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Entre Ríos - 12-02-2018 / 11:02
AMBIENTALISTAS PUSIERON EN AGENDA EL TEMA

Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos

Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos
RECLAMO. En Casa de Gobierno y en el resto de la provincia se desplegaron acciones de concientización de los ambientalistas que pusieron en agenda el tema. Al reanudarse la actividad parlamentaria, Diputados definirá si se avanza o no con la polémica iniciativa.
 
La actividad legislativa provincial, a poco de iniciarse el período de sesiones ordinarias, se avizora como intensa en función de los proyectos que deberán discutirse en ambas cámaras.
 
La regulación del uso de agrotóxicos plasmada en un proyecto, con media sanción en Senadores, puso en alerta a organizaciones ambientalistas, gremialistas y políticas, que en la calle visibilizaron el rechazo a la iniciativa que fuera aprobada sobre tablas el 26 de diciembre.
 
Durante buena parte de enero y con adhesiones que se fueron sumando en diferentes localidades, el movimiento que se rige por las decisiones de una asamblea ratificó su repudio al polémico proyecto e instó a los diputados a votar en contra en el caso de ser tratado.
 
Casa de Gobierno fue el epicentro de las actividades, pero las acciones se repitieron en Concordia, Gualeguaychú y otros departamentos con el objetivo de mantener viva la protesta y hacer saber a la sociedad sobre el riesgo que implica el uso de químicos en la salud y el medio ambiente.

 
Todo parece indicar que luego de la apertura de un nuevo período de sesiones ordinarias, previsto para el jueves luego del discurso del gobernador, Gustavo Bordet, se reanude el trabajo en comisiones y con ello se avance en posibles modificaciones al texto girado desde Senadores.
 
 
"No es una ley mala"
 
La diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), que preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente, adelantó que el proyecto deberá ser examinado previamente por las comisiones correspondientes. "Se verá si tiene las mayorías como para poder ser tratado en la Cámara. Es un proyecto que viene del Senado, nosotros todavía no lo recibimos, pero irá a las comisiones que corresponda", aseguró en comunicación con UNO. El texto que alude a la regulación en el uso de los fitosanitarios y cuyo autoría pertenece al senador Mario Torres, se plasmó en forma consensuada entre diferentes actores de la sociedad civil, y por supuesto, contó con la participación de una comisión bicameral. Al respecto Lena manifestó: "Hace más de un año y medio que se viene trabajando con una Comisión Bicameral, reuniéndose con todos los actores. Conozco bien el proyecto. Va a ser tratado en comisión, como todos los proyectos".
 
En cuanto a la valoración del articulado de la ley y los puntos cuestionados por los ambientalistas y sectores gremiales, respondió: "No me parece una ley mala, todo depende de cómo se la vaya a aplicar. Pero es una ley marco, no es una ley mala".
 
Sobre las discrepancias que genera la norma en cuanto a las distancias de las aplicaciones terrestres, la legisladora interpretó: "Con respecto a eso quizás hay una falta de información o de percepción de lo que dice la ley, porque lo que establece son parámetros mínimos, o sea que toda la provincia no se puede unificar porque la geografía es diferente, establece zonas sensibles. En el decreto reglamentario van a estar presentes los ambientalistas en la redacción y definirán exactamente la cantidad de metros para cada lugar específico de la provincia".
 
Acerca de la elaboración del texto definitivo, la diputada de Cambiemos negó que las entidades ambientales no hayan sido consultadas. "Fueron escuchados en la audiencia pública que hubo en Villaguay. Muchas de las cuestiones que ellos plantearon fueron plasmadas".
 
"Donde hay jurisdicción de cada Municipalidad, obviamente que van a tener la potestad, si bien la ley establece que se prohíbe toda la aplicación de agroquímicos dentro de la planta urbana de los municipios. Por eso no es necesario ninguna ordenanza en cada una de las ciudades. Es cierto que dentro de los ejidos hay diferentes realidades dentro de la provincia, existen localidades que tienen ejidos rurales muy grandes y otras que no lo tienen. Entonces eso debe estar regulado por cada municipio. Son los parámetros que la ley otorga", amplió en relación a los controles en caso de detectarse fumigaciones.
 
La representante de la oposición consideró importante que se otorguen los recursos necesarios para las tareas de control. "Se establece que el 0,50% de lo recaudado en el impuesto Inmobiliario Rural sea destinado al control, además de las multas, de todas las aplicaciones que en la actualidad no existen", apuntó.
 
 
Diego Lara: "No hay apuro en darle tratamiento"
 
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. En declaraciones formuladas a UNO manifestó: "Al proyecto no lo conozco en profundidad, lo sé por el debate que se ha generado a través de los medios y por la repercusión en la opinión pública", opinó, y sobre el debate que se viene en las diferentes comisiones avizoró: "Va a ingresar en más de una, seguramente en Asuntos Agrarios, Salud y Legislación General. No hay apuro en darle tratamiento, sino que sea previo a tener un dictamen, y para tener un dictamen en las comisiones eso tiene que debatirse. Es un tema sensible, que tiene una alta repercusión en la sociedad en su conjunto. Me parece que tenemos que darle el debate necesario, escuchar a todos los sectores que están involucrados y que se tengan todas las miradas que puedan contribuir a una ley tan relevante".
 
Lara insistió con el planteo de que no existe "ninguna determinación política de avanzar en algún plazo determinado" para un proyecto en materia de agroquímicos.
 
Acerca del rechazo al texto entre grupos ambientalistas, sectores gremiales y algunos partidos políticos, Lara brindó su postura. "No podemos mirar para otro lado. Es una temática de por sí muy polémica, porque acá hay que conjugar lo que tiene que ver con el mundo productivo, con el desarrollo y las potencialidades de nuestra provincia. Pero por encima de eso está la salud de la población y el medio ambiente. Hay que lograr un punto de equilibrio".
 
Por Marcelo Comas
 
Fuente: UNO
 

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Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos
Diputada Gabriela Lena (Chajarí-Cambiemos), preside la comisión de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Ambiente. Foto: Blas García para La Opinión Popular
Se viene el debate legislativo por la regulación del uso de agrotóxicos
El diputado Diego Lara (FPV-María Grande) también dio su parecer sobre el proyecto que viene a reemplazar a la normativa vigente desde 1980. Foto: Blas García para La Opinión Popular
17-07-2018 / 17:07
17-07-2018 / 00:07
Frente al futuro oscuro que impone el acuerdo de Mauricio Macri con el FMI, los gobernadores del PJ advirtieron, con tonadas y énfasis diversos, que no se someterán dócilmente a los recortes resueltos en la Casa Rosada. Ni de peronismo hablamos: apenas es defensa propia.
 
Aunque, lo real es que la oposición hoy está entre la espada y la pared, ya que si se opone y no aprueba el proyecto 2019, el gobierno de Macri amenaza seguir con el presupuesto 2018, que perjudicará notablemente a las provincias. Por ello, un grupo de gobernadores justicialistas está preparando una propuesta alternativa.
 
En el interior del país, a Horacio Rodríguez Larreta lo llaman irónicamente "el príncipe de Dubai". Grafican de ese modo la riqueza presupuestaria de la ciudad de Buenos Aires en comparación con las provincias argentinas. Con esa mezcla de humor e intencionalidad política, argumentan que la Capital Federal debe absorber una parte significativa del ajuste que pretende el Gobierno de los CEOs.
 
La mira de los gobernadores y legisladores del interior está enfocada de ese modo no sólo por la histórica demanda federal frente al centralismo porteño, sino también porque la Capital es el distrito de origen del macrismo, su base política. De ahí que se considere que si Macri reclama un fuerte recorte de gastos, entonces el achique "debe empezar por casa".  Y la casa del PRO es Buenos Aires.
 
En números, la pretensión de los gobernadores del interior -un bloque más o menos homogéneo con el que negocia la Casa Rosada- es que la Capital y la provincia de Buenos Aires se hagan cargo de al menos $80.000 millones de los $150.000 millones de ajuste que reclama Macri a las provincias. Una suma idéntica correría por cuenta de la Nación.
 
Vidal y Larreta se enfrentan, en este marco, a una fuerte presión política para que la Nación les traspase las empresas de distribución eléctrica Edenor y Edesur, y la de aguas Aysa. Además están los $70.000 millones que el año pasado destinó el Estado nacional a subsidios al transporte público -colectivos, trenes-, $ 66.000 millones se aplicaron al área metropolitana de Buenos Aires. La consecuencia es notoria: las tarifas son más caras en el interior del país.
 
Por otra parte, la idea de Macri es que las provincias utilicen créditos de organismos internacionales, como el BID o el Banco Mundial, para hacer las obras que no financiará más el Gobierno Nacional. Para cortar cintas durante el año electoral habrá que endeudarse. La cuestión es que el aval debe darlo la Nación. Además, se les pedirá a los gobernadores que financien temas que hoy se ejecutan con fondos nacionales, como el pago del Incentivo docente y programas de salud.
 
En resumen, ¿qué implicaría para las provincias acompañar el ajuste del FMI? En principio, recortar el gasto salarial y de bienes y servicios hasta el 1,2% del PBI. Y adaptarse a un tope de aumento de sólo el 8% para los empleados públicos en 2019.
 
La Opinión Popular

16-07-2018 / 17:07
16-07-2018 / 16:07
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