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                  17:49  |  Miércoles 20 de Junio de 2013  |  Entre Ríos
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Lo dijo el doctor René Favaloro hace 20 años: “Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.
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Entre Ríos - 08-02-2018 / 11:02
LA CAUSA SE INICIÓ EN 2013

Citaron a indagatoria a Sergio Urribarri y Pedro Báez en la causa por la publicidad oficial

Citaron a indagatoria a Sergio Urribarri y Pedro Báez en la causa por la publicidad oficial
La Justicia volvió a citar a indagatoria al ex gobernador Sergio Urribarri y al actual diputado provincial Pedro Báez en el marco de una causa en la que se le imputa el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el otorgamiento de publicidad sin respetar reglas de contratación pública.
 
La Justicia entrerriana volvió a citar a indagatoria a ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, en el marco de una causa en la que se le imputa el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública por el otorgamiento de publicidad sin respetar reglas de contratación pública.
 
También citó a los otros imputados: el ex ministro de Comunicación y actual diputado provincial Pedro Báez (FpV); y el empresario Germán Buffa. Esta causa se abrió en 2013, tras una denuncia del entonces diputado nacional radical Jorge D' Agostino.

 
El exgobernador ya visitó Tribunales para declarar en otras tres causas en las que se investigan delitos de corrupción: el 31 de agosto de 2017 el Ministerio Público Fiscal lo había citado a indagatoria por la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, a la que le pagó $28 millones para difundir en canales de todo el país cuatro spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur; Urribarri tiene imputación por peculado en una segunda causa.
 
Es a raíz de la publicación de una solicitada por la que el exgobernador desembolsó $4 de las arcas públicas que apareció en 18 diarios del país y también en portales web el 22 junio de 2014 y en la que la provincia fijó postura en torno a los denominados fondos buitre.
 
La tercera causa por la que acudió el martes 29 de agosto, casi al anochecer, a los Tribunales, investiga el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la que están involucrados el exministro Báez y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, que ya tiene pedido de elevación a juicio.
 
Ahora, fue citado por una cuarta causa, junto a Báez y el empresario Buffa.
 
Los tres habían sido citados a declarar para los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2017, respectivamente, pero los abogados defensores lograron que la entonces jueza María Gabriela Garbarino, titular del Juzgado de Transición N° 1, suspendiera las indagatorias.
 
Ahora, los imputados tienen que marcar en el calendario una nueva fecha para sus indagatorias. Fuentes judiciales indicaron a Entre Ríos Ahora que Urribarri deberá concurrir el 21 de febrero; mientras que Buffa tendrá que presentarse el 23, y Báez, el 26.
 
En Tribunales se encontrarán con una novedad: declararán en el juzgado de Transición N°3, a cargo de Gustavo Maldonado y no ante Garbarino. Este cambio se debe a que el 19 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) suprimió el juzgado de Transición N°1 y reasignó las causas al juez Maldonado.
 
Para evitar ser indagados en diciembre del año pasado, los tres presentaron diferentes excusas. En el caso del exmandatario, su abogado Marcos Rodríguez Allende presentó un pedido de suspensión por licencia médica; mientras que el abogado de Báez, Ignacio Díaz, argumentó que su defendido tenía "una agenda apretada" en la Cámara de Diputados. En tanto, el abogado de Buffa, José Velazquez, manifestó que tenía otras audiencias programadas, que le impedían estar en la declaración de su defendido.
 
El pedido de indagatoria, junto a medidas de prueba, había sido solicitado por la fiscal Viviana Ferreyra. La denuncia tramita con el Código Procesal Penal anterior, lo que significa que es el juez quien lleva adelante las indagatorias y medidas de prueba que solicita el fiscal.
 
 
La causa "Global Means"
 
La investigación se abrió tras una denuncia presentada en 2013 por el diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D' Agostino (Cambiemos), quien destacó que durante la gestión de Urribarri y Báez en el ministerio de Comunicación "se utilizó como un patrón el uso de la excepción y el pago previo antes de la cotización, violando las reglas de la contratación pública y el cotejo de precios, así como las reglas de la adjudicación directa, porque todos (los pagos) fueron de mayor valor".
 
Entre las empresas beneficiadas con pauta y que no habría cumplido los requisitos básicos para su contratación se encuentra Global Means SA, que integra el contador Germán Buffa.
 
D´Agostino advirtió que el gobierno de Urribarri adjudicó 1.000.000 de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.
 
Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo ex dueño fue el empresario Cristóbal López), con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos.
 
Tras las indagatorias, el nuevo juez de la causa, Gustavo Maldonado, debe dictar el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento de los acusados.
 
Si llegase a procesarlos, la fiscalía podrá solicitar la elevación de la causa a juicio y sumar un nuevo dolor de cabeza para el exgobernador y su exministro. Y es que ambos se enteraron recientemente que los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron elevar a juicio una causa en la que también están acusados de beneficiar a empresas que se le adjudican a Juan Pablo Aguilera, cuñado del presidente de la Cámara de Diputados.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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En medio del Mundial, hay dos cuestiones que preocupan a la gestión de Gustavo Bordet. Una tiene que ver con los posicionamientos políticos e institucionales de los principales referentes del peronismo local. El otro está relacionado con la manera de administrar las cuentas públicas en un marco de restricciones y de reducción paulatina de impuestos provinciales. Y la discusión de ambas situaciones se ha desatado con anticipación.
 
Lo primero: la cuestión financiera. El propio Bordet tendrá que sentarse a negociar con el gobierno de Mauricio Macri acerca de cuál será la pauta de ingresos coparticipables que marcará el ritmo del Presupuesto 2019: sí, el del año electoral.
 
Las obras públicas no tendrán la misma velocidad que suele tomar en los años impares, de convocatoria a las urnas. La gestión provincial lo sabe, pero tampoco asoma un escenario razonable para salir a tomar deuda en el mercado de capitales. Todo es caro para una argentina desbordada por la inflación y que ha recurrido al nefasto FMI para intentar enderezar el rumbo económico del país.
 
El Presupuesto Provincial 2019 tendrá un techo acotado. Claro que al cerrar el año, la Provincia puede llegar a tener más excedentes, producto del reajuste de las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos que, a partir de 2019, tendrán que bajar progresivamente para algunas actividades. El otro efecto favorable, para las cuentas provinciales en los ingresos, es la mejora del giro por coparticipación federal.
 
Sin embargo, Bordet ha decidido sentarse arriba de la caja porque tendrá que abrirla para cumplir aquello que pactó con los gremios de estatales y docentes. "Vamos a cumplir la cláusula gatillo en el tiempo establecido", afirmó el mandatario al momento de acordar el incremento salarial para este año.
 
Si se observa lo que se estimó oficialmente de expansión del nivel de gastos corrientes, quedará poco margen para destinar fondos a otros rubros que no sean el de Personal. La inflación es un estigma que, por un lado, licúa el endeudamiento público, pero por otro lado incrementa el nivel de compromisos a pagar por parte del Estado.
 
La paz social tiene su costo financiero y también político. Y, por esa razón, el gobernador invierte en tranquilidad. ¿Cómo? Abonando regularmente los salarios del sector público. De aquí en más al gobernador que le dice no al ajuste se le presenta un horizonte con dos premisas: evitar disputas políticas en el oficialismo y seguir sentado en la caja para evitar cualquier cirugía mayor en las cuentas públicas.
 
Lo segundo: la irrupción del urribarrismo pidiendo pista en el armado del partido Unidad Ciudadana en la provincia no le ha caído en gracia al gobernador. No porque Sergio Urribarri o sus seguidores tengan alguna posibilidad de retorno al principal despacho de la Casa de Gobierno, sino que una prematura definición de candidaturas puede restarle espacio de poder y margen de maniobra institucional a un año y pico de las elecciones.
 
La Opinión Popular

17-06-2018 / 13:06
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