza Cambiemos avanzaron en la presentación de normativas que pretenden presionar sobre la conducción de los sindicatos, aprovechado el rechazo que existe entre los votantes de la Alianza a los dirigentes gremiales.
 
Lo llamativo es que la iniciativa macrista está destinada exclusivamente a quienes dirigen o administran asociaciones sindicales, al tiempo que Cambiemos consiguió aprobar leyes que reducen delitos cometidos por los empresarios, como la evasión de los aportes de sus trabajadores. Así gobiernan solo para los ricos.
 
La Opinión Popular

 
EL PROYECTO DE LOS DIPUTADOS DE CAMBIEMOS APUNTA A LOS GREMIALISTAS PARA QUE SEAN JUZGADOS POR CORRUPCIÓN
 
Ahora son feos, sucios, malos y corruptos
 
El Gobierno contragolpeó después de la marcha con un proyecto de ley para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". Ese fue el título del comunicado en el cual informaron la presentación de la iniciativa, que redactó el radical Luis Petri, pero que tiene el apoyo del interbloque de Cambiemos.
 
El proyecto plantea la obligación para los sindicalistas de presentar declaraciones juradas y los suma a los delitos penales de cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al mismo nivel que los funcionarios públicos. Los juristas señalaron que se pone el acento en las asociaciones sindicales sin incluir controles similares sobre los empresarios y que, en la concepción que plantea de que los sindicatos son parte del Estado, el principal antecedente es el fascismo.
 
El diputado Luis Petri anunció ayer la presentación de un proyecto para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". Lo respaldaron 23 de los diputados de Cambiemos, lo que indica que la iniciativa no fue una decisión personal ni casual. 
 
El proyecto indica que los sindicatos "cumple funciones para-estatales" y que se deben prevenir "prácticas poco transparentes y garantizar el interés social en la probidad en el manejo de fondos de terceros". Señala también que "numerosas denuncias de enriquecimiento ilícito por parte de dirigentes sindicales han menoscabado la credibilidad, la institucionalidad y representatividad de esas asociaciones". "'Corruptos' es la palabra con la que la mayoría de los encuestados asociaron a los dirigentes gremiales", sostiene el proyecto, que cita una encuesta de Giacobbe y asociados.
 
En el proyecto, se establece la obligatoriedad de que -al igual que los funcionarios públicos- los dirigentes sindicales presenten declaraciones juradas de sus bienes todos los años. Deberán presentarlas ante el Ministerio de Trabajo. Si incumplen, serán intimados a entregarlas en 15 días o serán sujetos a sanciones penales.
 
También coloca a los sindicalistas a la par de un funcionario público en los delitos de cohecho y tráfico de influencias (tres a diez años de prisión) y en el de enriquecimiento ilícito (cuatro a diez años de reclusión). Hasta ahora, quienes podían incurrir en esos delitos eran los funcionarios. Si se aprueba la ley, estarán incluidos dirigentes sindicales y titulares de obras sociales sindicales. Al igual que los funcionarios públicos, tendrán la obligación de justificar sus bienes hasta dos años después de haber cesado en el cargo.
 
El proyecto también pone un cupo de un mínimo del 30 por ciento de mujeres en las listas sindicales, pero advierte que si la composición de mujeres en el gremio es menor a esa cifra, el cupo será del porcentaje que representen. "Se debe sancionar a aquellos sindicalistas que hacen abuso del poder de representación que le conceden los trabajadores para enriquecerse indebidamente. El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley", sostuvo Petri, cuyo proyecto dice que con esta ley se cumplirán compromisos del país ante la OCDE.
 
Consultado por este diario, el camarista laboral Enrique Arias Gibert señaló sobre la concepción que plantea el proyecto que "si hay un antecedente en el derecho comparado es el fascismo. En el fascismo los sindicatos formaban parte del Estado. Lo que hace Mussolini es justamente eso: la organización corporativa en la que las organizaciones gremiales pasan a ser parte del bien común que administra el Estado totalitario".
 
"Desde el punto de vista penal, hay algo que está muy claro: los sindicatos son órganos de derecho privado. Esto lo plantea tanto la Constitución nacional como los convenios de la OIT sobre la libertad sindical. Esto va en contra de esas normas y de una organización libre y democrática de los sindicatos. Una ley así daría vuelta de cabeza el derecho", advirtió.
 
El jurista también se mostró sorprendido porque el proyecto plantea un control del Ministerio de Trabajo sobre los estatutos de los sindicatos. "La validez de los estatutos sindicales, como cualquier acto jurídico, la determina el Poder Judicial en base a un planteo concreto y en base a la ley vigente. Es el único que puede determinar si es nulo o válido un acto jurídico. Y se basa en las normas legales. Ese control no lo puede haber la autoridad administrativa. El control que señala el proyecto plantea serios problemas con respecto a una asociación sindical libre y democrática".
 
Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matias Cremonte, señaló que "uno siempre está a favor de las políticas de transparencia, pero la tipificación como delito de posibles actitudes de dirigentes sindicales se enmarca en el contexto actual del enfrentamiento del Gobierno con el movimiento obrero y no en una voluntad de transparencia".
 
El laboralista advirtió que "ya existen tanto en el Código Penal como en la Ley de Asociaciones Sindicales los mecanismos para garantizar que no haya corrupción y para perseguir otros tipos de delitos. Hoy es delito la corrupción para los sindicalistas, como también lo son las dádivas cuando las paga un empresario. Pero se sigue persiguiendo solo a un sector". Para Cremonte llama la atención que la obligación de declaraciones juradas y figuras penales "no incluya a los empresarios o, al menos, a los dirigentes de las cámaras empresariales, que son la representación de un sector social. Se insiste en el intervencionismo estatal en el movimiento obrero y en el abstencionismo en el mundo empresarial".
 
Por Werner Pertot
 
Fuente: Página12
 

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16-10-2018 / 19:10
16-10-2018 / 08:10
Primero fue la tormenta, el eufemismo utilizado por el presidente Mauricio Macri para hablar de la crisis sin reconocerse como autor de la misma. Después, en medio de la "tempestad", fue pisoteando una a una las banderas con las que prometió enderezar la Argentina.
 
La pobreza cero, por ejemplo, fue uno de los pilares sobre el que descansó su campaña. Pero hoy, más de 12 millones de argentinos viven en la marginalidad, sobreviven a la intemperie, sin un trabajo que le garantice la comida para ellos y sus hijos, sometidos por un Estado que les arroja limosnas para mantenerlos en su condición de pobres.
 
Más de 12 millones de pobres y otros tantos en vías de serlo: la galopante inflación que la alianza Cambiemos prometió bajar, los tarifazos y la devaluación van empujando a cientos de familias hacia el flagelo de quedar fuera del sistema.
 
No las contiene el Estado, que en la crisis echa a sus trabajadores, sella paritarias a la baja, carga sobre ellos el pernicioso impuesto a las Ganancias que Macri prometió eliminar, y no pueden contenerlas las pymes, castigadas por la suba en todos los costos, la asfixia tributaria, tasas de interés siderales que les impiden financiarse, obligándolas a despedir para no bajar sus persianas.
 
Entre tanto, la miseria cotidiana va engendrando más violencia y la inseguridad va descargando su furia sobre la vida de trabajadores inocentes. Desprotegidos, la muerte puede sorprenderlos a plena luz del día, en cualquier lugar, a cualquiera. Aparece entonces otra bandera traicionada: la de la lucha contra el narcotráfico.
 
Entre tantas, hay otra promesa incumplida, terrible y condenatoria: la erradicación de la corrupción, el saqueo y la delincuencia estatal. El cambio, se dijo, era la llegada de la honestidad y la transparencia a una Argentina asaltada por la inmoralidad. La demagogia, solo aseguró la victoria electoral.
 
Pero a poco de asumir Cambiemos, el espanto se hizo carne: el escándalo del Correo, al intentar perdonarle a esa empresa de los Macri su millonaria deuda con el Estado; el nepotismo en la Casa Rosada; los aportantes truchos a la campaña del Presidente y la gobernadora María Eugenia Vidal que lentamente investiga la Justicia.
 
Y la parentela presidencial -padre, primo, hermano de Macri- involucrada en los negociados de la Patria Contratista que algún día deberán escribirse en los "cuadernos de las coimas M". Para configurar un prontuario que le provoca náuseas hasta a Elisa Carrió, quien asegura haber perdido la confianza en Macri.
 
Finalmente, la bicicleta financiera, motor de la devaluación y fuga de capitales con la que tanto ganó cada uno de los funcionarios que pasó por el Banco Central, camaradas del PRO en las finanzas y entidades bancarias que sacan provecho de la crisis. La banca registró ganancias por $26.143 millones en agosto, un 264% más que el año pasado.
 
La Opinión Popular

15-10-2018 / 16:10
15-10-2018 / 10:10
Este fin de semana la gobernadora María Eugenia Vidal le informo al presidente Mauricio Macri, a través de coincidentes trascendidos en los diarios, que hasta acá llego el amor. Se la puede acusar de demora, no de traición. Vidal pasó a ser víctima propiciatoria en la pirámide azteca del ajuste acordado con el FMI.
 
A principios de este año el ministro Nicolás Dujovne le impidió cerrar la paritaria docente apenas por arriba del 20 por ciento más cláusula gatillo. "Es 15 por ciento sin gatillo", fue la orden fulminante que recibió Federico Salvai, mano derecha de la gobernadora.
 
Luego vino la primera devaluación y el 25 por ciento que pedía Baradel casi sonaba tímido. Pero la inflexibilidad del ministro continuó. Después voló todo por el aire y Vidal terminará el 2018 con más de un mes de paro y probablemente la paritaria sin cerrar. Con este antecedente, nadie sabe en su gobierno como encarar esa negociación crucial en el 2019.
 
"Yo no manejo la macroeconomía", mastica Vidal. Aunque bien mirado el error no fue la indicación de Dujovne, sino su mansedumbre para aceptarla. Es una líder electa, no una funcionaria del Presidente. Pero, Macri dejó correr la denuncia por aportes ilegales contra Vidal e impuso a la provincia el grueso del ajuste.
 
Lo que había decidido -un acuerdo realista con los docentes- era prudente y hubiera ahorrado a los chicos de la provincia un año caótico. Para que se entienda, lo que hizo crisis en Vidal es el modelo de mejor alumna. Las leonas son cualquier cosa, menos buenas alumnas.
 
Entró por el aro y ahora se da cuenta que la política es algo más que hacer lo que quiere Mauricio. Su parábola no es la de colegiala ejemplar que se vuelve estrella del Punk Rock y toma por asalto la dirección del colegio.
 
Vidal se dio cuenta que pasó de niña minada de Macri a gobernadora del distrito que deberá cargar con el grueso del ajuste. En esa decepción se mezcla lo electoral: Un sector muy preciso del establishment la quiere de candidata a presidente.

15-10-2018 / 09:10
El 33º Encuentro de Mujeres realizó su marcha en Trelew, que vibró con una multitud de treinta cuadras (de calles anchas similares a una avenida) que transitó, con cantos y reivindicaciones, en un evento inédito en el lugar.
 
En escuelas, salones de usos múltiples (SUM) y sindicatos se alojaron 29.500 mujeres. Además, se abrió un Facebook solidario para alojamientos compartidos o en casas de familias y toda la disponibilidad hotelera o turística tenía carteles de camas agotadas.
 
La Gendarmería reviso micros y hubo treinta unidades que no dejaron avanzar en Bahía Blanca. Además, hubo pedreadas contra escuelas en las que se alojaban integrantes del Encuentro de Mujeres. Las piedras, en algunos casos, fueron arrojadas por niños y niñas. Pero no se trató de una travesura, sino de una manipulación hacia la infancia que podría provenir de sectores religiosos.
 
Por eso, el canto de la marcha surge como una victoria: "Qué momento, que momento, a pesar de todo, les hicimos el Encuentro". Las intimidaciones no terminaron ahí. Al final de la marcha, un grupo de manifestantes repudiaron a la Iglesia que estaba vallada y custodiado por uniformados con máscaras para tirar gases en el centro de Trelew.
 
El rechazo a la complicidad de la Iglesia católica con la dictadura y la participación y encubrimiento a los curas abusadores se expresaron en cantos. Al cierre, las fuerzas de seguridad tiraron gases lacrimógenos y balas de goma. Se produjeron incidentes en la Municipalidad y la Iglesia. Hubo detenciones.
 
Sin duda, la columna de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito fue una de las más numerosas. Y el reclamo, la gran consigna del feminismo en el 2018, fue reafirmado por el Encuentro Nacional de Mujeres.
 
El reclamo por la separación de la Iglesia y el Estado se hizo sentir más fuerte que nunca con pañuelos naranjas que se sumaron al verde de la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito y con cantos y pintadas contra la influencia de las iglesias en los derechos y deseos de las mujeres y cuerpos gestantes.
 
El glitter verde y violeta, con el brillo en el rostro, los ojos, la piel y los cuerpos multiplicados mostró a las mujeres más que nunca, unidas, diversas, plurales, movilizadas y con capacidad de llegar al sur y gritar tan fuerte que el desierto no puede hacer desaparecer el grito.

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