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“Si la fuerza material está monopolizada por el régimen, las fuerzas morales, los valores que no se afincan en lo material están de nuestro lado, del lado del pueblo, y la militancia los transformará en fuerza avasalladora”. John W. Cooke
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Nacionales - 23-02-2018 / 08:02
EL INTENTO DE IGUALAR A UN GREMIO CON EL ESTADO SÓLO TIENE COMO ANTECEDENTE EL TOTALITARISMO DE MUSSOLINI

Macri y su ofensiva fascista contra el Movimiento Obrero

Macri y su ofensiva fascista contra el Movimiento Obrero
Macri promueve una ley para juzgar a Moyano por corrupción. Busca equiparar a sindicalistas con funcionarios públicos en cuanto a obligaciones legales y figuras penales pero no incluyen a los empresarios. El intento de igualar a un gremio con el Estado sólo tiene como antecedente el fascismo italiano de Mussolini. La discusión parlamentaria incomodará a los socios principales del Gobierno en el Congreso, que son los interbloques referenciados en gobernadores e integrados también por sindicalistas.
La masiva movilización de este miércoles estuvo lejos de implicar un freno para la política anti obrera que despliega el gobierno derechista de Mauricio Macri. Después de asegurar que la marcha no tenía importancia y no les modificaba la agenda, decidió escalar en la contienda con Hugo Moyano y el resto del sindicalismo no alineado.
 
El Gobierno de los Ricos contragolpeó con un proyecto de ley para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". El mismo es impulsado por el diputado Luis Petri (UCR- Mendoza). Lo acompañan las firmas de más de 20 legisladores macristas. Petri afirmó que se trata de terminar con una situación en la que la "corrupción sindical quedaba impune". Parece que para el legislador macrista la única impunidad que vale es la que tienen los millonarios funcionarios de su gobierno.
 
El proyecto plantea la obligación, para los sindicalistas, de presentar declaraciones juradas y los suma a los delitos penales de cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al mismo nivel que los funcionarios públicos. Se pone el acento en las asociaciones sindicales sin incluir controles similares sobre las asociaciones de los empresarios.
 
De esta manera, se plantea que los sindicatos son parte del Estado, tomando antecedentes del fascismo. En el fascismo, el dictador Benito Mussolini hizo que las organizaciones gremiales pasaran a ser administradas por el Estado totalitario. Esto va en contra de la Constitución como los convenios de la OIT sobre la libertad sindical.
 
El gobierno de los CEOs, al poner el eje en cuestiones judiciales, busca profundizar el camino que inició antes de la movilización. Decir que la misma fue llamada por Moyano solo para defenderse de la persecución judicial. Sin embargo, si algo quedó claro es que más allá de los límites de los convocantes hubo una masiva y genuina expresión de los trabajadores en las calles.
 
No es casualidad que, luego del revés que le significó al Gobierno la movilización del 21F, aparezca esta tipificación como delito de posibles actitudes de dirigentes sindicales, que se enmarca en el contexto actual de intentar domesticar al movimiento obrero, para sacar la reforma laboral y ponerle un techo a las paritarias, y no en una voluntad genuina de transparencia.
 
Así legisladores de la alianza Cambiemos avanzaron en la presentación de normativas que pretenden presionar sobre la conducción de los sindicatos, aprovechado el rechazo que existe entre los votantes de la Alianza a los dirigentes gremiales.
 
Lo llamativo es que la iniciativa macrista está destinada exclusivamente a quienes dirigen o administran asociaciones sindicales, al tiempo que Cambiemos consiguió aprobar leyes que reducen delitos cometidos por los empresarios, como la evasión de los aportes de sus trabajadores. Así gobiernan solo para los ricos.
 
La Opinión Popular

 
EL PROYECTO DE LOS DIPUTADOS DE CAMBIEMOS APUNTA A LOS GREMIALISTAS PARA QUE SEAN JUZGADOS POR CORRUPCIÓN
 
Ahora son feos, sucios, malos y corruptos
 
El Gobierno contragolpeó después de la marcha con un proyecto de ley para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". Ese fue el título del comunicado en el cual informaron la presentación de la iniciativa, que redactó el radical Luis Petri, pero que tiene el apoyo del interbloque de Cambiemos.
 
El proyecto plantea la obligación para los sindicalistas de presentar declaraciones juradas y los suma a los delitos penales de cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al mismo nivel que los funcionarios públicos. Los juristas señalaron que se pone el acento en las asociaciones sindicales sin incluir controles similares sobre los empresarios y que, en la concepción que plantea de que los sindicatos son parte del Estado, el principal antecedente es el fascismo.
 
El diputado Luis Petri anunció ayer la presentación de un proyecto para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". Lo respaldaron 23 de los diputados de Cambiemos, lo que indica que la iniciativa no fue una decisión personal ni casual. 
 
El proyecto indica que los sindicatos "cumple funciones para-estatales" y que se deben prevenir "prácticas poco transparentes y garantizar el interés social en la probidad en el manejo de fondos de terceros". Señala también que "numerosas denuncias de enriquecimiento ilícito por parte de dirigentes sindicales han menoscabado la credibilidad, la institucionalidad y representatividad de esas asociaciones". "'Corruptos' es la palabra con la que la mayoría de los encuestados asociaron a los dirigentes gremiales", sostiene el proyecto, que cita una encuesta de Giacobbe y asociados.
 
En el proyecto, se establece la obligatoriedad de que -al igual que los funcionarios públicos- los dirigentes sindicales presenten declaraciones juradas de sus bienes todos los años. Deberán presentarlas ante el Ministerio de Trabajo. Si incumplen, serán intimados a entregarlas en 15 días o serán sujetos a sanciones penales.
 
También coloca a los sindicalistas a la par de un funcionario público en los delitos de cohecho y tráfico de influencias (tres a diez años de prisión) y en el de enriquecimiento ilícito (cuatro a diez años de reclusión). Hasta ahora, quienes podían incurrir en esos delitos eran los funcionarios. Si se aprueba la ley, estarán incluidos dirigentes sindicales y titulares de obras sociales sindicales. Al igual que los funcionarios públicos, tendrán la obligación de justificar sus bienes hasta dos años después de haber cesado en el cargo.
 
El proyecto también pone un cupo de un mínimo del 30 por ciento de mujeres en las listas sindicales, pero advierte que si la composición de mujeres en el gremio es menor a esa cifra, el cupo será del porcentaje que representen. "Se debe sancionar a aquellos sindicalistas que hacen abuso del poder de representación que le conceden los trabajadores para enriquecerse indebidamente. El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley", sostuvo Petri, cuyo proyecto dice que con esta ley se cumplirán compromisos del país ante la OCDE.
 
Consultado por este diario, el camarista laboral Enrique Arias Gibert señaló sobre la concepción que plantea el proyecto que "si hay un antecedente en el derecho comparado es el fascismo. En el fascismo los sindicatos formaban parte del Estado. Lo que hace Mussolini es justamente eso: la organización corporativa en la que las organizaciones gremiales pasan a ser parte del bien común que administra el Estado totalitario".
 
"Desde el punto de vista penal, hay algo que está muy claro: los sindicatos son órganos de derecho privado. Esto lo plantea tanto la Constitución nacional como los convenios de la OIT sobre la libertad sindical. Esto va en contra de esas normas y de una organización libre y democrática de los sindicatos. Una ley así daría vuelta de cabeza el derecho", advirtió.
 
El jurista también se mostró sorprendido porque el proyecto plantea un control del Ministerio de Trabajo sobre los estatutos de los sindicatos. "La validez de los estatutos sindicales, como cualquier acto jurídico, la determina el Poder Judicial en base a un planteo concreto y en base a la ley vigente. Es el único que puede determinar si es nulo o válido un acto jurídico. Y se basa en las normas legales. Ese control no lo puede haber la autoridad administrativa. El control que señala el proyecto plantea serios problemas con respecto a una asociación sindical libre y democrática".
 
Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matias Cremonte, señaló que "uno siempre está a favor de las políticas de transparencia, pero la tipificación como delito de posibles actitudes de dirigentes sindicales se enmarca en el contexto actual del enfrentamiento del Gobierno con el movimiento obrero y no en una voluntad de transparencia".
 
El laboralista advirtió que "ya existen tanto en el Código Penal como en la Ley de Asociaciones Sindicales los mecanismos para garantizar que no haya corrupción y para perseguir otros tipos de delitos. Hoy es delito la corrupción para los sindicalistas, como también lo son las dádivas cuando las paga un empresario. Pero se sigue persiguiendo solo a un sector". Para Cremonte llama la atención que la obligación de declaraciones juradas y figuras penales "no incluya a los empresarios o, al menos, a los dirigentes de las cámaras empresariales, que son la representación de un sector social. Se insiste en el intervencionismo estatal en el movimiento obrero y en el abstencionismo en el mundo empresarial".
 
Por Werner Pertot
 
Fuente: Página12
 

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18-01-2019 / 08:01
Gracias a la política económica neoliberal del inepto gobierno de Mauricio Macri, la inflación mayorista fue de 73,5% en 2018, las más alta desde la crisis de 2002, explicadas ambas por el impacto directo e indirecto de la devaluación de la moneda en sus respectivos momentos.
 
Según informó ayer el Indec, el aumento interanual en el índice de precios mayoristas del año pasado fue consecuencia de la suba de 104,8% de los productos importados, una cifra casi calcada al alza del dólar en 2018, y del incremento de 71,2% en los precios de los bienes nacionales.
 
Así, alcanzó su nivel más alto desde 2002, cuando a la salida de la convertibilidad marcó 77,1%. Entre los rubros relevados que más subieron el año pasado se destaca el petróleo crudo y gas, con el 105,5 por ciento, empujados por el alza del dólar y la cotización internacional de esos commodities.
 
La dolarización de tarifas impactó en manufacturados y energía eléctrica, con un aumento de 67,6%, mientras que la industria automotriz dejó en evidencia la alta participación de componentes importados y unidades terminadas del exterior, dado que los precios de este segmento aumentaron 90,6% promedio.
 
El costo de la construcción, por su parte, fue de 44,8%, impulsado casi en su totalidad por la remarcación en materiales.
 
Esta semana se conoció la cifra oficial de inflación minorista del año pasado, la cual se ubicó en 47,6%, el mayor registro en 27 años, producto de la duplicación en el precio del dólar, los tarifazos y la desregulación de precios sensibles al bolsillo. Sin embargo, el aumento de la inflación mayorista fue 25,9 puntos porcentuales superior que la registrada al público.
 
Esta diferencia se explica por la decisión de absorber márgenes empresarios de algunos sectores, en los que aún había sido posible, para no trasladar todo el aumento ante el actual escenario de recesión económica.
 
No todos los precios fueron trasladados, primordialmente porque, por ejemplo al almacenero, se le cayó la demanda y hay menos poder adquisitivo. Si sube los precios, no vende.


Conclusión: Hay inflación para rato. En este 2019, existirá una fuerte inercia inflacionaria. La brecha entre inflación mayorista y minorista deja un arrastre de precios que se irá trasladando a los bolsillos de pueblo y que se sumará a los brutales tarifazos del Gobierno de los Ricos.
 
La Opinión Popular

17-01-2019 / 08:01
En los mentideros cuyanos aún es motivo de comentarios el estupor que le causaron al presidente Mauricio Macri las encuestas que la semana anterior le alcanzó el gobernador Alfredo Cornejo al encuentro en el country Cumellén de Villa La Angostura.
 
Ahí se mostraba que los 13 intendentes mendocinos radicales llevan la delantera con holgura en la intención de voto dentro de cada uno de sus distritos, pero en cuanto nacionalizan la boleta, vaya quien vaya a la provincial, la mayoría pierde no menos de 20 puntos.
 
El caso más llamativo resultó ser el de Godoy Cruz, de donde es oriundo el titular de la Convención Nacional de la UCR: el alcalde correligionario, Tadeo García Zalazar, midió 72%, pero en sábana con el Presidente de la Nación bajaba a 40 puntos.
 
Ese tal vez fue el motivo que llevó a la Casa Rosada a replantear su estrategia y, en lugar de negociar elección unificada para apalancarle votos a Macri en primera vuelta, optar por desactivar la candidatura del intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi, para suceder a Cornejo, que propiciaba Marcos Peña, y dejarlo librado a la interna local.
 
La advertencia había sido: "Ojo que el titular del día siguiente podría enfocarse por el lado de que perdió el candidato de Macri", como sugiere una nota aparecida en el medio local Mendozapost.
 
En Buenos Aires ahora se conforman con que Cornejo se las arregle con su gente, pero que dé la cara como socio de Cambiemos encabezando la lista de diputados nacionales de la provincia.
 
Lo está pensando, pero igual en febrero seguramente lo tratará la convención nacional que preside, en la cual el partido de Alem tendrá que decidir hasta dónde acompañar la reelección de Macri y bajo qué condiciones, o si irá por afuera en las PASO.
 
Estarán expectantes de si el Pro mantiene a Daniel Salvador como vice en la provincia de Buenos Aires y si hay espacio para apoyar una tercera vía alternativa a la polarización con Cristina.
 
Hasta ahora, los nombres que se tiraron han sido Martín Lousteau, apadrinado por Ricardo Alfonsín, y Roberto Lavagna, como prenda de unidad, que le instalaron al círculo rojo.
 
Si bien se atribuye al ADN de la lealtad peronista el dicho de que "te acompañan hasta la puerta del cementerio pero no entran", por los últimos movimientos que se vieron en la coalición gobernante Cambiemos se nota que los radicales también lo incorporaron a su acervo en la relación con Mauricio Macri.

17-01-2019 / 08:01
Como dos viejos amigos (que no son), el derechista Mauricio Macri y el ultraderechista Jair Bolsonaro se mostraron sonrientes en su primer encuentro. La relación entre ellos comenzó con una fuerte desconfianza, entre otras cosas, porque los ministros brasileños aseguraron que ni la Argentina ni el Mercosur serían prioridad para el nuevo gobierno.
 
Con la asunción de Bolsonaro se confirma un nuevo eje de la derecha sudamericana. "Tenemos muchas coincidencias con Bolsonaro", dijo Macri al término de la reunión. Ambos presidentes buscarán redoblar sus ataques sobre el pueblo trabajador de la región. Reformas previsionales, entrega al capital financiero, ajustes fiscales, discriminación, privatizaciones en el caso de Brasil, y represión al pueblo, entre los principales lineamientos de ambos gobiernos.
 
A pedido del imperialismo yanqui, uno de los primeros focos de ataque del eje neoliberal conservador Bolsonaro-Macri es Venezuela. Al finalizar la reunión entre los dos presidentes, Macri afirmó que "estamos de acuerdo respecto a la crisis de Venezuela. No hay dudas respecto a que Maduro es un dictador".

De este modo, el golpista Bolsonaro, que reivindica la dictadura militar brasileña, y el presidente Macri, cuya familia hizo fortunas de la mano del genocidio dictatorial argentino, se arrogaron la potestad de dar clase de democracia y cuestionar el régimen político venezolano.
 
También coincidieron en mayores planes de entrega al capital financiero. A pesar de que la economía argentina está sumida en una profunda crisis, con recesión, récords de inflación, aumento de la pobreza y un default de deuda en el horizonte, Bolsonaro aseguró que Brasil ve "con interés y admiración los esfuerzos de Macri por levantar la economía argentina e integrarla al mundo".
 
También derrocharon demagogia en sus "luchas" contra la corrupción y la "inseguridad". "Combatir el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos", fue uno de los acuerdos de la reunión. De las delegaciones de ambos países participaron los polémicos Patricia Bullrich y Sergio Moro. A su vez, Bolsonaro viene hablando de la posibilidad de instalar una base militar yanqui en Brasil y la habilitación de portar armas como parte de su política de mano dura.
 
Por último, hay que señalar que Brasil es el principal socio de la economía argentina. Un 20% de los productos que exporta tienen ese destino. Sin embargo, lo que se habló de economía fue pura sanata. La balanza comercial entre los dos países tuvo un rojo de 4.648 millones de dólares en el 2018 en contra de Argentina.
 
Al parecer, de eso no se habló. Y si Macri hizo algún intento, fue rápidamente abortado por el brasileño que no está dispuesto a mantener el mismo trato de negociación y diálogo permanente que establecían los gobiernos anteriores para limar los problemas de asimetrías económicas.
 
La Opinión Popular

16-01-2019 / 09:01
16-01-2019 / 08:01
Primero, Mauricio Macri la canchereó, después la subestimó y luego se les fue de las manos. Y así la alianza Cambiemos se enfrenta ahora a cerrar el último año del mandato incumpliendo la promesa central de su discurso económico: no habrán podido tener ningún año de inflación bien por debajo de la que promedió Cristina Fernández.
 
"Que era lo más fácil de hacer porque dependía del gobierno", decía el presidente Macri o que abrir el cepo era gratis porque "los precios ya estaban a 15" como decía el primer ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quedaron como ejemplos históricos del que sobra un problema nada menos que el costo de vida en Argentina.
 
Que "hay que mirar la inflación núcleo" porque ahí no hay impacto de tarifas, que "las metas no se cambian porque están para cumplirlas" y que "todos los países del mundo controlan la inflación con tasa de interés" son los regalos para los libros de la ilusión y el desencanto que dejaron los días de Federico Sturzenegger en el Banco Central.
 
Que "recalibramos las metas" del 12 al 15% para 2018 y "atrasamos un año" llegar al objetivo del 5% son los epígrafes que acompañarán por siempre la conferencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, del 28 de diciembre de 2017 que fue el punto de partida de la peor crisis desde 2002.
 
La inflación de 2018 fue la más alta en 27 años. Este martes el Indec dio a conocer la inflación del año pasado que llegó al 47,6%, y fue el nivel más elevado desde 1991 cuando la variación de precios fue del 84%. En diciembre la variación del índice de precios (IPC) fue del 2,6%.
 
Este "logro" del gobierno de Cambiemos no fue un acto de magia, sino que fue tejido en años previos en base a un deterioro cada vez más marcado de la situación externa que estalló en abril pasado, fue acompañado por tarifazos y falta de control de parte del Estado de precios sensibles para el bolsillo popular.
 
El estudio Eco Go calcula que si la luz, el gas y el transporte sólo se hubieran movido igual que la inflación (y no con subas del 1000% como tuvieron) el costo de vida acumulado de los tres años igual llega al 131,2%. Con los aumentos en pleno, da 158% hasta ahora. ¿Puede haber un número que resuma más el fracaso económico de Macri?
 
La contracara de la inflación es el brutal deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Los trabajadores registrados del sector privado perdieron en noviembre de 2018 un 16 % de su poder de compra con respecto a noviembre de 2015. Los empleados públicos tuvieron una perdida mayor en los últimos tres años que alcanzó al 20 % en el mismo período. Mientras que los jubilados y todos los beneficiarios de asignaciones familiares, AUH, pensiones y otras prestaciones atadas a la movilidad, perdieron 23,7 % entre noviembre de 2015 y mismo mes de 2018.
 
La inflación produjo el hundimiento de la economía nacional, un deterioro generalizado de las condiciones de vida y es determinante en el giro del clima político en contra del incapaz Gobierno de los Ricos.
 
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