10:52 | Jueves 25 de Abril de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
 |
 |
Nacionales - 23-02-2018 / 08:02
EL INTENTO DE IGUALAR A UN GREMIO CON EL ESTADO SÓLO TIENE COMO ANTECEDENTE EL TOTALITARISMO DE MUSSOLINI
Macri y su ofensiva fascista contra el Movimiento Obrero
Macri promueve una ley para juzgar a Moyano por corrupción. Busca equiparar a sindicalistas con funcionarios públicos en cuanto a obligaciones legales y figuras penales pero no incluyen a los empresarios. El intento de igualar a un gremio con el Estado sólo tiene como antecedente el fascismo italiano de Mussolini. La discusión parlamentaria incomodará a los socios principales del Gobierno en el Congreso, que son los interbloques referenciados en gobernadores e integrados también por sindicalistas.
La masiva movilización de este miércoles estuvo lejos de implicar un freno para la política anti obrera que despliega el gobierno derechista de Mauricio Macri. Después de asegurar que la marcha no tenía importancia y no les modificaba la agenda, decidió escalar en la contienda con Hugo Moyano y el resto del sindicalismo no alineado.
El Gobierno de los Ricos contragolpeó con un proyecto de ley para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". El mismo es impulsado por el diputado Luis Petri (UCR- Mendoza). Lo acompañan las firmas de más de 20 legisladores macristas. Petri afirmó que se trata de terminar con una situación en la que la "corrupción sindical quedaba impune". Parece que para el legislador macrista la única impunidad que vale es la que tienen los millonarios funcionarios de su gobierno.
El proyecto plantea la obligación, para los sindicalistas, de presentar declaraciones juradas y los suma a los delitos penales de cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al mismo nivel que los funcionarios públicos. Se pone el acento en las asociaciones sindicales sin incluir controles similares sobre las asociaciones de los empresarios.
De esta manera, se plantea que los sindicatos son parte del Estado, tomando antecedentes del fascismo. En el fascismo, el dictador Benito Mussolini hizo que las organizaciones gremiales pasaran a ser administradas por el Estado totalitario. Esto va en contra de la Constitución como los convenios de la OIT sobre la libertad sindical.
El gobierno de los CEOs, al poner el eje en cuestiones judiciales, busca profundizar el camino que inició antes de la movilización. Decir que la misma fue llamada por Moyano solo para defenderse de la persecución judicial. Sin embargo, si algo quedó claro es que más allá de los límites de los convocantes hubo una masiva y genuina expresión de los trabajadores en las calles.
No es casualidad que, luego del revés que le significó al Gobierno la movilización del 21F, aparezca esta tipificación como delito de posibles actitudes de dirigentes sindicales, que se enmarca en el contexto actual de intentar domesticar al movimiento obrero, para sacar la reforma laboral y ponerle un techo a las paritarias, y no en una voluntad genuina de transparencia.
Así legisladores de la alianza Cambiemos avanzaron en la presentación de normativas que pretenden presionar sobre la conducción de los sindicatos, aprovechado el rechazo que existe entre los votantes de la Alianza a los dirigentes gremiales.
Lo llamativo es que la iniciativa macrista está destinada exclusivamente a quienes dirigen o administran asociaciones sindicales, al tiempo que Cambiemos consiguió aprobar leyes que reducen delitos cometidos por los empresarios, como la evasión de los aportes de sus trabajadores. Así gobiernan solo para los ricos.
La Opinión Popular
El Gobierno de los Ricos contragolpeó con un proyecto de ley para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". El mismo es impulsado por el diputado Luis Petri (UCR- Mendoza). Lo acompañan las firmas de más de 20 legisladores macristas. Petri afirmó que se trata de terminar con una situación en la que la "corrupción sindical quedaba impune". Parece que para el legislador macrista la única impunidad que vale es la que tienen los millonarios funcionarios de su gobierno.
El proyecto plantea la obligación, para los sindicalistas, de presentar declaraciones juradas y los suma a los delitos penales de cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al mismo nivel que los funcionarios públicos. Se pone el acento en las asociaciones sindicales sin incluir controles similares sobre las asociaciones de los empresarios.
De esta manera, se plantea que los sindicatos son parte del Estado, tomando antecedentes del fascismo. En el fascismo, el dictador Benito Mussolini hizo que las organizaciones gremiales pasaran a ser administradas por el Estado totalitario. Esto va en contra de la Constitución como los convenios de la OIT sobre la libertad sindical.
El gobierno de los CEOs, al poner el eje en cuestiones judiciales, busca profundizar el camino que inició antes de la movilización. Decir que la misma fue llamada por Moyano solo para defenderse de la persecución judicial. Sin embargo, si algo quedó claro es que más allá de los límites de los convocantes hubo una masiva y genuina expresión de los trabajadores en las calles.
No es casualidad que, luego del revés que le significó al Gobierno la movilización del 21F, aparezca esta tipificación como delito de posibles actitudes de dirigentes sindicales, que se enmarca en el contexto actual de intentar domesticar al movimiento obrero, para sacar la reforma laboral y ponerle un techo a las paritarias, y no en una voluntad genuina de transparencia.
Así legisladores de la alianza Cambiemos avanzaron en la presentación de normativas que pretenden presionar sobre la conducción de los sindicatos, aprovechado el rechazo que existe entre los votantes de la Alianza a los dirigentes gremiales.
Lo llamativo es que la iniciativa macrista está destinada exclusivamente a quienes dirigen o administran asociaciones sindicales, al tiempo que Cambiemos consiguió aprobar leyes que reducen delitos cometidos por los empresarios, como la evasión de los aportes de sus trabajadores. Así gobiernan solo para los ricos.
La Opinión Popular
EL PROYECTO DE LOS DIPUTADOS DE CAMBIEMOS APUNTA A LOS GREMIALISTAS PARA QUE SEAN JUZGADOS POR CORRUPCIÓN
Ahora son feos, sucios, malos y corruptos
El Gobierno contragolpeó después de la marcha con un proyecto de ley para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". Ese fue el título del comunicado en el cual informaron la presentación de la iniciativa, que redactó el radical Luis Petri, pero que tiene el apoyo del interbloque de Cambiemos.
El proyecto plantea la obligación para los sindicalistas de presentar declaraciones juradas y los suma a los delitos penales de cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito al mismo nivel que los funcionarios públicos. Los juristas señalaron que se pone el acento en las asociaciones sindicales sin incluir controles similares sobre los empresarios y que, en la concepción que plantea de que los sindicatos son parte del Estado, el principal antecedente es el fascismo.
El diputado Luis Petri anunció ayer la presentación de un proyecto para "que los sindicalistas sean juzgados por corrupción". Lo respaldaron 23 de los diputados de Cambiemos, lo que indica que la iniciativa no fue una decisión personal ni casual.
El proyecto indica que los sindicatos "cumple funciones para-estatales" y que se deben prevenir "prácticas poco transparentes y garantizar el interés social en la probidad en el manejo de fondos de terceros". Señala también que "numerosas denuncias de enriquecimiento ilícito por parte de dirigentes sindicales han menoscabado la credibilidad, la institucionalidad y representatividad de esas asociaciones". "'Corruptos' es la palabra con la que la mayoría de los encuestados asociaron a los dirigentes gremiales", sostiene el proyecto, que cita una encuesta de Giacobbe y asociados.
En el proyecto, se establece la obligatoriedad de que -al igual que los funcionarios públicos- los dirigentes sindicales presenten declaraciones juradas de sus bienes todos los años. Deberán presentarlas ante el Ministerio de Trabajo. Si incumplen, serán intimados a entregarlas en 15 días o serán sujetos a sanciones penales.
También coloca a los sindicalistas a la par de un funcionario público en los delitos de cohecho y tráfico de influencias (tres a diez años de prisión) y en el de enriquecimiento ilícito (cuatro a diez años de reclusión). Hasta ahora, quienes podían incurrir en esos delitos eran los funcionarios. Si se aprueba la ley, estarán incluidos dirigentes sindicales y titulares de obras sociales sindicales. Al igual que los funcionarios públicos, tendrán la obligación de justificar sus bienes hasta dos años después de haber cesado en el cargo.
El proyecto también pone un cupo de un mínimo del 30 por ciento de mujeres en las listas sindicales, pero advierte que si la composición de mujeres en el gremio es menor a esa cifra, el cupo será del porcentaje que representen. "Se debe sancionar a aquellos sindicalistas que hacen abuso del poder de representación que le conceden los trabajadores para enriquecerse indebidamente. El sindicalismo argentino no puede estar al margen de la ley", sostuvo Petri, cuyo proyecto dice que con esta ley se cumplirán compromisos del país ante la OCDE.
Consultado por este diario, el camarista laboral Enrique Arias Gibert señaló sobre la concepción que plantea el proyecto que "si hay un antecedente en el derecho comparado es el fascismo. En el fascismo los sindicatos formaban parte del Estado. Lo que hace Mussolini es justamente eso: la organización corporativa en la que las organizaciones gremiales pasan a ser parte del bien común que administra el Estado totalitario".
"Desde el punto de vista penal, hay algo que está muy claro: los sindicatos son órganos de derecho privado. Esto lo plantea tanto la Constitución nacional como los convenios de la OIT sobre la libertad sindical. Esto va en contra de esas normas y de una organización libre y democrática de los sindicatos. Una ley así daría vuelta de cabeza el derecho", advirtió.
El jurista también se mostró sorprendido porque el proyecto plantea un control del Ministerio de Trabajo sobre los estatutos de los sindicatos. "La validez de los estatutos sindicales, como cualquier acto jurídico, la determina el Poder Judicial en base a un planteo concreto y en base a la ley vigente. Es el único que puede determinar si es nulo o válido un acto jurídico. Y se basa en las normas legales. Ese control no lo puede haber la autoridad administrativa. El control que señala el proyecto plantea serios problemas con respecto a una asociación sindical libre y democrática".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matias Cremonte, señaló que "uno siempre está a favor de las políticas de transparencia, pero la tipificación como delito de posibles actitudes de dirigentes sindicales se enmarca en el contexto actual del enfrentamiento del Gobierno con el movimiento obrero y no en una voluntad de transparencia".
El laboralista advirtió que "ya existen tanto en el Código Penal como en la Ley de Asociaciones Sindicales los mecanismos para garantizar que no haya corrupción y para perseguir otros tipos de delitos. Hoy es delito la corrupción para los sindicalistas, como también lo son las dádivas cuando las paga un empresario. Pero se sigue persiguiendo solo a un sector". Para Cremonte llama la atención que la obligación de declaraciones juradas y figuras penales "no incluya a los empresarios o, al menos, a los dirigentes de las cámaras empresariales, que son la representación de un sector social. Se insiste en el intervencionismo estatal en el movimiento obrero y en el abstencionismo en el mundo empresarial".
Por Werner Pertot
Fuente: Página12
25-04-2024 / 09:04
24-04-2024 / 10:04
23-04-2024 / 10:04
22-04-2024 / 10:04
21-04-2024 / 09:04
© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.
E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar